En dos embarcaciones que zarparon con apenas 23 días de diferencia desaparecieron 60 personas. Peñeros que debían alejarse de las costas venezolanas para alcanzar las de Trinidad y Tobago, pero que nunca llegaron. Una adolescente de 16 años ahogada en la zozobra. Nueve sobrevivientes que prefieren el silencio. Dos capitanes vivos y rescatados, uno tras las rejas y el otro en fuga. Nueve detenidos que esperan una nueva audiencia de presentación postergada cuatro veces en ocho meses. Un expediente que reposa en algún escritorio de la Fiscalía General de Venezuela, mientras familias enteras siguen clamando una búsqueda que quedó en pausa desde hace un año.

Es una historia que se pudo evitar, si las autoridades hubiesen atendido las alarmas. Pero no ocurrió, a pesar de advertencias. Los dos botes pesqueros -el Jhonaily José y el Ana María- comparten la historia de haber sido borrados del mapa en una ruta que salió del mismo puerto y confluyó hacia una zozobra en común, en distintos días.

Un Estado que, en todos sus niveles, voltea la mirada frente al zarpe de embarcaciones que viajan de manera ilegal sobrepasadas en su capacidad, bajo la aquiescencia de instituciones y autoridades que rigen los muelles, a cambio de entre 300 y 500 dólares por bote, según recuento de parientes de varias de las víctimas. La omisión de alcaldes y gobernadores que reconocen haber sido rebasados por un poder paralelo del que no mencionan el nombre en voz alta. Y, más allá, la aparente complicidad que señala una y otra vez a funcionarios policiales y militares que negocian con la vida de mujeres, hombres, adolescentes y familias enteras que salieron buscando por mar un camino rápido de emigración desde las costas de Güiria, en Venezuela, hacia Trinidad y Tobago.

Un caso que cumple un año en impunidad, ante el silencio del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Esta historia comienza en tierra firme nueve días antes de que el bote pesquero Jhonaily José siquiera tocara el mar para zarpar el 23 de abril de 2019, alrededor de las 11:00 de la noche desde el muelle La Salina, conocido como “La Playita”, en Güiria, estado Sucre, uno de los últimos poblados costeros al oriente de Venezuela.

Tres adolescentes fueron vistas juntas por última vez el domingo 14 de abril a las 10:00 de la noche por una calle poco transitada de Cumaná, capital del estado Sucre, a 260 kilómetros de aquel muelle. Eran Luisiannys Betancourt, de 15 años; Unyerlin Vásquez, de 16, y Omarlys Velásquez, de 17 años.

Ana Arias, madre de Luisiannys, recuerda que dos muchachas tocaron la puerta de la casa para buscar a su hija e ir a casa de su abuela. Una estudiaba con la joven, a la otra no la conocía. Luisiannys salió vestida, sin documentos, con una bata de dormir, sin sostén y en sandalias de casa. No volvió a verla.

“Su hija se fue para Colombia”, escuchó Ana por teléfono el martes 16. Una llamada puntual, desde un número que no le respondió después. Ella no lo sabía, pero aún faltaba una semana para que la joven se esfumara en el mar.

Al día siguiente fue a la sede cumanesa del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), dependiente de la Guardia Nacional (GN). El primer rostro del Estado que vería, cuya mueca de desinterés se repetiría por meses.

A los funcionarios les dio el número de móvil que la había llamado. “Este teléfono está en Güiria, señora, pero espere 72 horas, su hija seguramente se fue de rumba”, le respondieron. 72 horas adicionales a las ya transcurridas.

El jueves 18 de abril a las 4:00 de la tarde, Ana recibió otra llamada. Alguien que se identificó como Luisiannys le dijo que estaba en la frontera con Colombia. Estaba llorando. “Mamá, es que estoy en altavoz. Mejor escríbeme”. A través de mensajes de texto le explicaba que ella quería devolverse a la casa, pero no la dejaban. “Ellas me están cobrando 200 dólares para irme porque eso fue lo que gastaron en mí”, le dijo. La muchacha no dijo dónde estaba y luego dejó de escribir. Mensajes similares llegaron al día siguiente.

Muy temprano, la mañana del viernes, Ana volvió al Conas. Por segunda vez en tres días, el rastreo de esta llamada dictó que también se hizo desde Güiria. Pero los uniformados se lavaron las manos: “Aquí está la dirección y el nombre del dueño del teléfono, señora. Vaya y busque a su hija”, un comandante de apellido Márquez le extendió el papel en el que garabateó un nombre: Héctor Torres.

Güiria está a cuatro horas de distancia de Cumaná. Ana no tenía vehículo, y la sola mención del destino hacía que conductores desestimaran peticiones pues en un territorio controlado por mafias del narcotráfico y el contrabando.

No supo más nada hasta el 24 de abril, al día siguiente del zarpe. “Recibí una llamada de otro teléfono. Una muchacha que dijo que se llamaba María me preguntó mi nombre y me soltó: ‘su hija se ahogó’. No atiné a decir nada y me colgó. Después el número más nunca estuvo activo”.

"El barco se hundió
y ellas se ahogaron"

Unyerlin Vásquez y Omarlys Velásquez son primas. Amarilis Velásquez, la mamá de la primera, las vio entrar a su casa junto a una adolescente que no conocía y en bata de dormir. “Se llama Luisiannys y estudia en el liceo”, mencionó su hija.

En la mañana se dio cuenta que ninguna había pernoctado, y que su hija se había esfumado sin documentos. Durante los siguientes días recibió mensajes de texto, los mismos días y del mismo número de teléfono que contactó a Ana Arias, a quien entonces tampoco conocía.

Velásquez no presentó denuncia ante las autoridades porque todas las veces en las que Unyerlin la contactó trataba de tranquilizarla: “Voy a viajar pero regreso en tres meses, quédate tranquila”, llegó a decirle.

El 24 de abril, Amarilis Velásquez recibió la llamada de una joven que se presentó como María. “¿Usted no sabía que su hija se iba a Trinidad? Pues el barco se hundió y ellas se ahogaron”, le dijo sin anestesia, sin el más mínimo quiebre en la voz.

Al día siguiente fue a la sede de la Fiscalía en Cumaná a presentar la denuncia por primera vez. Antes de viajar a Güiria hizo lo propio ante la Fiscalía de Carúpano, la segunda ciudad más importante del estado.

“Mi hija mayor empezó a revisar las redes sociales de la niña (Unyerlyn) desde el día que desapareció. Dos días después de que se publicó lo del naufragio en los medios, encontró que la tal María -la misma que me había llamado- puso en su muro de Facebook que las muchachas se habían ahogado y nombraba a mi hija. Todo eso lo dije en la Fiscalía cuando puse la denuncia”, detalla Amarilis.

Si algún cuerpo policial hubiese activado los protocolos de búsqueda en los nueve días previos al zarpe desde que sus madres lo reclamaron, hubiesen encontrado que las jóvenes publicaron fotos en sus respectivos muros de Facebook, el 20 y el 22 de abril. Aunque en algunas publicaciones mantenían la historia de que se habían ido a Colombia, en las fotos se podían detallar algunas calles y a hombres mayores que las acompañaban.

