Aniversario de la #PurgaMadurista:

Tellechea y la nueva junta directiva de Pdvsa

Un día después de la renuncia de El Aissami, Pedro Rafael Tellechea Ruiz asumió las riendas del Ministerio del Petróleo. Tres meses antes, en enero de 2023, el mismo El Aissami lo había nombrado presidente de Pdvsa, y antes de esto, en 2019, lo había puesto al frente de Pequiven.

Esos enroques no fueron casuales. El Aissami y Tellechea se conocieron en el Liceo Militar Jáuregui en Mérida, aunque solo el segundo siguió la senda castrense: es coronel del Ejército, egresado de la Academia Militar en 1998. Por eso, cuando El Aissami fue el titular del Ministerio de Industrias, puso a su amigo uniformado en la presidencia de la Industria Venezolana del Aluminio C.A. (CVG Venalum), empresa que disminuyó a la mitad su capacidad operativa durante su gestión.

La cercanía entre Tellechea –quien también es ingeniero mecánico y tiene una especialización en Finanzas Públicas– y el ministro caído en desgracia era tal que el primero, en sus redes sociales, había llamado al segundo “su hermano de vida”. A pesar de ese trato estrecho, fue uno de los acólitos de El Aissami que no se hundió con él, algo que sí pasó con el diputado Hugbel Roa, con quien había estudiado en la Universidad de Los Andes y fundado el Movimiento Utopía 78 en la casa de estudios, o con el presidente de la Sunacrip, Joselit Ramírez Camacho, quien había ocupado siempre posiciones cercanas allí a donde fuera El Aissami.

Desde su nombramiento como ministro, Tellechea se ha preocupado por apuntalar la recuperación “integral” de la industria petrolera y afianzar alianzas internacionales con países como Turquía, España, India, China y Trinidad y Tobago. En agosto de 2023, a través de la Gaceta Oficial, Maduro lo ratificó en el cargo frente a Pdvsa. En ese mismo documento, el Presidente designó al resto de la junta de la compañía, con el refrendo de Delcy Rodríguez y el propio Tellechea. Así quedó Obregón Pérez como vicepresidente ejecutivo.

Otros nombramientos de la junta están vinculados con personas que estuvieron con Tellechea en sus gestiones anteriores, como Luis Enrique Molina Duque (ex miembro de la junta directiva de Pequiven), vicepresidente de Exploración y Producción; Génesis Sabrina Ron Solano (ex gerente de Pequiven), vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional; y Heifred Jhoselin Segovia Marrero (ex gerente de Logística de CVG Venalum y ex miembro principal de la junta directiva de Pequiven), vicepresidenta de Finanzas.

También se designó a Gustavo Adolfo Boada Díaz como vicepresidente de Refinación, a Luis Miguel González Núñez como vicepresidente de Gas, a Juan Carlos Díaz Socorro como vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional, a Leyli Beatriz Ferrer Avendaño como vicepresidenta de Planificación e Ingeniería, a Ronny Rafael Romero Rodríguez como vicepresidente de Asuntos Internacionales y a Eduardo Lorenzo Pinto Salazar como director ejecutivo de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sunacrip en construcción

La intervención a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) comenzó el 18 de marzo del 2023, cuando detuvieron al director de la institución, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, y promulgaron ese mismo día la Gaceta Oficial número 6.739, que creaba una Comisión de Reestructuración que, en principio, estaría activa seis meses, pero su tiempo se extendió. 

De acuerdo con el Ministerio Público, uno de los mecanismos para concretar el desfalco de Pdvsa fue a través de las criptomonedas, que usaron un sistema de bloques codificados o encriptados en la web (comúnmente conocidos como blockchain) para transar ilícitamente las criptomonedas y no dejar un rastro fácil de identificar. 

“Este es un régimen catalogado como neopatrimonial: lo público, lo que le pertenece a todos, y lo que es privado se confunde, y se confunde a propósito. El régimen diseña un Estado extractivista para ser dependiente de las ventas que genera el propio Estado, y crea un sistema político que permite que los distintos funcionarios utilicen el erario público o su propia investidura para poder enriquecerse a través de mecanismos de influencia ilícitas o, quizás, no apropiadas”, explicó a Runrun.es el politólogo venezolano Antulio Rosales. 

“Entonces, como una alternativa para comercializar frente a los bloqueos financieros internacionales, los autoritarismos utilizan la blockchain para aprovechar una especie de “agujero negro” donde los gobiernos no saben qué es lo que ocurre allí (en la transacción)”, agregó. 

Otros funcionarios públicos que están presos por involucrarse al ala de Ramírez son el sargento mayor de primera Renny Gerardo Barrientos y el teniente del Ejército Rajiv Alberto Mosqueda Fregona —de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados de Sunacrip— y el hacker y empresario Juan Manuel Almeida Morgado, quien murió el 16 de mayo bajo la custodia del Estado. Según el Ministerio Público, Almeida estaba en casa por cárcel y la causa de su muerte fue una cirrosis hepática severa. 

