Cuando tenía 20 años, Andry Sarmiento soñaba con ser abogado. Pero no un abogado cualquiera. Como un venezolano perteneciente al pueblo indígena jivi del estado Amazonas, un territorio que limita con Brasil y Colombia, su sueño era defender a los indígenas, población históricamente maltratada por los gobiernos de turno.

Sarmiento no había podido ir a la universidad porque implicaba un gasto que su familia no podía afrontar: movilizarse a otro estado, pagar residencia y manutención. Pero en 2007 las autoridades venezolanas anunciaron la construcción de la Universidad Alma Mater de Amazonas. “Lo vimos como una gran oportunidad. La universidad estaría lista para el año 2010”, rememora Sarmiento. 

El plan presentaba una ciudad universitaria para 4000 estudiantes anclada en terrenos indígenas, a las afueras de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Una estructura amplia y futurista que, a la vez, respetaría la arquitectura indígena con un diseño que simulaba un shabono, una choza típica de los pueblos yanomamis. 

Catorce años después, Andry Sarmiento no es abogado defensor de los indígenas sino docente de idiomas. No pudo estudiar en la Universidad Alma Mater Amazonas porque nunca se inauguró. Su sueño de ser abogado quedó paralizado, como ha estado los últimos siete años la construcción de esa universidad.

La Universidad de Amazonas forma parte de la Misión Alma Mater, la promesa anunciada por Chávez en septiembre de 2007. El proyecto tenía como objetivo la consolidación de 58 instituciones universitarias: 27 universidades serían construidas desde cero, se crearían 2 universidades especializadas y 29 colegios universitarios e institutos tecnológicos ya existentes serían transformados en universidades. 

Esta investigación de El Pitazo y CONNECTAS logró determinar en campo que de las 27 sedes prometidas en 2007, sólo una fue construida e inaugurada: la Universidad Nacional Experimental Martin Luther King, también conocida como Alma Mater Lara. Corresponsales de El Pitazo constataron que otras dos, la Alma Mater de Amazonas y Vargas, empezaron a construirse pero quedaron a medias, sin terminar. Ahora están prácticamente abandonadas, pese a la gran cantidad de dinero destinada a sus obras. 

¿Qué ocurrió con el resto de las universidades prometidas? Poco y nada. Solo terrenos baldíos sin ningún tipo de construcción y escasos movimientos de tierra son los vestigios que quedan de esta misión. Los documentos oficiales revisados para esta investigación, sin embargo, dan cuenta de que se aprobaron recursos superiores a los 782 millones de dólares para la construcción de estas nuevas universidades.

Hasta la Universidad Nacional Experimental de Lara “Martin Luther King”, la única en funcionamiento del Alma Mater, quedó a media marcha. Nicolás Maduro la inauguró junto a su esposa Cilia Flores en abril de 2018. Habían transcurrido nueve años desde la colocación de la primera piedra y, pese al acto público encabezado por el presidente, la estructura no ha sido terminada. 

Las hileras de cabillas y las bases de concreto todavía permanecen junto a los dos módulos de aulas habilitados, de los cuatro prometidos. El monumento en homenaje a la batalla Los Horcones está cubierto por la maleza. En las paredes del recinto universitario resalta la firma de Chávez con el lema: “Aquí no se cansa nadie”, un mensaje que contrasta con los transportes estudiantiles arrumados, sin llantas, anclados en el estacionamiento.

Esta construcción, inconclusa pero en funcionamiento, tuvo un costo inicial de 6,4 millones de dólares, según una nota de prensa del Ministerio de Educación Universitaria. Pero el mismo día de la inauguración de esa universidad, Maduro aprobó 680.000 millones de bolívares más (13,8 millones de dólares al cambio oficial de ese momento) para levantar los módulos 2 y 3 del complejo universitario, cuya construcción está paralizada. 

