David Villarroel había escuchado rumores que le inquietaban: las plantas de las compañías productoras de hierro y aluminio estaban siendo desmanteladas y llevadas como si fueran pedazos de chatarra a los muelles, para ser vendidas en el extranjero. Con el fin de comprobar si esto era cierto, este trabajador de una de las más importantes siderúrgicas estatales, se empeñó en hacer un viaje de día y medio por una de las regiones más calurosas del país.  

Viajó en un camión de carga de material ferroso desde la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, hasta el Puerto Internacional de Guanta, ubicado en Anzoátegui, al norte. El chofer llevaba un salvoconducto firmado por un mayor general, este tipo de documentos sirven para que los funcionarios militares en los distintos puntos de control o "alcabalas" en la carretera no demoren a los transportistas que llevan este tipo de envíos.

En la zona norte de Anzoátegui existen tres puntos de control con funcionarios castrenses y policiales, quienes revisan la documentación de los camioneros que trasladan chatarra; por lo regular, cuando existe alguna anomalía, les cobran entre 50 y 100 dólares para permitirles la circulación.

David contó que al mostrar el salvoconducto a un funcionario de la Guardia Nacional, éste igual se montó arriba del camión y solo logró ver una gran cantidad de piezas de hierro y aluminio, pues no podía levantar una viga de entre 80 a 90 kilos que tapaba buena parte de la carga.

“Seguimos nuestro camino e ingresamos a Guanta. Las grúas dentro del puerto levantaron los materiales y es ahí cuando vimos de que no solo había chatarra de desecho, sino material útil que podía ser reinsertado para la producción de las plantas de acero y aluminio”.

Los rumores que había escuchado David eran ciertos. La chatarra es una de las principales materias primas para la producción en el mundo. En Venezuela, se exportan grandes cantidades desde 2019, luego de que la administración de Nicolás Maduro reformara y creara leyes para tener el control de este mercado. Pero no todo lo que se vende como chatarra lo es en realidad.

El desguace de las empresas siderúrgicas y de aluminio ordenado por las juntas directivas, bajo el argumento de que muchos de esos equipos son obsoletos, es una constante que sucede a espaldas de la mayoría de los trabajadores y termina por destruir a la industria.

Se han detectado varias vías desde donde se han extraído piezas de hierro y aluminio o cualquiera que parezca material ferroso, sin que realmente sea chatarra. El desmantelamiento no solo ha ocurrido en las siderúrgicas, sino también en la industria petrolera, en obras en construcción abandonadas y en galpones de propiedad privada.

Una de las primeras acciones en la desincorporación de varias unidades de las siderúrgicas ocurrió en 2020, cuando se desmontaron dos líneas de Aluminios del Caroní (Alcasa) con 180 y 216 celdas reductoras de aluminio. Las dos juntas tenían una capacidad de producción de 170.000 toneladas anuales, que “podrían servir para reparar colegios, hospitales y carreteras en Venezuela”, afirmó Henry Arias, representante sindical de la empresa.

El desguace de estas plantas ha generado “más de 20.000 toneladas de chatarra ferrosa que están vendiendo para satisfacer algunos bolsillos y desfavorecer a los trabajadores”, acotó Arias.

“Han quitado los cables y equipos de varias unidades de palanquilla de acero y acero laminado en caliente, dejándolos inoperativos y sin la posibilidad de hacer reparaciones”, aseguró un trabajador siderúrgico que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Pero en 2021 les tocó el turno a otras dos empresas: Sidor y Venalum. “El zarpazo (golpe) empezó el 24 de mayo de 2021. Y nos enteramos de ese zarpazo del desmantelamiento de las plantas porque nos lo informan nuestros compañeros que han podido ingresar a Sidor. Están desarmando la acería, la están destruyendo, una acería que tenía un proyecto de ampliación, pero después dijeron que era muy costoso. Esa planta la están destruyendo. Chatarreándola”, dijo Carlos Rosas, con una antigüedad laboral de 33 años en Sidor.

Junto a otros trabajadores, Carlos ha acampado por varias semanas a las puertas de Sidor, en protesta por la negativa de la directiva de dejarlos trabajar. Desde que se decretó la cuarentena en Venezuela, en marzo de 2020, solo un pequeño grupo de empleados tiene autorización.