Margelys González, madre de Omarlys y cuñada de Amarilis Velásquez, siguió esos rastros que los organismos policiales desestimaron. Una amiga de su hija le contó sobre los planes del grupo de irse a Trinidad. Ella sería la cuarta muchacha que viajaría, pero enfermó de paludismo y no pudo. “Ellas le enviaron unas fotos a esta muchacha. Allí se veía a mi hija y a mi sobrina vestidas de fiesta y tacones. Estaban como en un bar. Unos conocidos allá me aseguran que las vieron la noche antes de salir el bote (el lunes 22 de abril) y que andaban con un hombre llamado Héctor Torres (uno de los desaparecidos y el mismo identificado por el Conas) que les compraba comida y bebida”, relata.

La "ceguera" de las autoridades

No era fácil de disimular un zarpe a las 8:00 de la noche con 38 personas a bordo en un bote con capacidad para un máximo de 20, sin equipaje. Ocho menores de edad destacaban dentro de las 27 mujeres que llenaban la embarcación: viajaban sin pasaporte ni representantes, y algunas ni siquiera llevaban cédula de identidad.

Los accesos a los muelles están resguardados pues se trata de una zona de seguridad. Por ejemplo, en el muelle N° 8 funciona la Aduana Marítima del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). A pocos metros está la Capitanía de Puertos, un ente adscrito al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), que tiene visión panorámica del lugar. También hay vigilancia nocturna de la Guardia Nacional.

Luego de una solicitud de información realizada a ambas instituciones en el puerto de Güiria, los funcionarios dijeron no estar autorizados a responder si existía un documento oficial con el listado de personas a bordo esa noche en el bote Jhonaily José, matrícula ARSI-CA0067.

La primera lista con el registro de los pasajeros y la tripulación fue una minuta difundida el 24 de abril por el Comando Zonal de la Guardia Nacional (CZGNB) N° 53 al reportar el "naufragio". Allí se hace referencia a Julio Carrión como capitán del bote. El papel cuantifica a 35 personas, pero solo muestra nombres de 23.

“Se recibió información por parte de varios ciudadanos pertenecientes a la población de Güiria, municipio Valdéz que el día de ayer (23 de abril), salió embarcación de nombre Yonaily José, capitaneada por el Cddno. Julio Carrión con destino a la República de Trinidad y Tobago, abordando la cantidad de treinta y cinco (35) pasajeros, donde dicha embarcación se volteó debido al fuerte oleaje cerca de la Isla de los Patos, naufragando los tripulantes, siendo rescatados dos (02) de ellos en la zona de Boca de Dragón. Se coordina embarcación para rescatar a los pasajeros faltantes”, dice la minuta.

La versión ofrecida por el Destacamento 53 de la GN indicaba que el bote se volteó por el oleaje y exceso de peso. Pero los registros de la Organización Nacional de Seguridad y Salvamento (ONSA) revelan las condiciones climatológicas de esa noche: estaba parcialmente nublado; el oleaje del mar era de apenas 0,5 metros; y el viento iba en dirección noreste a 12 nudos (unos 22 km/h), que según la escala de Beaufort no podría tener fuerza suficiente para voltear una embarcación cargada con casi cuatro veces su capacidad.

La lista de pasajeros terminó de consolidarse entre 35 y 38 a medida que los familiares llegaban a Protección Civil, incluyendo los de quienes abordaron en otros muelles del recorrido, entre ellos la playa de Río Salado.

El informe de ONSA especificaba que la coordinación del protocolo de rescate estaba a cargo de los Guardacostas de la zona atlántica y para el sábado 27 de abril llevaban 96 horas de la misión de rescate activada. Pero su efectividad era cuestionable. Por eso pescadores de la zona salieron en embarcaciones particulares a “peinar la zona” y buscar a sobrevivientes. Fueron ellos quienes encontraron a los dos primeros y también hallaron el cadáver de Dieglismar Betancourt. En conjunto, se habían encontrado nueve personas con vida.

Desde el viernes 26 de abril, estaba en Güiria el jefe de Operaciones de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Oriental, William Serantes, pero todavía no había apoyo aéreo. Al día siguiente, los equipos de rescate señalaron: “Se requiere el despliegue de elementos aéreos para cubrir la SAR (Búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés Search and Rescue) de manera rápida y eficiente. Realizar llamados a los buques en la SAR para estar atentos a náufragos o restos del naufragio”.

El diputado de la Asamblea Nacional Robert Alcalá, miembro de una Comisión especial que investiga el caso de los desaparecidos, explica que de manera tardía el 27 de abril se sumaba un helicóptero y una avioneta a las labores de búsqueda. El primero solo operó durante un día. “El alcalde (Ander Charles) dijo que una hora de helicóptero costaba 8.000 dólares y como nadie podía pagar eso se tenía que suspender”, afirma Jhonny Mattei, padre de Jhodelvis Mattei, de 22 años, una de las desaparecidas.

El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, solo le respondió a los familiares que no podía realizar una investigación porque no tenía “jurisdicción para hacerlo”. No apareció en la zona ni movilizó recursos para la búsqueda desde el ente regional.   

El operativo cesó oficialmente el 3 de mayo, el décimo día de la búsqueda. Faltaban aún 28 personas, pero el Comandante de la Estación de Guardacostas de la Zona Atlántica, capitán de navío Ángel Sisco Mota, y el vicealmirante Freitas a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del estado Sucre se rehusaron a explicar a los familiares por qué cesaban los esfuerzos.

Dos semanas más tarde, otro zarpe no autorizado desde el mismo muelle derivó en la desaparición del bote Ana María, con 33 personas a bordo.

La historia se repite

Del muelle N° 8 de Güiria partió la embarcación Ana María, capitaneada por Alberto Abreu, a las 4:00 de la tarde del 16 de mayo de 2019. Las autoridades no han mostrado la lista oficial con el protocolo de viaje que autorizó la salida del Ana María para saber quién estaba a cargo del bote, según la Capitanía de Puertos, pero los familiares coinciden en que Abreu no era originalmente el capitán, sino que asumió el bote en un cambio de última hora. También saben quiénes eran los cuatro pasajeros iniciales porque ellos llamaron a sus familiares antes de salir y notificaron su ubicación: Silvia Cortés, Jesús Brito, Andy Villegas y Yodelvis Mattei, la única que no tenía pasaporte.

La Salina fue la primera parada. El bote se detuvo a recoger pasajeros también en cinco muelles informales a lo largo de la costa: La Ceiba, Juan Diego, Playa Salada, Uquire y Macuro, el último poblado antes de salir a mar abierto, donde completaron las 33 personas a bordo.

Al bote Ana María le faltaba media hora para llegar a Trinidad y Tobago la última vez que fue visto en altamar. Los pasajeros de una embarcación que regresaba a Venezuela desde Trinidad la divisaron cuando se cruzaron con ella, atestiguó un tío de crianza de Silvia Cortés, de 23 años y Jesús Brito, de 26, citado por Rosa Rodríguez, madre de la primera.

El protocolo de búsqueda del Jhonaily José recién se había desactivado 13 días antes, y los familiares de los pasajeros del Ana María optaron por no esperar a las autoridades. Desde la madrugada del 17 de mayo, salieron al mar a buscar a los suyos, liderados por Isidro Villegas, un experimentado marino mercante de la zona, padre del desaparecido Andy Villegas, también navegante.