La Alma Mater de Lara ya había recibido otra inversión estatal, pues figura entre los diez proyectos universitarios que, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Infraestructura, se ejecutaron en primera etapa durante el año 2008. Este aporte también incluye a las universidades de Vargas y Amazonas, así como proyectos en Distrito Capital, Aragua, Anzoátegui, Carabobo y Apure, que nunca se levantaron. El monto de inversión para arrancar esos proyectos fue de 184.964.020 bolívares (más de 86 millones de dólares, al cambio oficial). 

Los cimientos de la Universidad de Amazonas, que también integra el proyecto Alma Mater, se pierden en el silencio selvático de la zona de Picatonal. Las bases de concreto que sirven a tres pisos con 60 aulas son el esqueleto de un proyecto que nunca llegó a caminar. Su estructura permanece en abandono, a pesar de ser un proyecto premiado en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en 2018. Esta universidad recibió recursos adicionales del gobierno en tres etapas, lo que permitió que su construcción llegase hasta el 70%. Solo en la tercera etapa, levantada entre 2013 y 2014, la Fundación Propatria 2000 desembolsó más de 30 millones de dólares (241 millones de bolívares calculados a la tasa oficial). La obra está paralizada desde 2015.

Ese mismo año también se paralizó la intervención de la Alma Mater Vargas. Desde el sexto y último piso de concreto de un edificio que llevó siete años construir se observa la playa Los Cocos, una ubicación inmejorable para levantar la Universidad Internacional del Turismo. Justo allí, donde habían estado los hoteles Macuto Sheraton y Meliá Caribe. Pero este sueño tampoco se hizo realidad. 

La inyección de recursos millonarios no significó un mejor destino para esta universidad. Lejos de ser un espacio de conocimiento, sus paredes siguen bañándose de salitre. Dos hombres custodian ahora el espacio para garantizar que no se roben las cabillas oxidadas u otras piezas de lo construido, apenas una sombra de lo que supo ser el anhelo de miles de jóvenes de esa región. 

El Pitazo solicitó al Ministerio de Educación Universitaria una entrevista para conocer la postura oficial ante las universidades Alma Mater prometidas, pero las autoridades no respondieron la consulta realizada para esta investigación.

El Ministerio de Educación Universitaria contrató a la empresa Consorcio de Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba) para el desarrollo de las primeras obras universitarias del proyecto Alma Mater en 2007, de acuerdo a la Memoria y Cuenta de ese organismo.

Convialba era una empresa estatal especializada en la ejecución de obras públicas como vialidad, edificaciones y urbanismos que estaba adscrita primero al desaparecido Ministerio de Infraestructura (Minfra) y posteriormente al también suprimido Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), que en esos años (2008-2009) era dirigido por Diosdado Cabello, figura clave del oficialismo en Venezuela. Actualmente este consorcio ya no existe.

La empresa pública contrató a equipos de arquitectos para la ejecución de, por lo menos, diez universidades Alma Mater. Estos proyectistas serían los responsables del diseño de las edificaciones y posterior ejecución de las universidades Alma Mater Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Ciencias Básicas (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), Miranda, Lara, Distrito Capital (Universidad Comunal de Catia) y Turismo en Vargas. 

Una vez aprobado el aporte inicial de más de 86 millones de dólares, Convialba suscribió entonces diez contratos por diversos montos, de acuerdo al nivel de cada proyecto, según documentos oficiales del consorcio a los que tuvo acceso esta investigación. La mayoría de los contratistas iniciaron su trabajo y entregaron tanto a Convialba como al entonces llamado Ministerio de Educación Superior, encabezado por Luis Acuña, los videos, informes y maquetas correspondientes a cada una de las universidades Alma Mater.

Sin embargo, al menos cuatro de los diez contratistas confirmaron a El Pitazo y CONNECTAS que el Estado no les pagó por el trabajo realizado. “Solo se pagó si acaso el 40% del contrato. Nosotros cumplimos con entregar toda la información necesaria para levantar las universidades. Nos sentíamos un poco como el maestro Carlos Raúl Villanueva (arquitecto que diseñó la Universidad Central de Venezuela), pues eran proyectos importantes, desarrollados por un equipo multidisciplinario. Lamentablemente las obras fueron paralizadas y los proyectos, y lo que se nos adeuda, engavetados”, relata la arquitecta Solángel Arenas, proyectista de la Universidad Alma Mater Anzoátegui, una de las que jamás se construyó. 

