Las caras del “protector”

de Maduro en la frontera

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Freddy Bernal es uno de los pocos hombres de Hugo Chávez que aún goza del apoyo de Nicolás Maduro. Lo impuso en 2017 como “protector” del Táchira, un cargo que el chavismo creó para mantener el control político en los estados que perdió en las elecciones. De policía que participó en un golpe militar, pasó a político y, siendo funcionario público, fue señalado por supuestas afiliaciones con el narcotráfico y sancionado por violación a los derechos humanos. Pese a cuestionamientos en su contra, ahora tiene la venia para ser gobernador

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El estado andino de Táchira, región fronteriza con Colombia, es comandado desde hace cuatro años por una especie de “gobernador alterno”: Freddy Bernal. Llamado por el mandatario Nicolás Maduro para ser “protector” en la región, ha estado envuelto en episodios controversiales en lo personal y ha sido una ficha clave en la historia del chavismo en Venezuela. Su experiencia en control de delitos no ha sido suficiente para frenar las irregularidades en la frontera y, por el contrario, se le ha acusado de manejar a su antojo los recursos públicos, de tener nexos con grupos irregulares colombianos y de crear una aduana paralela.

Bernal era policía cuando participó en el golpe militar de Hugo Chávez en 1992 y fue escolta de Violeta Barrios de Chamorro, siendo presidenta de Nicaragua. Con el pasar de los años, sumó los roles de constituyente, alcalde de Caracas, diputado y ministro de la mano del chavismo a su hoja de vida. Su nombre ingresó en la Lista Clinton de EEUU por supuestas conexiones con el narcotráfico junto a las FARC, y está en todas las listas de chavistas sancionados por violaciones a los derechos humanos.

Esta es la trayectoria de Bernal, el “protector” de Maduro en la frontera y su candidato en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre para ser gobernador de Táchira, que sigue en manos de la oposición pese a la hegemonía del chavismo en el resto del país. Este rol que no existe en las leyes venezolanas se le asignó en enero de 2018, luego de la victoria electoral de la opositora Laidy Gómez como gobernadora de este estado.

“Táchira es una zona de guerra, uno de los territorios más recalcitrantes para reconocer la autoridad del gobierno bolivariano. El presidente Maduro me pidió que convirtiera a Táchira en una frontera de paz, y lo estamos haciendo. En dos años, hemos recuperado el control del territorio, y esto la derecha no lo puede soportar”, llegó a decir el propio Bernal en 2020 en una entrevista al portal América Latina en Movimiento. 

Desde 2015 Maduro cerró la frontera con Colombia, luego de que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con grupos delictivos. Los puentes que comunican ambos países desde Táchira han sido escenario de controversias. Un año después de ese cierre se permitió el paso peatonal, hasta que en febrero de 2019 nuevamente se prohibió el tránsito total luego de los enfrentamientos entre el gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Maduro que bloqueó el paso de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

En junio de 2021, Colombia autorizó la apertura de su frontera pero dependía de las autoridades venezolanas que continuaron bloqueando la vía, dejando en manos de militares el paso de personas con condiciones especiales de salud. En octubre de este año, Caracas anunció el permiso para el tránsito comercial, pero hasta la publicación de este reportaje aún continuaba el impedimento para los vehículos de carga y para los particulares. Esta situación afectó y continúa afectando a los ciudadanos quienes se han visto obligados a pasar por caminos irregulares llamados “trochas”, por donde también se moviliza el transporte ilegal de productos y combustible. 

Desde hace un tiempo se instaló una especie de aduana paralela que ocasiona pérdidas al Fisco nacional. Tanto la gobernadora como otras fuentes consultadas para este reportaje presentado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual junto a la plataforma periodística CONNECTAS, revelaron que desde el “protectorado” se entregan autorizaciones para permitir el paso de mercancía por las trochas.

Seis meses después de ser nombrado “protector”, Bernal fue designado como presidente de Corpoandes (Corporación de Los Andes), instancia creada en 1964 que le confiere la potestad para manejar recursos públicos para dedicarlos a los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Desde un primer momento, contó una de las fuentes consultadas para esta investigación, se tomó el manejo de la distribución de la gasolina, del gas doméstico en bombona y todo lo relacionado con la frontera. “Las áreas más sensibles, con más deficiencias, pero donde más se mueve dinero y ahora divisas, sobre todo el peso colombiano. Para el control de estas áreas cuentan con el respaldo total de la Fuerza Armada, trabajan de la mano o como ellos dicen es una unión cívico-militar”, dijo el informante bajo condición de anonimato.

En recorrido por una de las trochas en la frontera se evidenció el tránsito de mercancía | ARI

En recorrido por una de las trochas en la frontera se evidenció el tránsito de mercancía | ARI

Se le involucra en los llamados “códigos del protectorado” que son emitidos por la instancia que maneja Bernal. “Los códigos representan una autorización para cruzar mercancías de manera ilícita a través de las trochas y son otorgados a los amigos del régimen”, aseguró un empresario de la región que pidió no ser identificado. 

De acuerdo a las pesquisas obtenidas para este reportaje, las personas que requieren el “código del protectorado” se dirigen, en primer lugar, a las oficinas del organismo recaudador tributario (Seniat) en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y cancela un monto para obtener una planilla de liquidación de impuestos. Esta cantidad representa sólo 3% del valor total de la mercancía que se importa, cuando lo correcto es declararla en su totalidad. En consecuencia, se genera un daño patrimonial a la nación.

