La etapa preparatoria es la primera del proceso penal y se da cuando el Ministerio Público inicia la investigación para recolectar todas las pruebas que permitan vincular o no a una persona con un delito. En esta fase están al menos 56% (15 de los 27) de los casos incluidos en esta investigación y 87% de estos (13 de 27) fueron presuntamente cometidos por la GNB 

A Zulmith Espinoza se le corta la voz cada vez que debe contar cómo mataron a Luis Guillermo, su hijo de 15 años, en medio de una protesta contra Nicolás Maduro. No se explica cómo los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron capaces de atacar, aquella tarde del 5 de junio de 2017, a un grupo de cinco muchachos en la ciudad de San Diego (estado Carabobo, en el centro del país), todos estudiantes de bachillerato, y arrodillarlos en el suelo para amenazarlos de muerte. Ni cómo, después de dispararle en la cabeza cuando intentó huir, el efectivo se acercó al joven que yacía en el suelo para patearlo. 

Ese relato lo ha contado una docena de veces en el Ministerio Público. Lo hace cada vez que llega un nuevo fiscal a tomar el caso del joven que soñaba con ser futbolista.

Uno de los abogados que asesora a Zulmith Espinoza le dijo que el comportamiento que ha tenido la Fiscalía General de la República con su caso es inédito para él: la cantidad de diligencias pendientes, la falta de celeridad, la incapacidad para recopilar documentos y pruebas clave. En ocho años, ni siquiera se ha señalado a algún culpable del asesinato.

“Me acuerdo que uno de los fiscales me dijo: ‘Zulmith, yo puedo avanzar, pero sí aquí nosotros tenemos una orden de no seguir, paramos la investigación’”, comentó la madre de la víctima. Hasta ahora, no ha habido ningún adelanto.

Ante la inacción de la Fiscalía, Zulmith Espinoza llevó citaciones firmadas por los fiscales a testigos y médicos. Pero los esfuerzos han sido inútiles. Sabe que hubo declaraciones completas que se perdieron porque nunca se imprimieron ni se anexaron al expediente. También sabe que desde el Ministerio Público tardaron meses en pedir una copia de la tomografía tomada a su hijo en una clínica privada de Carabobo, en la que se demostraba que lo que tenía alojado en el cerebro era una bala. Pero no se la dieron.

La madre señaló que el protocolo de la autopsia no identificaba a la bala dentro de la cabeza de Luis Guillermo y que las preguntas del interrogatorio que le hicieron los fiscales al personal médico no tenían nada que ver con el caso de su hijo. De paso, le negaron la petición de la exhumación del cadáver a fin de buscar más elementos. Al final, le dijeron que el expediente no lo tenían porque lo habían mandado a la Corte Penal Internacional (CPI) por ser un caso de “guarimba”. 

“No han hecho nada. O sea, es una burla y yo sé por qué. Pero sigo ahí y a mí no me importa que se burlen porque ellos juegan al cansancio”, sentenció la mujer.

De acuerdo con los casos recopilados para esta investigación, al menos 56% (15 de los 27) están en la etapa preparatoria del proceso penal, es decir, todavía están en la primera fase de todo el procedimiento legal. En estos, 71% (10 de 14), tal como sucede con el de Luis Guillermo Espinoza, no hay ningún señalado por el crimen.  En 21% (3 de 14), la investigación pasó a archivo fiscal (cuando el Ministerio público decide finalizar una investigación sin suficientes elementos para acusar a un imputado) y uno fue sobreseído (cuando un juez o tribunal pone fin a un proceso judicial, sin llegar a una resolución) . Familiares de dos de los casos desconocen en qué etapa están porque no acudieron más al Ministerio Público ni les enviaron notificaciones, pero piensan que continúan en la fase preparatoria.

GNB, la más letal

Durante las primeras semanas, efectivos de la GNB, la misma fuerza de seguridad que perpetró el homicidio de Luis Guillermo Espinoza, controlaron los ingresos de personas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Central de Valencia, en donde estaba internada la víctima.

“A mi hijo, cuando estuvo internado en la UCI, lo custodiaron como si fuera un malandro. Había guardias nacionales con armas de guerra y les tenía que pedir permiso para ver a mi hijo (...) Yo les decía que nada me impedía ver a mi hijo y que, más bien, ellos eran los culpables de que mi hijo estuviera en la UCI”, añadió la madre. 

La GNB es el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de homicidios en las protestas, de acuerdo con los datos recolectados para esta investigación. Efectivos de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no solo estuvieron supuestamente implicados en los asesinatos de Espinoza y Pernalete, sino que 59% de las muertes registradas en este reportaje tiene como victimarios a estos funcionarios. Hay 13 ejecuciones extrajudiciales con investigaciones que no avanzaron y que presuntamente cometieron guardias nacionales. En los tres casos restantes, los supuestos victimarios pertenecen a cuerpos policiales regionales. 

Desde la GNB tampoco hay cooperación para aportar datos sobre los efectivos que presuntamente mataron a manifestantes. La madre de Espinoza hizo, por cuenta propia, solicitudes de información a este componente relacionadas con el grupo de uniformados que estaba en la manifestación en la que mataron a su hijo, pero estos se la negaron e insistieron en que nunca estuvieron en San Diego en esa jornada. Sin embargo, hay múltiples reportes en redes sociales como X, que dan cuenta de que la GNB reprimió allí a quienes habían acudido al “Plantón Nacional” convocado por la oposición.

Familiares de siete víctimas entrevistadas para este reportaje denunciaron que, tal como sucedió con Luis Guillermo Espinoza y Juan Pablo Pernalete, la GNB nunca dio la información que se le solicitó sobre el caso, específicamente los registros que contienen los nombres de los funcionarios que estuvieron en el lugar del crimen. En otros dos casos, las familias dicen que esa información desapareció del expediente, y en dos más aseguran que nunca se inició la investigación, aunque no detallan el porqué. Hay un caso en el que se señala que los documentos enviados por la GNB no estaban relacionados con el homicidio, es decir, enviaron información errónea.

Ante la negativa de la GNB, Espinoza pidió a la Fiscalía que exigiera al cuerpo de la FANB que le cediera la lista de efectivos, pero tampoco obtuvo respuesta.

“Lo peor es ver cómo se burlan. cómo juegan con tus emociones, con el cansancio, el agotamiento, tu economía, tu seguridad, con el acoso. Son tantas cosas con las que ellos juegan, con las que tú pasas un proceso de impunidad cuando tú ves que en el caso de Luis Guillermo y en muchos casos aplican lo mismo: callar a la víctima, acusarla, acorralar, y el dolor de (harcelos ver) como si ellos fueran unos delincuentes”, apuntó la madre que igualmente criticó que, cuando acudía a la Fiscalía para conocer el status del caso, llamaban a su hijo “guarimbero”. 

El limbo de los que no saben

Neymar Escalona está agotada. Ella, prima de uno de los asesinados en el contexto de las protestas antigobierno de 2019, Cristian Alejandro Ramos Angulo, de 17 años, no ha ido más a los tribunales ni a la Fiscalía. Cansada de tantas negativas y llena de tantas cargas familiares, como el cuidado de sus hijos pequeños, no pudo continuar haciendo el gran trabajo que significa buscar justicia en Venezuela.

“Yo lo que veo es que no ha avanzado nada. Una vez fuimos a la Fiscalía y notamos el desinterés del fiscal en atendernos. Se rehúsan a hacer justicia”, afirmó la única pariente de Ramos Angulo dispuesta a declarar sobre el tema. La madre de la víctima quedó muy afectada luego del asesinato de su único hijo y no ha podido seguir el caso. 

El homicidio de Ramos Angulo, de 18 años, los hermanos Anderson (18 años) y José Alfredo Torres Cortez (27 años) fue el primero que perpetraron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana de Venezuela (PNB) en El Tocuyo, capital del municipio Morán del estado Lara, en el centro-occidente venezolano. Se trata de la misma división policial cuya disolución exigió la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien señaló al grupo de ser responsable de más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en poco más de dos años, justificadas legalmente como actuaciones por la "resistencia a la autoridad" de las víctimas.

A Ramos Angulo lo asesinaron el 5 de enero de 2019 cuando jugaba con su computadora “Canaimita” en su casa. Los funcionarios de las FAES asaltaron la vivienda y lo sacaron a golpes de allí para llevárselo a donde residían los hermanos Torres Cortez, cuya casa habían allanado. A los tres jóvenes los arrodillaron en un cobertizo, los golpearon con un tubo y los torturaron por alrededor de una hora, y luego les dispararon en el pecho simulando un enfrentamiento. 

“Nosotros nunca habíamos visto esos hombres vestidos de negro y armados (vestimenta propia de ese cuerpo policial), nadie sabía que era las FAES en El Tocuyo”, contó Escalona, al tiempo que recordó que cuando estaba vistiendo el cadáver de su primo, notó que sus partes íntimas estaban ennegrecidas por los golpes.