El Pitazo visitó en marzo de 2021 el lugar donde se construiría esta universidad y constató que actualmente es un terreno baldío. 

Los cuatro contratistas consultados coincidieron en que el último pago realizado fueron unos avalúos presentados en 2010. Y coinciden en señalar que la salida de Luis Acuña del Ministerio de Educación Superior y la llegada de Yadira Córdova retrasó los procesos relacionados con la Misión Alma Mater.

Las estructuras volvieron a presupuestarse con Yadira Córdova como ministra. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación Superior de 2011, el Gobierno reconoció la inversión de Bs. 1.734.146.747 (más de 403 millones de dólares por cotización oficial) para continuar con la construcción de cuatro Universidades Alma Mater en los estados Apure, Lara, Amazonas y Vargas. En 2012 se detalló la asignación de otros Bs. 1.044.702.187,93 (casi 243 millones de dólares).

Ese mismo año, el Ministerio de Educación Universitaria decidió también cambiar de organismo ejecutor para esas obras: ya no sería Convialba sino la Fundación Pro-Patria 2000, instancia adscrita al Despacho de la Presidencia de Venezuela y bajo el mando de un equipo de confianza de Maduro, quien llevaría a cabo la construcción de las cuatro estructuras. 

En el caso de las Alma Mater de Lara, Apure, Vargas y Amazonas, las declaraciones ofrecidas por los titulares del Ministerio de Educación Universitaria desde el año 2013 muestran que las obras tuvieron distintos contratistas, se incumplieron los lapsos de entrega y se hicieron anuncios de relanzamientos, siendo el único resultado visible los módulos inaugurados en Lara. 

En las Memorias y Cuentas del Ministerio de Educación Universitaria de los años 2013, 2014 y 2015 se menciona la inversión para la construcción de las universidades Alma Mater, pero no se especifican los fondos asignados. 

El Pitazo envió una solicitud de entrevista al diputado Diosdado Cabello, director del extinto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, para conocer el destino de estos fondos, pero la consulta de este medio no fue respondida.

Mientras las estructuras universitarias quedaban a medio camino, la Misión Alma Mater adelantó la creación de nuevas universidades, aunque más que construir nuevos edificios, en realidad se trató de cambios de nombres y nomenclaturas de estructuras ya existentes antes de la llegada del chavismo al poder.

Entre 2008 y 2018 la Misión Alma Mater transformó 29 colegios e institutos tecnológicos en universidades. Algunos de ellos los agrupó y unificó en una sola universidad.

El chavismo ordenó por decreto presidencial, además, la creación de 24 nuevas instituciones de educación superior. Algunas de ellas, como la Universidad Internacional de las Comunicaciones, aún no funcionan. Otras no tienen sede propia, sino que funcionan en infraestructuras que ya existían o que pertenecen a otros organismos.

“Si dejar a medio construir una nueva estructura universitaria es un verdadero despropósito, crear la ilusión de nuevas universidades con solo cambiar el nombre es una verdadera burla. En ninguna de esas universidades se ha incrementado la matrícula o se han creado nuevas sedes, sólo ha servido para propaganda política del oficialismo”, destaca el docente e investigador universitario José Vicente Carrasquero.

Ana Velazco es estudiante del segundo año de Medicina en la Universidad de Los Andes, en el estado Mérida. Cuando comenzó la carrera, a finales de 2019, algunos profesores propusieron que, en lugar de hacer prácticas de laboratorio, los estudiantes vieran las disecciones de cuerpos y órganos en videos de YouTube debido a la falta de materiales y recursos. Ana, que asumió la representación estudiantil de su cohorte, rechazó esa propuesta. En cambio, ella y su grupo hicieron campañas de recolección de fondos para poder adquirir los suministros necesarios para sus clases.

