Las caras del “protector”

de Maduro en la frontera

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Freddy Bernal es uno de los pocos hombres de Hugo Chávez que aún goza del apoyo de Nicolás Maduro. Lo impuso en 2017 como “protector” del Táchira, un cargo que el chavismo creó para mantener el control político en los estados que perdió en las elecciones. De policía que participó en un golpe militar, pasó a político y, siendo funcionario público, fue señalado por supuestas afiliaciones con el narcotráfico y sancionado por violación a los derechos humanos. Pese a cuestionamientos en su contra, ahora tiene la venia para ser gobernador

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El estado andino de Táchira, región fronteriza con Colombia, es comandado desde hace cuatro años por una especie de “gobernador alterno”: Freddy Bernal. Llamado por el mandatario Nicolás Maduro para ser “protector” en la región, ha estado envuelto en episodios controversiales en lo personal y ha sido una ficha clave en la historia del chavismo en Venezuela. Su experiencia en control de delitos no ha sido suficiente para frenar las irregularidades en la frontera y, por el contrario, se le ha acusado de manejar a su antojo los recursos públicos, de tener nexos con grupos irregulares colombianos y de crear una aduana paralela.

Bernal era policía cuando participó en el golpe militar de Hugo Chávez en 1992 y fue escolta de Violeta Barrios de Chamorro, siendo presidenta de Nicaragua. Con el pasar de los años, sumó los roles de constituyente, alcalde de Caracas, diputado y ministro de la mano del chavismo a su hoja de vida. Su nombre ingresó en la Lista Clinton de EEUU por supuestas conexiones con el narcotráfico junto a las FARC, y está en todas las listas de chavistas sancionados por violaciones a los derechos humanos.

Esta es la trayectoria de Bernal, el “protector” de Maduro en la frontera y su candidato en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre para ser gobernador de Táchira, que sigue en manos de la oposición pese a la hegemonía del chavismo en el resto del país. Este rol que no existe en las leyes venezolanas se le asignó en enero de 2018, luego de la victoria electoral de la opositora Laidy Gómez como gobernadora de este estado.

“Táchira es una zona de guerra, uno de los territorios más recalcitrantes para reconocer la autoridad del gobierno bolivariano. El presidente Maduro me pidió que convirtiera a Táchira en una frontera de paz, y lo estamos haciendo. En dos años, hemos recuperado el control del territorio, y esto la derecha no lo puede soportar”, llegó a decir el propio Bernal en 2020 en una entrevista al portal América Latina en Movimiento. 

Desde 2015 Maduro cerró la frontera con Colombia, luego de que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con grupos delictivos. Los puentes que comunican ambos países desde Táchira han sido escenario de controversias. Un año después de ese cierre se permitió el paso peatonal, hasta que en febrero de 2019 nuevamente se prohibió el tránsito total luego de los enfrentamientos entre el gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Maduro que bloqueó el paso de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

En junio de 2021, Colombia autorizó la apertura de su frontera pero dependía de las autoridades venezolanas que continuaron bloqueando la vía, dejando en manos de militares el paso de personas con condiciones especiales de salud. En octubre de este año, Caracas anunció el permiso para el tránsito comercial, pero hasta la publicación de este reportaje aún continuaba el impedimento para los vehículos de carga y para los particulares. Esta situación afectó y continúa afectando a los ciudadanos quienes se han visto obligados a pasar por caminos irregulares llamados “trochas”, por donde también se moviliza el transporte ilegal de productos y combustible. 

Desde hace un tiempo se instaló una especie de aduana paralela que ocasiona pérdidas al Fisco nacional. Tanto la gobernadora como otras fuentes consultadas para este reportaje presentado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual junto a la plataforma periodística CONNECTAS, revelaron que desde el “protectorado” se entregan autorizaciones para permitir el paso de mercancía por las trochas.