La versión oficial sostuvo que los policías buscaban a quienes intentaron quemar la casa de la entonces alcaldesa de ese municipio Gisela Rodríguez, en medio de una protesta contra Nicolás Maduro que comenzó el 23 de enero de 2019 –cuando el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de la República– y se prolongó hasta horas de la madrugada del día 24. Supuestamente, los tres jóvenes eran parte de una banda de crimen organizado que mantenía en zozobra la zona y se habría enfrentado a tiros con los uniformados.

Pero los testigos contaron otra historia. No hubo intento de incendiar la casa de la alcaldesa, sino que los manifestantes quemaron llantas frente a su vivienda, comportamiento que suele ser común en las protestas en Venezuela cuando se quiere restringir el paso de vehículos. 

El día de los asesinatos, los policías presuntamente tomaron toda la zona desde las 3:00 pm y exigieron a los vecinos que se mantuvieran en sus casas. Luego, se metieron a la casa de los Torres Cortez y buscaron a Ramos, que era un vecino cercano. 

“A pesar de que los cuerpos fueron retirados poco después de su ejecución, la zona permaneció acordonada hasta las 21.00 horas. Testigos de la zona reportaron que elementos de las FAES simularon un enfrentamiento, dispararon ráfagas al aire e incluso emitieron gritos. Antes de irse desvalijaron la casa de los Torres Cortez, y les robaron las pocas pertenencias que tenían. recabó testimonios de vecinos cuya casa fue allanada por miembros de las FAES con el fin de someterlos e impedirles observar los hechos”, reza el informe de 2019 “Hambre de Justicia. Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela” de Amnistía Internacional, que añade que a varios vecinos los allanaron para someterlos e impedirles observar lo que pasaba.

Un dato adicional es que la alcaldesa Rodríguez era la mano derecha de Carmen Meléndez, quien para ese momento era la gobernadora del estado Lara. Actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación de Acción Social de la Alcaldía de Caracas, bajo el ala de Meléndez, quien es la alcaldesa de la capital.

El mismo día del velorio de los tres jóvenes, un representante de la alcaldía llegó al lugar para ofrecerles el pago del funeral, así como una bolsa de comida y otros útiles, de acuerdo con Amnistía Internacional. 

Este tipo de ofertas no son ajenas a los familiares de las víctimas. A Zugeimar Armas, madre de Neomar Alejandro Lander Armas, joven de 17 años asesinado en las protestas de 2017 en la avenida Francisco de Miranda, del municipio Chacao del estado Miranda (Área Metropolitana de Caracas) por un impacto en el tórax, también le hicieron un ofrecimiento a cambio de su silencio. 

Según la madre, la Comisión de la Verdad (órgano conformado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente para esclarecer los asesinatos durante las protestas de 2017, y también integrada por Meléndez) la llamó para ofrecerle dinero, pero la familia se negó. "Recibirlo era aceptar que Neomar Alejandro se mató, o lo mató la oposición. Nos volvieron a llamar y le volvimos a decir que no porque es aceptar que ellos no son los culpables", aseveró Armas.

Al igual que en el caso de Ramos Angulo, en la muerte de Lander Armas hay dos versiones. La oficial es que falleció al tratar de accionar un mortero de fabricación casera mientras se adentraba en el túnel que comunica la avenida Francisco de Miranda con la Libertador, pero videos indican que Lander cayó después de ser impactado por una bomba lacrimógena u otro tipo de artefacto explosivo que dispararon funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El caso de Neomar Lander sigue impune. Las investigaciones que habían comenzado están paralizadas. Armas aseguró que ni siquiera se hicieron “pruebas prácticas” en el lugar de los hechos. 

“El gobierno trabaja en lo que quiere trabajar. Ellos son los que tienen el poder o el mando y lo utilizan a su conveniencia”, insistió Armas, quien permanece fuera del país y no ha podido seguir el caso. Tal como la familia de Ramos Angulo, la causa de su hijo está en un limbo porque no le dieron más información.

Dos de los 27 casos analizados para este reportaje están atascados en la etapa intermedia del proceso penal, que es cuando se depura, supervisa y controla los derechos del señalado. Es en este período cuando el Tribunal de Control convoca a la audiencia preliminar, en la cual se definen los límites de la acusación y se decide si se enjuicia o no a una persona por uno o varios delitos, todo dependiendo de lo que admita el acusado

El 31 de agosto de 2021, la familia de Yaneth Coromoto Ángulo Parra recibió la noticia. El único funcionario policial acusado por su homicidio había quedado absuelto luego de un proceso judicial de cuatro años y múltiples audiencias diferidas que retrasaron la decisión. Al año siguiente, las hermanas y los abogados de la víctima lograron que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia y ordenara un nuevo juicio. Pero desde entonces, nada ha avanzado.  Están en un limbo.

“Las pruebas y los testigos están”, aseguró Yudith Angulo, hermana de la profesora jubilada de Educación Física, de 56 años, que asesinaron en el contexto de las protestas de 2017 en el pueblo de El Tocuyo, capital del municipio Morán del estado Lara, en el centro occidente venezolano. Los tribunales convocaron a dos audiencias que nunca se concretaron porque el acusado está en fuga.

Antes de que se leyera el veredicto, dentro de la audiencia, hubo un comportamiento que a los familiares les llamó la atención: el de la jueza. Yudith Angulo recordó que ese día la funcionaria llegó tarde y no saludó a nadie, cuando solía ser puntual y cortés con los familiares. Se sentó y, sin dar ningún tipo de introducción, como siempre lo había hecho, dio paso a las conclusiones. 

“Dijo que quedaba absuelto y que ella daba su respuesta por escrito en 10 días, porque ese era el plazo que le daba la ley. Y se paró y se fue. Toda esa actitud nos dio a entender de que había algo, un trasfondo”, comentó la hermana de la víctima. Para los parientes de Angulo Parra, la jueza había sido muy “ecuánime” en las audiencias, pero ese día “no dio la cara” ante ellos. Ni siquiera los miró tras pronunciar la decisión.

Sentencias incompletas

Los hechos sucedieron hace casi ocho años. La noche del martes 11 de julio de 2017, Yaneth Angulo estaba en la puerta principal de la urbanización Villa Colonial de El Tocuyo, en donde vivía. Muy cerca de allí, a unos 200 metros, había una protesta antigobierno asediada por funcionarios de la Policía de Lara y de la Guardia Nacional. Estas mismas fuerzas persiguieron a los manifestantes hasta la urbanización de Yaneth. Ahí comenzó la refriega. Les lanzaron bombas lacrimógenas y les dispararon. Yaneth intentó ayudar a una vecina que se había caído, pero entonces, un balazo le impactó en la cabeza justo cuando trataba de volver a su casa. Murió poco después de ingresar a un hospital de la zona.

La acusación recayó sobre el funcionario Eduardo José Monserrat García, del Cuerpo de Policía del estado Lara. Un testigo del caso aseguró que cuando un Guardia Nacional le llamó la atención por comenzar a disparar contra la población, él solo contestó: “yo sé por qué lo hago”. 

Paralela a la sentencia del caso, otro tribunal ordenó la apertura de una causa contra un grupo de funcionarios que serán juzgados por ser presuntos cómplices del asesinato. Pero en casi cuatro años tampoco ha habido avances. La única audiencia convocada fue suspendida.

El caso contra los cómplices del homicidio de Angulo Parra está en la etapa intermedia del proceso penal venezolano, esa que está entre la fase preparatoria y el juicio. Es en este período cuando se decide si se enjuicia o no a una persona por uno o varios delitos. 

Durante la etapa intermedia, en la que hay fases orales y escritas, el fiscal decide si pedirá el sobreseimiento de la causa o la acusación, mientras que las partes se encargan de mostrar al juez las pruebas que defienden o recriminan al presunto culpable. La duración de la etapa depende de la actuación judicial y fiscal. Todo esto falta por cumplirse en el caso de los otros policías cómplices del asesinato de Angulo Parra.

Sin cómplices ni cadena de mando

La causa del asesinato de la profesora de Educación Física no es la única que está en la etapa intermedia. La otra es la de Kluivert Ferney Roa Núñez, adolescente de 14 años asesinado el 24 de febrero de 2015 durante una protesta en San Cristóbal, capital del occidental estado Táchira, fronterizo con Colombia.

El funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que le disparó Roa Núñez, Javier Osias Mora Ortiz, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado, uso indebido de arma y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales. Pero hay una causa contra el resto de los policías que participaron en el operativo y que actuaron como cómplices que no ha prosperado.

“Hay un policía preso y sentenciado, pero faltan otros 10 que estaban involucrados y que no han sido llevados a juicio por el mismo sistema. Los 10 policías están querellados, están totalmente identificados con nombre y placa, pero eso no ha avanzado más”, afirmó Erick Roa, padre de la víctima. 

En los dos casos que pasan la etapa intermedia ha habido sentencias, pero estas están incompletas porque no incluyen a los cómplices. En ninguno se investiga a la cadena de mando porque desde el gobierno se insistió en que Mora Ortiz actuó de forma individual y no siguió una política de Estado.