El rumor que tomaba fuerza era que un motor se había dañado y que esperaban que los fueran a auxiliar mientras la lancha permanecía cerca de Cariaquito, a más de 44 kilómetros de Güiria. Migledis Díaz, madre de Frank Hernández, uno de los desaparecidos de la primera embarcación, asegura que el dueño de los motores del Jhonaily José es hermano de Alberto Abreu, el capitán del segundo bote.

Esa primera versión la recibieron de diferente fuentes casi todos los familiares entrevistados por TalCual. Ramón Franco Martínez, alias "Moncho", quien había coordinado y cobrado varios de los viajes, lo informó por WhatsApp al esposo de Yodelvis Mattei que esperaba en Trinidad. Un familiar de Silvia Cortés y Jesús Brito lo escuchó en el muelle. A Carmen Jiménez, madre de Anthony Montserrat, se lo dijeron en el mercado donde trabaja.

La hipótesis de que el bote estaba accidentado en Cariaquito duró dos días sin que se hiciera una inspección de patrullaje por la zona indicada. Los pescadores que habían salido a buscar al Ana María volvían sin hallazgos. Ya el 18 de mayo se hablaba de una desaparición, pero formalmente no había respuesta de autoridades.

Yoselyn López, hermana de Giovanny López, llegó a Güiria, procedente de Caracas, el domingo 19 de mayo y evidenció que "solo Protección Civil estaba ayudando a la comunidad, pues eran los mismos pescadores los que buscaban a la gente".

Al quinto día, finalmente se activó la búsqueda oficial. El informe de ONSA registra un mensaje de emergencia, el lunes 20 de mayo, a las 10:27 am en el que el coordinador de Protección Civil, Manuel Gustavo Acuña, reportaba “que desde el día jueves zarpó una embarcación de nombre Ana María, donde al parecer según información de familiares un total de 25 tripulantes con destino a la isla de Trinidad y Tobago, la cual debió tocar tierra trinitaria el jueves en horas de la noche, siendo negativo en ingreso de esta embarcación y sin ningún reporte de la misma por tal motivo se presume el naufragio de dicha embarcación”.

En entrevista con TalCual, un supervisor (identidad reservada) del INEA ubicado en Carúpano aseguró que esta dependencia nunca recibió el llamado de alerta ni la orden de activación de SAR, ni el 23 de abril con el bote Jhonaily José -aunque hubo evidencias de posible naufragio y rescatados- ni tampoco después del 16 de mayo cuando se perdió el Ana María. "No contamos con suficientes buques de rescate, además de que el área de Güiria está muy alejada y resultaba más efectivo que salieran los barcos pequeños que ya estaban en la zona", explicó el funcionario.

Jhonny Mattei, padre de Yodelvis, recuerda que pudo hablar con “Moncho” la noche del viernes 17, cuando el hombre cambió la versión y les dijo que los viajeros habían sido apresados por autoridades trinitarias. Desde entonces no volvió a responder.

Ese mismo día fue hallado el único rescatado del Ana María. Robert Richards, un pescador que vive en las Islas Vírgenes, navegaba a 30 millas náuticas de Trinidad cuando vio a un hombre en el agua, flotando con un chaleco salvavidas y abrazado a una pimpina de gasoil. Lo auxilió y llevó a Granada, donde fue ingresado en un hospital.

El hombre resultó ser Alberto Abreu, capitán del Ana María, quien afirmó ser venezolano y haberse salvado por ser buzo experto, según dijo a las autoridades granadinas. El 20 de mayo, el diputado Carlos Valero distribuyó una fotografía de Abreu siendo rescatado en el mar, y condenó la "insultante falta de información oficial".

Mientras estaba en el hospital, Abreu pidió asilo político, pues dijo ser un perseguido. Pero funcionarios de Granada descubrieron que el hombre tenía un régimen de presentación ante tribunales venezolanos después de haber estado preso en Güiria acusado de trata de personas. El 25 de mayo, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó que Abreu se había fugado del hospital.

El silencio de las sobrevivientes

Ninguna de las 27 mujeres que viajaban en el Jhonaily José abordó sola. Iban en grupos de seis, de tres o en parejas. La mayoría se conocía porque vivían en Güiria, a excepción de las tres adolescentes que habían llegado desde Cumaná.

Anabelle Aguilera viajaba con Daniamis Medina, Angélica Mata y las hermanas Ruth, Melany, Zulma y Yusmarys Patinez. En otro grupo se acompañaban Yocselis Rojas, Estéfani Flores y Dieglismar Betancourt. Yubreilis Merchán, una de las sobrevivientes, asegura que fue su amiga Yocselis quien le dio el dato para que se fueran juntas esa noche, y se unió al grupo.

Yeukaris Sifontes había coordinado para irse con Francelis Blandín. Su madre relata que esa mañana llegó un muchacho que trabajaba en el muelle con una bolsa de comida que le entregó en nombre de su hija “para mí y el niño”, recuerda Eukaris Alcalá, quien desconocía que su hija se iba a Trinidad y le dejaba a cargo al pequeño de tres años de edad. La comida era una especie de “adelanto” del dinero que un captador del pueblo le había ayudado a conseguir a Yeukaris para que se fuera.

Quienes acompañaron a las mujeres que hicieron el embarque en el muelle frente a Guacharaco recuerdan que al llegar uno de los lancheros le dijo al capitán “aquí van 12 mujeres a nombre de Beatriz Alcalá”.

A Yoskeili Zurita la abordó un sujeto apodado “Nano” que fue detenido por la Fiscalía e identificado como Deyson Alleyne Pimentel, de 28 años y vinculado a Beatriz Alcalá. Una joven de 19 años, pariente de Pimentel también fungía de captadora. La oferta para que Yoskeili se fuera era que al llegar a la isla podría comprar mucha comida y mandarle a su familia.

Los familiares hacían la reconstrucción de lo que ocurrió para armar las piezas que la Fiscalía no ha terminado de unir. Yanira Medina, hermana mayor de Daniamis Medina, fue una de las que intentó ingresar al Hospital de Guiria para hablar con los principales testigos de lo que ocurrió porque las contradicciones cada vez eran más evidentes.

Pero la custodia de los fiscales, de la policía municipal y de la Dgcim les impedía siquiera acercarse a los rescatados. “Una mañana nos encontramos con la mamá de una de las sobrevivientes pero la señora nos evitaba. Iba a buscar a su hija. La muchacha se acercó y nos dijo que los lancheros apagaron los motores en el mar y unas motos de agua los rodearon, llegaron unos hombres con armas largas hablando en inglés y amenazando, y en la gritería ellas se lanzaron al agua”, detalla Medina del relato que les contó la sobreviviente cuyo nombre desconocen.

Cuando quisieron ahondar en más datos, un grupo de funcionarios la apartó del grupo y la llevó hasta el carro donde la esperaba su familia. La joven no dijo cómo se llamaba y ellos no la reconocieron como alguien del pueblo. “Después se nos acercó un policía y dijo que no le prestáramos atención porque ella estaba muy afectada. ‘La loquita, la loquita’, le decían. Y ella no estaba nada loca, hablaba muy coherente”, agrega Melitza Montaño, madre de Yocselis Rojas.

