Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 en Venezuela, recibió una democracia imperfecta, pero en funcionamiento. Anclado en su repudio a los gobiernos anteriores y los partidos políticos, así como con la oferta de una democracia verdadera y un Estado nuevo sellado por la transparencia, comenzó un período histórico.

Han pasado 21 años, y ya sin Chávez, a TalCual le ha tocado registrar que la democracia venezolana va en reversa. A su vez, el cambio anunciado significó que el país, que se vislumbraba prometedor, tiene muchos visos que evocan al siglo XIX y lo alejan del siglo XXI.

“Nosotros llegamos al siglo XX y no habíamos construido una nación. Sino que nos desmembramos del imperio español, pero quedamos completamente devastados en una situación de, digamos, una locura detrás de otra. Empezamos a entrar en el siglo XX, como una nación medianamente moderna, en el año 58. Ahora estamos iguales. Vamos para 22 años del siglo XXI y no hemos entrado a él. Estamos incluso con problemas no del siglo anterior. El gobierno echó para atrás el proceso de modernización que venía desde el año 1936 ", explica el sociólogo Francisco Coello, quien no duda en caracterizar que en 1998" ganó una propuesta política absolutamente retrógrada".

Desconocer la democracia liberal, que implica respeto por las leyes y la división de poderes, condujo a un desgaste. Por tanto, la democracia funcional que imperaba en Venezuela resultó corroída, opina el académico.

Eglé Iturbe de Blanco, economista y quien fue Ministra de Hacienda entre 1989 y 1990, se refiere a que con la primera victoria de Chávez triunfó la antipolítica. Esto obedeció, entre otras cosas, al cacareado plan de resolver todas las debilidades de los gobiernos democráticos anteriores y darle al pueblo un mejor nivel de vida.

“Se tuvieron muy claros los objetivos ideológicos y se lograron revertir la incertidumbre desde los gobiernos a los ciudadanos, que desconocían las medidas que se adoptarían para terminar de convertir a uno de los países más ricos, prósperos y democráticos del continente, en uno de los más pobres, destruir la industria petrolera, la producción nacional, la salud y la educación, y enterrar la democracia una de las más sólida de la región”, señala.

Los que prometían

Los partidos políticos que nacieron entonces lo hicieron bajo la promesa de un cambio en las estructuras y gestión interna. Según las palabras de Nicolás Maduro, en 2020, “el MVR fue un partido político que nació bajo el liderazgo de nuestro comandante Chávez para darle respuestas reales a las necesidades del pueblo venezolano, logrando romper con los viejos paradigmas de los partidos tradicionales”.

Primero Justicia venía de funcionar como asociación civil desde 1992. En el año 2000, participó como partido regional en Miranda, y en 2004 fue a comicios nacionales. Ahora, está prácticamente ilegalizado.

Proyecto Carabobo fue un partido regional creado por Henrique Salas Römer en 1995. En 1998 se convirtió en Proyecto Venezuela.

El partido Unión se gestó después de las presidenciales de 2000 y su eje fue congregar a quienes votaron por el militar retirado Francisco Arias Cárdenas, actual embajador de Venezuela en México, enfrentado entonces a Hugo Chávez.

Al escenario partidista de esos primeros años también se presentó Un Nuevo Tiempo (UNT), nacido como tolda regional en Zulia en 1999 a partir de dirigentes originarios de Acción Democrática. En 2006, se erigió con alcance nacional.

El plan se hizo ineludible

Francisco Coello advierte que las graves fisuras a la democracia se iban a dar de cualquier manera porque tanto Chávez como Nicolás Maduro, y quienes son sus herederos, llegaron al poder con un plan de dominación claro.

“A Chávez no era posible que se le parara nada, ese hombre vino con un proyecto decidido a destruir la democracia. Eternizarse en el poder, destruir a las Fuerzas Armadas, la independencia de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles, de los partidos políticos y demás organizaciones ”, confirma el sociólogo Trino Márquez. Coincide con la exministra Eglé Iturbe de Blanco en que se conjugaron la ceguera y la falta de renovación de los liderazgos.

Aquellas promesas de cambio democrático en el país, de profundización de la participación popular, se fueron entubando en un acentuado presidencialismo, una mayor verticalidad del poder, se difumaron los límites entre Estado, gobierno y partido, y un irrespeto a la pluralidad.

El sistema proporcional de elección de cargos parlamentarios, por ejemplo, terminó envenenado por el uso de las "morochas" que permitían la sobrerrepresentación de las mayorías, algo que luego fue normalizado con una reforma legal. Además, dentro de la Asamblea Nacional, cuando el oficialismo tuvo una mayoría simple entre 2010 y 2015, actuó con una "mayoría revolucionaria" que terminó de degradar la representación legislativa.

Luego ya vino lo más evidente: la anulación de la Asamblea Nacional que había sido ganada por la oposición, así como sus actos, y el nacimiento de la figura de los "protectorados" en los gobiernos regionales.

El camino a seguir

Eglé Iturbe de Blanco sentencia que "se ha erosionado la democracia. Hay un problema ideológico, pero también hay un problema de fuerza, de tener fuerza". Afirma que quienes controlan actualmente el poder político en Venezuela "están apoyados por las bayonetas de los militares" y recuerda que tanto el Ministro de la Defensa como el propio Nicolás Maduro "han dicho que no entregan el gobierno ni con balas ni con votos. Están dispuesto a dar el poder, en base a esa definición no deberíamos nunca democracia ”.

Durante más de dos décadas el país ha vivido lo que el politólogo Fernando Spiritto califica como el Estado depredador. "Es aquel que se ha puesto al servicio de los intereses de aliados del partido hegemónico, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el partido hegemónico para repartirse los activos públicos. En este caso, el ingreso petrolero", puntualiza.

Señala que en el país impera un populismo autoritario. Explica que en medio de la debilidad democrática no ha habido un gobierno en el sentido pleno, pero sí un comando de campaña permanente. "Este país ha tenido prácticamente un promedio de una elección por año. Entonces cuando usted tiene un gobierno que está enfrentando elecciones permanentemente, es muy difícil que se enfoque en temas de política pública que por definición son de largo plazo o de mediano plazo", resalta.

Para el investigador Guillermo O'Donnell, un régimen no puede ser democrático a menos que garantice a sus ciudadanos los derechos de participación política, incluido el derecho a voto. De allí que una buena democracia debe garantizar que todos los ciudadanos estén en la condición de hacer uso de estos derechos formales, "permitiéndoles votar, organizarse, realizar asambleas, protestas, lobby por sus intereses, y otras maneras de influir en el proceso de toma de decisión".