Los familiares de Angulo Parra también reclamaron una situación similar. A lo largo del juicio, desde los tribunales, no les notificaban a tiempo las fechas de las audiencias y, si estas se postergaban porque no se podía trasladar al imputado, tampoco se les avisaba. Cuando ocurrían, estas se retrasaban. 

Una década ha pasado desde el asesinato de Kluiberth Roa y pronto se cumplirán ocho años del de Yaneth Angulo Parra. Pese al tiempo, aún continúan atrapados en el limbo de la etapa intermedia y con un sistema judicial que solo acusa a quienes disparan e ignora al resto de los implicados.

De los 27 casos registrados en este reportaje, solo ocho llegaron a juicio (última etapa del proceso penal) y recibieron sentencia.

Los procesos judiciales que debieron atravesar fueron retrasados por la ausencia de traslados de los acusados y los cambios de jueces que llevaron al diferimiento de las audiencias de juicio. 

En todas estas causas, la condena recayó sobre los funcionarios que accionaron las armas, es decir, los mandos más bajos

Nancy y Kenia Márquez solo saben que el caso de su hermano está cerrado y que ya recibió sentencia, aunque desconocen el contenido de esta. No tienen idea de si los guardias nacionales acusados por el homicidio de José Alejandro Márquez Fagúndez, de 43 años, están tras las rejas porque alguien les dijo que solo fueron penados por seis años y que ya cumplieron su condena. La jueza responsable del caso se negó a enseñarles el documento definitivo y no les permitió entrar a la audiencia en la que leyó eredicto. 

A José Alejandro Márquez lo mataron con una golpiza un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la noche del 19 de febrero de 2014. Poco antes del ataque, él había bajado de su edificio a grabar con su teléfono cómo estos agentes portaban armas largas para contener la protesta antigobierno que se desarrollaba cerca de su casa, en la avenida Urdaneta, a la altura de Candelaria, en el centro de Caracas.

Cuando los uniformados lo sorprendieron, comenzaron a perseguirlo. Márquez corrió y cayó metros después. Alzó la mano en señal de rendición, pero los guardias nacionales lo capturaron y se lo llevaron en su vehículo. Media hora más tarde, lo trasladaron al Hospital José María Vargas, a 2 kilómetros del lugar de la caída. Testigos aseguraron que allí continuó la golpiza hasta que los médicos les exigieron a los militares que se retiraran. La víctima murió tres días después por una fractura en la parte posterior del cráneo que se produjo, de acuerdo con las pesquisas, con un objeto contundente. También tenía múltiples traumatismos en su cuerpo. 

Por la muerte de José Márquez imputaron a cinco efectivos militares pero dos de ellos se fugaron. Finalmente llevaron a juicio al teniente de la GNB, Luis José Amaya, y a los sargentos Luis Lionel Reyes González y Jorby Alexander Peñaloza, del mismo componente de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Los acusaron en 2015 por homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego (por los golpes que le propinaron con estas a la víctima). 

Tal como sucedió con el asesinato de Juan Pablo Pernalete, desde el gobierno se intentó tergiversar la versión del homicidio de José Alejandro Márquez. Al día siguiente de su muerte, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró en su programa “Con el mazo dando”, transmitido por la televisión pública VTV, que la víctima era un sicario contratado para matar a Nicolás Maduro y, en vista de que falló en su misión, sus cómplices fueron a buscarlo al Hospital José María Vargas para matarlo. 

Cabello, quien es hoy ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mostró como evidencia fotografías sacadas del Facebook de Márquez Fagúndez con la indumentaria al estilo militar que usan quienes practican airsoft, una actividad lúdica en la que se disparan armas de aire comprimido de escasa potencia y que él practicaba.

El patrón de los sentenciados

De acuerdo con el relato de las hermanas Márquez, el juicio comenzó un año después de los hechos y tardó cuatro años en culminar. Aseguraron que los retrasos se debieron, en buena parte, a que se suspendieron cerca del 90% de las audiencias porque no trasladaban a los acusados desde Maracaibo (Zulia), a donde habían sido transferidos en medio de las protestas, hasta Caracas, un recorrido de casi 700 kilómetros que se dificultaba más por la escasez de gasolina y vehículos disponibles en tiempos de pandemia. 

En el caso de Geraldine Moreno también hubo más de cinco diferimientos de audiencias de juicio vinculadas a la enfermedad de una de las juezas que llevó el caso. En el de González, a los diferimientos por traslados se sumaron los ocurridos tras la muerte de uno de los jueces. En el de Bassil Da Costa, se difirió el juicio cuatro veces, pero se desconoce la razón.

Los retrasos de las audiencias no se limitaron al juicio. Los familiares de Urbina, Vallenilla y González reportaron que le suspendieron la audiencia preliminar (etapa intermedia) más de 10 veces. 

Otro factor que retrasó el juicio de la muerte de José Márquez fue el cambio de jueces: tres pasaron por la misma posición e hicieron que los pocos avances logrados se paralizaran. 

Entre los ocho casos registrados para este reportaje que recibieron sentencia, cinco reportaron que también les cambiaron el juez a lo largo del proceso: mientras que en la causa de Moreno lo rotaron una vez, en las de González, Vallenilla y Urbina, lo hicieron dos veces.

Los cambios de fiscal también fueron frecuentes. En el caso de José Márquez cambió dos veces durante la etapa preparatoria y en el juicio al menos unas tres veces más. Sucedió también con Moreno (una vez),  Vallenilla (dos veces) y González (entre 5 y 9 veces).

Las otras coincidencias

Un video aficionado mostró el momento en el que José Márquez huía de los militares que pretendían quitarle su teléfono. También se vio cómo cayó al suelo y fue capturado por la GNB. El material fue la evidencia de la participación de los efectivos en la golpiza y asesinato.

De los ocho casos cerrados que fueron analizados para este reportaje, hay siete (incluyendo el de Márquez Fagúndez) documentados con videos. En cinco de estos (Vallenilla, Urbina, Da Costa, Moreno, Pereira) se evidencia quién es el victimario. El caso de Kluiberth Roa, que está en etapa intermedia, también se documentó en un video donde se ve al funcionario que accionó el arma y que fue sentenciado.

Hay otra coincidencia entre los casos que muestra que varios procesos judiciales se aceleraron después de 2019, justo cuando la Situación Venezuela 1, que señala la ocurrencia de delitos de lesa humanidad en Venezuela, fue aceptada en la Corte Penal Internacional (CPI): mientras que entre 2014 y 2017 se dictaron tres sentencias (Da Costa, Moreno y Roa), entre 2019 y 2021 se dictaron el doble: seis. 

 En los ocho casos que recibieron sentencia, tres homicidios (38%) fueron perpetrados por la Guardia Nacional (Márquez Fagúndez, Urbina y Moreno). Otros dos fueron cometidos por cuerpos policiales regionales como Polianzoátegui (Pereira) y Policarabobo (Queliz). Los otros victimarios pertenecían al Sebin (Da Costa), la Aviación Militar (Vallenilla), la Policía Municipal de Naguanagua (González). 

Con 26 años de cárcel se sentenció a los dos Policarabobo que participaron en el asesinato de Daniel Queliz, así como a los seis policías municipales de Naguanagua implicados en la muerte de González y al Polianzoátegui que disparó una metra (canica) contra Pereira.

También se condenó con 23 años tras las rejas al sargento de la Aviación Venezolana que disparó contra Vallenilla y con 30 años para el funcionario del Sebin del caso de Da Costa.

En ninguno de los casos se condenó la cadena de mando y no hay ni siquiera investigaciones contra mandos medios o altos, pese a la insistencia de los familiares de cada una de las víctimas, quienes afirmaron que aún no logran justicia plena.

Un informe de la ONG Defiende Venezuela, titulado “Patrones e irregularidades en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas en Venezuela”, del años 2023, señaló que en los casos de Fabián Urbina, Daniel Quéliz y Leonardo González “no se alcanzó la consecución de la justicia” por las múltiples “irregularidades y deficiencias” que se presentaron en los juicios de estas causas. Esta afirmación y las siguientes se pueden extender a todos los casos cerrados analizados en este especial.

Apunta también que “el abordaje y tratamiento jurídico” es insuficiente porque los casos se trataron de manera aislada y sin que se establecieran correlaciones para analizar “la generalidad y sistematicidad con la que ha sido atacada la población” en medio de las protestas antigobierno.

Además, dice el informe, los sentenciados fueron culpados por el delito de “homicidio calificado” sin que se tomara en cuenta “la crueldad, el patrón, gravedad y uniformidad con la que los sujetos activos (funcionarios policiales) actuaron a lo largo y ancho del territorio venezolano” con armas estatales.

Trato hostil

Para las hermanas Márquez, el proceso judicial sobre el asesinato de su hermano se llevó con normalidad durante las etapas preparatoria e intermedia. Sin embargo, en 2017, dos años después del inicio del juicio y luego de que la ANC impusiera a Tarek William Saab como el flamante fiscal general de la República, no volvieron a recibirlas ni en el Ministerio Público ni en los tribunales.