Una de las fuentes consultadas explicó con documentos en mano (código y planilla de liquidación de impuestos) que luego de este paso “se dirigen a una trocha específica y utilizada para tal fin, donde esperan las mercancías en los vehículos de carga colombianos para hacer trasbordo a camiones de matrículas venezolanas y luego ser cruzadas a territorio nacional”. 

Para la obtención del código hay otro precio. “Varía según el grado de amistad del dueño de la mercancía con las autoridades, en especial con el protectorado y cúpula militar”. La fuente aseguró que, por cada operación, se cancela entre 5% y 8% del valor real de la mercancía, pagaderos en dólares americanos o en pesos colombianos y en efectivo.

“Durante la operación en las trochas intervienen funcionarios de la aduana, militares, protectorado del Táchira y grupos irregulares. Cada quien asegurando su cuota”, afirmó otro empresario consultado que solicitó mantener su anonimato por seguridad.

La gobernadora Gómez confirmó que con el protectorado en el Táchira se instalaron varios negocios ilícitos: "entra mercancía de Colombia a través de códigos que asigna el protectorado y se maneja a través de un grupo de Telegram", lo que viene a constituir una especie de aduana paralela, ya que se paga un porcentaje por ingresar los productos por las trochas.

“Este tipo de operación comercial es totalmente ilegítima y está evadiendo tributación fiscal. Genera un enriquecimiento que no va a las necesidades de la región, sino al enriquecimiento individual para funcionarios que no tienen obligación formal con el Estado. Lo más crítico es que existe una alianza entre el llamado protectorado y las Fuerzas Armadas venezolanas que deben garantizar la soberanía en las más de 52 trochas en la frontera colombo-venezolana”, afirmó la gobernadora. 

Trochas V.I.P.

Desde el cierre de la frontera, el paso por trochas es la vía más común para ingresar o salir de Venezuela. Se trata de caminos escarpados, acondicionados con rudimentarios puentes construidos con tablas y costales rellenos de material granular para evitar sumergirse a las aguas del río Táchira. En varias de esas vías se paga una “colaboración” con un monto que depende de la carga que se transporte.

En un recorrido que se realizó para esta investigación por una de estas trochas, se pudo verificar que estos caminos irregulares están custodiados por militares del Ejército venezolano y Guardia Nacional (GN). También vigilados y controlados por civiles armados que integran bandas delictivas como El Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes se identifican sin pudor.

Tales senderos son muy concurridos por los habitantes de los municipios fronterizos y por los llamados “caminantes”, emigrantes de pocos recursos económicos que huyen a pie de la crisis humanitaria que agobia a los venezolanos. En contraste, una de las formas que han surgido para pasar la frontera es “Trochas V.I.P.”, un servicio “más cómodo y seguro que un servicio puerta a puerta”, que se ofrece por montos más elevados.

Para cruzar el trayecto de 48 kilómetros que separa a la capital tachirense San Cristóbal y la zona de Juan Frío en Colombia, se paga 400.000 pesos colombianos, 108 dólares, dependiendo del cambio del día. Por cada maleta se cancela 40.000 pesos más, equivalentes a unos 11 dólares.

Este viaje estuvo a cargo de un hombre de 42 años con uniforme de campaña de la GN, portó su arma de reglamento y se hizo llamar “sargento Suárez”. El militar avisó que el traslado sería por la vía Rubio-San Antonio, ya que “por ahí molestan menos y hay menos alcabalas (puntos de control)”, dijo.

Suárez saludó con su mano izquierda a un funcionario en cada punto de control, y entregó un billete de 10.000 pesos colombianos, equivalentes a 3,7 dólares. “Cómo está hermanito”, le dijo a uno de los uniformados. “Sin novedad mi sargento”, respondió el hombre al guardar de inmediato el billete en el bolsillo del pantalón.

Llegando a San Antonio, entre las Dantas y Peracal, en plena curva se originó una cola de cinco carros, debido a un camión con mercancía que se accidentó en el camino. Varios militares que lo custodiaban tuvieron que hacer el transbordo de los productos a otros dos vehículos más pequeños. Se trataba de leche, pasta, arroz, harina de maíz, azúcar, enlatados, papel higiénico, detergentes, cloro, entre otros, todos de marcas colombianas.

La pregunta que surgió fue ¿cómo llegó toda esa mercancía hasta esa zona si la frontera está cerrada? Militares afirmaron que esas cargas pertenecían a alguien que ostentaba el “código del protectorado”.

Son dos las trochas por las que pasan los productos que reciben la autorización de la oficina del “protector”, ambas se ubican a cada lado del puente internacional Simón Bolívar: sector Llano Jorge (antigua hacienda La Ponderosa) y vía parroquia El Palotal.

Según la gobernadora Gómez, el contrabando por estos pasos irregulares le deja al gobierno paralelo de Bernal, 3 millones de dólares semanales (12 millones de dólares mensuales). También recalcó la fuerte pérdida económica para el estado fronterizo, al señalar que en los últimos dos años se han dejado de percibir más de 288 millones de dólares en recaudación aduanera, los cuales se han podido invertir en obras públicas. Estas cifras contrastan con los recursos que recibe la gobernación, entre ellos, los 20 mil dólares al mes para la salud pública de la cual dependen 252 ambulatorios y 10 hospitales y, cuando el principal centro asistencial del estado, el Hospital de San Cristóbal requiere de 1 millón de dólares mensuales para su operatividad.

“Para nadie es un secreto esta situación. Los mismos comerciantes y productores agropecuarios vienen a mi despacho a manifestar la preocupación por pagos que no tienen ningún sustento tributario y aduanero que se deben hacer al llamado protectorado, para traer mercancía o materia prima desde Colombia”, apuntó Gómez.

