En 1999 se aprobó en referendo popular una nueva Constitución Nacional que se esperaba condujera al país hacia una profundización de su sistema democrático, con mayores niveles de participación de la población en la resolución de sus problemas y con instancias de poder más cercanas al ciudadano.

Durante 21 años, no obstante, se han ido borrando vestigios institucionales que, con imperfecciones, rigieron la vida nacional durante los 40 años anteriores. El quiebre de todas las instituciones democráticas, sometidas a un poder central que ejerce cada vez mayor control sobre la vida de los ciudadanos, generó un retroceso de los primeros pasos que se dieron hacia un Estado moderno.

La historiadora y doctora en Ciencias Sociales Margarita López Maya, recuerda que "los años 80 y 90 fueron años muy movidos en Venezuela". Rememora cómo el viernes negro era la punta del iceberg de una crisis económica que tenía el modelo desarrollista venezolano, que continúa agravándose; cómo los militares retiraron el apoyo a la democracia, cómo las élites no quisieron rectificar, y cómo la pobreza siguió aumentando. "Entonces se produce la ruptura populista y surge Hugo Chávez, quien saca provecho de la situación con un discurso polarizado y agresivo contra los elementos del stablishment ".

En la década de 1980 se hicieron esfuerzos por corregir el rumbo del país con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) y algunos intentos de planificación económica, ambos durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989). Pero no fue suficiente.

La Copre propuso, para avanzar hacia la modernización del Estado, impulsar la descentralización y ampliar los mecanismos participativos de la población, con referendos, iniciativas populares, presupuestos participativos y asambleas de ciudadanos, pero los partidos llamados del estatus, Acción Democrática y Copei, frenaron las reformas y solo se dio un paso hacia la descentralización, con la elección de gobernadores y alcaldes, en 1989.

López Maya considera que, en general, la constitución de 1999 reflejó muchos aspectos de lo que la sociedad deseaba, como la ampliación de los derechos humanos, gracias a las iniciativas de grupos sociales de la época. “Vino gente de instancias internacionales y hubo actividad de muchos actores civiles, movimientos sociales y ONG, y quedaron satisfechos con los avances en materia de DDHH, y también se introdujeron los principios de descentralización y participación que venían a transformar el Estado”, apunta.

En plenos años 90, el tamaño del Estado y la “burocracia excesiva” del sector público era objeto de críticas, con pensadores como Arturo Uslar Pietri señalando la inoperatividad del sistema.

El Estado que se quería

El nuevo texto que regiría a la nación generó grandes expectativas, no solo por lo contemplado con respecto a las garantías a los DDHH, sino por el cambio que venía a hacer en la estructura del Estado, donde los tres Poderes Públicos tradicionales se verían ampliados a cinco, abarcando el Electoral y el Moral Republicano.

Además, estableció una Asamblea Nacional unicameral, eliminando el antiguo senado, al que Hugo Chávez había criticado porque supuestamente demoraban proyectos de ley aprobados por la Cámara. El Parlamento unicameral supuestamente propiciaría una actuación más ágil por parte del Poder Legislativo.

Este último aspecto vino a tener especial trascendencia pues, siendo el Senado el que garantiza el equilibrio entre los estados (se elige la misma cantidad de senadores por cada una de las entidades del país independientemente de su población), ya el Poder Público no tendría quien defendiera los intereses de cada entidad.

Allan Brewer Carías rescata el primer artículo de la Constitución, como base de ese modelo de Estado que los venezolanos querían tener, pero no fue. “Venezuela, como lo dice la Constitución, es un Estado federal descentralizado, y en la descentralización está la clave de los países democráticos”. 

Pone como ejemplo a Francia que, teniendo la mitad del territorio de Venezuela, tiene unos 34.000 municipios. “En España e Italia tienes 8.000 municipios. Esos países son democráticos porque la gente participa en eso todos los días, tiene cerca el poder y lo ejerce”. Venezuela suma apenas 335 municipios.

En definitiva, para cuando Hugo Chávez comenzó su gestión, la sociedad venezolana anhelaba un Estado ágil, descentralizado, con mayores mecanismos de participación, sin burocracia, que garantizara los DDHH y aplicara justicia. No se logró.

El desengaño

Juan Raffalli asevera que se fue erosionando y defraudando la Constitución hasta llegar a una de las más claras manifestaciones: el cierre de la Asamblea Nacional a través de decisiones impresentables (la declaración de desacato al Parlamento en 2016 tras el triunfo opositor de 2015). “Si a eso le añades el bloquear las posibilidades de hacer un referendo revocatorio a través de unas sentencias en juzgados regionales, podemos ver que el chavismo ha venido manipulando el texto de la Constitución para defraudarla y mantenerse en el poder”, argumenta.

En su opinión, si se hubiera cumplido la Constitución en cuanto a los límites al poder de una democracia constitucional, con respeto al derecho a propiedad, con seguridad jurídica, garantía a los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy tendríamos condiciones económicas distintas.

Para Miguel Albujas, las figuras institucionales tomadas en gran parte de la Constitución de 1961 fueron las que comenzaron a ser incómodas para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que llevó a la violación del texto fundamental de 1999.

Un futuro posible

¿Cómo salir del atolladero? ¿Impone la situación un nuevo proceso constituyente? ¿O tal vez una reforma constitucional que suprima los elementos que puedan propiciar el autoritarismo, entre ellos la reelección? ¿Puede bastar el rescate de las instituciones para que Venezuela retome el rumbo hacia ese Estado que requería a finales del siglo XX y que ha perdido dos décadas del siglo XXI sin lograrlo?

La Constitución establece mecanismos de participación que ya no se utilizan. Allí están en letra muerta la Alcaldía Metropolitana de Caracas y las Juntas parroquiales; mientras se pretende imponer un Estado comunal que no figura en el texto fundamental.

“No importa si es con una constituyente, o una reforma, son solo mecanismos –afirma Juan Raffalli–. El sustrato es que tiene que haber un acuerdo intrasocietario. La sociedad se tiene que reconocer en crisis y buscar una salida razonable. Debe haber un acuerdo consensuado con ayuda internacional”. Añade que “debe haber un acuerdo para defender la Constitución y hacerla valer y eso pasa por procesos electorales limpios y transparentes, y respeto al control público de los Poderes entre sí”.

A juicio de Miguel Albujas, lo más importante es que se respete la norma. “Cuando rompes la ley no solo rompes la legalidad sino el orden institucional, la garantía de vida que tenemos todos los ciudadanos. Al no haber Estado, una figura que sea capaz de poner un orden coercitivo racional y aplicar la hegemonía de la violencia de forma racional, viene el caos, la incertidumbre y un Estado de naturaleza donde impera la ley del más fuerte ”, indica.

Allan Brewer Carías insistió en la necesidad de impulsar la descentralización y acercar el poder al ciudadano como mecanismo para avanzar hacia ese Estado moderno que pueda conducir al bienestar de sus ciudadanos.

Al hacer énfasis en que lo que vive Venezuela es una tragedia grande y la convierte en un caso excepcional de fracaso, Margarita López Maya desea que los partidos todos reconozcan ese fracaso, así como los sectores de la propia la sociedad. “Esto es necesario para corregir el rumbo, porque la sociedad solo puede salir de la crisis por su propio trabajo y no por salidas mágicas. La situación solo se puede resolver con el trabajo de la gente y logrando convenios. El chavismo se fue por la vía de la imposición, y hoy Venezuela es un país roto ”, concluye.