Más tarde, la jueza Ghilda Molina Carrillo tomó el caso y dejaron de notificarles las fechas de realización de las audiencias de juicio, las cuales se hicieron en el despacho de Molina Carrillo y no en las salas dispuestas para ello.

“Estábamos ahí, pegados con los imputados, y de paso no estábamos siendo representados por nadie porque el fiscal era muy amigo de ella. Se sentaban a hablar y a contar chistes”, rememoró Nancy Márquez, quien se sintió maltratada por las autoridades. 

Una de las frases pronunciadas por la jueza evidenció, para la familia Márquez, que el caso había sido politizado. “Ella dijo: ‘esta causa va a ser cerrada porque ya tengo órdenes de Presidencia de que se cierre ya’, sin evaluar todos los medios de prueba, burlando el proceso, sin llamar a todos los testigos”, indicó Nancy Márquez.

Las hermanas Márquez sostuvieron que la jueza siempre tuvo una actitud hostil hacia ellas. Varias veces las increpó en medio de las audiencias cuando le reclamaban al fiscal que defendiera el caso de su hermano. 

En una ocasión, Molina Carrillo las sacó de su oficina y ordenó que las mantuvieran retenidas por tres horas en el comando de la GNB del Palacio de Justicia. En otras, intentó humillarlas repitiendo en público que necesitaban ayuda psicológica para superar la muerte de su hermano y que las llevaría al INOF (siglas del Instituto Nacional de Orientación Femenina, una cárcel de mujeres en el estado Miranda) si se seguían quejando.

“Fuimos completamente amedrentadas. Nos hicieron firmar un acta de no maltrato hacia la jueza. No nos podíamos acercar a la jueza ni al fiscal del Ministerio Público, que era el abogado que se suponía que nos defendía. Y él firmó eso. Fuimos vejadas, doblemente victimizadas hasta más no poder”, apuntó Nancy Márquez.

Después de todo lo que han atravesado, las hermanas Márquez confían en que, a través de la investigación que abrió la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, se logre imponer pena a los culpables y a toda la cadena de mando.

“Todas las esperanzas las tenemos en la justicia internacional. Sabemos que es lenta, que se debe sentar un precedente en cuanto a la violación de los derechos humanos. Si Venezuela ha es ejemplo de eso, buenísimo. Si la muerte de todos estos héroes sirve para eso, buenísimo. Que se determinen responsabilidades y que se vaya por la cadena de mando porque es un patrón sostenido y repetido”, indicó Kenia Márquez. Muchos de los familiares entrevistados están de acuerdo con esta aseveración. Por eso, en los próximos capítulos, se revisarán los alcances de la CPI en estas causas.

Los abogados Calixto Ávila, Alonso Hernández-Pinzón y Sergey Vasiliev ofrecen sus opiniones sobre el proceso que lleva el máximo tribunal internacional contra Venezuela

Alonso Hernández-Pinzón no dudó en mostrar cierta molestia cuando se le preguntó por las investigaciones que lleva la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estaba sentado en la moderna sala de un coworking en el centro de La Haya, en Países Bajos, ciudad donde dirige la Fundación de Abogados Europeos, y con su acento castizo lanzó una opinión que se fundió con algo de indignación.

“Yo soy el primero al que le parece que va todo demasiado lento, mucho más de lo que debería ir, porque la situación de Venezuela, y yo siempre se lo digo a la gente, es una ‘pistola humeante’. Es que está muy claro y no es porque te lo digo yo, es que lo dice la Fact-Finding Mission, la Organización de Estados Americanos. Es la situación donde se ha enviado más información, hay miles de páginas que se han enviado”, señaló. 

Por eso no se explicó que, por ejemplo, con países como Israel –para el momento de esta entrevista, la CPI acababa de solicitar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh– la Corte se haya “dado mucha prisa” y que eso no suceda con Venezuela, cuya “situación” se abrió en 2019.

Hernández-Pinzón, quien estudia la gravedad de la violación de derechos humanos en Venezuela desde hace una década –y hasta atravesó situaciones de intimidación por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras hacía trabajo de campo en Caracas–, tampoco le vio demasiado sentido a que la Fiscalía de la CPI abriera una oficina de cooperación en la capital venezolana, única en su naturaleza, que según él suele estar vacía porque sus funcionarios van y vienen. Se preguntó y especuló si lo había hecho para presionar al gobierno y obligarle a cumplir con el principio de complementariedad que, para él, es “imposible” que se satisfaga en un país sin Estado de Derecho y con un Poder Judicial “desmantelado”.

Hay otros expertos que piensan que la apertura de la oficina es una buena señal. En un café cercano a la plaza Leidseplein, en Ámsterdam, Países Bajos, está Sergey Vasiliev, doctor en Juicios Penales Internacionales y profesor de Derecho Internacional en la Open Universiteit, quien señaló que con ese espacio, el fiscal Karim Khan “está poniendo un pie en Venezuela para asegurarse de que las investigaciones puedan llevarse a cabo. Pero hasta qué punto el gobierno venezolano estaría dispuesto a cooperar genuinamente con esta investigación, eso está por verse”.

A pesar de esas discrepancias con la Corte, de lo que sí está bastante seguro Hernández Pinzón es de que, en algún momento, se abrirán esas causas que tanto se esperan contra quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad en Venezuela.

“Creo que si la Corte no abriera casos en Venezuela, el desprestigio sería tan mayúsculo (...) porque es verdad que Venezuela siempre está uno o varios peldaños más abajo que lo de Israel, que lo de Ucrania, pero el desprestigio sería tan grande que yo mismo perdería toda la fe en la Corte”, afirmó.

Según Hernández-Pinzón, probablemente las investigaciones de la CPI vayan contra mandos medios y altos que cometieron crímenes de lesa humanidad, pero no necesariamente contra Nicolás Maduro.

“Yo creo que el punto que hay que tener en cuenta es que hay muchos responsables en el caso Venezuela (...) Yo creo que, si hay un grupito que sabemos quiénes son, pues podría haber detenciones contra ellos (...)  A lo mejor las hay, ¿eh? Y es que eso no lo sabemos”, añadió el abogado que reside en La Haya.

Vasiliev coincidió, aunque para él, los primeros señalados puedes ser de mandos medios. “No siempre es el topa. Espero que vaya hasta los más altos. Es el mandato ir tras los más altos”, dijo.

Una investigación auténtica

A más de 180 kilómetros de La Haya, está el abogado Calixto Ávila en un café de la prestigiosa Universidad de Lovaina, en Bélgica, situado en uno de sus halls de arcos góticos. Para él, investigador y magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), no hay manera de que la Fiscalía de la CPI avale los procesos judiciales que se llevan a cabo en el país. Por eso, al igual que Hernández-Pinzón y Vasiliev, piensa que la apertura de casos contra funcionarios venezolanos sí se ejecutará, aunque quién sabe cuándo. 

Ávila, quien durante años vivió en el país y es representante del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en Europa, señaló que una de las cuestiones que deben demostrar las instituciones de Venezuela ante la Fiscalía de la CPI es que las investigaciones sobre los crímenes cuestionados son auténticas y, para ello, deben cumplir con dos elementos: el llamado “efecto espejo” y que los procedimientos revisen los crímenes que pena la Corte. 

El “efecto espejo” ocurre cuando los procesos judiciales de un país reflejan realmente lo que también hace la Corte al observar estos casos para llevarlos a un resultado. 

“El segundo elemento es ya el comportamiento interno dentro de las investigaciones, es decir, cómo se están haciendo las investigaciones”, detalló Ávila, quien dio como ejemplo de ello que en Venezuela no se buscan responsabilidades en las cadenas de mando, sino que solo se fijan en los ejecutores materiales de los delitos. 

Además, a los culpables se les imputan “crímenes que no corresponden a la gravedad de los hechos”, ya que no tienen los agravantes de cada situación. Citó, en este caso, los homicidios simples a los que no se les añade la situación de indefensión de la víctima, las torturas previas al asesinato o la motivación política.

“Si la fiscalía no muestra que eso lo ha investigado y que lo descartó después de la investigación, la investigación sigue siendo incompleta”, subrayó el abogado que reside en Bélgica.

“Hay un elemento más general y es el hecho de que se niegue la existencia de los crímenes de lesa humanidad”, sentenció Ávila, quien recordó que tanto la Fiscalía venezolana como el Poder Ejecutivo aseguran que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que los ocurridos son violaciones aisladas a los derechos humanos.

Este último punto ha permitido que en Venezuela se evada la posibilidad de investigarlos como “parte de una situación sistemática o generalizada” y como una “política de un Estado”. Y eso es precisamente lo que espera la Corte que se haga a través de la complementariedad.

¿Cómo se investiga una cadena de mando?

El representante de PROVEA en Europa comentó que, más allá de que las órdenes que se giran a través de una cadena de mando para reprimir, perseguir, torturar o asesinar sean escritas u orales, hay muchísimas formas para establecer que existió un plan para cometer un crimen en particular. 