Mientras, Gaby Arellano, diputada de oposición en el exilio, denunció que el “protectorado” cobra entre 5 a 25 dólares para permitir el paso entre ambos países por las trochas irregulares.

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

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Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Los caminos irregulares en la frontera suelen inundarse por estar cerca del río Táchira | ARI

Durante el trayecto por la trocha, en una zona más cerca de Colombia se llegó a una vivienda donde se encontraba “Javier”, un militar con el que se tuvo el primer contacto vía telefónica para este viaje y al que se le entregó el pago correspondiente por el servicio prestado. Luego se debió continuar en otra camioneta para ir “hasta el otro lado”. 

El viaje continuó por un camino hacia “La Ponderosa”, una de las vías más expeditas para las negociaciones ilícitas en la zona de frontera, según afirmaron fuentes consultadas para este reportaje. Al ingresar a la hacienda que colinda con territorio colombiano, un joven soldado con fusil dejó pasar el vehículo sin requisa ni preguntas, hasta llegar a un estacionamiento a cielo abierto en donde había no menos de 50 camionetas de alta gama y camiones de carga, vigilados por hombres vestidos de civil, portando radio transmisores y botas de caucho.

“Estos vehículos son los utilizados para hacer el transbordo de cualquier mercancía de un lado a otro de la frontera”, acotó el chofer mientras que un rollo de billetes colombianos fue puesto en las manos de otro soldado del Ejército venezolano.

La gobernadora también ha señalado a Bernal de ser el “principal promotor del contrabando de café”, de combustible y de gas doméstico en bombonas en la frontera; además de participar en el comercio irregular de chatarra o material ferroso: el nuevo negocio de exportación de la administración de Maduro. Sin embargo, Gómez no lo ha denunciado ante los órganos de justicia porque sostiene que se le hace cuesta arriba mostrar documentos, dada la complejidad del tema, el temor y astucia de los involucrados para no dejar pruebas.

Pese a solicitud de entrevista a dos de sus integrantes del equipo de prensa de Bernal, no se obtuvo respuesta a la misma, con la que se buscaba conocer sus impresiones sobre estas denuncias en su contra.

El viaje siguió, ya no había militares, ni policías, ahora quienes vigilaban eran civiles con rostros poco amigables. De ahí en adelante nadie se identificaba, todos se hacían llamar “compa” o “compita”. Abrían y cerraban con cercas las vías previo a un pago de 10.000 pesos. También sacaban entre ellos cuentas de cuánto se debía de un viaje anterior que no había sido cancelado. Eran irregulares todos los que allí estaban.

Al llegar a la margen del río Táchira se divisaron vehículos con cargas de productos que provenían desde Colombia, que al cruzar hacia el otro lado se encontraron con camiones con placas venezolanas estacionados entre los matorrales. Ahí en medio del camino hicieron el transbordo de los productos. 

Fue lo último que se atestiguó en Venezuela; el final de un camino que era vigilado por hombres en motocicleta. Tras el cruce del río, se llegó a un amplio y esplendoroso cultivo de arroz en Colombia. Luego a otra hacienda. Aunque el lugar parecía inhóspito, se trataba del corregimiento colombiano de Juan Frío, perteneciente al municipio Villa del Rosario del departamento Norte de Santander, zona que de acuerdo a las autoridades colombianas tiene amplia presencia de la guerrilla del ELN y que ha protagonizado enfrentamientos con fuerzas de seguridad de ese país.

Desde esta zona se tomó otro vehículo para llegar hasta Cúcuta y para ello se pagó el equivalente a 11 dólares, otros 40.000 pesos colombianos. Un nuevo chofer tomó la vía que sale de esta trocha hasta un pequeño pueblo. Durante el trayecto no se vió a un solo militar colombiano. Nada. La región parecía abandonada. En Villa del Rosario se avistó un puesto de control de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, donde los funcionarios revisaron el maletero del carro y dieron paso “sin mayor novedad”.

A cada persona o comerciante se le asigna un “código del protectorado” de acuerdo al tipo de mercancía.

Por las trochas pasan alimentos, medicinas, repuestos y detergentes que no cumplen con el mínimo control sanitario ni de calidad.

La persona que hace una operación comercial de importación y ha recibido un “código del protectorado”, debe reportarla por un grupo de difusión a través de mensajería de Telegram que administra Corpoandes, donde debe agregar la foto del vehículo que transporta la mercancía.

Cuando la persona a quien se le otorgó el “código” va a Colombia y compra la mercancía que le fue autorizada, también debe enviar una foto de la factura que se emite en ese país a través del grupo de Telegram creado para tal fin.

Los camiones colombianos que transportan las mercancías por trochas no son los mismos vehículos que los llevan al estado Táchira y otras partes del país.

Al llegar a la trocha del lado venezolano se cumple un transbordo a vehículos de carga con matrícula venezolana, estas operaciones se hacen en lo que se simula como “patios aduaneros”.

200 camiones de carga pasan en promedio por las trochas, diariamente.

70% de los vehículos que cruzan las trochas desde Colombia a Venezuela son camiones con capacidad de 35 toneladas o más porque se ha observado sobrepeso, lo que se evidencia en el deterioro que presentan las vías que conducen a la frontera.

Hay camiones pequeños que tienen una capacidad de mercancías valoradas entre 4.000 y 5.000 dólares.

Y las gandolas o vehículos de carga que llegan desde el departamento colombiano Norte de Santander a San Antonio del Táchira, transportan un valor en mercancía que oscila entre 8.000 y 20.000 dólares.

