Bracho Martínez tenía 22 años, la edad que más se repitió entre las 25 víctimas de homicidio en medio de las protestas poselectorales. La edad promedio de quienes cayeron es 27 años. En ese grupo hay un menor de edad. 68% (17) de los que mataron ni siquiera llegaba a los 30 años.

En años anteriores de protestas masivas, la mayoría de las víctimas recibía disparos en el tórax, no por encima de los hombros. En 2017, por ejemplo, 21% (24 de 157) de los abaleados registrados recibió impactos en la cabeza, rostro o cuello. En 2019, ese porcentaje bajó a 14% (6 de 42). Eso cambió en las manifestaciones de 2025.

Tal como le ocurrió a Bracho Martínez en la carretera Caracas-La Guaira, 56% (14) de los presuntamente asesinados recibió disparos letales por encima de sus hombros: a uno lo impactaron en el rostro, a seis en la cabeza y a otros ocho en el cuello.

Hubo cinco personas (20%) con heridas en el tórax, mientras que a dos (8%) les dispararon en la espalda, y a otros dos (8%) en el abdomen. Solo una persona recibió un disparo letal en la pierna. En uno de los casos no se pudo precisar cuál parte del cuerpo fue impactada.

“Todos los disparos de arma de fuego que mataron a los manifestantes en los eventos en los que miembros de la GNB realizaron operativos de orden público impactaron zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. Los seis manifestantes que murieron en la protesta de Maracay recibieron los disparos en la cabeza, cuello, tórax y/o abdomen. Las dos personas muertas en la protesta de El Valle recibieron los disparos en el tórax. La persona que murió en el municipio de San Francisco recibió un tiro en el cuello”, se lee en el informe de la Misión de la ONU “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana” .

La mayoría de los balazos, 72% (18), provino de armas cortas, mientras que 28% (7) se hizo con armas largas. Estas últimas fueron presuntamente utilizadas por militares. 

Bracho Martínez se había graduado de bachiller y seis meses antes de su homicidio había comenzado a trabajar como vigilante en una empresa en Altamira, uno de los sectores más elitescos de Caracas. Como él, 36% (9) de las víctimas trabajaba en el sector obrero (albañiles, camioneros). Otro 24% (6) tenía trabajos precarios como barberos, luncheros o vendedores en negocios pequeños. Y 8% (2) tenía empleos informales (mototaxistas, comerciantes). Solo 8% (2) estudiaba y uno (4%) de ellos era un sargento de la Guardia Nacional.

Dos testigos describieron el momento. Los manifestantes que se habían reunido desde las 2:30 pm del 29 de julio de 2024 en la redoma de San Jacinto, en Maracay (Aragua), decidieron avanzar y concentrarse frente al portón de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “GJ Félix Antonio Velásquez” –también conocida como la antigua Brigada 42 Infanteria Paracaidista– creada por el exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en 2017 con el objetivo de defender el gobierno de Nicolás Maduro de una hipotética invasión militar extranjera. Allí se apostaron para reclamar por los resultados electorales de la jornada anterior y pedir que se unieran al reclamo.

Quienes protestaban no estaban solos. Entre los manifestantes, de acuerdo con el testimonio de un testigo, se infiltraron civiles armados que empezaron a caldear los ánimos.

 “Ahí había gente buena, que estaba manifestando, carceroleando, pero había un grupo, muy minoritario, unos 60 quizás, que tenía otra intención. Eran malandritos, chamos drogados, con las caras tapadas”, aseguró una de las fuentes consultadas que presenció los hechos. Presumió que se trataba de colectivos chavistas.

El testigo afirmó que cuando comenzó la aglomeración, salieron al paso efectivos armados del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que conformaron una especie de punto de control frente a la Brigada junto con otros miembros de la GNB. 

“Ahí salió el comandante y les dijo (a los manifestantes): ‘retírense, este no es lugar para ustedes. Esto es una institución militar. Nosotros no podemos atenderlos’”, comentó la fuente que estuvo en el lugar. La multitud comenzó a irse del sitio, pero a los pocos minutos, ingresaron dos tanquetas a la Brigada. El gesto hizo que la gente regresara a protestar frente al portón. Eran ya las 5:30 pm.