“Están las situaciones que se repiten, la presencia de los mismos funcionarios en los lugares de mando cuando ocurrieron los hechos en diferentes lugares, el destino de recursos económicos que corresponden al Estado, o la utilización de recursos de infraestructura, de medios de transporte del Estado, el armamento que se utiliza, los despliegues, las tácticas usadas”, enumeró. Esta serie de elementos al unirse pueden indicar la existencia de un plan, la transmisión de órdenes de la misma manera, un patrón para los despliegues con las mismas estructuras de mando y las comunicaciones de radio antes de que se ejecute un crimen.

“Para que exista un plan, necesariamente, existen autores directos de los crímenes, pero también autores indirectos que son los que construyen el plan y lo ejecutan. Y que además tienen la posibilidad de detener la ejecución del plan (...) Entonces, en esas cadenas de mando, no solamente se investiga quién hizo el plan, sino además quién podía evitar que eso ocurriera”, explicó.

El investigador especializado en Derecho Internacional Público resaltó que, en esta búsqueda del plan, se deben obtener pruebas que tienen instituciones del Estado, desde los libros diarios de las guarniciones militares –que tanto se le han negado a los casos de las ejecuciones extrajudiciales en las protestas– pasando por el armamento y los vehículos que se usaron, hasta la lista de los jefes y comandantes de la zona que estaban a cargo. 

“Hay una parte de construcción desde las víctimas y desde las familias, pero si no hay esa voluntad del aparato de justicia de investigar más allá de esa información, entonces claramente no se investigan las cadenas de mando”, sostuvo Ávila.

La limitada CPI

Los expertos advirtieron que los venezolanos deben tener en cuenta que la CPI tiene una serie de limitaciones que le hacen imposible abarcar todas las expectativas. Una de estas es una capacidad operativa que le impide atender todas las situaciones de crímenes contra la humanidad en Venezuela y dirigirse contra todos los responsables.

Otro límite es el de su actuación al momento de girar una orden de aprehensión o comparecencia, porque se trata de un organismo que no tiene una fuerza policial internacional sino que depende de la cooperación de los Estados miembros.

“La Corte tiene casos en donde, efectivamente, han pasado muchos años antes de que las personas puedan ser detenidas. Se han ocultado en países que los han protegido, que muchas veces no son miembros del Estatuto de Roma y, por lo tanto, es muy difícil que cooperen con la Corte Penal Internacional”, afirmó Ávila. 

El experto aclaró que la CPI administrará justicia “sobre un grupo representativo de casos y sobre un grupo específico de cadena de mando”. Los casos que tome la Corte “permitirán impulsar al resto de los casos” para que la justicia nacional cumpla su obligación.

Ávila explicó que, como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, los responsables pueden comparecer ante los tribunales nacionales o internacionales, en cualquier momento, sin importar su edad. O también pueden ser juzgados en tribunales de terceros países a través de la jurisdicción universal, que puede activarse contra individuos señalados por estos delitos que estén en estos territorios.

Hernández-Pinzón aclaró que, en el estatus actual de la investigación de la CPI sobre Venezuela, las víctimas no tienen un rol ni están caracterizadas como tales. Por eso, no se puede esperar que la Fiscalía del tribunal internacional atienda todas las solicitudes de audiencia o reunión. 

Aunque el hermetismo de la CPI es un punto muy criticado por organizaciones de derechos humanos, ese silencio es defendido por los tres expertos. Para Vasiliev, Khan “debe tener muy buenas razones para no hablar”. Y el hecho de que se reúna con Nicolás Maduro o que, incluso, le dé un abrazo, no quiere decir que esté a su favor o que sea parcial. 

“No se pueden sacar conclusiones a partir de con quién se reúne o no. Entiendo las preocupaciones y dudas. Hay muchas preguntas por la falta de información, pero esto no quiere decir que haya falta de acción”, deslizó Vasiliev.

Fadi El Abdallah, portavoz de CPI aborda el funcionamiento y los retos de la institución en la investigación de crímenes en Venezuela, al tiempo que explica la complejidad de los procedimientos internos de la Corte, la importancia de la complementariedad legal y la necesidad de un contexto adecuado para alcanzar la justicia

Lo primero que aclara Fadi El Abdallah al llegar a la entrevista es que no puede responder ninguna pregunta en nombre del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Explica que aunque la unidad que lidera, la Oficina de Asuntos Públicos de la Corte, se comunicó con la Oficina de Khan, este no estaba disponible para entrevistas.

“Hay un equipo de prensa que trabaja directamente con la Fiscalía, mientras que nosotros (él, junto a los otros miembros de la Oficina que lo acompañan esa mañana, Francisco Berardo y Carmela García Ganoza) trabajamos en la Secretaría del tribunal y este es un órgano neutral que apoya el funcionamiento judicial, pero no es parte de él. Entonces, no hablamos en nombre de las partes”, indica el abogado que llegó a la CPI en 2008, luego de enseñar leyes en universidades de El Cairo (Egipto) y París (Francia).

El punto lo esclarece porque varias de las preguntas formuladas para la entrevista –el protocolo de la CPI contempla pedir a los periodistas que envíen sus cuestionarios antes de las conversaciones– están dentro del área de acción del fiscal. Así que, a lo largo del diálogo y en medio de una enorme y gris sala de prensa en la que solo están cinco personas, toreará todas aquellas interrogantes que él crea que solo debe responder la parte acusadora de la Corte.

Otra aclaración que hace El Abdallah es que la CPI es una institución donde la gravedad de los delitos hace necesario no solo que se investigue a quienes materializan el crimen, sino a quienes lo ordenaron, que suelen estar en las más altas esferas del poder. De esa manera, la cadena de mando se convierte en un objeto de interés en cada caso, para así determinar los patrones criminales que los victimarios aplican a sus víctimas.

En 2024, el fiscal de la CPI hizo algo inédito: abrió una oficina en Caracas que, de acuerdo con El Abdallah, busca facilitar la cooperación y la conexión entre el equipo de Khan y las autoridades de Venezuela. Este asunto abrió la conversación.

 ¿Es común tener este tipo de oficinas? 

Francisco Berardo (FB): Primera vez.

Carmela García Ganoza (CGG): Es parte del nuevo enfoque de complementariedad. Está la política que se publicó, que lanzó la Fiscalía, y allí se plantea este enfoque de tener la vía uno, la vía dos y comprometerse más con la complementariedad. Tenemos oficinas de registro en diferentes países, pero eso es diferente. Esa es la representación del tribunal, como en la República Centroafricana, Uganda, Costa de Marfil, Mali.

Fadi El Abdallah (FEA): No sé hasta qué punto estás familiarizada con el concepto de forma de complementariedad.

Quizá pueda explicar un poco... 

FEA: el principio es muy sencillo, pero la aplicación puede ser en diferentes momentos.

Entonces, el principio es que, antes de abrir una investigación, el fiscal debe verificar si las autoridades judiciales realmente están llevando a cabo investigaciones genuinas sobre crímenes que puedan ser relevantes para la CPI. Y se recordará que en la decisión de la sala de apelaciones que autorizó al fiscal a retomar las investigaciones en relación a Venezuela, esa era una de las grandes preguntas: si lo que están haciendo las autoridades judiciales en realidad tiene relación con lo que podría estar haciendo la Corte si se abre una investigación. También hay una prueba de complementariedad para los casos. Cuando se habla de casos concretos significa que estamos hablando de acusaciones a particulares por delitos concretos. Y luego la prueba de complementariedad es si las autoridades judiciales, a nivel nacional, están investigando genuinamente las mismas conductas y a los mismos individuos. Entonces esa se convierte en una prueba diferente, mucho más específica en ese caso, no en general si el sistema judicial está trabajando en lo que es relevante para el tribunal, sino en este caso específico, ¿ya está cubierto a nivel nacional o no? Entonces el fiscal debe hacer eso para no duplicar el trabajo que ya está hecho, pero también si quiere presentar una solicitud de orden de arresto o algo para comparecer ante los jueces, los jueces también deben verificar eso en el plano nacional, nivel en el que aún no se está haciendo. E incluso si los jueces emiten una orden de arresto o una orden de comparecencia, aún puede ser impugnada por el Estado o por la defensa de los sospechosos basándose en la misma prueba de complementariedad. 

¿Qué debería representar para un Estado que la CPI está investigando? 

FEA: bueno, creo que esta es una pregunta para los Estados, no para la CPI. La CPI tiene que hacer su propio trabajo y cumplir su propio mandato dentro del marco legal que se encuentra en el Estatuto de Roma.

Y los Estados, con excepción de cuando hay una remisión por parte del Consejo de Seguridad, son los que otorgaron este poder a la CPI. Por lo tanto, confiaron en que el tribunal llevaría a cabo sus actividades de acuerdo con el marco legal que ya aceptaron al ratificar o aceptar el estatuto. Pero ¿qué significa para un Estado? Depende de los Estados.

Algunos Estados están pidiendo a los tribunales que abran investigaciones. En otros, es el fiscal por iniciativa propia o por petición del Consejo de Seguridad. Entonces, no es una situación única para todos los Estados.

¿Qué falta para que la “situación” venezolana se convierta en un caso? 