La mercancía que ingresa al país de manera legal puede generar entre 16 % a 32 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación. El 1 % corresponde a la tasa de servicio de aduanas.

Con los “códigos del protectorado” solo se cancela 3 % al Fisco. Si se toma como referencia el porcentaje mayor de 32 %, el país deja de recaudar 29 % del impuesto.

Se declara la mercancía bajo una condición de equipaje, es decir, quien declara pares de zapatos, en realidad pasa por la trocha un camión con harina de trigo.

El régimen de equipaje establece que cuando se viaja fuera del país, se puede ingresar mercancías para uso personal hasta el valor de 1.000 dólares que queda exonerado del pago de impuestos.

Antes del cierre de la frontera existían en Venezuela 57 empresas de transporte de carga internacional autorizadas ante la aduana, actualmente quedan siete.

También se contaban 120 agencias de aduanas y ahora hay 30.

Y de las 22 almacenadoras operativas, hoy ninguna tiene actividad.

De acuerdo a fuentes consultadas, integrantes de gremios productivos de la región como la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata) y Fedecámaras, obtienen “códigos del protectorado” para traer mercancías desde Colombia hacia Venezuela.

Hay sectores empresariales del Norte de Santander que han pedido al presidente colombiano Iván Duque que cierre la salida de mercancías por las trochas. Afirman que Colombia no está dispuesta a generar un caos social y económico, cuando la frontera es la que mantiene a Norte de Santander y parte del oriente colombiano.

A cada persona o comerciante se le asigna un “código del protectorado” de acuerdo al tipo de mercancía.

Por las trochas pasan alimentos, medicinas, repuestos y detergentes que no cumplen con el mínimo control sanitario ni de calidad.

La persona que hace una operación comercial de importación y ha recibido un “código del protectorado”, debe reportarla por un grupo de difusión a través de mensajería de Telegram que administra Corpoandes, donde debe agregar la foto del vehículo que transporta la mercancía.

Cuando la persona a quien se le otorgóel “código” va a Colombia y compra la mercancía que le fue autorizada, también debe enviar una fotode la factura que se emite en ese país a través del grupo de Telegram creado para tal fin.

Los camiones colombianos que transportan las mercancías por trochas no son los mismos vehículos que los llevan al estado Táchira y otras partes del país.

Al llegar a la trocha del lado venezolano se cumple un transbordo a vehículos de carga con matrícula venezolana, estas operaciones se hacen en lo que se simula como “patios aduaneros”.

200 camiones de carga pasan en promedio por las trochas, diariamente.

70% de los vehículos que cruzan las trochas desde Colombia a Venezuela son camiones con capacidad de 35 toneladas o másporque se ha observado sobrepeso, lo que se evidencia en el deterioro que presentan las vías que conducen a la frontera.

Hay camiones pequeños que tienen una capacidad de mercancías valoradas entre 4.000 y 5.000 dólares.

Y las gandolas o vehículos de carga que llegan desde el departamento colombiano Norte de Santander a San Antonio del Táchira, transportan un valor en mercancía que oscila entre 8.000 y 20.000 dólares.

La mercancía que ingresa al país de manera legal puede generar entre 16 % a 32 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación, el 1 % corresponde a la tasa de servicio de aduanas.

Con los “códigos del protectorado” solo se cancela
3 % al Fisco. Si se toma como referencia el porcentaje mayor de 32 %, el país deja de recaudar 29 % del impuesto.

Se declara la mercancía bajo una condición de equipaje, es decir, quien declara pares de zapatos, en realidad pasa por la trochaun camión con harina de trigo.

El régimen de equipaje establece que cuando se viaja fuera del país, se puede ingresar mercancías para uso personal hasta el valor de 1.000 dólares que queda exonerado del pago de impuestos.

Antes del cierre de la frontera existían en Venezuela 57 empresas de transporte de carga internacional autorizadas ante la aduana, actualmente quedan siete.

También se contaban 120 agencias de aduanas y ahora hay 30.

Y de las 22 almacenadoras operativas, hoy ninguna tiene actividad.

De acuerdo a fuentes consultadas, integrantes de gremios productivos de la región como la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata) y Fedecámaras, obtienen“códigos del protectorado” para traer mercancías desde Colombiahacia Venezuela.

Hay sectores empresariales del Norte de Santander que han pedido al presidente colombiano Iván Duque que cierre la salida de mercancías por las trochas. Afirman que Colombia no está dispuesta a generar un caos social y económico, cuando la frontera es la que mantiene a Norte de Santander y parte del oriente colombiano.

Protección madurista

Como “protector”, Bernal solo iba a Táchira los viernes, sábados y domingos, pero comenzó a viajar más seguido por la campaña electoral para postularse a la gobernación. Los viernes transmite su programa de radio Reporte Bernal que dura dos horas y que dirige su jefe de prensa Yepfri Arguello, quien se autodefine en su cuenta de Twitter como “el afrodescendiente de la comunicación”.

“Bernal es una figura muy poderosa, tiene mucha incidencia en el control del estado. Una figura diferente, cuando se habla de ´protectores´. En el caso de Bernal, se puede decir que hay un punto y aparte”, sostuvo Damián Alifa, analista político venezolano.

La figura de los “protectores” se afianzó a partir de 2013 cuando Maduro, como presidente encargado de la República, creó la Corporación de Desarrollo Integral de la Cuenca del Tuy Francisco de Miranda (CorpoMiranda) y designó al entonces canciller Elías Jaua al frente de ese organismo. Entonces se refirió a él como “protector” de Miranda. Apenas tres meses antes el opositor Henrique Capriles había ganado su reelección como gobernador de ese estado.