En ese momento, arribaron más guardias nacionales y formaron otro piquete, esta vez, unos 20 pasos más adelante del grupo anterior. A 100 metros, en un escampado en la avenida Bolívar, entre las avenidas Maracay y 2 Oeste, decenas de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se instalaron listos para reprimir. 

Minutos después, de entre los dos piquetes de guardias nacionales, dispararon tres bombas lacrimógenas hacia los manifestantes. Allí empezó la masacre.

“De ahí en adelante, eso fue plomo parejo. Y empezaron a sonar disparos, disparos, disparos, piedras. De allá para acá y de aquí para allá”, contó un segundo testigo.

Los informes de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (septiembre, 2025) y de Human Rights Watch (abril, 2025), coinciden en que la escalada violenta comenzó luego de las bombas lacrimógenas. 

Según la Misión, los manifestantes lanzaron piedras, bombas molotov, y otros elementos que provocaron que los uniformados “usaran fuerza potencialmente letal, de manera indiscriminada y sin justificación válida”. La organización tomó como fuentes los testimonios de testigos, víctimas y familiares, corroborados con videos, una pericia forense independiente e información de fuentes abiertas. Con todo ello concluyó que existen “motivos razonables para creer que la GNB y el Ejército dispararon armas de fuego contra los manifestantes”.

Los uniformados no estaban solos en la Brigada. Otro grupo de guardias nacionales que se había apostado al final de la avenida 2 Oeste, en las adyacencias del diario El Aragüeño, se unió a los funcionarios de la PNB y disparó hacia los manifestantes de la avenida Bolívar. Allí cayó la primera víctima: Rancés Daniel Yzarra Bolívar, un ingeniero y comerciante de 30 años. A ese mismo contingente de soldados pertenecía el único uniformado que murió en la masacre: el sargento primero de la GNB, José Antonio Torrens Blanca, a quien presuntamente hirieron mientras estaba en el escampado.

El asesinato de Yzarra Bolívar despertó la ira de quienes protestaban. Así, arremetieron contra los policías y los despojaron de sus escudos, equipos antimotines y motos que posteriormente quemaron. 

La masacre de San Jacinto dejó, en total, seis civiles (Antonhy David Moya Mantía, de 20 años; Gabriel Alfredo Ramos Pacheco, de 33; Andrés Alfonso Ramírez Castillo, de 36; Jesús Gregorio Tovar Perdomo, de 21; Jesús Ramón Medina Perdomo, de 56; además de Yzarra Bolívar) y un militar (Torrens Blanca) muerto, además de una veintena de heridos que se distribuyeron entre el Hospital Central de Maracay y el Hospital del Seguro Social Carabaño Tosta.

El informe de HRW muestra un gráfico en el que geolocalizó los videos en los que se muestran a tres de las víctimas de la masacre.

El mapa muestra el lugar de la masacre de San Jacinto, cerca del Obelisco, y una serie de capturas de video y fotos vinculadas con el hecho que fueron geolocalizadas | Fuente: HRW

Aunque no detalla cuál fue la víctima, el informe de la Misión sobre la GNB indica que una de las víctimas fatales de la masacre “recibió un disparo de perdigones ‘buckshot’ proveniente de un tipo de escopeta que usan los guardias nacionales. Ese disparo se hizo a una distancia inferior a los 10 metros. 

Los familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial sufren malos tratos, desinformación por parte de las autoridades, trabas para hacer los trámites burocráticos y hasta amenazas. Todo esto lo transitó Ricardo Roberto en julio de 2024 cuando intentaba recuperar el cadáver de su hijo Luis Eduardo, de 19 años. Intentar mantenerlo con vida después del balazo también fue un suplicio.

El martes 30 de julio de 2024, Roberto recibió una llamada alarmante de la madre de su hijo y corrió a verlo al Hospital Dr. Gervasio Vera Custodio, ubicado en Upata, al sur del estado Bolívar. El joven ingresó de emergencia tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una manifestación por los resultados electorales del 28J. 