FEA: Nosotros hablamos de la “situación” en el sentido de que hay un tipo de conflicto o un grupo de crímenes que están bajo la jurisdicción de la CPI. Y luego el fiscal puede disponer la apertura de una investigación sobre este conflicto o un grupo de delitos.

Esta es una investigación en esta situación. De una investigación pueden resultar varios casos. Entonces, cuando el fiscal abre una investigación, analiza todos estos delitos y decide cuáles son los más graves o los que no están siendo investigados a nivel nacional, o si existe la posibilidad de tener pruebas sobre ellos y de actuar rápidamente al respecto. Esta es una política general. Y luego, cuando el fiscal tiene pruebas suficientes, presenta solicitudes a los jueces de la sala de cuestiones preliminares: solicitudes de órdenes de arresto o citaciones para comparecer. Y luego los jueces tendrán que decidir al respecto. Así que no convertimos una situación en un caso. Lo que pasa es que se investiga una situación, y de la investigación pueden resultar casos y resultarán en el momento en que el fiscal considere que tiene pruebas suficientes para presentar las solicitudes a los jueces. 

Ya dijo que no sabe qué delito específicamente se está investigando. Pero, ¿cuándo podremos saber eso? 

FEA: por definición, las investigaciones son confidenciales, a menos que el fiscal considere que será útil anunciar algunos elementos de la misma. Y las solicitudes de órdenes de aprehensión para la solicitud de citación pueden presentarse de forma pública o confidencial. Entonces dependerá del enfoque del fiscal y luego del del juez para indicar en qué momento, si lo hubiere, se hará pública una solicitud.

Las víctimas de Venezuela esperan que la CPI haga justicia en sus casos. ¿Qué pueden esperar realmente de la CPI? 

FEA: la CPI siempre intentará cumplir su propio mandato. Y su propio mandato se rige por un marco legal, que es su propio estatuto, que permite al tribunal intervenir sólo cuando el sistema judicial nacional no está dispuesto o es incapaz de realizar una investigación genuina. Esta es la prueba de la complementariedad. Y en esa lógica, existe esta idea de cooperación entre la fiscalía y las autoridades nacionales para garantizar el pleno respeto del principio de complementariedad.

Para los casos en los que no se cumpla el principio de complementariedad, la fiscalía reunirá las pruebas, vinculará los casos y elevará las solicitudes a los jueces. Este es el trabajo de la CPI en todas las situaciones, no sólo en relación con Venezuela. Y sí, sabemos que eso lleva tiempo y que, en muchos casos, lo que las víctimas esperan en materia de rapidez de los procedimientos no siempre es realista debido a la complejidad de las investigaciones, de los procedimientos ante el tribunal de la CPI, por la necesidad de comprobar continuamente el principio de complementariedad. 

Entonces, lo que siempre podemos decirles a las víctimas es que tengan expectativas realistas de la Corte, de que la CPI trabajará para impartir justicia dentro de su marco legal, que la CPI es un tribunal de último recurso. No es superior ni tiene prioridad sobre el sistema judicial nacional. Es complementario al sistema judicial nacional, sus procedimientos son largos y complejos, pero la CPI siempre está decidida a cumplir su mandato y a intentar en la medida de lo posible llevar más justicia a las víctimas.

Al mismo tiempo, es muy importante resaltar que el tribunal no es la solución para todo. El tribunal no puede investigar todos los crímenes. Todavía habrá crímenes que no sean investigados por la CPI y que la prioridad debe seguir siendo el sistema judicial nacional, que la Corte es un elemento entre muchos que deben reunirse para resolver un conflicto.

Es un elemento importante. La justicia es importante para la gente, para las víctimas, pero también para que la propia sociedad se recupere y pueda prosperar en el futuro, pero es sólo un elemento del rompecabezas. Y lo último que quiero destacar es que en la CPI lo que podemos esperar son procedimientos justos, lo que significa un pleno respeto de los derechos de la defensa, incluida la presunción de inocencia. Por eso la CPI está aquí para garantizar la justicia, incluidas las absoluciones cuando no hay pruebas o la condena si no hay dudas razonables sobre la responsabilidad de una persona. 

¿Entonces, esa foto de Maduro esposado que mucha gente en Venezuela tiene en su mente quizás no sea posible? 

FEA: como mencioné, en este momento no hay indicios de una solicitud de comparecencia ni de una orden de arresto contra ningún individuo en Venezuela, y no debemos especular sobre quién podría ser acusado en el futuro por el fiscal. 

¿Cómo explica y mitiga las expectativas de las víctimas que vienen aquí a testificar? ¿Qué les dicen en realidad?

FEA: primero, hacemos una distinción entre víctimas y testigos. Entonces, los testigos pueden ser víctimas, pero también pueden ser otro tipo de testigos. Mientras que las víctimas, la gran mayoría de ellas, no acuden a declarar. Entonces, no mezclamos eso. Para las víctimas, normalmente, cuando estamos en contacto con las víctimas, ya sea directa o indirectamente, creo que el primer elemento es ser honesto con ellas, tratar de explicarles lo que mencioné sobre el marco legal, sobre la complejidad, sobre el tiempo que es necesario, y también sobre las limitaciones. 

¿Da un plazo concreto? 

FEA: no, porque no hay plazos concretos para ello. Depende mucho de cada situación, circunstancia. En algunas situaciones, puede recibir una solicitud de orden de arresto en un par de meses. En otros, es mucho más complicado construir un caso por el acceso a la información, porque necesitan comprobar la prueba de complementariedad, etc. Entonces no hay similitudes. Podríamos ver ante la CPI que, en determinadas investigaciones, tenemos resultados muy rápidos. En otros, lleva mucho más tiempo. En ciertos casos tenemos la detención de una persona a las semanas y, en otros, son años y no se ha implementado una orden de arresto. Y un elemento adicional en la complejidad del procedimiento es que no tenemos juicios en ausencia, lo que significa que no llevamos a cabo los juicios a menos que el sospechoso esté presente ante el tribunal.

En el nivel de la fase previa al juicio pueden tener lugar algunos procedimientos, pero en el caso de un juicio, el juicio no puede tener lugar a menos que el sospechoso esté realmente presente. Entonces, en ciertos casos, tenemos órdenes de arresto que están pendientes desde 2009, por ejemplo, o incluso desde 2006 en otros. Y en otros casos, los arrestan en unas semanas y luego, si aceptan que son culpables, tienes todo el juicio que se realiza en dos o tres meses. Entonces no hay similitudes. Cada caso es realmente único. 

Pero incluso si el juez pide el arresto de una persona, todavía necesita un tratado de extradición con el país en donde se encuentra el acusado para traerlo a La Haya, ¿verdad? 

FEA: sí, la CPI por sí sola no ejecuta las órdenes de detención, no tenemos poder policial ni militar. De lo que dependemos son de los Estados parte que tienen la obligación de cooperar con la CPI, para arrestar y entregar a los sospechosos si se encuentran en sus territorios. Y cuando tenemos una remisión por parte del Consejo de Seguridad, también están los Estados obligados por la resolución del Consejo de Seguridad, pero eso no es aplicable en la situación de Venezuela.

En estos casos en los que las órdenes de aprehensión son rápidas, ¿es porque la violencia ha ocurrido hace más tiempo? 

FEA: no, depende de la disponibilidad de la evidencia y de la claridad sobre si se respeta o no la prueba de concomitancia. Y también depende de la complejidad del delito en sí. En algunos casos, básicamente se le acusa de una supuesta conducta criminal, como el traslado de niños de Ucrania a Rusia. Se trata de una presunta conducta delictiva. Pero en otros casos, cuando tienes 70 cargos diferentes en un individuo, está claro que no tomas el mismo tiempo para uno y para 70 delitos. 

Si en Venezuela llegara a cambiar de mano el gobierno ¿eso afectaría la investigación? 

FEA: no. Para la CPI, la obligación legal de Venezuela de cooperar con la Corte es la misma, independientemente de quién esté en el poder. Es el propio Estado el que ha ratificado el Estatuto de Roma y tiene una obligación debido a esta ratificación, por lo que no depende de los resultados políticos de elecciones, es una obligación legal independientemente de quién esté involucrado.

¿Y si desde el nuevo gobierno o desde los Estados involucrados piden detener la investigación? ¿Es eso posible? 

FEA: bueno, hay una investigación que ya está abierta. El único que puede decidir cerrarlo es el fiscal. Entonces no vamos a especular sobre cuál será la posición futura de tal o cual gobierno. Pero desde el punto de vista legal, hay una investigación que ya está abierta, tiene condiciones legales específicas, ha sido aprobada por los jueces también. Así continuará a menos que el fiscal considere que por la prueba de complementariedad no hay casos que investigar, pero eso lo decide el fiscal. No es una decisión política, no está relacionada con un cambio de gobierno o no. Y los Estados que remitieron a Venezuela al fiscal no pueden parar, no se puede retirar una remisión. Una remisión solicita al fiscal que investigue. Una vez que empiezan a investigar, no puedes retirarte.