En ese grupo de sobrevivientes estaba una testigo de primera mano para una de las familias: la sobrina de Daniamis Medina, Angélica Mata, quien fue rescatada porque nadó junto a Yubreilis Merchán hasta el promontorio de rocas de la Isla de Patos. Allí las encontró el padre de los hijos de Merchán, un pescador de la zona, el jueves 25 de abril alrededor de las 8:00 de la mañana.

Desde que Angélica salió del hospital evita contar lo vivido. Pasado más de un año de aquellos eventos, accedió a hablar con TalCual. Su versión -aunque escueta- coincide con la de las otras mujeres rescatadas: una primera ola estremeció el bote sobrecargado, lo que ocasionó que se apagaran los motores. Luego una segunda ola los volteó y cayeron todos al agua. No se explica por qué no hay rastros de otros cuerpos, y su hipótesis se basa en una corazonada: las muchachas se ahogaron y murieron.

Angélica relata que en medio de la desesperación trató de nadar para alejarse del resto pues las personas se hundían entre sí para intentar salvarse. Afirma que las mujeres se quitaban la ropa porque los jeans y los zapatos les hacía difícil mantenerse a flote. Nada de eso fue hallado.

Tampoco atendió gritos del capitán que les indicaba que se dejaran llevar por la corriente. “Apenas veía una sombra en el mar pero nadé hasta allí. No sabía que eso era una isla. ¿Si me dejaba llevar por la corriente a dónde me iban a encontrar?”.

La muchacha cuenta que solo siguió su instinto y se alejó hasta llegar al punto donde la rescataron dos días después: la Isla de Patos. Niega haber visto o escuchado alguna otra embarcación o motos de agua.

Su relato no se detiene en detalles. Solo reitera que está viva “gracias a la misericordia de Dios”. De las sospechas de que las mujeres que la acompañaban eran llevadas a Trinidad como víctimas de trata, dice no saber nada.

Yubreilis Merchán, por su parte, recordó lo vivido en dos entrevistas meses después de los hechos. Aunque accedió inicialmente a conversar con TalCual, luego cambió de parecer y se negó a atender a la entrevista pautada.

Las versiones de Merchán y de Mata de que el bote se volteó por el oleaje se asemejan a las de otras dos rescatadas, Oriana Katherine Díaz y Yoskeilis Zurita, quienes señalan que fueron abordadas en el pueblo por un hombre que les ofreció llevarlas a Trinidad a cambio de comida y dinero. La última lo identificó como “Nano”, quien la habría conducido a un hotel del pueblo la noche antes de viajar, donde estuvo encerrada con otras jóvenes.

Los cuerpos de rescate consiguieron a los sobrevivientes del Jhonaily José cerca de trozos de anime, madera y algunas pimpinas de gasolina. Pero no así el resto del bote y ningún cuerpo de los 28 que faltan.

Un trabajador del INEA en la sede de Carúpano explicó a TalCual que la corriente en Boca de Dragón entra y sale del golfo de Paria cada seis horas aproximadamente. En ese punto confluyen el océano Atlántico y el mar Caribe. Si el resto de las personas a bordo que cayeron al agua no pudo sobrevivir, los cuerpos han debido aparecer llevados por la corriente en lugares como Cabo Tres Punto, y hubiesen llegado a las costas de Carúpano.

El diputado Robert Alcalá lo dice sin ambages: “a esta embarcación (Jhonaily José) le desmayaron los motores para llamar a la gente que iba a recibir a las mujeres en Trinidad y algo salió mal”. En el caso del Ana María el parlamentario señala que el mayor indicio de que es un caso de trata es la desaparición completa del bote del que ni siquiera quedó evidencia física.

Nunca a salvo

Así como Melitza Montaño perdió de vista a su hija Yocselis en las mismas calles del pueblo de apenas 598 km², Yoskeilis Zurita y su prima Inés Araujo fueron escondidas la noche antes del zarpe en hoteles ubicados a escasos metros de sus casas.

Zurita, entonces adolescente de 16 años, fue una de las nueve rescatadas a las que la fortuna les sonrió. Pero solo durante un año. Cuando su suerte cambió, por segunda vez las autoridades miraron hacia otro lado. 

“Su mamá señala que sujetos entraron a su casa el jueves 19 de marzo y se llevaron a su hija de 17 años, además de golpear al resto de la familia. El sector donde residen es conocido como La Colombina”, detalló el diputado Robert Alcalá, quien hizo público el secuestro el 13 de mayo de 2020 a través de su cuenta Twitter.

Alcalá narró a TalCual que Keyla Cedeño, madre de la joven, había recibido amenazas de muerte desde que su hija fue rescatada, y que el hermano de Carlos Laffont -pasajero del Jhonaily José rescatado y luego apresado por trata- se acercaba cada cierto tiempo a la casa de Yoskeilis para invitar a la muchacha a acudir a la Comandancia de la Guardia Nacional (GN) pues el detenido quería hablar con ella. Zurita nunca atendió la invitación del mensajero, quien es funcionario de la GN. 

En diciembre de 2019, una mujer del sector apodada “La Chicha” golpeó en su propia casa a Keyla, quien presentó la denuncia ante la fiscalía de Güiria pero nadie le prestó atención. El 19 de marzo de 2020, cuatro hombres, entre ellos uno a quien apodan “Oscarito”, llegaron a su hogar y armaron una trifulca. En medio de la golpiza, Cedeño corrió hasta el comando de la GN para pedir ayuda. Cuando regresó acompañada por uniformados, Yoskeilis ya no estaba. Unos vecinos le informaron que una chica apodada “La flaca”, amiga de la desaparecida, se la había llevado junto a los hombres. 

Durante horas recorrió el pueblo buscándola, sin éxito. En la noche, escuchó que estaba escondida en una casa de la hermana de “Oscarito” en el sector Sol Paraíso, pero tampoco pudo ubicarla. Al día siguiente, viernes 20 de marzo de 2020, le avisaron que habían visto a la adolescente abordar un bote en el muelle. 

Por tercera vez Cedeño acudió a las autoridades, pero ni siquiera le tomaron la declaración porque aducían que la joven “se había ido porque quiso”. Al presentarse ante el fiscal Julián Azócar, la respuesta que consiguió fue “Keyla, vamos a dejar eso así”. 

Una semana después, afirma, en un operativo del Cicpc, resultaron muertos tres de los hombres que se llevaron a Yoskeilis. Solo quedó vivo “Oscarito”.               

La madre de la joven ya no duerme en su casa, donde la intimidación no cesa. Confiesa que ha podido hablar con su hija apenas dos veces desde marzo. Fueron conversaciones escuetas, casi en monosílabos, con palabras sueltas. En uno de esos diálogos, Yoskeilis alcanzó a decirle: “Estoy bien, estoy comiendo. Pero me vendieron, mamá. Me vendieron por 300 dólares y tengo que pagarlos si me quiero ir”.

Unas averiguaciones por parte de las autoridades pudieran conducir al paradero de la adolescente, pues su historial reciente en la red social Facebook muestra que el 27 de marzo de 2020, ocho días después de haber sido sacada a la fuerza de su hogar, registraba que estaba en Trinidad. Incluso, en un comentario publicado, le respondía a un amigo que estaba en la isla. Luego, el 8 de abril, Yoskeilis Zurita repitió su ubicación en una respuesta dada a otra amiga.