Maduro designó a Bernal comisario de la policía política Sebin antes de “protector” de Táchira | @PartidoPSUV

Maduro designó a Bernal comisario de la policía política Sebin antes de “protector” de Táchira | @PartidoPSUV

En 2017 Maduro nombró como “protectores de estado” a los candidatos del chavismo que habían perdido en cuatro estados ese año: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Zulia. Tiempo después designó a Freddy Bernal en Táchira. Analistas sostienen que la entidad fronteriza siempre ha sido para el chavismo “un problema de orden interno”, porque es de tendencia opositora. En 2014 y 2017 fue uno de los focos más fuertes de protestas.

Alifa sostuvo que en Táchira “Bernal encajaba porque es para el chavismo una figura policial, de control, de manejo de la violencia, de inteligencia, y creo que eso fue considerado para tomar el control de ese estado, que para el chavismo es muy complicado, porque hay muchos pasos fronterizos y alrededor de ellos hay de todo, grupos irregulares, acciones de diferentes tipos de contrabando, desde baja a altísimas escalas”. 

A su juicio, Bernal es cercano al grupo de Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista PSUV, pero tiene excelentes relaciones con Cilia Flores, esposa de Maduro, y goza de bastante consenso dentro de la cúpula gobernante. Quizás por ello, luego de ser una pieza importante de la gestión de Hugo Chávez, la administración siguiente lo continuó apoyando. 

“Ha tenido mucha incidencia en el enfoque policial y el nuevo esquema de seguridad ciudadana. A pesar de que el gobierno siempre se ha inclinado en el Ministerio del Interior y Justicia por un militar, él ha tenido muchísima incidencia en ese nuevo concepto de policía que se formó con el FAES (grupo calificado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de perpetrar violaciones a los DDHH)”, apuntó Alifa.

¿Cómo surgieron

los "protectores"?

ABRIL: La Asamblea Nacional dominada por el chavismo elaboró la Ley Especial del Distrito Capital, en donde estableció un nuevo gobierno al que se le confirieron facultades que correspondía al Distrito Metropolitano o Alcaldía Mayor como también se le llamaba. En esta legislación se estableció que la autoridad del Distrito Capital sea designada por el presidente de la República, todo lo contrario, al cargo de alcalde metropolitano que es de elección popular. 

La Constituyente de 1998 aprobó la Ley Especial del Distrito Metropolitano de Caracas, que fue respetada mientras los alcaldes metropolitanos electos fueron del chavismo, pero cuando en 2008 resultó electo el opositor Antonio Ledezma, cambió el curso de los acontecimientos.

En ese entonces, Hugo Chávez designó a la ex ministra de Ambiente Jacqueline Faría como jefa del Distrito Capital, cargo que gestionaría gran parte de los recursos y competencias que tenía hasta ese momento el alcalde Antonio Ledezma.

MARZO: La figura de los “protectores” surgió este año cuando a raíz de las elecciones regionales de 2012, Nicolás Maduro como presidente encargado de la República nombró al entonces canciller y vicepresidente Elías Jaua como director de CorpoMiranda y se refirió a él como “protector” de la entidad.

Jaua había perdido las elecciones para gobernador del estado Miranda frente al candidato opositor Henrique Capriles y días antes de su nombramiento, específicamente el 19 de marzo, el Ejecutivo creó por decreto CorpoMiranda en una medida que fue publicada en la Gaceta Oficial. En el documento, la Corporación aparece como empresa del Estado que contaba con un fondo inicial. A través de ella, en ese año, Jaua manejó recursos hasta por un 30% más de los destinados a la gobernación de la entidad, mediante la asignación de créditos adicionales.

De esta forma, desde el gobierno central se afectaba la gestión del gobernador legítimamente electo, en este caso Capriles, porque los recursos serían orientados a la Corporación, y al mismo tiempo se potenciaba a Jaua como representante del Ejecutivo nacional en el estado, con miras a unas futuras elecciones regionales.

DICIEMBRE: Maduro nombró al ex pelotero Antonio “el potro” Álvarez como “protector” de Petare, la parroquia con mayor densidad demográfica del municipio Sucre en Caracas. Álvarez había sido candidato a alcalde, pero perdió la contienda contra el opositor Carlos Ocariz, militante de Primero Justicia, el mismo partido de Henrique Capriles. 

JULIO: Luego de unas fuertes jornadas de protesta se eligió una asamblea constituyente que no fue convocada por el pueblo como depositario del poder constituyente originario, como establece la Constitución, sino por el propio presidente Nicolás Maduro, quien como tal forma parte de los poderes constituidos. 

OCTUBRE: La asamblea constituyente convocó las elecciones regionales, en las cuales el oficialismo logró 18 de las 23 gobernaciones del país.

Nueve días más tarde de esta elección, Maduro nombró nuevos “protectores de estado” en cuatro de las entidades donde el chavismo perdió: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Zulia, fueron ellos Francisco Arias Cárdenas, quien fue el aspirante derrotado en Zulia, Jehyson Guzmán, quien lo fue en Mérida, Aristóbulo Istúriz en Anzoátegui y Carlos Mata Figueroa en Nueva Esparta.

En esta ocasión, la figura ya no se requeriría en Miranda, pues en los comicios regionales el aspirante a gobernador Carlos Ocariz, fue derrotado por el oficialista Héctor Rodríguez, quien pasó a controlar CorpoMiranda de manera directa.