“Cuando comenzamos a estudiar los profesores nos dijeron claramente: aquí no tenemos ni marcadores para dar clases. A nosotros nos tocó poner los marcadores para ver clases, las hojas para imprimir los parciales, incluso tuvimos que comprar un video beam para las clases de Embriología”, contó Velazco.

Venezuela cumple este año tres siglos de trayectoria en educación superior, con el aniversario de la fundación de su primera casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela (UCV). El país fue referencia mundial en acceso gratuito y masivo a la educación universitaria de alta calidad durante la segunda mitad del Siglo XX. Pero desde 2005, las universidades tradicionales que no se doblegaron al control gubernamental sufren violaciones a su autonomía y reducciones en sus presupuestos, lo que limita la adquisición de materiales de estudio, pone en riesgo el pago de salarios y deja en ruinas buena parte de su infraestructura, entre otros problemas. 

La asfixia presupuestaria se estableció oficialmente en 2005 cuando el gobierno de Chávez decretó que ya no concertaría el presupuesto con las universidades, como se venía haciendo desde 1992. A partir de entonces, el gobierno bolivariano se fue quedando con el control económico, administrativo y académico de las universidades.

Los primeros recortes comenzaron en 2008, cuando el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior le asignó a las universidades el mismo presupuesto del año anterior, práctica conocida como reconducción presupuestaria. “Nos aplicaron una política de crecimiento cero, sin tomar en cuenta la inflación que ya empezaba a vivir el país ni el crecimiento de las nóminas por la contratación de nuevo personal”, dijo Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de Los Andes, en una entrevista concedida para esta investigación.

La asfixia se mantiene hasta la actualidad: para el año 2020, el gobierno les asignó menos del 10% del presupuesto que solicitaron, fondos que reciben incompletos y con retrasos, lo que implica la devaluación de los mismos y la imposibilidad de planificar gastos. Incluso la Universidad de Carabobo no ha recibido, al cierre de esta investigación, la mitad del presupuesto aprobado para el año 2020. Hay más ejemplos ya en este 2021: a la Universidad Central de Venezuela le aprobaron este año solo el 2,27% del presupuesto requerido y a la Universidad Simón Bolívar apenas el 0,4% de lo pedido, entre otros casos. 

Ya desde comienzos de 2019, el presupuesto asignado a estas universidades no alcanza siquiera para pagar sus nóminas: estas instituciones necesitan pedir al Ejecutivo Nacional fondos extrapresupuestarios todos los meses para cumplir con dichos pagos, créditos a los que deben recurrir constantemente, desde el año 2006, ante la falta de fondos para su funcionamiento básico. 

“En 2006 el Ministerio, además de asignar los recursos en bloque y discrecionalmente sin que se conocieran los mecanismos y criterios aplicados, implementó la práctica de obligar a las universidades a solicitar recursos adicionales por insuficiencias presupuestarias premeditadas, ya que no responden a situaciones imprevistas sino a la voluntad política por parte del gobierno”, apunta Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela, en su investigación Las universidades en tiempos de oscurantismo.

“Los recursos adicionales han sido centralizados por el ministerio para administrarlos a su saber y entender, sin regulación alguna y violando la autonomía administrativa de las universidades. Por estas razones las universidades han tenido que recortar permanentemente gastos de funcionamiento y de mantenimiento”, explica Stephany.

En contraparte, entre 2003 y 2017 el gobierno asignó por vía de presupuestos anuales más de 32.916 millones de dólares a las instituciones de educación superior bajo su control. Hasta la actualidad, 61 centros educativos, entre universidades e institutos universitarios, son controlados por el gobierno, sin ningún tipo de autonomía.

Las seis universidades autónomas y las cuatro experimentales que no controla el gobierno han tenido que cerrar laboratorios, aulas y otros espacios por la falta de presupuesto para mantenerlos y, además, por la gran cantidad de robos de los que han sido víctimas por no tener suficiente personal de vigilancia. Solo desde que comenzó la pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020 y hasta el 15 de mayo de 2021, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha registrado más de 300 robos o hurtos en esas diez universidades.