Desde esa fecha no ha vuelto a interactuar a través de las redes sociales. Pero su perfil público ha recibido sucesivos “Me gusta” y comentarios por parte de cuentas de hombres identificados como trinitarios y usuarios de plataformas que ofrecen servicios sexuales desde las cuentas de Facebook e Instagram @Trinidad_million_mafia.

Denuncias, filtraciones
y amenazas con salitre

El 13 de mayo de 2019, Kelly Zambrano llegó a Güiria procedente de Rubio, estado Táchira, en el extremo opuesto del país, siguiendo las indicaciones de Romy María Martínez Rodríguez, quien la convenció de irse a Trinidad para tomar un trabajo con remuneraciones superiores a los 1.000 dólares mensuales. La coordinación la había hecho Ramón Franco Martínez, alias "Moncho", para abordar el bote Ana María, matrícula ARSI–CA0029, que zarparía tres días después.

Desde el pueblo costero, Kelly llamó a su hermano Jeison Gutiérrez para informarle que estaba en el Hotel Plaza. Él confirma que fue a Ramón a quien le transfirieron 200 dólares para costear el viaje pues era el encargado de coordinar con Alberto Abreu, el capitán del peñero.

Zambrano estuvo en el Hotel Plaza, con otras jóvenes que iban a viajar, y a las que se les prohibía salir. Luego fueron cambiadas al hotel Timón de Máximo, según pudo decirle a su hermano cuando logró llamarlo. Un motorizado les llevaba la comida hasta la habitación, y les impedían hablar con sus familias. Cuando Kelly habló con él le dijo que quería irse “porque tenía miedo”, recuerda Jeison Gutiérrez.

La última vez que hablaron fue antes del zarpe, la tarde del 16 de mayo. Pasaron las horas, más de las debidas según el trayecto. Entonces Jeison llamó a Romy. La respuesta de la mujer fue tajante: “no sé nada de ella, se hundió la lancha y todos murieron”.

Gutiérrez, de 29 años, juntó dinero de amigos y familiares para viajar hasta Güiria, a donde llegó el martes 21 de mayo. Acudió de inmediato a la oficina de la Guardia Costera para denunciar lo que sabía.

Hasta entonces no había hablado con más nadie del asunto. Pero cuando se dirigió al muelle donde estuvo su hermana, dos sujetos lo abordaron y lo amenazaron. Los pudo fotografiar.

“Me dijeron que me iban a meter una pepa de plomo (un tiro con arma de fuego) porque estaba entorpeciendo su trabajo, y que lanzarían mi cuerpo al mar, porque a los bocones los callaban así. Me dijeron que me daban un día para salir del pueblo”, cuenta. Ya en Güiria había revuelo. Los diputados la Asamblea Nacional Robert Alcalá, Milagros Paz y Carlos Valero estaban haciendo preguntas en la localidad.

Jeison fue hasta el Hotel Plaza donde se enteró que los libros de la recepción nunca registraron a Kelly. Entonces contactó al alcalde Ander Charles. "Me monté en el carro a hablar con él y nos persiguió un carro que luego nos interceptó. Un escolta del mismísimo alcalde me ayudó a salir y me tuvieron que resguardar en el hotel Laguna Azul para pasar la noche con mucha gente de seguridad, porque el alcalde temía que nos mataran", relata.

Según Gutiérrez, el propio jefe municipal le confesó que no podía ayudar mucho "porque él mismo había recibido más de diez amenazas". Ander Charles no atendió solicitudes de entrevista hechas por TalCual en noviembre de 2019.

El 22 de mayo, una fiscal del Ministerio Público buscó a Gutiérrez y lo condujo al muelle con los guardacostas, donde estaban sesionando los diputados que conforman la comisión investigadora de la AN: Robert Alcalá, Carlos Valero, Milagros Paz y Denncis Pazos.

“Convencimos a Jeison de que saliera del pueblo porque corría peligro y por eso lo sacamos del lugar al día siguiente”, recuerda Alcalá, quien sabe directamente que las amenazas no son un asunto menor en este caso. “Yo mismo he recibido amenazas a través de mis cuentas en redes sociales y en mi teléfono por parte de una persona dueña de uno de los hoteles que está vinculado a estas mafias, y sin embargo ni siquiera ha sido imputado aunque sabemos quién es”.

Las amenazas motivaron al hermano de Kelly Zambrano a solicitar medidas de protección a la Fiscalía General en Caracas. Un año después no han sido otorgadas.

Mientras tanto, en el pueblo el aire sigue pesando tanto como las miradas amenazantes hacia los foráneos. En pocos minutos cualquier pregunta que remueva los hechos, incomoda y cierra puertas. En las entrañas de los hoteles mencionados se repite el silencio. Ningún empleado accedió a conversar con TalCual sobre las acusaciones de ser sitios para “guardar” mujeres y menores de edad.

TalCual evidenció que el Hotel Plaza -reseñado en el expediente de la Fiscalía- queda a unos 100 metros de la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional, las ventanas de ambas edificaciones dan hacia la misma esquina, la instalación militar tiene visibilidad frontal hacia un lateral del parador, y solo los separa una vía y dos aceras por donde solo se puede transitar a pie por tratarse de una zona de seguridad.

Las irregularidades que desembocaron en el naufragio del bote Jhonaily José impulsaron una investigación del Ministerio Público (MP) que comenzó dos días después del hecho. El viernes 26 de abril la Fiscalía Tercera regional ordenó 18 detenciones, entre quienes estaban dueños y empleados de los hoteles Miramar, Timón de Máximo y Plaza que fueron señalados como sitios para “guardar” a las jóvenes.

La mayoría de los empleados quedó en libertad y el martes 30 de abril trasladaron hasta el Circuito Judicial de Carúpano, ante el Tribunal 5to de control, a nueve personas. Desde el primer momento los cargos señalados eran trata de personas y asociación para delinquir.

Los detenidos eran Beatriz Elizabeth Alcalá, de 46 años; Deyson Alleyne Pimentel, de 28 años; Daniela Luces Pimentel; de 19 años; Ornella Martínez Marcano, de 26 años; Yaritza Morales Romero, de 22 años; Dignora Romero Zapata, de 40 años; e Ingrid Martínez Marcano, de 28 años.

Adrián Eduardo Pacheco Gómez y Carlos Laffont estaban a bordo del bote y habían sido rescatados, pero mientras permanecían en el Hospital Andrés Gutiérrez Solís, de Güiria, efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se los llevaron detenidos porque fueron señalados de haber sido “cuidadores” de las jóvenes.

Las contradicciones rodean la identidad de los involucrados. Yubreilis Merchán, una de las sobrevivientes, aseguró tres meses después del naufragio a la periodista Nairobis Rodríguez, que se había encontrado casualmente a Yocselys Rojas el martes 23 de abril en la mañana. “Si quieres aprovechar, ve a las 6:00 de la tarde al muelle del medio y pregunta por Julio, el capitán”, le habría dicho.

En la lista oficial de la minuta aparece Julio Carrión, a quien identifican como capitán y hay otro Julio de apellido Pacheco, que sería otra identidad de la misma persona. Ninguno de los detenidos por orden del Ministerio Público se llamaba Julio.