La Comisión de Reestructuración de la Sunacrip se extendió hasta el 14 marzo de 2024, según el decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial número 42.717 (con fecha de 19 de septiembre de 2023), y se presume que se prolongue por otros seis meses más, según fuentes internas de la Sunacrip que pidieron resguardar su identidad a Runrun.es. 

Directiva a la medida

Anabel Pereira Fernández es la presidenta de la Comisión de Restauración de la Sunacrip. La abogada empezó su relación profesional con Jorge Rodríguez en el año 2012, cuando fue presidenta del Instituto Municipal de Crédito Popular de la Alcaldía de Caracas durante su gestión. Pasó por las oficinas de administración financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2015 y el 2017, mientras Delcy Rodríguez era titular de la cartera.

Cuando Delcy Rodríguez se marchó al Ministerio de Economía y Finanzas, Pereira se fue con ella. Entre los años 2020 y 2023 la abogada ostentó cargos en organismos que dependen de esa cartera: la presidencia del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). 

Otro de los miembros principales de la junta de reestructuración es Román Daniel Maniglia Darwich, hijo del ex militar Román Maniglia. Él también estuvo en el Ministerio de Economía y Finanzas durante la administración de Delcy Rodríguez en la pandemia del Covid-19. En 2021 lo nombraron presidente del Banco de Venezuela, donde todavía se mantiene, y en 2023 se convirtió en viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores.

Aunque su carrera en la administración pública se remonta a 2009, cuando fue miembro principal de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (CASA, S.A), es en 2010 cuando comienza en las finanzas. Así pasó por el Banco del Tesoro, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y luego fue viceministro del Sistema Bancario y Asegurador. El 27 de diciembre de 2017 fue nombrado por la entonces gobernadora de Lara, Carmen Meléndez (ex esposa de Maniglia Ferreira), como director del Despacho de la Gobernación de Lara.

El ex militar Julio César Mora Sánchez es otro director principal de la Sunacrip. Dentro de su carrera hay un hito clave: en 2014 fue nombrado directamente por Maduro para estar en la dirección de la Policía Nacional Anticorrupción, un ente creado por el régimen bajo una Ley Habilitante. 

Al año siguiente, Mora Sánchez fue designado Jefe (E) de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuando Gustavo González López (jefe actual del Sebin) recién asumía la titularidad de la cartera.

La junta reestructuradora de la Sunacrip la completan los nombres repetidos de Héctor Andrés Obregón Pérez y Larry Daniel Davoe Marquéz.

Criptomonedas paralizadas

Cuando la Comisión Reestructuración se instaló, Maduro anunció que la billetera digital creada por la Sunacrip, PetroApp, caería en desuso el 15 de enero de este año. Los fondos de los ciudadanos alojados en las monedas digitales como el petro, bitcoin, litecoin o dash, tenían que ser convertidas a bolívares, pese a que el Petro era la moneda (y criptomoneda) de preferencia del Estado para pagar las bonificaciones de los trabajadores públicos y los jubilados. 

Del mismo modo, la administración de Pereira ordenó el desmantelamiento de las casas mineras y las casas de cambio de criptomonedas en el país. Aunque la información no ha salido de manera oficial, diversos abogados en economía digital venezolanos, como Ana Ojeda, advirtieron que el cierre de más de cinco grandes casas de cambio de criptomonedas (exchanges) era debido a las órdenes de la Sunacrip a finales de marzo del 2023.

Todas las plataformas de difusión e información de la Sunacrip se encuentran paralizadas desde marzo del 2023, cuando  la Comisión Restauradora de la Sunacrip despidió a la mayoría del personal que quedó sin ningún tipo de compensación económica, informó la fuente de la institución protegida por Runrun.es. 

“El petro ya estaba cayendo en desuso antes de la intervención de la Sunacrip (...) Se dejó de dar precios en petros, se dejó de hablar de salarios en petros, del pago de impuestos, tasas y contribuciones en petros… Esto sucedía porque a las personas que recibían esa criptomoneda como parte de una contraprestación o un pago se les hacía muy difícil transformar el petro en otra moneda y, si lo conseguía, esa transacción la aceptaban con un valor menor al que estipulaba el Estado (60 dólares por petro)”, reflexionó el economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Aarón Olmos. 

