Educación en reversa
Año 2001: Decreto 1.011.
"Con mis hijos no te metas"
La primera gran marcha de la sociedad civil con el cual tuvo que lidiar el entonces recién estrenado presidente Hugo Chávez fue en el campo educativo. El anuncio de la promulgación del polémico Decreto 1.011 movilizó en las calles a padres, docentes y organizaciones para ponerle freno al decreto en el cual se creaba la figura de los Supervisores Itinerantes Nacionales en las instituciones educativas, quienes podrían ser nombrados directamente por el ministro de Educación y que tenía entre sus funciones levantar informes, rendir cuentas directamente al ministro e incluso podía remover directores. Este documento también planteaba por primera vez la presencia de maestros cubanos para que participaran en planes de alfabetización en Venezuela.
“Nunca pensé que el Decreto 1.011 iba a despertar la reacción que produjo. Cuando lo hicimos no estábamos pensando en los colegios privados sino en la educación pública… Yo subestimé la reacción que eso iba a provocar ”
Año 2003: Las Misiones.
“El milagro educativo”
La implementación de las misiones sociales educativas Robinson, Sucre y Ribas resultó la estructuración de un paralelo que ponía el foco en los sectores de la población que permanecía al margen del sistema formal. Fue además el primer hito que podía mostrar la gestión de Hugo Chávez porque se apuntaló en la idea de la erradicación del analfabetismo, por eso fue llamado “el milagro educativo”. En el año 2005 Venezuela fue declarada por la Unesco como territorio libre de analfabetismo, porque se pudo escolarizar en dos años (2003-2005) a un millón y medio de personas. Sin embargo, los indicadores se estancaron y retrocedieron al punto de inicio: para 2007 los índices de deserción y repitencia eran iguales a los registrados a finales de la década de los 90, y en el Reporte de Monitoreo de la Unesco para el año 2015 señalaban que Venezuela no alcanzaría el cuarto objetivo del Marco de Acción del Milenio, porque tenía que aumentar en 50% el número de adultos alfabetizados y facilitar un acceso equitativo a la educación básica. Para ese año aún la alfabetización era de 95%, lo que significa que estaba 5% por debajo del objetivo. Era el mismo indicador con el que arrancó la Misión Robinson.
Año 2005: Educación inicial obligatoria
La educación inicial (maternal y preescolar) se convirtió en una parte obligatoria del subsistema educativo a partir del año 2005. Incorporar estos años correspondientes a la educación infantil permitía un desarrollo evolutivo de los niños y niñas en el proceso de formación y un incremento cuantitativo en la matrícula formal de niños y niñas inscritas en el sistema formal. Los “Simoncitos” tenían como objetivo asumir a esa población en la estructura de educación pública, pero luego de una década la infraestructura de estas instituciones para atender a los niños y niñas que debían ingresar al nivel inicial se hizo insuficiente y con importantes problemas para atenderlos en lo alimentario, para cubrir los horarios de doble turno y para contar con la cantidad de docentes necesarios (mínimo dos por cada 25 niños).
Año 2008: Proyecto Canaima.
La escuela sigue siendo analógica
El Proyecto Canaima Educativo surge en septiembre de 2008 con la firma de acuerdos entre Portugal y Venezuela que se concretaron un año después, con el lanzamiento oficial y entrega de las primeras 50 mil computadoras portátiles en más de 1.000 escuelas en todo el país. La primera fase del Proyecto Canaima va a la Escuela atendió a los niños que cursaban educación primaria. El objetivo era que Venezuela desarrollara tanto el software como el hardware del proyecto Canaima para que fuese entregada de manera totalmente gratuita, abarcando la matrícula total de los tres niveles de educación: básica, media y universitaria. El último registro de entrega data del año 2017 y señala 6 millones de dispositivos asignados durante los nueve años de implementación del programa, pero se desconoce cuántas fueron entregadas en cada nivel y a cuánta población alcanzó por cada etapa. Este alcance, según datos oficiales, sería de menos del 50% porque la matrícula de educación básica y media -según el Ministerio de Educación- ronda los 10 millones de estudiantes. A ello habría que agregar los alumnos de educación superior.
Año 2011: Colección Bicentenario
La Colección Bicentenario fue la concreción de un plan que tenía por lo menos un lustro antes tratando de consolidarse: la revisión conceptual de los libros escolares. El planteamiento en el cual se presentó la historia, la geografía y de qué manera se construyeron los contenidos de literatura y matemática en torno a la figura de Hugo Chávez y la revolución bolivariana se convirtió en el eje temático de los libros, distribuidos como único material de apoyo disponible en el sistema público. Los detractores señalaron la intención de posicionar un revisionismo histórico basado en un discurso único, según la mirada revolucionaria. Durante esta década la distribución gratuita y obligatoria en las instituciones públicas de 100 millones de libros -según cifras oficiales- expandió el uso de este material como único insumo y material de referencia para estudiantes y docentes en todo el país, porque las alternativas de textos desarrollados por editoriales privadas dejaron de utilizarse oficialmente y el lineamiento ministerial fue la no obligatoriedad de pedir libros en las listas escolares.