ENERO: Maduro nombró a un dirigente del chavismo que fue muy cercano a Chávez y que ya había detentado otros puestos de confianza en el gobierno de su antecesor: Freddy Bernal.

JUNIO: Nicolás Maduro promete eliminar la figura de los “protectores”, luego de que se realice la elección de gobernadores y alcaldes el 21 de noviembre. Según dijo, este tema fue discutido en la mesa de negociaciones con la oposición en México.

AGOSTO: A dos meses de comprometerse a eliminar la figura de “protector”, Nicolás Maduro se muestra arrepentido de esta decisión.

En la lista

Varios gobiernos han detectado algunas actuaciones sospechosas y tomado acciones en contra de Bernal. En 2011 fue incluido en la Lista Clinton o Kingpin por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) por haber “facilitado la venta de armas entre el gobierno venezolano y las FARC”, calificada como grupo terrorista por el gobierno norteamericano y de estar incursos en narcotráfico.

En esta misma designación de la OFAC se incluyó a Cliver Alcalá Cordones, hoy preso en EEUU y a la espera de juicio también por narcotráfico; además del entonces diputado Amílcar Figueroa Salazar y el jefe de la policía política Sebin, Ramón Madriz Moreno. 

Bernal también integra otras listas: la de los funcionarios del chavismo sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano, Canadá, la Unión Europea, Panamá, Reino Unido y Suiza. Pero aún hay más. El ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, lo denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) como el enlace estratégico del régimen venezolano con alias ‘Lenin’, miembro del Frente de Guerra Oriental del ELN.

A lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Bernal ha sido cuestionado por desplazar a los líderes chavistas de la región, al llevarse a todo su equipo de trabajo desde la capital del país, incluyendo oficiales pertenecientes al cuestionado cuerpo de seguridad FAES (Fuerzas de Acciones Especiales).

En su gestión creó una estructura interna integrada de tres áreas desde las cuales surgen directrices que se deben seguir en la región: Protectorado, PSUV y Seguridad. También formó varios gabinetes de gobierno que deben llevar las tareas encomendadas: Combustible, Gas, Transporte, Alimentación, Salud, Minería y relaciones internacionales, Zonas Económicas Especiales, Seguridad, Comunicaciones, Universitario, Comunas y Economía digital. Cada uno de ellos es coordinado por una persona de plena confianza de Bernal.

Un militante del PSUV dijo para este reportaje que la molestia por el equipo del “protectorado”, aumentó cuando desde el alto gobierno se impulsó a Bernal para las primarias realizadas en agosto de 2021, para elegir al candidato a la gobernación de Táchira. Resultó ganador en un proceso que los propios oficialistas criticaron al detectar irregularidades como ventajismo, compra de votos y manipulación de las máquinas de votación para cambiar los resultados del sufragio.

Aunque el ahora candidato a gobernador nació en esta región andina, no residía allí. Su familia –materna y paterna– vive en una barriada popular de la capital tachirense San Cristóbal. Los vecinos saben cuando él los visita por su fuerte anillo de seguridad.

“Si me atrapan, sé lo que me espera. Me muevo armado, y ellos vienen conmigo -dice señalando al grupo de funcionarios armados que lo escoltan-, no los abandonaría ni ellos me abandonarían. Si quisieran llevarme, tendrían que hacer una masacre, porque iremos hasta el final”, citan al propio Bernal en una entrevista en el portal América Latina en Movimiento en 2020 sobre el personal de seguridad que lo acompaña a todas partes.

Silfredo Gregorio Zambrano: Presidente de Corpoandes. Llegó al Táchira de la mano de Freddy Bernal, no se conocía en este estado y era más vinculado con Mérida. Hombre de plena confianza del “protector”. Era un funcionario más no dirigente reconocido.

Ahora es candidato a la Alcaldía de San Cristóbal por el PSUV, la que nunca ha ganado el chavismo. Fue a primarias en llave con Bernal y ganó. Una persona que hasta hace un año no se conocía y que Bernal promociona en su programa de radio al hablar de Corpoandes. 

Jeffrey Rodríguez: Comisario. Integra la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE), ente policial de plena confianza de Freddy Bernal y que se deriva de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Poco conocido en sus actuaciones antes de su llegada al Táchira. Se identifica en su cuenta Twitter como “bolivariano, revolucionario y chavista radical”.

Hombre poco mediático, pero que viene a ser el brazo policial del representante del Gobierno nacional en el Táchira.

José Bermúdez: Coordinador del Gabinete de Alimentación. Policía de Caracas.

Jiuvant Huérfano: En el “protectorado” es el equivalente al secretario general de gobierno. Politólogo. Es el principal operador político. De él salen todas las llamadas “órdenes de operaciones” del buró político PSUV Táchira. 

Llegó al estado desde Caracas con el “protector”. Su segunda a bordo es Zoraida Parra, dirigente regional de muchos años en Táchira. Maneja el comando de campaña de Freddy Bernal para la gobernación del Táchira.

Ángel Moronta Juliao: General de División, comandante del Zodi e integrante del Gabinete de Combustibles.

José Leonardo Rosales Aleta: Coordinador del Gabinete de Transporte del Protectorado del Estado y presidente de TransTáchira. Diputado de la Asamblea Nacional.

El Gabinete de Transporte maneja la flota de unidades de los “buses rojos”, como se le conocen a los TransTáchira. Es primo de Freddy Bernal Rosales. Antes de la llegada del “protector” al Táchira no se le conocía como dirigente de primera línea regional.