“Eso sí, después de la intervención de la Sunacrip se pudo apreciar una especie de ralentización de la economía, porque una buena parte de las actividades de algunos sectores del país, sobre todo del Poder Ejecutivo, se hacía a través de plataformas cripto. Es un efecto que se suma a la ralentización de la economía que se veía desde 2022 en el país, que se expresa en la contracción de los dos primeros trimestres del 2023. Aún así la regulación de las criptomonedas también pasa por el Banco Central y por la Sudeban, y muchos venezolanos siguen usando binance, bitcoin, litecoin o dash. Cualquiera que sea el escenario, el venezolano no va a dejar de usar criptomonedas”, agregó. 

Aunque no exista un decreto oficial sobre el desuso completo del petro como la criptomoneda de la administración pública madurista, el Estado ya no lo usa como recurso transaccional ni ha creado estatutos para mejorar el uso y fiscalización de las criptomonedas en la economía. Ahora una de las políticas públicas “alabadas” por el propio Maduro en 2017 se encuentra en un paradero incierto.

Las riendas de Cartoven y Baruta

El 20 de abril de 2023 marcó el transcurso de la trama Pdvsa-cripto en la opinión pública: Leoner Jesús Azuaje Urrea, presidente de Cartones de Venezuela (Cartoven) y detenido por el Ministerio Público seis días antes, falleció bajo la custodia del Estado mientras lo imputaban por pertenecer al grupo que desfalcó a la petrolera estatal venezolana. 

Solo habían pasado dos días desde que la Fiscalía lo había presentado ante un tribunal que fue televisado. Llevaba un uniforme naranja y estaba acompañado de otros detenidos e imputados en la trama. Sus familiares denunciaron que el Estado lo desapareció forzadamente durante seis días.

El Ministerio Público dijo que Azuaje se suicidó en su celda cuando presuntamente se ahorcó con una sábana. Pero médicos forenses que analizaron las imágenes de la autopsia informaron a Runrun.es, bajo protección de su identidad, que la muerte fue por asfixia mecánica con un objeto no mayor de 5 milímetros de espesor, como un cable, y la marca que dejó ese objeto en el cuello de la víctima estaba muy cerca de la barbilla para ser un ahorcamiento autoinfligido. 

Un año ha pasado desde que Azuaje murió y el Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones ni ha informado a la ciudadanía los detalles del presunto papel del presidente de Cartoven y el abogado de la empresa estatal, Hugo Cabezas, en el desfalco de Pdvsa, pese a las denuncias de las ONG y los familiares.

Hoy, Jesse Savior Arias Quintero es el nuevo presidente de Cartoven. Abogado de profesión, fue director ejecutivo de la Magistratura, organismo adscrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo la designación de Maikel Moreno, presidente del TSJ. Detentó ese cargo entre 2017 y 2022. 

Hasta ahora, con la muerte de Azuaje, ya suman 11 los presos políticos o exfuncionarios del gobierno que han fallecido bajo custodia del Estado en el régimen de Nicolás Maduro: Rodolfo González “El aviador”, teniente Rafael Arreaza, concejal Fernando Albán, directivo de Pdvsa y Citgo Nelson Martínez, capitán Rafael Acosta Arévalo, productor ganadero Pedro Santana, el pemón Salvador Franco, Gabriel Medina y general Raúl Baduel. 

Lo que Las Mercedes dejó

Casi un mes después de que comenzara la purga, a la Alcaldía de Baruta en el estado Miranda, presidida Darwin González, arribaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en busca de Harold Sosa, director de Ingeniería Municipal. Al día siguiente, el procedimiento se repitió con el director general del despacho, Juan Carlos Posner. Y aunque el alcalde indicó a TalCual que los funcionarios solo habían recibido una “invitación a declarar”, ambos quedaron detenidos.

Las razones de estos arrestos, de acuerdo con una declaración hecha por el diputado Diosdado Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando”, responden a los permisos de construcción que ambos directores concedieron, presuntamente bajo sobornos, a las empresas responsables de levantar decenas de altas torres acristaladas en la urbanización Las Mercedes, al este de Caracas.

Tras las detenciones, el alcalde González evitó referirse a la investigación. Cinco meses después, ofreció una rueda de prensa de 10 minutos para negar que su despacho estuviese inmerso en casos de corrupción. 

Las posiciones de la Alcaldía fueron ocupadas por Pedro Antonio Vicens Gamboa,  un arquitecto y asesor de proyectos de construcción, quien reemplazó a Sosa en Ingeniería Municipal. Un reportaje de Armando.info reveló que el nuevo funcionario es una de las piezas puestas desde el chavismo dentro de la institución y es cercano a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. En la dirección general quedó el excontralor de la Alcaldía Luis Ojeda. 

Un años después de la purga madurista, todavía no hay información pública sobre los procesos judiciales contra los funcionarios implicados. Si bien se conocieron los nombres de parte de los señalados, y de sus sustitutos, jamás se precisó cómo cada uno de ellos había participado de la trama de corrupción más grande acaecida durante la década de gobierno de Nicolás Maduro. Y nada de sabe de Tareck El Aissami.