Las autoridades sí apresaron a alguien de apellido Pacheco pero de nombre Adrián, a quien identificaron como uno de los lancheros, y quien además al llegar al hospital dijo que se llamaba Ángel José sin dar apellidos. No fue el único en usar nombres falsos.

El primer rescatado había sido Francisco Martínez, cuyo nombre real es Ramón Franco Martínez, alias “Moncho”, quien según las investigaciones llevadas por la Fiscalía era el verdadero capitán de la embarcación. Es uno de los imputados en el expediente del caso al que TalCual pudo tener acceso.

La segunda rescatada aparece con el nombre de Yusmary Lezama. Nadie la había reclamado y los familiares de las víctimas aseguran que se trata de Yuleidy Lezama, alias “La Yulita”, quien nunca abordó la embarcación y permaneció en Güiria hasta casi un mes después del supuesto naufragio, cuando puso su casa a la venta. Desde entonces nadie sabe de su paradero. Una fuente policial de Güiria la señaló como “una peluquera involucrada que se dio a la fuga”.

Lezama no fue detenida a pesar de ser acusada directamente por Melitza Montaño, quien asegura que esta mujer le exigió 200 dólares para devolverle a su hija 24 horas antes de que zarpara el bote. También por Anyibel Aguilera, hermana menor de Anabelle, quien afirma que una semana después del naufragio, “La Yulita” le dijo “a ti también te pueden comprar a buen precio porque eres bonita y flaquita, tienes buen cuerpo. Si te compran puedes sacar unos buenos reales”. Estos familiares fueron entrevistados por la Fiscalía.

La Fiscalía en su laberinto

Los parientes de las 60 personas conformaron un único Comité de Familiares de Desaparecidos en Güiria. Durante 2019 se entrevistaron con la fiscalía 3ra regional en Carúpano a cargo de Eunilde López; con la fiscalía superior del estado Sucre, con sede en Cumaná, en manos de Danny Zambrano, y finalmente con los fiscales 79 Romny Osorio y 82 nacional con competencia en defensa de la mujer, Pedro Luis Rojas Caraballo; los últimos escalafones antes de llegar al despacho del Fiscal General de la República designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab.

El 26 de noviembre de 2019, se anunció la creación de fiscalías especializadas para trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Los escuetos datos aportados ese día por Saab refieren que desde 2017 hasta 2019 había 71 personas acusadas por trata de personas en el país.

Lo que se podía interpretar como un avance terminó siendo un viaje en círculo. Cuando el Comité acudió a la sede de Interpol en Caracas, en diciembre de 2019, para preguntar por qué Alberto Abreu seguía libre y sin una búsqueda, fueron notificados de que la Fiscalía no había compartido la información necesaria para activar las alertas correspondientes.

Ocho meses sin el alerta amarilla para los desaparecidos. Siete meses sin el alerta roja para Abreu que sumaba dos órdenes de captura. 

Fuentes internas de Fiscalía revelaron a TalCual que, en el expediente del caso, Alberto Abreu es el segundo imputado con cargos por trata de personas después de Ramón Franco Martínez, “Moncho”, quien permanece detenido en la Comandancia de la GN en Güiria.

Otra de las involucradas que figura en el expediente como imputada y detenida es una menor de edad, identificada como María, que está en un centro de detención en Carúpano. Los nueve detenidos iniciales siguen en el mismo sitio de reclusión desde abril de 2019: nunca salieron de la Comandancia de la GN Güiria, el mismo centro de operación de las mafias, detalla el diputado Alcalá.

“La investigación sigue sin moverse. Aún está en fase de control. La audiencia preliminar debe hacerse a los 45 días de la presentación y allí es cuando se decide si pasan a juicio en los tribunales, pero eso no ha ocurrido. No ha habido voluntad política para atender este caso”, señala Alcalá en relación al estatus después de un año.

Más allá de este grupo de detenidos, en el expediente de Fiscalía no aparece alias “Noelito”, ni Héctor Torres, que figura en la lista de desaparecidos y fue rastreado por el Conas como el dueño del teléfono desde el cual salían las llamadas en el caso de las jóvenes del Jhonaily José; ni tampoco alias “Richard” que sabía detalles de la presunta venta del bote. No hay mención alguna a la participación de “La Yulita”.

De alias “Noelito” hay un rastro fácil de seguir. Fue el contacto de Luisa Marín (29) y Deiker Marín (19), tía y sobrino, para irse a Trinidad donde los esperaba Luis Montaño, un familiar que dos meses antes usó la misma ruta para salir de Venezuela luego de haber coordinado el viaje con el mismo lanchero. 

La familia contactó a “Noelito” porque se suponía que “era de confianza”. Como no tenían para pagar los 300 dólares que costaba un puesto en el peñero negociaron con él, como ya antes lo había hecho Luis Montaño: valorizando objetos. Por el viaje de Luisa y Deiker entregaron una planta eléctrica de sonido y cinco cornetas. 

Neria Marín, hermana de Luisa y tía de Deiker, relata que la salida se concretó a última hora porque Fran Hernández, el amigo con el que viajaban, les dijo el mismo 23 de abril de 2019 que no viajaría pues no había quien lo recibiera aquella noche en Trinidad.

Sin embargo, “Noelito” llamó a las 6:00 de la tarde. Neria Marín relata que les ofreció a Deiker y a Fran Hernández una casa en la isla donde podrían permanecer por dos días. Por eso aceptaron navegar.

Daniela Fuentes, otra hermana de Luisa, los acompañó al muelle que llaman “el del medio”, donde abordaron. Cuenta que estuvo con ellos hasta las 10:00 de la noche, y que en el lugar estaba “Noelito” y también funcionarios de la Guardia Nacional. 

Pasadas varias horas de iniciado el periplo, hubo inquietud por el destino de la barca. Entonces las parientes de Luisa Marín llamaron a “Noelito”, quien al principio les decía que no sabía nada y que intentaría comunicarse con personas en Trinidad para saber si el peñero había llegado. 

“Cónchale, Neria, hay un bote preso y otro que se hundió. Dios quiera que el de nosotros sea el que está preso. Yo estoy llamando para allá. Vamos para el muelle”, le dijo el hombre a la tía de Deiker pasado el mediodía del 24 de abril. Habían pasado 12 horas desde el zarpe. 

A esa hora ya estaba Daniela Fuentes en el mismo muelle que visitó antes, a donde Neria acudió poco después. Funcionarios del INEA habían informado que se estaba habilitando el rescate para buscar la embarcación, y las mujeres vieron llegar los primeros dos rescatados. No pueden precisar la identidad de ninguno, pero recuerdan la primera versión que dijeron al pisar tierra: “que el capitán se acercó a la isla pero el policía que lo iba a esperar no estaba, él se regresó para dar una vuelta mientras llamaba a quien le iba a dar la entrada a Trinidad, por Boca de Dragón apagó el motor y el agua se estaba metiendo”, cuenta Neria.

Esta versión coincide con lo que narró Angélica Mata: el bote ya estaba cerca de Trinidad pero el guía tuvo que dar vuelta hacia Venezuela para llamar al contacto en la isla. Allí fue cuando una ola inundó el bote en el que nadie portaba chaleco salvavidas y cuyo perfil era muy bajo pues además de personas iba cargado con cobre de contrabando.