Yepfri Arguello: Coordinador del Gabinete de Comunicación, Telecomunicación y Cultura. Surgió de los llamados comunicadores CLAP en Caracas. Se dice llamar el “afrodescendiente de la comunicación”. Llegó al Táchira con Freddy Bernal desde Caracas. 

Candidato a diputado regional por el circuito número 3, zona productora. Pasó por encima de liderazgos locales y regionales. En Instagram se define como “periodista, soñador, afrodescendiente, defensor de la verdad y quien lucha por un mundo lleno de igualdad”.

Amelia Fressel: Coordinadora del Gabinete de Salud. Doctora y coronela de la Guardia Nacional. A su vez maneja la Autoridad Única de la Salud. Lleva todo lo relacionado con el tema covid-19, las vacunas e insumos para la red pública del Táchira.

Es directora del Hospital Oncológico del Táchira, adscrita al Ministerio de Salud, según la Gaceta Oficial Nro. 40.588 pero siendo Autoridad Única maneja la salud pública que depende del despacho ministerial de la salud en el estado.

José Rafael Belisario: Presidente de Gas Táchira. Fuentes consultadas dicen que el suministro de gas doméstico en bombonas mejoró en su distribución, cuando desde su gestión se permitió vender el producto en bolívares y en pesos colombianos. 

Abogado. Funcionario desconocido de la palestra pública del Táchira y desde la llegada de Freddy Bernal ha ocupado otros cargos.

Nellyver Lugo: Integrante del Gabinete de Combustible. Diputada al Consejo Legislativo del estado Táchira.  

Defferson González: Director regional de Pdvsa e integrante del Gabinete de Combustible.

Charly Marina Rojas: Coordinadora del Gabinete Social. Sustituyó a Rodolfo Suárez, policía, quien era de la mayor confianza de Bernal hasta su fallecimiento.

Carlos Trómpiz: Coordinador del Gabinete Minería y relaciones internacionales. Policía de Caracas.

Natalia Chacón: Coordinadora del Gabinete de Comunas y Poder Popular. Alcaldesa del municipio Lobatera.

Keyla Hernández: Coordinadora del Gabinete Universitario. Diputada de la Asamblea Nacional.

Martha Gallo: Integrante del Centro de Control y Seguimiento de Políticas Públicas.

Eduardo Sánchez: Director de Comditaca, empresa adscrita a Corpoandes que lleva los derechos de comercialización y distribución del Gas Licuado del Petróleo en el Táchira; concesión que recibió de Pdvsa en septiembre del 2019. 

Maneja el Centro de Reciclaje de Material Estratégico en la región.

Joshua Faratro: Dirige la Comisión Reactivación Zona Industrial de La Fría.

Carlos Tovar: Coordinador del Gabinete de Cultura.

Javier Flores: Enlace internacional venezolano para con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal.

Silfredo Gregorio Zambrano: Presidente de Corpoandes. Llegó al Táchira de la mano de Freddy Bernal, no se conocía en este estado y era más vinculado con Mérida. Hombre de plena confianza del “protector”. Era un funcionario más no dirigente reconocido.

Ahora es candidato a la Alcaldía de San Cristóbal por el PSUV, la que nunca ha ganado el chavismo. Fue a primarias en llave con Bernal y ganó. Una persona que hasta hace un año no se conocía y que Bernal promociona en su programa de radio al hablar de Corpoandes. 

Jeffrey Rodríguez: Comisario. Integra la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE), ente policial de plena confianza de Freddy Bernal y que se deriva de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Poco conocido en sus actuaciones antes de su llegada al Táchira. Se identifica en su cuenta Twitter como “bolivariano, revolucionario y chavista radical”.

Hombre poco mediático, pero que viene a ser el brazo policial del representante del Gobierno nacional en el Táchira.

José Bermúdez: Coordinador del Gabinete de Alimentación. Policía de Caracas.

Jiuvant Huérfano: En el “protectorado” es el equivalente al secretario general de gobierno. Politólogo. Es el principal operador político. De él salen todas las llamadas “órdenes de operaciones” del buró político PSUV Táchira. 

Llegó al estado desde Caracas con el “protector”. Su segunda a bordo es Zoraida Parra, dirigente regional de muchos años en Táchira. Maneja el comando de campaña de Freddy Bernal para la gobernación del Táchira.

Ángel Moronta Juliao: General de División, comandante del Zodi e integrante del Gabinete de Combustibles.

José Leonardo Rosales Aleta: Coordinador del Gabinete de Transporte del Protectorado del Estado y presidente de TransTáchira. Diputado de la Asamblea Nacional.

El Gabinete de Transporte maneja la flota de unidades de los “buses rojos”, como se le conocen a los TransTáchira. Es primo de Freddy Bernal Rosales. Antes de la llegada del “protector” al Táchira no se le conocía como dirigente de primera línea regional.

Yepfri Arguello: Coordinador del Gabinete de Comunicación, Telecomunicación y Cultura. Surgió de los llamados comunicadores CLAP en Caracas. Se dice llamar el “afrodescendiente de la comunicación”. Llegó al Táchira con Freddy Bernal desde Caracas. 

Candidato a diputado regional por el circuito número 3, zona productora. Pasó por encima de liderazgos locales y regionales. En Instagram se define como “periodista, soñador, afrodescendiente, defensor de la verdad y quien lucha por un mundo lleno de igualdad”.

Amelia Fressel: Coordinadora del Gabinete de Salud. Doctora y coronela de la Guardia Nacional. A su vez maneja la Autoridad Única de la Salud. Lleva todo lo relacionado con el tema covid-19, las vacunas e insumos para la red pública del Táchira.