“Muchos maestros se han abstenido de utilizar estos libros, y los padres y representantes tomaron conciencia de que esos textos son sumamente perversos por su intención ideologizante”
Año 2012: Consejos Educativos
La Resolución Ministerial 058 que establecía la Normativa y Procedimiento para el funcionamiento de los Consejos Educativos despertó el fantasma que orbitaba en la comunidad de madres, padres, representantes y docentes más de una década después del Decreto 1.011. La normativa de la Resolución 058 planteaba nuevamente la aplicación de mecanismos de contraloría social como una función del Consejo Educativo, tanto en aspectos curriculares como administrativos, “orientado a la construcción del Socialismo del siglo XXI” e involucraba a los Consejos Comunales como actores y partícipes de la dinámica escolar, lo que revivía el debate de la intención de ideologizar el ámbito de la escuela. Y aunque esta vez el músculo social para enfrentar esta normativa no era tan fuerte como en el año 2001, la resolución 058 perdió resonancia porque surgió en medio de un sistema escolar ya debilitado que se enfrentaba más a las carencias estructurales que a la implantación de un modelo ideológico.
Año 2014: Consulta Nacional por la Calidad Educativa
El ministerio de educación llevó a cabo una ambiciosa encuesta de alcance nacional llamada Consulta Nacional por la Calidad Educativa, en la cual participaron 7.233.489 personas -según cifras oficiales- en 20.748 planteles públicos y privados. La encuesta tenía como objetivo ahondar en aspectos que abarcaban construir una escuela pública incluyente y de calidad; priorizar a los docentes; promover la protección estudiantil; la relación escuela, familia y comunidad; y revisar los temas asociados a la evaluación y supervisión. Sin embargo, uno de los elementos comunes y estructurales que surgió en la consulta fue el desfase en los currículos de cada nivel: el más reciente es el de educación inicial que data de 2005 (cuando fue aprobado como parte del subsistema), el de primaria fue revisado en 1997, pero tanto los de educación media como diversificada son programas de 1987 (de 1ro a 9no grado) y los últimos niveles que no han sido revisados desde 1972 y 1973.
Año 2018: Indicadores peores que hace 60 años
El periodo escolar 2017-2018 registró los números más negativos para la educación de los últimos 60 años. El seguimiento realizado por el investigador Luis Bravo, mediante el informe Memoria Educativa Venezolana, reveló que las cifras de inclusión escolar llegaron a números inferiores a los de 1958. La estampida migratoria generó dos fenómenos sociales directamente relacionados con el ámbito escolar: la niñez dejada atrás y la deserción de los docentes que se tradujo en un progresivo abandono de los cargos que ni siquiera se concretan como renuncias formales. Los titulares del despacho de educación en los últimos cinco años han desmentido un alto número de vacantes en la nómina docente, pero datos recopilados por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de 2015 muestran 75% de abandono de los puestos de trabajo de los maestros. La emigración de padres y núcleos familiares produjo que los niños quedaran en un limbo institucional, en riesgo de permanecer desescolarizados, enfrentando fallas continuas en los programas de alimentación escolar y con instituciones débiles sin capacidad de atender el problema: la Encovi 2019 reflejó que, de los estudiantes aún matriculados, al menos 66% no asiste regularmente a clases.
Año 2020: Escuelas cerradas, grieta de desigualdad
Con la declaración de la cuarentena como medida obligatoria de confinamiento debido a la pandemia por covid-19, lo primero que cerraron fueron las escuelas. Sin un plan mínimo posible de previsión, la decisión de migrar intempestivamente a la educación remota dejó sin estructura a una parte importante de la matrícula escolar, en especial la que no cuenta con acceso a internet y vive en condiciones precarias. El plan gubernamental denominado Cada familia, una escuela fue la salida de contingencia que ideó el ministerio de Educación para seguir dictando contenidos en un formato televisivo transmitido por los canales del Estado, un programa que tiene en su haber varios episodios en los cuales los docentes han cometido importantes errores académicos y un formato que no ha desarrollado otras alternativas de acompañamiento para contenidos y sistematización de experiencias. A pesar de que en marzo de 2021 se cumplió un año de la decisión del cierre de escuelas y transcurre el tercer período escolar bajo la modalidad de educación a distancia, todos los demás sectores de la vida del país han retornado progresivamente a sus dinámicas, menos las escuelas que desde el discurso se presentan como una prioridad en las líneas de atención, pero aún no cuentan con un plan de regreso a sus actividades diseñadas en función de la nueva normalidad.
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