Un barco fantasma

Alberto Abreu reapareció tres meses después de los hechos en un video, que publicó en su cuenta de Facebook, afirmando que llevó el bote Ana María hasta Playa El Cocal, donde habrían estado todos los pasajeros. “Justamente allí se le entregó a Juan Vega, quien alquiló la embarcación”, dice en la grabación. Tales datos no fueron atendidos por las autoridades.

Vega también está desaparecido y fue el contacto que recibió el pago de 1.500 dólares por el grupo familiar de cinco personas que iban con Marolys Bastardo, embarazada de ocho meses y con sus hijos de dos y cuatro años a bordo.

Abreu menciona a un hombre a quien identifica como “Maracucho”, sin dar detalles, y brinda una explicación a la zozobra. “Cuando íbamos cruzando Boca de Dragón, en la travesía entre la Isla de Los Patos y Chaca Chacal, dos olas de tres o cuatro metros nos anegaron el bote y luego le dieron la vuelta. Eso pasó como a las siete y pico. Un primo mío y yo nos agarramos de las pimpinas; entre la oscuridad era imposible ver bien qué pasaba. Mientras estuvimos ahí pasaron dos embarcaciones, les gritamos y silbamos, pero no nos vieron. Entonces nos propusimos enderezar el bote y empezamos a achicar, pero nunca pudimos”. El reporte del Instituto Nacional de Meteorología venezolano (Inameh) de ese día indica que el oleaje era moderado y no superaba olas de 1,8 metros.

Un informante que solicitó el anonimato le dijo a TalCual, en una entrevista concedida en junio de 2019, que él iba a bordo del Ana María y que el acuerdo para llevarlo hasta Trinidad era que consiguiera 15 mujeres. “El bote no se volteó, apagaron los motores y llegaron unas motos de agua y otro bote más grande para llevarse a la gente. Un grupo siguió hasta Trinidad y yo iba allí”.

Varios parientes de los desaparecidos residen en Trinidad y dicen haber visto a Alberto Abreu en restaurantes de comida rápida de Puerto España. Aseguran que hace una vida normal en la isla, aunque fue el ministro de Seguridad de ese país quien informó sobre su fuga en Granada.

Con este y otros detalles repetidos una y otra vez en sus cabezas, en febrero de 2020, los familiares de los 60 desaparecidos volvieron a organizar sus carpetas. De nuevo ante una “primera reunión”, esta vez con los nuevos designados del caso: el fiscal auxiliar 84 Charlis Frías y Edmisajal Guillén, fiscal con competencia en derechos humanos.

En el año transcurrido y con todas las protestas en la entrada del organismo, aún el ruido parece que no ha llegado a lo más alto del edificio, donde despacha el fiscal general Tarek William Saab, quien nunca se ha pronunciado públicamente al respecto. 

Cercanos desde la diplomacia, pero lejanos en cooperación. El gobierno de Trinidad y Tobago es uno de los pocos de la región que aún reconoce al de Nicolás Maduro como legítimo. Esa relación, no obstante, de nada le ha servido a los parientes de los 60 desaparecidos que en ambos países han agotado las instancias oficiales para dar con el paradero de los suyos, sin obtener sino silencio y omisiones.

Todo ello a pesar de que hay rastros que seguir. En febrero de 2019, en medio de varios allanamientos, el comisionado de policía de Trinidad y Tobago Gary Griffith dirigió una operación en la cual se logró el rescate de 19 jóvenes venezolanas secuestradas en dos casas en las zonas de Westmoorings y Diego Martin, junto a otro grupo que estaba en un restaurante chino del sector Woodbrook, todo en la capital trinitaria, Puerto España.

La mayor de las jóvenes encontradas tenía 19 años, las demás oscilaban entre los 15 y los 18 años de edad. Las encontraron encerradas en cuartos donde eran obligadas a consumir drogas para mantener relaciones sexuales por dinero. El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, lo consideró como “la mayor operación de trata de personas y esclavas sexuales detectada en el país hasta este momento”, especificó en una rueda de prensa.

Al principio, las autoridades desconocían que eran venezolanas. No hablaban inglés y las identificaron como “de habla hispana”, e indocumentadas. Al determinar su nacionalidad, las jóvenes fueron recluidas en el Centro de Detención de Inmigración de ese país, en el que permanecen los venezolanos en condiciones de hacinamiento desde que son capturados entrando ilegales a esa nación. Young dijo que la División de Inmigración y la Autoridad de Niños había intervenido en el procedimiento.

“Existe una sospecha de que algunos (ciudadanos) no trinitenses son quienes atraen a las jóvenes de Venezuela", dijo el ministro al aclarar que no todos los arrestados eran víctimas. También aprehendieron a otros 18 sospechosos vinculados con un hombre de nacionalidad china identificado como Jinfu Zhu, y una mujer venezolana de 23 años de nombre Solient Torres, quienes fueron acusados de 43 cargos contemplados en la Ley de Delitos Sexuales de esa nación.

Aunque las autoridades trinitarias señalaron en ese entonces que había suficientes indicios de que se trataba de un esquema de trata y esclavitud sexual y había menores de edad involucradas, varias de estas jóvenes fueron detenidas por el delito de prostitución, como quedó registrado en varios medios de comunicación de la isla que reseñaron el hecho.

TalCual pudo conocer que en Trinidad y Tobago el argumento de las autoridades es que hay muchos burdeles disfrazados de hoteles con jóvenes provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y República Dominicana, y cuando la policía hace los allanamientos “las mujeres dicen como defensa que están allí contra su voluntad, pero no siempre es el caso”, explicó una fuente policial.

Un grupo de las 19 jóvenes fue dirigido a casas de seguridad bajo custodia del Estado. Pero las informaciones publicadas en los medios de ese país señalaban que otras fueron al Centro de Detención de Inmigrantes, aunque la reportería indica que ese centro está copado desde hace dos años, por lo que a estos detenidos los ponen junto a presos trinitarios, en centros de reclusión comunes.

Caracas y Puerto España
se dan la mano

Una investigación de tres meses que se publicó en mayo de 2019, realizada por los periodistas Mark Bassant y Hema Ramkissoon, del diario Trinidad & Tobago Guardian, reveló cómo los traficantes de personas aprovecharon el contexto migratorio para captar a adolescentes y mujeres venezolanas que buscan supervivencia económica.

El trabajo periodístico fue publicado cuando el caso de los desaparecidos de las embarcaciones que partieron desde Güiria, en el estado Sucre, Venezuela, tenían apenas días de haber ocurrido. 

Según los hallazgos, luego del rescate de las 19 jóvenes, otra mujer venezolana de 24 años había escapado de traficantes de personas y la consiguieron también en la zona de Diego Martin. La policía persiguió a los hombres por la carretera Solomon Hochoy en el sector Claxton Bay, hasta detenerlos y comprobar que se trataba de Akeem James, un oficial de policía de 28 años, y Kevin Houlder de 39 años, un conductor de camión.

La policía tenía registro, desde octubre de 2018, de un video publicado en las redes sociales en el que se observaba cómo otra mujer venezolana de 19 años era golpeada en una casa, que luego fue ubicada en la zona conocida como Debe. El agresor se llamaba Avalon Callender, y la edificación estaba en Diego Martin.