Es directora del Hospital Oncológico del Táchira, adscrita al Ministerio de Salud, según la Gaceta Oficial Nro. 40.588 pero siendo Autoridad Única maneja la salud pública que depende del despacho ministerial de la salud en el estado.

José Rafael Belisario: Presidente de Gas Táchira. Fuentes consultadas dicen que el suministro de gas doméstico en bombonas mejoró en su distribución, cuando desde su gestión se permitió vender el producto en bolívares y en pesos colombianos. 

Abogado. Funcionario desconocido de la palestra pública del Táchira y desde la llegada de Freddy Bernal ha ocupado otros cargos.

Nellyver Lugo: Integrante del Gabinete de Combustible. Diputada al Consejo Legislativo del estado Táchira.  

Defferson González: Director regional de Pdvsa e integrante del Gabinete de Combustible.

Charly Marina Rojas: Coordinadora del Gabinete Social. Sustituyó a Rodolfo Suárez, policía, quien era de la mayor confianza de Bernal hasta su fallecimiento.

Carlos Trómpiz: Coordinador del Gabinete Minería y relaciones internacionales. Policía de Caracas.

Natalia Chacón: Coordinadora del Gabinete de Comunas y Poder Popular. Alcaldesa del municipio Lobatera.

Keyla Hernández: Coordinadora del Gabinete Universitario. Diputada de la Asamblea Nacional.

Martha Gallo: Integrante del Centro de Control y Seguimiento de Políticas Públicas.

Eduardo Sánchez: Director de Comditaca, empresa adscrita a Corpoandes que lleva los derechos de comercialización y distribución del Gas Licuado del Petróleo en el Táchira; concesión que recibió de Pdvsa en septiembre del 2019. 

Maneja el Centro de Reciclaje de Material Estratégico en la región.

Joshua Faratro: Dirige la Comisión Reactivación Zona Industrial de La Fría.

Carlos Tovar: Coordinador del Gabinete de Cultura.

Javier Flores: Enlace internacional venezolano para con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal.

Policía revolucionario

Freddy Bernal agregó en su entrevista con América Latina en Movimiento que, desde muy joven, sintió afinidad con “la revolución” liderada por representantes de la izquierda en la región. Algo que no estaba bien visto mientras cursaba estudios en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional y luego en la Escuela de Formación de Policías, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Policiales, mención Sistemas de Seguridad.

“Estaba prohibido hablar de la izquierda (en la academia) y, obviamente, de la revolución. Sin embargo, instintivamente, estaba leyendo el Libro Verde de Gadafi, los libros del Che o La historia me absolverá de Fidel Castro. Me miraron con sospecha y estaban a punto de expulsarme a un mes de la graduación, a pesar de ser el mejor estudiante del curso”, apuntó.

De su experiencia como escolta de la presidenta de Nicaragua, Violeta de Chamorro, dijo haberse “enamorado” de la revolución sandinista y haber entendido definitivamente “de qué lado debería estar”. Para esta misión fue designado por el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez a quien en 1992 Chávez dio un golpe de Estado.  

Tuvo a su cargo el Comando Especial Táctico de Apoyo (el temible grupo CETA), cuestionado por sus operativos irregulares y uno de los grupos que participó en la siguiente intentona que lideró Chávez el 27 de noviembre de 1992. “Participé en operaciones especiales, con francotiradores, una situación realmente complicada para mí”.

Bernal participa en actos públicos con el uniforme de gala de la policía | Twitter @FreddyBernal

Bernal participa en actos públicos con el uniforme de gala de la policía | Twitter @FreddyBernal

Luego de participar en el golpe de Estado, Bernal afianzó su afiliación con el chavismo y se ganó su puesto en el equipo de Chávez, luego de que lo convenciera de trabajar en los círculos bolivarianos. “Me pidió que los formara para tomar el poder”. Estos grupos se formaron para promover la “revolución bolivariana”, pero se volvieron los principales atacantes de los partidarios de la oposición durante sus manifestaciones en contra del gobierno.  

Años más tarde, en 2017, le fue concedido el cargo de comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), otro de los organismos de seguridad del gobierno que en 2020 la oficina de Bachelet responsabilizó por violaciones a los DDHH.

A pesar de todos los cargos políticos que ha tenido en estos 20 años, Bernal aún gusta de lucir en actos oficiales su uniforme de gala de funcionario policial y especialmente el de un cuerpo de seguridad al cual el chavismo intervino militarmente y luego eliminó por estar administrada por el gobierno local opositor: la Policía Metropolitana. En sus apariciones públicas también se siente cómodo al estar acompañado de sus escoltas de más entera confianza, por lo que lo llaman el “protector, protegido”. 

Ahora en campaña, es frecuente la promoción en sus redes sociales comiendo “buñuelos de yuca” en mercados municipales. El pasado 4 de octubre publicó en su cuenta de Twitter fotos de él durante el retiro de los containers en el puente internacional Simón Bolívar, que habían sido puestos por el propio gobierno en 2019 cuando cerraron la frontera para impedir el paso de la ayuda humanitaria. De esta manera, mostró su dominio en la zona. También ha participado en actividades propias de un gobernador, aún no teniendo ese cargo.

En una decisión sorpresiva, Maduro anunció que luego de las elecciones regionales en noviembre próximo, se eliminará la figura del “protector”. Como Freddy Bernal tendrá la oportunidad de medirse en las urnas, quizás podrá así ejercer en el estado fronterizo de forma legal como mandatario regional, pero con una gestión que comenzaría bajo la sombra de denuncias en su contra.

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