Y aunque no ha podido ser testigo directo del desguace de las plantas, Carlos lamentó ver restos de autobuses que eran utilizados para transportar a los trabajadores de esta región de largas distancias. “Hasta los autobuses los están chatarreando”.

A mediados de julio de 2021 también se dio inicio en Venezolana de Aluminio (Venalum) un proceso para desmantelar las celdas, con la finalidad de incorporar al sistema otras nuevas, según prometieron los directivos. Sin embargo, los trabajadores dudan de ello y creen que solo quedará una planta totalmente desguazada, algo que intentaron impedir con denuncias pero que al final otros ganaron la partida.  

“A principios de 2021, los trabajadores de Venalum recibimos una comunicación por parte de la empresa en la que nos convocaba a formar un ‘equipo de contingencia’ para desmantelar los complejos I y II. Tras esta petición, hicimos ruedas de prensa y protestas para evitar el desmantelamiento. Imagino que eso hizo que aguantaran eso un poco”, dijo Fernando Serrano con 30 años trabajando en esta productora de aluminio primario en el estado Bolívar.

Venalum cuenta con cinco líneas de producción de 180 celdas reductoras de aluminio cada una en sus dos complejos, para un total de 900 celdas (de aproximadamente cinco metros de largo por tres metros de ancho), más cinco celdas con tecnología venezolana. Eso permite una capacidad para producir 1.200 kilos al día (864 toneladas diarias). Estas piezas son las que vemos en un video filtrado por los trabajadores en las redes sociales, en cuyas imágenes hay varias personas no identificadas vestidas con equipos de protección y caretas especiales para evitar ser quemados por las chispas, mientras pican las celdas con lo que pareciera ser un equipo de oxicorte.

“Quitaron casi todo el techo del complejo II de Venalum que era de láminas de aluminio. La tienen tan abandonada que parece un cementerio. El gobierno tiene que decirle a Venezuela, por qué están desmantelando las empresas, que son activos importantes; es un patrimonio del país que le da una alternativa productiva no petrolera y que, en el caso de Venalum, garantiza el sustento a 5.000 venezolanos de forma directa”, dijo el trabajador Fernando Serrano.

Los trabajadores de estas empresas responsabilizan a varios directivos de autorizar el desmantelamiento de las plantas; entre ellos, mencionan a Ernesto Astudillo (presidente de Sidor) y al coronel Jorge Luis Gómez Pimentel (presidente de CVG Logística). También señalan que la contratista FácilMetal fue contratada para encargarse de esta tarea, junto a otros empleados de las empresas estatales. Para este reportaje se intentó conversar con los directivos de las siderúrgicas, al igual que con los representantes de la contratista, pero no se obtuvo respuesta.

Estas empresas afiliadas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) muestran un gran deterioro debido a la caída de su producción, la cual se aceleró desde la estatización de Sidor, ordenada por Hugo Chávez en 2008. Sidor produjo 4,3 millones de toneladas de acero líquido en 2007, pero meses después de su estatización bajó a 3,6 millones y en 2020 mostró una producción de apenas 16 mil toneladas.

Hoy la principal empresa del consorcio produce 10% de su capacidad; sus numerosas celdas, por donde debe pasar el hierro líquido, están paralizadas, sin producir cabillas, tubos o palanquillas necesarios para la construcción.

Venalum –por su parte– antes de 1999 exportaba 75% de su producción a Estados Unidos, Europa y Japón. La producción en 2018 tuvo un descenso de 86%, en comparación con las 441.000 toneladas generadas en 2006. Hoy prácticamente está paralizada.

Para el empleado de Venalum, Fernando Serrano, la intención de todas las medidas que se han llevado a cabo en las siderúrgicas es la de reducir su tamaño y su nómina significativamente, para venderla como una “empresa quebrada” a algún empresario de un país aliado dispuesto a comprarla a un precio prácticamente regalado. Lamentó además que la estatal haya tenido como gerentes, personas que desconocían totalmente del área.

“Empezaron a designar generales como premio. ¿Qué puede saber un general de la producción de una empresa de aluminio? Un militar está preparado mental y físicamente para manejar armas, defender a la patria, ir a la frontera, pero no tiene formación técnica. Llegamos a tener a un general que cuando lo mandaron a Venalum preguntó dónde estaban las minas de aluminio”, afirmó Serrano.

Hace más de 20 años, las cifras de producción de acero y aluminio revelaban su total operatividad. La modernidad de sus instalaciones hizo también a la industria pionera en América Latina.