¿Cuáles obstáculos encuentra la CPI cuando investiga una cadena de mando?  

FEA: no, como mencioné, las investigaciones están en manos del fiscal y es su propio equipo de investigadores el que necesita lidiar con los desafíos, y hay desafíos en cada investigación. No está específicamente en cada investigación. Siempre hay desafíos prácticos, logística, seguridad, acceso a la información, etc. Y, en realidad, su trabajo es encontrar formas de superar los obstáculos. 

En casos anteriores, ¿qué tipo de obstáculos han superado y cómo lo hicieron? 

FEA: no conozco los detalles, pero siempre hay diferentes tipos de cosas, incluidos, por ejemplo, algunos Estados que se negaron a cooperar con el tribunal y a permitir el acceso de los investigadores a los territorios. En otros lugares, la situación de seguridad no permite que la gente vaya allí. Por ejemplo, hay inseguridad, hay rechazo político, hay amenazas en determinados momentos, hay problemas prácticos de acceso a una determinada zona de desafíos lingüísticos, y siempre ha habido formas de investigar alternativamente a través de personas que salieron del país o a través de imágenes, vídeos, interceptación de comunicaciones y muchas otras formas. 

He hablado con algunas víctimas que dicen que el expediente de sus casos se perdió, o al menos eso les dicen los funcionarios. Entonces, si esos casos no están en poder del Ministerio Público o los tribunales, ¿qué podría hacer la CPI por ellos? 

FEA: para la CPI investigamos los crímenes, haya o no un expediente perdido. Ese no es el problema. La cuestión es si ha ocurrido un delito. Ahora, si no hay expediente, eso significa que no hay investigación a nivel nacional, entonces la prueba de complementariedad diría que podemos seguir adelante con esta investigación porque no hay investigación a nivel nacional.

Paolina Massidda explica que las personas que trabajan dentro de un gobierno señalado por crímenes de lesa humanidad son claves para establecer responsabilidades e investigar las cadenas de mando

Advierte a las víctimas que su participación y compromiso con el proceso son esenciales, aunque la evolución de este sea, en ocasiones, mucho más lenta de lo que esperan

Paolina Massidda llega justo al mediodía a una de las salas de prensa de la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos. Tiene poco tiempo, pero se sienta a explicar con calma cuál es la finalidad de la instancia que está bajo sus riendas desde hace casi 20 años: ella es la abogada principal de la Defensoría Pública para las Víctimas dentro del tribunal que estudia la “Situación Venezuela 1”, que busca determinar si ocurrieron crímenes de lesa humanidad desde 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Esta es una oficina independiente dentro del tribunal que apoya y asiste a las víctimas que quieran participar en el proceso y, al mismo tiempo, también puede ayudar a los abogados externos que representan a las víctimas en los diferentes procesos. Y estamos involucrados en la situación de Venezuela desde hace casi cuatro años, porque las víctimas pueden contactar directamente con la oficina, incluso durante el examen preliminar”, afirma.

“Por el momento, no sabemos exactamente a qué período (el lapso concreto de la investigación) se dirige la Fiscalía de la CPI. Pero las víctimas nos han explicado una serie de incidentes que tuvieron lugar ya en 2014, en el contexto de protestas, en las que personas murieron o resultaron heridas de algún modo”, dice la abogada, y añade que también han registrado historias sobre perseguidos y detenidos por motivos políticos, que han sido torturados, o sometidos a delitos sexuales y de género. A su despacho también han llegado testimonios sobre los ataques contra medios de comunicación y a defensores de derechos humanos y periodistas que se vieron obligados a abandonar el país. Todos han asegurado que en Venezuela ninguno de estos crímenes se investiga o procesa.

“Algunas víctimas indicaron que no hay ningún poder judicial que pueda hacer eso, que el gobierno no está preparado para hacerlo en este momento, y que no existe una legislación que cubra el tipo de delitos que eventualmente también cubrirá el tribunal (...) Realmente sienten que en Venezuela no se les escucha”, apunta.

El nombre de Massidda resonó fuerte en los medios de comunicación venezolanos en noviembre de 2023, cuando intervino en las audiencias por la apelación del gobierno de Nicolás Maduro contra las facultades investigativas del Fiscal de la CPI, Karim Khan.

“Venezuela no está investigando ni enjuiciando ni lo hará en un futuro inminente los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares, sus amigos, sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, dijo la abogada en ese entonces.

Massidda también está enterada de que el asedio del gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación continúa, incluso de la existencia de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro –aprobada por la Asamblea Nacional en agosto pasado, aunque aún no está vigente por no haber sido publicada en la Gaceta Oficial–. Y no ha dejado de exigir celeridad en la Situación Venezuela I, tal como lo hizo en octubre pasado en un foro en Madrid, España. "La presión política es muy importante y también lo es el coraje de las víctimas, porque el tiempo de la justicia es ahora", subrayó en la cita.

En medio de los monitores y audífonos de una sala de prensa destinada a quienes escuchan las audiencias, respondió preguntas para este especial:

Aunque este no es el protocolo y la CPI no trabaja con casos individuales, sabemos que hay víctimas que han venido desde Caracas hasta el tribunal con sus expedientes. ¿Qué hacen cuando eso sucede?

Esta es una pregunta importante porque creo que todavía hay un malentendido sobre cómo funciona el tribunal. Como oficina, hemos sido contactados por personas que querían que su expediente fuera enviado al fiscal (de la CPI, Karim Khan) y tuvimos que explicar que, dentro del tribunal, lo que va a pasar es que el fiscal hará una investigación. En el momento en que el fiscal pueda identificar a los posibles autores, entonces, en ese momento, se abrirá un caso (...) Ahora bien, en ese contexto, el fiscal identificará el ámbito geográfico, el ámbito temporal y el tipo de delitos (...) Podrán calificar como víctimas en ese caso todas las personas que fueron detenidas en ese lugar específico, en ese momento específico, que han sido sometidas a torturas, tratos inhumanos y, eventualmente, asesinato. En otras palabras, el tribunal no se ocupa de casos individuales (...) Entonces, cuando recibimos una queja individual, ¿qué hacemos? Por supuesto, tenemos esta conversación con el proveedor de información, que puede optar también por enviar esta información al fiscal (...) Las víctimas no pueden ejercer la jurisdicción de este tribunal como en un país de derecho civil. Toda la información que ellas envíen al fiscal será importante para que la Fiscalía comprenda los antecedentes (...) los patrones, el tipo de crímenes, los posibles perpetradores. Pero las víctimas no pueden esperar que su propio caso sea retenido por el tribunal. Esto no sucederá. Las víctimas podrán intervenir en el contexto de un caso que sea construido por el fiscal de acuerdo con las pruebas que éste pueda reunir durante la investigación. 

Entiendo. Pero, por ahora, las víctimas llegan a la Corte a denunciar en medio de un malentendido. 

Sí, pero también es cierto que de esa manera saldrá a la luz el alcance de la victimización. Porque, al fin y al cabo, un caso, si se me permite decirlo así, es el resultado de la situación de varios individuos. Y normalmente, en los casos que tenemos ahora ante los tribunales, se trata de la situación de miles de víctimas. Si analizamos el caso de Dominic Ongwen, en la situación en Uganda, se autorizaron más de 5.000 víctimas. Cuando lleguemos a un caso, en ese momento las víctimas podrán participar individualmente. Cada uno de ellos podrá completar un formulario de solicitud y podría presentar su historia ante los jueces, primero, por escrito. Y entonces los abogados también podrán transmitir esa historia a la cámara, si es que alguna vez se lleva a cabo un proceso. 

¿Cree que eso es suficiente para las víctimas?

Creo que es difícil dar una respuesta clara porque la participación de las víctimas en los procedimientos de la CPI es peculiar para cada una de ellas. Mi experiencia como abogada que representa a víctimas desde hace casi 20 años es que lo que las víctimas valoran es el proceso de justicia y la posibilidad de participar en él. La mayoría de las personas que he representado a lo largo de los años, y creo que también las víctimas venezolanas porque hablan de eso con nosotros, consideran importante la posibilidad de ser escuchados ante un tribunal de justicia que sea independiente e imparcial. Y dejan esta experiencia un poco como un empoderamiento, una especie de posibilidad de explicar lo que les pasó, lo que luego les ayudará a pasar página de lo que les pasó. Pero para algunas de las víctimas, este proceso puede no ser suficiente, podría ser que ni siquiera estén dispuestas a participar porque todavía les resulta demasiado doloroso o porque no confían en el sistema, o incluso, simplemente porque no tienen tiempo para ello. Fue algo que les pasó y solo quieren olvidarlo (...). 

No sé si usted pudo seguir el proceso ante la cámara de apelaciones. Al final, las víctimas tuvieron la posibilidad de presentar una declaración final y yo estaba en ese momento representándolos. Y durante el alegato final, habiendo hablado con la víctima, un punto fue esa búsqueda de justicia. Y el otro punto también fue considerar a la Corte como la única posibilidad en este momento y la única esperanza para las víctimas en el contexto de Venezuela, porque las jurisdicciones nacionales no están dispuestas a proceder genuinamente con las investigaciones y los procesamientos.