Seis meses después de ser nombrado “protector”, Bernal fue designado como presidente de Corpoandes (Corporación de Los Andes), instancia creada en 1964 que le confiere la potestad para manejar recursos públicos para dedicarlos a los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Desde un primer momento, contó una de las fuentes consultadas para esta investigación, se tomó el manejo de la distribución de la gasolina, del gas doméstico en bombona y todo lo relacionado con la frontera. “Las áreas más sensibles, con más deficiencias, pero donde más se mueve dinero y ahora divisas, sobre todo el peso colombiano. Para el control de estas áreas cuentan con el respaldo total de la Fuerza Armada, trabajan de la mano o como ellos dicen es una unión cívico-militar”, dijo el informante bajo condición de anonimato.

En recorrido por una de las trochas en la frontera se evidenció el tránsito de mercancía | ARI

En recorrido por una de las trochas en la frontera se evidenció el tránsito de mercancía | ARI

Se le involucra en los llamados “códigos del protectorado” que son emitidos por la instancia que maneja Bernal. “Los códigos representan una autorización para cruzar mercancías de manera ilícita a través de las trochas y son otorgados a los amigos del régimen”, aseguró un empresario de la región que pidió no ser identificado. 

De acuerdo a las pesquisas obtenidas para este reportaje, las personas que requieren el “código del protectorado” se dirigen, en primer lugar, a las oficinas del organismo recaudador tributario (Seniat) en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y cancela un monto para obtener una planilla de liquidación de impuestos. Esta cantidad representa sólo 3% del valor total de la mercancía que se importa, cuando lo correcto es declararla en su totalidad. En consecuencia, se genera un daño patrimonial a la nación.

Una de las fuentes consultadas explicó con documentos en mano (código y planilla de liquidación de impuestos) que luego de este paso “se dirigen a una trocha específica y utilizada para tal fin, donde esperan las mercancías en los vehículos de carga colombianos para hacer trasbordo a camiones de matrículas venezolanas y luego ser cruzadas a territorio nacional”. 

Para la obtención del código hay otro precio. “Varía según el grado de amistad del dueño de la mercancía con las autoridades, en especial con el protectorado y cúpula militar”. La fuente aseguró que, por cada operación, se cancela entre 5% y 8% del valor real de la mercancía, pagaderos en dólares americanos o en pesos colombianos y en efectivo.

“Durante la operación en las trochas intervienen funcionarios de la aduana, militares, protectorado del Táchira y grupos irregulares. Cada quien asegurando su cuota”, afirmó otro empresario consultado que solicitó mantener su anonimato por seguridad.

La gobernadora Gómez confirmó que con el protectorado en el Táchira se instalaron varios negocios ilícitos: "entra mercancía de Colombia a través de códigos que asigna el protectorado y se maneja a través de un grupo de Telegram", lo que viene a constituir una especie de aduana paralela, ya que se paga un porcentaje por ingresar los productos por las trochas.

“Este tipo de operación comercial es totalmente ilegítima y está evadiendo tributación fiscal. Genera un enriquecimiento que no va a las necesidades de la región, sino al enriquecimiento individual para funcionarios que no tienen obligación formal con el Estado. Lo más crítico es que existe una alianza entre el llamado protectorado y las Fuerzas Armadas venezolanas que deben garantizar la soberanía en las más de 52 trochas en la frontera colombo-venezolana”, afirmó la gobernadora. 

Trochas V.I.P.


Desde el cierre de la frontera, el paso por trochas es la vía más común para ingresar o salir de Venezuela. Se trata de caminos escarpados, acondicionados con rudimentarios puentes construidos con tablas y costales rellenos de material granular para evitar sumergirse a las aguas del río Táchira. En varias de esas vías se paga una “colaboración” con un monto que depende de la carga que se transporte.

En un recorrido que se realizó para esta investigación por una de estas trochas, se pudo verificar que estos caminos irregulares están custodiados por militares del Ejército venezolano y Guardia Nacional (GN). También vigilados y controlados por civiles armados que integran bandas delictivas como El Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes se identifican sin pudor.

Tales senderos son muy concurridos por los habitantes de los municipios fronterizos y por los llamados “caminantes”, emigrantes de pocos recursos económicos que huyen a pie de la crisis humanitaria que agobia a los venezolanos. En contraste, una de las formas que han surgido para pasar la frontera es “Trochas V.I.P.”, un servicio “más cómodo y seguro que un servicio puerta a puerta”, que se ofrece por montos más elevados.