El mayor sueldo de un profesor universitario en Venezuela era inferior a 10 dólares mensuales al cierre de esta investigación, en mayo de 2021. Esto ha significado la renuncia masiva de profesores. Entre 2014 y 2019 la nómina del personal docente se redujo 30% en la Universidad Central de Venezuela y más de 60% en la Universidad Simón Bolívar, según estimaciones de sus autoridades. En las demás universidades el fenómeno se repite.

Las infraestructuras de las universidades autónomas están en ruinas. El techo de uno de los pasillos cubiertos de la Universidad Central de Venezuela, cuya obra arquitectónica fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, se desplomó en junio de 2020 por falta de mantenimiento. El auditorio de Anatomía, el anfiteatro y tres salones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes están clausurados por robos y deterioro. En todas las facultades del núcleo central de la Universidad de Carabobo no hay servicio de agua desde hace cuatro años. El último piso del edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está clausurado porque no se ha podido limpiar el excremento de murciélagos por falta de agua y productos de limpieza.

La asfixia económica incluye, además, que el gobierno avance sobre la autonomía administrativa de las universidades. Una de las primeras medidas, allá por 2007, fue la creación de la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol), organización que agrupa las 61 instituciones universitarias que actualmente maneja el gobierno y oficia como contraparte a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), a la que pertenecen las 10 universidades públicas que no se doblegan al control del gobierno.

La más reciente decisión del gobierno contra la autonomía universitaria fue que las nóminas, desde marzo de 2021, se pagaran a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), quitándole esta competencia a las universidades que por ley son las empleadoras de sus trabajadores. El gobierno anunció que próximamente los pagos de esas nóminas se harían a través del Sistema Patria, una plataforma oficialista que otorga ayudas económicas de manera discrecional.

Ya en diciembre de 2020 el gobierno creó el Bono Simón Rodríguez, un pago mensual que en ese momento triplicaba el mayor salario de un profesor universitario y que sólo lo reciben los docentes que se inscriben en el Sistema Patria.

Los procesos internos de selección y admisión de estudiantes creados por las universidades también fueron burlados. En agosto de 2020, el gobierno fue quien asignó el 100% de los cupos para el ingreso de bachilleres a las universidades públicas del país. Lo mismo ocurrió con los cargos electivos de autoridades dentro de las universidades: el Tribunal Supremo de Justicia suspendió en 2011 la elección de autoridades de manera indefinida y en algunas universidades autónomas el gobierno ha designado a dedo nuevas autoridades.

“Desde que Chávez llegó al poder tuvo la transformación de la educación universitaria como uno de sus objetivos, una transformación que respondiera a los objetivos del socialismo bolivariano, donde cada vez tienen mayor protagonismo las universidades creadas o intervenidas por el gobierno y se establecen los planes para ir restando autonomía a las universidades tradicionales”, explicó en entrevista para esta investigación Mayda Hočevar, directora del Obsevatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 

Junto al debilitamiento de las universidades tradicionales, el chavismo se aferró en sus nuevos centros de estudio a la militancia política como una de las formas de consolidar su control sobre la educación universitaria. Los casos de discriminación más recientes registrados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes también dan cuenta de ello. 

Así como le ocurrió a Rafael Avendaño, también Isaac Lugo, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas sufrió discriminación ideológica: lo expulsaron porque usaba un brazalete con el nombre de un político de la oposición. A Carlos Azuaje se le impidió ir a su acto de grado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad porque se negó a leer un discurso donde debía agradecer al gobierno revolucionario por su educación. 

Franklin Camargo, un estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, fue expulsado porque cuestionó a su profesor de Fisiopatología. De acuerdo con la documentación, Camargo reclamó que el profesor “en lugar de impartirles los contenidos de la asignatura, dedicaba la clase a hacer proselitismo político a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela y adoctrinar a los alumnos en la “ideología bolivariana revolucionaria”. El estudiante agregó que el Decano de la Facultad de Medicina señaló: “Esta universidad es chavista y revolucionaria y si no te gusta, vete”. Camargo terminó por hacerle caso. El chavismo lo reprobó.