Esta premisa se evidencia en las cifras históricas de Alcasa, la cual fue la gran transformadora de aluminio de Suramérica. Antes de la llegada de la revolución chavista en 1998 batió su récord de producción con 210.000 toneladas métricas de aluminio. En 2020 la producción fue cero.

“El país tenía una importante capacidad instalada para producir grandes toneladas de acero y aluminio. ¿Ahora cuánto queda de eso? Todas esas maniobras del gobierno fueron justamente para abrir algunos grifos de divisas que compensen lo que ha sido el colapso del ingreso petrolero. Están desmantelando la capacidad instalada y la capacidad transformadora nacional. Están dejando empresas como cascarones vacíos”, afirmó el exministro Víctor Álvarez.

Pero el desmantelamiento en el país escala aún más. Informaciones, como las publicadas por la agencia de noticias Bloomberg, revelan que a proveedores y contratistas de Pdvsa se les pagan sus servicios con chatarra proveniente de las propias refinerías y mejoradores de crudo.

“Pdvsa tiene muchísimos desperdicios metálicos, como acero y aluminio. Parte se usa en el país y otra parte la están vendiendo afuera. Esa chatarra se ha generado en algunas áreas operativas del norte del estado Monagas, algunas partes son de las refinerías. El material se acumula en el puerto de Guanta y en Puerto Cabello. Desde el malecón se ven los muelles con las chatarras”, acotó una fuente del sector petrolero que prefirió mantener su nombre en reserva.

Un trabajador de la Faja Petrolífera del Orinoco con 12 años en la industria, cuyo nombre solicitó dejar en el anonimato, denunció que desde febrero de 2021 iniciaron un proceso de desmantelamiento de macollas ubicadas en Anzoátegui, de las que han sacado tuberías, válvulas, cabillas de balancín y los taladros que Pdvsa fue abandonando.

“Los picaron para convertirlas en chatarra y luego movilizarlas para Guanta. El desmantelamiento está generando derrames de petróleo y contaminando ríos. También están desmantelando mejoradores, almacenes y hasta comedores”, señaló.

Esta denuncia la realizó, ante la prensa en 2019, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, José Bodas, quien aseguró que a diario se realizan ventas de materiales necesarios para la industria, que actualmente no están en uso debido a la caída de la actividad petrolera.

La debacle de la industria también es la causa de la recesión venezolana y de la caída de los recursos en divisas. Pdvsa llegó a producir un máximo de 3,7 millones de barriles diarios (b/d) de la mano de compañías internacionales (año 1976). Durante los inicios de la gestión de Chávez su máximo fue de 3,2 millones de b/d volumen que el país jamás ha vuelto a tener. Las seis refinerías de Pdvsa ubicadas en territorio venezolano tienen una capacidad de refinación de 1,6 millones de b/d, hoy solo tres operan a menos de media máquina, y producen apenas 700.000 b/d en promedio.

La muestra de ese deterioro se evidenció en un video difundido en las redes sociales por parte de representantes sindicales. En la imagen se observa cómo dos trabajadores de una empresa que ofrece servicios petroleros a Pdvsa, pican una torre de perforación flotante ubicada en el lago de Maracaibo en el estado Zulia. Cientos de contratistas de la industria tuvieron que cerrar sus puertas debido a la caída significativa de la producción de crudo.

La potestad vía decreto de los gobiernos regionales en el negocio del material ferroso dio pie para que empleados de estas instancias se presenten en depósitos de empresas que se encuentran inoperativas, para llevarse material metálico como parte de pago por los impuestos ambientales que los dueños han dejado de cancelar.

Testimonios de varios constructores revelan que grupos de funcionarios llegan a los depósitos de manera imprevista, con la sola idea de picar con soplete cualquier equipo, incluso en buen estado, para hacerlo pasar como material ferroso.

Uno de estos relatos es el de un hombre de negocios desde hace 40 años, pero el galpón de su compañía ha estado cerrado, al igual que el de las 370 mil empresas que han finiquitado operaciones en los últimos 20 años debido a la crisis económica. No obstante, aún tenía esperanzas de volverla operativa en algún momento.

Un día lo llamaron por teléfono para decirle que le estaban robando las láminas del techo de su depósito y, enseguida le avisó a uno de sus trabajadores que investigara qué sucedía. La llamada de vuelta se lo confirmó: “sí, están robando en la fábrica”. O al menos eso parecía.