En mayo de 2019, las autoridades policiales de Trinidad reconocían a Trinidad & Tobago Guardian que el problema del tráfico de personas asociado a la esclavitud sexual era masivo y presentaban indicios de cómo funcionaban las redes: traficantes trinitarios y venezolanos que captan, transportan y secuestran a las mujeres, por lo general menores de edad e indocumentadas, que entraban a la isla con la complicidad de policías corruptos y funcionarios de migración. Unas bandas criminales asiáticas también aparecen en el esquema que triangula a las mujeres captadas.

Sin embargo desde hace más de un año, incluso antes de que ocurrieran las desapariciones de los botes que partieron desde Güiria, el gobierno trinitario tenía nombres y ubicación de las mafias de tráfico de personas. En marzo de 2019 había reportes de un “sex camp” que funcionaba en el distrito de Los Iros, una zona agrícola de la isla. 

En ese entonces, un equipo de la Fuerza de Tarea de la policía de Erin registró 22 campamentos en Los Iros buscando un burdel improvisado con mujeres venezolanas porque habitantes de la zona informaron a las autoridades que cinco inmigrantes estaban siendo prostituidas por 400 y 500 dólares por hora en campamentos clandestinos. Pero los uniformados no consiguieron nada. El reporte policial señalaba que los denunciantes dijeron que las víctimas fueron golpeadas salvajemente cuando la policía de Erin fue notificada. 

En mayo de 2019, el nombre de Vaughn Mieres, alias “Sandman” apareció en un informe de investigación de las autoridades de la isla como líder de una red criminal que implica a funcionarios de alto nivel de ambos países involucrados en el tráfico de mujeres migrantes, adolescentes y niños para explotación sexual mediante peñeros que cruzan de una costa a otra. Cada embarcación dejaba ganancias entre 3.000 y 12.000 dólares.

Dos meses después, “Sandman” fue asesinado en su casa, junto a su esposa y dos escoltas, por un grupo de pistoleros que los emboscaron y luego huyeron en un bote.

Hay datos pero no resultados

La asesora de políticas y defensa humanitaria de Unicef en Reino Unido, Melanie Teff, afirmó a Trinidad & Tobago Guardian que había entrevistado a unas 50 víctimas venezolanas que relataron cómo operaban los traficantes.

Esta información y más datos los había recopilado el Ministerio de Seguridad Nacional trinitario que cuenta con una Unidad de lucha contra la trata creada hace siete años pero que tiene como resultado apenas 56 personas imputadas y ningún condenado.

Por el lado venezolano, el Ministerio Público creó una división especializada en el delito de trata en noviembre de 2019, cuando el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab afirmó que había 71 personas detenidas por estos delitos entre 2017 y 2019. “Se trata de una lucha sin precedentes dentro de esta institución, que en el pasado invisibilizaba este flagelo, y que une a la sociedad venezolana”, indicó el funcionario.

La Fiscalía venezolana no permite ahondar en los datos. Tampoco permite preguntas en las declaraciones de quien la encabeza. Los Informes de Gestión y las Memoria y Cuenta de los ministerios dejaron de hacerse públicos en 2015. El del Ministerio Público quedó censurado en 2017 cuando Saab asumió el control.

Carmen Mercedes González, directora de la Oficina Nacional contra la delincuencia organizada del Ministerio de Interior y Justicia, reconoció a TalCual que este despacho maneja un incremento en las cifras de casos de trata y, aunque no está autorizada a dar datos concretos, señala que nada más entre 2017 y 2018 los casos subieron 25%. Se refiere solo a denuncias formales ante cuerpos de seguridad. De ese número el repunte más importante está en la cantidad de niños, niñas y adolescentes: 12% en apenas un año.

Estos datos no reflejan ni la mitad de lo que reportan los países vecinos que comparten el problema asociado al contexto migratorio venezolano. El Índice Global de Esclavitud Moderna ubica a Venezuela en el primer lugar de prevalencia del delito de trata en Latinoamérica, con un aproximado de 174 mil personas con datos recopilados que llegan hasta 2018.

Una visita viento en popa

En septiembre de 2019, cinco meses después de la primera desaparición de los botes de Güiria, Nicolás Maduro recibió en visita oficial de Estado al ministro de Seguridad Nacional y Comunicaciones de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

Antes de la reunión de Young con Maduro, el ministro trinitario había tenido un encuentro privado con su homólogo venezolano, el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol. Luego en el despacho presidencial participaron el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quienes habían recibido al capitán Douglas Archer, comandante de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Ninguno se refirió públicamente al tema migratorio ente ambas naciones ni a las denuncias sobre trata de personas. Tampoco hablaron de Alberto Abreu, el capitán del bote Ana María que se fugó de un hospital en Granada y permanece en Trinidad, donde ha sido visto a pesar de que sobre él pesa una orden de captura de Interpol, según dijo antes el propio Young.

Pero en Trinidad y Tobago no está solicitado, como constató TalCual en la isla. Un reporte policial trinitario solo registra la fuga de Abreu del hospital al que fue llevado cuando el estadounidense Robert Richards lo rescató en el mar y lo llevó hasta Granada. Una fuente policial agregó que es posible que Richards fuese parte del plan.

La Comisión de investigación de los desaparecidos conformada por diputados de la Asamblea Nacional venezolana también ha solicitado en reiteradas oportunidades información al gobierno de Trinidad. Pero no han obtenido respuesta ni han tenido acceso a los listados de personas detenidas y rescatadas en los operativos policiales de ese país para verificar si alguno de los desaparecidos ha sido ubicado, asegura el diputado Robert Alcalá.

Alcalá incluso solicitó información específica a las autoridades policiales de Trinidad sobre Luisiannys Betancourt, luego de que su madre Ana Arias le pidiera apoyo al diputado para servir de enlace y que le pudieran dar los nombres de una lista de venezolanas que habían detenido en una redada en la isla, porque en una de sus búsquedas particulares, encontró una foto publicada en un medio trinitario en la cual observó a una joven muy parecida a su hija aunque no pudo distinguirla por completo.  

La información no la comparten con funcionarios venezolanos, pero tampoco con los familiares. Quienes tienen parientes en la isla y los que han podido viajar hasta Trinidad de manera particular, como lo hizo Jeison Gutiérrez, hermano de Kelly Zambrano, intentaron acceder a los nombres de los detenidos e incluso siguieron el rastro de un grupo de venezolanos que fueron hospitalizados en el Hospital General de Puerto España después de una redada. La respuesta que recibieron es que solo le permitían verlos si eran familiares directos, pero nada más padre, madre o hijos.

La negación de información es parte de una política instaurada en la isla. El gobierno de Trinidad no respondió a la petición de información oficial realizada por TalCual y el equipo constató en ese país que en los hospitales no dejan entrar a familiares, ni siquiera si son ciudadanos trinitarios. Los registros tampoco son confiables y esconden información.

Por ejemplo, se intentó verificar que una joven venezolana embarazada, presa por haber ingresado ilegalmente al país, perdió su bebé pues la policía tardó en llevarla al centro de salud. Pero en los libros hospitalarios no había nada sobre el caso, a pesar de que la mujer estaba identificada y una ONG conocía el caso. El registro había sido borrado.