Aquel mediodía, Luis Eduardo yacía ensangrentado sobre la camilla del hospital, inerte, pero respirando. Horas más tarde fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni - mejor conocido como Guaiparo- en San Félix, a casi una hora de distancia de Upata.  

Para hacerle una tomografía, sus familiares tuvieron que recolectar dinero a través de redes sociales y trasladarlo a la Clínica Humana, en la misma ciudad. El hospital no contaba con el equipo para hacer el examen que dibujó la posición y trayectoria del proyectil que atravesó el ojo del joven y quedó incrustado en su cerebro. 

Cuando volvieron a Guaiparo debían someterlo a una cirugía, pero según su madre, Lenon Núñez, los cuatro doctores de guardia recomendaron esperar a que desinflamara para retirar la bala. Aunque su familia oraba mientras los médicos lo estabilizaban, a las 9:40 pm sufrió un paro respiratorio mortal. 

Al día siguiente, el padre de la víctima se encargó de las diligencias para retirar el cuerpo de la morgue. Los funcionarios le prometieron que antes de las 9:00 am se lo entregaban, pero eran las 3:00 pm y nada avanzaba.

Dos horas después, a las 5:00 pm, le dieron el acta de defunción que debía ser firmada en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que pudiera llevarse consigo el cadáver. Hasta allí lo llevó y, tras una larga espera, lo abordaron y subieron al último piso del edificio policial y le presentaron al presunto jefe del recinto. ''Yo también tengo jefe. Mi jefe no quiere que te firmen'', le dijo el funcionario. Pretendían cambiar la causa de la muerte y oficializar que había sido una pedrada. 

Ricardo Roberto se negó. Recordó que después lo llamaron de un número desconocido: ''si tú quieres velar a tu hijo,  aunque sea un rato en tu casa, firma que fue una pedrada, porque no te lo van a dar'', le dijeron. 

En medio del conflicto, llamó a un conocido que trabajaba en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Upata, y le explicó la situación. ''Inmediatamente, me llamaron para entregarme el permiso'', dijo el padre. Solo así pudieron velarlo.

No todo terminó allí. En el pueblo, corrieron rumores de que Roberto tenía una supuesta orden de detención, que lo buscarían, y que los colectivos robarían las motos de los asistentes al funeral, tal como presuntamente sucedió cuando mataron a Luis Eduardo. Pero nada pasó.

El día del entierro, Roberto pensaba alquilar tres buses para movilizar personas hasta el cementerio, que queda lejos del pueblo.  Pero solo obtuvo negativas de parte de los conductores. ''Nadie se quería meter en problemas (...) que le iban a quitar la licencia, le iban a quitar el autobús. Nadie me quiso alquilar el autobús. De todas maneras sobró carro, camión (…) Me pusieron piedra de tranca por todos lados, y fueron ellos los que no querían que velara a mi muchacho”, relató.

Pero hay amenazas que sí se cumplen. A María de los Ángeles Lameda se la llevaron detenida mientras su pareja, Walter Loren Páez Lucena, de 29 años, agonizaba en un hospital luego de que le dispararan en una manifestación en las cercanías del PSUV de Carora, en el estado Lara, el 30 de julio de 2024. Funcionarios de la PNB se la llevaron el 3 de agosto de 2024 cuando salió a comprarle medicamentos, horas antes de que su marido muriera. La imputaron por terrorismo e incitación al odio y la tuvieron encerrada durante cinco meses, a pesar de que no participó en las protestas. Se presume que el hecho de difundir lo que había sucedido con su esposo, atacado por presuntos colectivos, le valió su estadía en prisión.

Para los familiares, el obstáculo mayor ha sido que las muertes de los suyos no consigan justicia. "Eso se quedó así", "eso nunca procedió", son algunas de las respuestas que, dos años después de estos asesinatos, dan cuando se les pregunta sobre las acciones que el Ministerio Público y los tribunales debieron emprender para atrapar y penar a los victimarios.