“Antes de llegar a la planta busco a la policía y les digo que hay un delito en flagrancia en este momento. Me acompañaron y les digo ‘ahí están’. Ellos me piden que no ingrese y los policías continuaban adentro mientras se llevaba a cabo el procedimiento judicial, pero en eso comenzó a salir humo por el techo del galpón. No entendí qué pasaba. Luego me dicen que hay detenidos, pero que otros se escaparon”. En este punto, el empresario cree que se evitó un mal mayor.

Según su testimonio, eran empleados de la gobernación del estado Miranda, especialmente del Departamento de Minas y Canteras, y que tenían “órdenes”. Para conocer más detalles sobre este tipo de procedimientos se intentó entrevistar a algún representante del gobierno regional, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Los funcionarios policiales le recomendaron que no hiciera una denuncia porque el operativo había sido autorizado por un general del cual no recuerda su nombre. Y le mostraron el documento. Se trataba de un salvoconducto para trasladar el material ferroso hasta el puerto de La Guaira, estado Vargas, al centro norte del país. En este lugar, también se acumula chatarra, la cual es vigilada día y noche, de acuerdo a las indagaciones que se hicieron para este reportaje.

Cuando el empresario logró ingresar a su negocio, se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido: “todas las máquinas fueron picadas; las grandes con sopletes. Había otras que no las pudieron picar completas. Tenemos una mezzanina en donde los pasamanos son de hierro y también las cortaron, así como a las puertas, ventanas, repuestos, lo que puedas imaginar. Si se hubieran llevado solo el techo no me hubiera importado, ¿pero las máquinas? Además, ¿qué tienen qué ver las láminas del techo con chatarra?”, se preguntó al tiempo que sentía que le cortaban también sus esperanzas de edificar de nuevo viviendas, su principal actividad en la construcción.

También están siendo desmanteladas obras en las que el gobierno había hecho grandes inversiones y que habían quedado en el abandono. Este es el caso de los proyectos inconclusos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción y soborno en varios países de América Latina, así como los planes de infraestructura que quedaron a medias relacionados con los acuerdos con China.

Omar González, diputado de la Asamblea Nacional, denunció el 8 de julio pasado, el desvalijamiento de un tramo del ferrocarril Tinaco, ubicado en Anaco, zona centro de Anzoátegui. El parlamentario publicó, a través de sus redes sociales, una decena de fotografías donde quedaba en evidencia el traslado de rieles, vagones y motores  extraídos del sistema de vías férreas que se construiría para conectar las regiones de oriente y occidente.

“El proyecto fue aprobado en 2006 y tenía como fecha de culminación el 2012. Estaba garantizado a través de un convenio chino-venezolano, ya se habían aprobado y entregado 50.000 millones de dólares, pero ahora se lo están llevando todo para venderlo como chatarra”, declaró González a El Pitazo, en julio de 2021.

La Fiscalía inició investigaciones a finales de 2020 contra ciudadanos por la presunta compra y venta como chatarra de maquinaria y equipos de la empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, en el estado Lara, al occidente del país. Hasta la fecha, se desconoce el estatus del caso. Esta compañía inició las obras para una represa que nunca se culminó, pero sus activos aún se encuentran en la zona. Al igual que el puente Nigale en el estado Zulia al occidente venezolano, una obra que se inició en 2007 por Odebrecht y la cual tampoco se culminó, pero lo poco que se logró ha sido desmantelado durante el transcurso de los años, lo que ha generado un grave perjuicio a la nación.  

Desde que el material ferroso y partes de equipos salen de plantas, galpones y obras abandonadas, comienza el periplo para su destino final: la exportación.

En Guanta se observan barcos cargados de toneladas de chatarra, para formar parte de lo que el gobierno ha llamado el "motor exportador, un plan para aumentar la producción local". Han ocurrido al menos 40 envíos con destino a China, India, Taiwán, Indonesia, Panamá y México, pero en mayor medida hacia Turquía, ese socio nuevo de Maduro con el cual se han establecido acuerdos para negociar petróleo y oro. Se solicitó una entrevista a la embajada de Turquía para conocer el auge de la balanza comercial entre ambas naciones, pero no se obtuvo respuesta.  