Para cruzar el trayecto de 48 kilómetros que separa a la capital tachirense San Cristóbal y la zona de Juan Frío en Colombia, se paga 400.000 pesos colombianos, 108 dólares, dependiendo del cambio del día. Por cada maleta se cancela 40.000 pesos más, equivalentes a unos 11 dólares.

Este viaje estuvo a cargo de un hombre de 42 años con uniforme de campaña de la GN, portó su arma de reglamento y se hizo llamar “sargento Suárez”. El militar avisó que el traslado sería por la vía Rubio-San Antonio, ya que “por ahí molestan menos y hay menos alcabalas (puntos de control)”, dijo.

Suárez saludó con su mano izquierda a un funcionario en cada punto de control, y entregó un billete de 10.000 pesos colombianos, equivalentes a 3,7 dólares. “Cómo está hermanito”, le dijo a uno de los uniformados. “Sin novedad mi sargento”, respondió el hombre al guardar de inmediato el billete en el bolsillo del pantalón.

Llegando a San Antonio, entre las Dantas y Peracal, en plena curva se originó una cola de cinco carros, debido a un camión con mercancía que se accidentó en el camino. Varios militares que lo custodiaban tuvieron que hacer el transbordo de los productos a otros dos vehículos más pequeños. Se trataba de leche, pasta, arroz, harina de maíz, azúcar, enlatados, papel higiénico, detergentes, cloro, entre otros, todos de marcas colombianas.

La pregunta que surgió fue ¿cómo llegó toda esa mercancía hasta esa zona si la frontera está cerrada? Militares afirmaron que esas cargas pertenecían a alguien que ostentaba el “código del protectorado”.

Son dos las trochas por las que pasan los productos que reciben la autorización de la oficina del “protector”, ambas se ubican a cada lado del puente internacional Simón Bolívar: sector Llano Jorge (antigua hacienda La Ponderosa) y vía parroquia El Palotal.

Según la gobernadora Gómez, el contrabando por estos pasos irregulares le deja al gobierno paralelo de Bernal, 3 millones de dólares semanales (12 millones de dólares mensuales). También recalcó la fuerte pérdida económica para el estado fronterizo, al señalar que en los últimos dos años se han dejado de percibir más de 288 millones de dólares en recaudación aduanera, los cuales se han podido invertir en obras públicas. Estas cifras contrastan con los recursos que recibe la gobernación, entre ellos, los 20 mil dólares al mes para la salud pública de la cual dependen 252 ambulatorios y 10 hospitales y, cuando el principal centro asistencial del estado, el Hospital de San Cristóbal requiere de 1 millón de dólares mensuales para su operatividad.

“Para nadie es un secreto esta situación. Los mismos comerciantes y productores agropecuarios vienen a mi despacho a manifestar la preocupación por pagos que no tienen ningún sustento tributario y aduanero que se deben hacer al llamado protectorado, para traer mercancía o materia prima desde Colombia”, apuntó Gómez.

Mientras, Gaby Arellano, diputada de oposición en el exilio, denunció que el “protectorado” cobra entre 5 a 25 dólares para permitir el paso entre ambos países por las trochas irregulares.

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

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Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Durante el trayecto por la trocha, en una zona más cerca de Colombia se llegó a una vivienda donde se encontraba “Javier”, un militar con el que se tuvo el primer contacto vía telefónica para este viaje y al que se le entregó el pago correspondiente por el servicio prestado. Luego se debió continuar en otra camioneta para ir “hasta el otro lado”. 

El viaje continuó por un camino hacia “La Ponderosa”, una de las vías más expeditas para las negociaciones ilícitas en la zona de frontera, según afirmaron fuentes consultadas para este reportaje. Al ingresar a la hacienda que colinda con territorio colombiano, un joven soldado con fusil dejó pasar el vehículo sin requisa ni preguntas, hasta llegar a un estacionamiento a cielo abierto en donde había no menos de 50 camionetas de alta gama y camiones de carga, vigilados por hombres vestidos de civil, portando radio transmisores y botas de caucho.