En la investigación que estamos haciendo en Runrun.es parece que la justicia venezolana tiene como estrategia retardar el proceso. Hay casos, por ejemplo, que han tenido más de 15 fiscales y todavía no llegan a juicio. 

Oh, vaya.

¿Ha visto esto en los casos que han presentado las víctimas aquí en La Haya? 

No, depende de a qué te refieres. Esta es mi opinión personal: hay tácticas que la defensa también puede utilizar para retrasar el procedimiento. Podría pasar, no lo sé. Si continúo entregando presentaciones por escrito ante una cámara, la cámara necesitará mucho tiempo para abordar cada una de las presentaciones e inevitablemente, en lugar de finalizar el proceso en febrero, finalizará en febrero del próximo año. Ahora bien, lo que creo que es difícil de responder en este caso específico es en qué medida la actividad del gobierno venezolano puede tener un impacto en la posibilidad de una continuación de la investigación. ¿Por qué creo que es difícil de decir? Porque estamos en una fase en la que aún no está abierto un procedimiento formal. Por lo tanto, en este momento la sala no controla realmente la duración del procedimiento. Además, estamos en un área en la que el Estado tiene derecho, según la disposición del Estatuto de Roma, a interactuar con el fiscal de la Corte debido al principio de complementariedad.   

Lo que puedo decir, porque es lo que también observo como abogado, es que en este momento hay muchas aportaciones del fiscal (Khan) para apoyar al gobierno en el cambio de la legislación sobre complementariedad. Sabemos que el fiscal está actuando ahora por dos caminos: el de complementariedad y el de investigación. Lo que he visto como abogada es que parece haber un poco más de información sobre el patrón de complementariedad. Porque esto es lo que se observa. Ves al fiscal yendo a Venezuela, abriendo una oficina, hablando en el parlamento. No es muy visible de qué se trata la investigación por criterios ciertamente razonables, incluso porque no se puede simplemente divulgar su estrategia, existe una cuestión de seguridad de las víctimas y, eventualmente, de los testigos potenciales. Por tanto, es totalmente comprensible que sepamos menos sobre la investigación. 

¿Qué tipo de apoyo brinda su despacho a los representantes legales de las víctimas? 

Entre los mandatos de esta Oficina está la posibilidad de apoyar y ayudar al representante legal de las víctimas, es decir, a cualquier abogado que represente a las víctimas a los efectos de los procedimientos de la CPI. Normalmente se designa formalmente a un abogado en el tribunal una vez que hay un caso y hay un procedimiento. Pero, como saben, los abogados ya están involucrados con las víctimas antes, y cualquier abogado puede comunicarse con la oficina y podemos brindar asesoramiento, investigaciones. El tipo de interacción que tenemos con los abogados externos depende de sus necesidades. A lo largo de los años, los hemos representado en audiencias, enviado consejos sobre un tema específico porque tal vez querían dirigirse a la cámara sobre ese tema, o incluso brindamos asesoramiento sobre cómo interactuar con las víctimas vulnerables o cómo obtener información de las víctimas.

¿Qué tipo de información deben buscar los abogados para abrir una investigación a la cadena de mando de funcionarios que perpetran crímenes de lesa humanidad?

Ésta es una pregunta que probablemente sería mejor plantear a la oficina de un fiscal. Normalmente en los procedimientos internacionales estas son pruebas que la oficina de investigadores, la oficina del fiscal, podrá recibir de lo que llamamos personas internas: personas que trabajan para el gobierno o exmilitares. Por ejemplo, en Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé (Costa de Marfil) vinieron a testificar exmilitares; en el caso Yekatom and Ngaïssona (República Centroafricana), tuvimos personas de las fuerzas armadas de Yekatom que vinieron a testificar. Es muy improbable que una víctima sepa este tipo de información, porque una víctima probablemente sabría quién la estaba torturando, o quién era la persona a cargo de un sector en el que estaba detenida. Podría incluso saber el nombre de una persona que realmente la estaba violando. Pero llegar a la cima es muy difícil. En los crímenes de lesa humanidad hay que tener en cuenta los elementos contextuales que, normalmente, se consideran a través de pruebas provenientes de personas internas, pero también de todos los antecedentes que se pueden construir con el apoyo de las víctimas, porque el hecho de que las víctimas digan que siempre fue la misma persona, hace que ya sea un patrón. Es más fácil hacer que los jueces comprendan el trasfondo y los patrones y por qué sucede de esa manera. 

¿Es más sencillo encontrar los patrones? 

Depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, si se busca, en el contexto de crímenes contra la humanidad, un elemento contextual, lo que llamamos el elemento introductorio en virtud del artículo 7, es necesario demostrar que hubo una política del gobierno dirigida contra la población civil. Es necesario encontrar evidencias del hecho. De nuevo, tomemos el caso Gbagbo-Blé Goudé en Costa de Marfil. Este fue un caso de violencia postelectoral. La suposición del fiscal era que existía un plan común de Laurent Gbagbo (entonces presidente y candidato a la reelección) y otras personas para evitar que el otro candidato, Alassane Ouattara, tomara el poder. Y este plan común incluía la persecución por motivos políticos a todo aquel que fuera considerado partidario de Ouattara, sobre todo a la población musulmana que apoyó a Ouattara porque él es musulmán. Entonces, ¿cómo decidieron proceder? Hubo una serie de documentos que pudieron recopilar en el registro del palacio presidencial cuando Gbagbo se fue. Hubo una serie de funcionarios que acudieron a declarar sobre las diferentes reuniones celebradas para tratar el asunto.

Entonces el fiscal reunió todo este tipo de elementos para mostrar esta parte. Ahora bien, en el caso Laurent Gbagbo, no tuvimos mucho éxito porque al final Laurent Gbagbo y Blé Goudé fueron absueltos. Pero esto es sólo para que usted entienda cómo se puede construir un caso.

Desafortunadamente, es muy hipotético porque por el momento no sabemos exactamente en Venezuela qué está buscando el fiscal. Así que les doy ejemplos sólo para que comprendan un poco cómo funciona el sistema. Pero lamentablemente no puedo dar ejemplos muy específicos de la situación de Venezuela en este momento.

¿Hay ya una jurisprudencia que orienta a los tribunales para la búsqueda de estas evidencias? 

Sí, sí. Depende de qué elemento estés buscando. Tienes la interpretación de los elementos contextuales por parte de diferentes salas, incluida también la sala de apelación. Tienes jurisprudencia sobre qué es una política. Tiene jurisprudencia sobre lo que es un plan común. También hay jurisprudencia sobre lo necesario para vincular, por ejemplo, al Jefe de Estado en actos específicos. Toda esta jurisprudencia se ha desarrollado en este Tribunal y también en los otros tribunales internacionales, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, porque a veces, sobre todo en los inicios de este tribunal, no se tenía jurisprudencia. Así que los jueces tenían que buscar en alguna parte y buscaron en tribunales similares. Pero ya hay jurisprudencia sobre cómo interpretar la ley. 

También hay jurisprudencia sobre los diferentes tipos de delitos, lo que hay que probar, qué elementos hay que probar de un delito concreto. Y, de nuevo, utilizamos el Estatuto de Roma, que es la lista de todos los crímenes. Y además tenemos un documento de apoyo, que son los elementos de esos crímenes. 

¿Su oficina va a tener algún representante, alguna persona o algún funcionario en la nueva oficina en Venezuela? 

No, no. Esta es una oficina que ha sido abierta por el fiscal y es una oficina de la Fiscalía.

 ¿Cuáles son las expectativas de las víctimas de Venezuela? 

Cuando las víctimas hablan con nosotros, su expectativa es que la investigación continúe. No creen que sea posible que haya justicia en Venezuela. Entonces quieren que el fiscal continúe la investigación y abra casos en relación a lo que pasó y lo que lamentablemente sigue pasando en Venezuela. 

¿Qué mensaje daría a las víctimas de la investigación? 

Creo que es importante decir que la participación de las víctimas en el sistema es esencial. Sin ellas, no sería posible para la fiscalía llevar a cabo una investigación. A menudo es muy difícil que las víctimas se comprometan porque esto les recuerda lo que les ocurrió a ellas o a sus amigos o a sus familias y, de alguna manera, es doloroso. Pero, por otro lado, sin su apoyo no se hará justicia. Así que creo que es importante que las víctimas sigan participando en el proceso de justicia y en el tribunal. 

Una cosa que me gustaría decir es que esto lleva tiempo. Y las víctimas a veces no tienen tiempo o no quieren tener más tiempo. Y en el proceso de justicia internacional se requiere fervor. Tienes que seguir creyendo que sucederá de alguna manera, en algún momento, y seguir comprometido aunque pase mucho tiempo y aunque continúen los sufrimientos. Creo que el compromiso es muy importante. Y que sepan también que hay gente que les apoya. Hay muchos abogados que trabajan para las víctimas en Venezuela y fuera de Venezuela. También hay muchas ONG que los defienden. Y creo que, todos juntos, podrían marcar la diferencia.