Según información de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) desde 2019 y hasta junio de 2021 se exportaron al menos 711.362 toneladas métricas de chatarra. Al hacer una estimación de acuerdo al precio promedio en el mercado internacional de 500 dólares la tonelada, la carga pudo haber generado 355,6 millones de dólares. No obstante, en el mercado europeo estos materiales se pueden cotizar entre 700 a 1.000 euros la tonelada.  

En los envíos hacia otros países se ha detectado el embarque desde el puerto de Guanta de 16 buques de bandera extranjera, entre ellos, Safety First, Pacific Basin, CGM Ventania, Bomar Rebecca, Anshun y Strait.

Mientras, unos 29 contenedores con chatarra, desecho de cobre y otros productos no ferrosos se enviaron desde los puertos de La Guaira y de Maracaibo a India, Taiwán, Irán, Panamá e Indonesia. Se desconoce el monto de las toneladas. Sin embargo, los contenedores de uso internacional suelen cargar entre 29 y 32,5 toneladas de material, por lo que pudiera inferirse que se embarcaron 942,5 toneladas como máximo. Es decir, la carga pudo haber generado 471.250 dólares.

La actividad comercial entre Turquía y Venezuela, que era baja hasta 2016, se intensificó a partir de 2017, a raíz de la mayor relación gobierno a gobierno. La firma de una serie de acuerdos impulsó la venta de harina de trigo, pasta, jabón, pañales, productos higiénicos y dentales, mármol, piezas automotrices, materiales de construcción y medicinas al país latinoamericano, así como de piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos , perlas y productos de hierro o acero hacia esta nación del asia menor. 

Cifras de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) revelan que en 2020, Turquía se ubicó entre los seis primeros países en realizar negocios con Venezuela con 61,7 millones de dólares, luego de China, EEUU, Países Bajos, Francia y Brasil.

Los datos señalan que el total de las exportaciones de chatarra del país cerraron el pasado año en 80,2 millones de dólares y aumentaron 402,5% en comparación a 2019.

Es en este rubro de material ferroso que Turquía ha tenido y tiene una buena cuota de participación, cuando se observa que la venta a esta nación fue de 50,1 millones de dólares, lo que representó 81% del total de los envíos de chatarra a otros mercados y en un año tan atípico como lo fue 2020. Por otra parte, entre enero y marzo de 2021, el monto de las exportaciones no petroleras venezolanas fue de 77,9 millones de dólares, de los cuales 61 millones de dólares se negociaron con este país.

Debido a la caída de los petrodólares y el bajo monto de las ventas externas no petroleras, los recursos son insuficientes para recuperar no solo la producción de las principales industrias generadoras de divisas, sino también para volver a armar empresas que han sido desmanteladas. Las de acero y aluminio, por ejemplo, requieren una gran cantidad de inversiones para que vuelvan a ser una alternativa de exportación distinta al crudo.

Solo basta recordar que Sidor y Alcasa tenían años atrás una valoración de 5.500 millones de dólares, mientras que, según estimaciones de expertos como el ingeniero Ángel González, ex gerente de planta de Venalum, volver a construir las cinco líneas de producción de esta empresa, sin el costo del terreno, podría tener un costo aproximado de 2.250 millones de dólares. Recursos con los cuales no cuenta Venezuela. “El daño es brutal. Llevaron a esas empresas al punto de no retorno, es muy difícil recuperarlas ”, afirmó el exministro Víctor Álvarez. Eso le preocupó a David Villarroel cuando verificó en Guanta que partes de las siderúrgicas salen de los puertos, dejando al país con pocas posibilidades de contar con insumos para su desarrollo y para mejorar la calidad de vida de la población a través de obras de infraestructura.

COORDINACIÓN
Ahiana Figueroa

ACOMPAÑAMIENTO EDITORIAL
Equipo CONNECTAS

DISEÑO GRÁFICO
Carlenys Zapata

REPORTEROS
Ahiana Figueroa
Carlos Seijas Meneses
Giovanna Pellicani (El Pitazo)
Carlos Suniaga (El Pitazo)

INFOGRAFÍA
Milfri Pérez

EDICIÓN DE VIDEO
Luis Olaizola

REDES SOCIALES
Luisa Quintero
María de los Ángeles Graterol

Esta investigación fue realizada para TalCual y CONNECTAS con el apoyo del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

_{Venezuela, septiembre de 2021}