“Estos vehículos son los utilizados para hacer el transbordo de cualquier mercancía de un lado a otro de la frontera”, acotó el chofer mientras que un rollo de billetes colombianos fue puesto en las manos de otro soldado del Ejército venezolano.

La gobernadora también ha señalado a Bernal de ser el “principal promotor del contrabando de café”, de combustible y de gas doméstico en bombonas en la frontera; además de participar en el comercio irregular de chatarra o material ferroso: el nuevo negocio de exportación de la administración de Maduro. Sin embargo, Gómez no lo ha denunciado ante los órganos de justicia porque sostiene que se le hace cuesta arriba mostrar documentos, dada la complejidad del tema, el temor y astucia de los involucrados para no dejar pruebas.

Pese a solicitud de entrevista a dos de sus integrantes del equipo de prensa de Bernal, no se obtuvo respuesta a la misma, con la que se buscaba conocer sus impresiones sobre estas denuncias en su contra.

El viaje siguió, ya no había militares, ni policías, ahora quienes vigilaban eran civiles con rostros poco amigables. De ahí en adelante nadie se identificaba, todos se hacían llamar “compa” o “compita”. Abrían y cerraban con cercas las vías previo a un pago de 10.000 pesos. También sacaban entre ellos cuentas de cuánto se debía de un viaje anterior que no había sido cancelado. Eran irregulares todos los que allí estaban.

Al llegar a la margen del río Táchira se divisaron vehículos con cargas de productos que provenían desde Colombia, que al cruzar hacia el otro lado se encontraron con camiones con placas venezolanas estacionados entre los matorrales. Ahí en medio del camino hicieron el transbordo de los productos. 

Fue lo último que se atestiguó en Venezuela; el final de un camino que era vigilado por hombres en motocicleta. Tras el cruce del río, se llegó a un amplio y esplendoroso cultivo de arroz en Colombia. Luego a otra hacienda. Aunque el lugar parecía inhóspito, se trataba del corregimiento colombiano de Juan Frío, perteneciente al municipio Villa del Rosario del departamento Norte de Santander, zona que de acuerdo a las autoridades colombianas tiene amplia presencia de la guerrilla del ELN y que ha protagonizado enfrentamientos con fuerzas de seguridad de ese país.

Desde esta zona se tomó otro vehículo para llegar hasta Cúcuta y para ello se pagó el equivalente a 11 dólares, otros 40.000 pesos colombianos. Un nuevo chofer tomó la vía que sale de esta trocha hasta un pequeño pueblo. Durante el trayecto no se vió a un solo militar colombiano. Nada. La región parecía abandonada. En Villa del Rosario se avistó un puesto de control de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, donde los funcionarios revisaron el maletero del carro y dieron paso “sin mayor novedad”.

A cada persona o comerciante se le asigna un “código del protectorado” de acuerdo al tipo de mercancía.

Por las trochas pasan alimentos, medicinas, repuestos y detergentes que
no cumplen con el mínimo control sanitario ni de calidad.

La persona que hace una operación comercial de importación y ha recibido un “código del protectorado”, debe reportarla por un grupo de difusión a través de mensajería de Telegram que administra Corpoandes, donde debe agregar la foto del vehículo que transporta la mercancía.

Cuando la persona a quien se le otorgó el “código” va a Colombia y compra la mercancía que le fue autorizada, también debe enviar una foto de la factura que se emite en ese país a través del grupo de Telegram creado para tal fin.

Los camiones colombianos que transportan las mercancías por trochas no son los mismos vehículos que los llevan al estado Táchira y otras partes del país.

Al llegar a la trocha del lado venezolano
se cumple un transbordo a vehículos de carga con matrícula venezolana, estas operaciones se hacen en lo que se simula como “patios aduaneros”.

200 camiones de carga pasan en promedio por las trochas, diariamente.

70% de los vehículos que cruzan las trochas desde Colombia a Venezuela son camiones con capacidad de 35 toneladas o más porque se ha observado sobrepeso, lo que se evidencia en el deterioro que presentan las vías que conducen a la frontera.