El viaje

Todo empieza en Quibayo, una zona rural del estado Yaracuy donde viven 46 familias asentadas varios años antes de que se decretara la montaña de Sorte como Monumento Natural (18 de marzo de 1960). 

El 6 de septiembre de 2022 se presentó una comisión encabezada por el ministro de Cultura Ernesto Villegas, y el ministro de Despacho de la Presidencia Jorge Elieser Márquez. Con proyecto en mano, los funcionarios le consultaron a los habitantes si estaban de acuerdo en recibir la réplica para poder situar la escultura original de Alejandro Colina en la autopista, el lugar donde había sido instalada 58 años antes. 

Pero los vecinos insistieron en que querían la original y ratificaron su respuesta “en medio de una fuerte ventisca”, comentó uno de los habitantes de Quibayo que pidió resguardar su identidad.

De inmediato se le comunicó la respuesta a Nicolás Maduro a través de una videollamada. A partir de allí se movilizaron recursos para iniciar la construcción de la plaza que serviría como nuevo lugar de destino.

Mientras tanto, desde las oficinas en Caracas del Instituto de Patrimonio Cultural se tomaban las previsiones del caso: se construyó una estructura metálica alrededor de la escultura días antes de su traslado, que se rellenó de poliestireno, y se agregó peso para disminuir la vibración por los baches de la carretera por donde iba a transitar. 

En la madrugada del 2 de octubre, la estatua de María Lionza, acostada en la carga de un camión rojo sin identificación y cubierta con lonas, salió del galpón de la hacienda Ibarra en la Ciudad Universitaria a través de una calle de servicio que desemboca hacia el río Guaire, tomó la Autopista Regional del Centro, y luego la autopista Rafael Caldera -rebautizada en 2009 como Cimarrón Andresote- hasta llegar a San Felipe, la capital del estado Yaracuy. 

En un galpón dispuesto por la Gobernación de ese estado se hizo una revisión, que incluyó rayos X, para descartar que hubiese sufrido daños durante el traslado. 

Dentro de la Universidad Central de Venezuela, el personal de vigilancia fue el primero en constatar la falta de María Lionza. Se hicieron varias llamadas y se advirtió tanto a la Dirección de Seguridad y Custodia como a la Dirección de Mantenimiento sobre la “extracción”.

La UCV hizo la denuncia pública el 3 de octubre ante la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), un día después de que efectivamente la estatua había sido sacada del lugar con toda la parafernalia y exigencias técnicas -movimiento de personal e ingreso de material pesado, una grúa e iluminación- que requiere la movilización de una estructura de 6,7 metros de alto. 

El 4 de octubre María Lionza fue recibida en su nuevo hogar en medio de tambores y cantos dedicados a la diosa. La algarabía de los cultores, algunos incluso vestidos de tricolor, fue tanta que se descorcharon algunas botellas de espumante. El pedestal, parte del piso y la cerca que la rodea fueron culminados tan solo días antes del traslado. El resto de los trabajos -terminar el piso, jardines y caminerías- se culminaron justo a tiempo para la inauguración.

El 6 de octubre se hizo el desmontaje en la nueva plaza, un trabajo que duró 30 minutos y se hizo en medio “de una fuerte brisa y agua proveniente de la montaña”, según narraron los habitantes de Quibayo. Hasta ese mismo día esperó el Instituto de Patrimonio Cultural para confirmar públicamente y mediante un comunicado el traslado de la obra.

“Para nosotros es un reconocimiento de que existe esta comunidad. Esta es una representación iconográfica de nuestra cultura y fe. Nuestro culto está protegido y consagrado por la Constitución en su artículo 59. Nosotros debemos defender la espiritualidad, en lo que nosotros creemos. Esa es nuestra esencia”, dice Wendy Navarro, representante espiritual de Quibayo.

La plaza dispuesta en honor a “Su majestad, la Reina”, como le dicen los cultores, tiene dos placas, una de ellas con palabras de Nicolás Maduro donde resalta la frase final: “La revolución la ha liberado”. 

Ahora la efigie reposa sobre un pedestal de tres metros de altura recubierto de granito, rodeado por una cerca y el piso es una estrella de ocho puntas que representan las ocho provincias venezolanas.

El 9 de octubre en la mañana, finalmente se dio a conocer de manera oficial el nuevo lugar de reposo de la estatua. En el acto transmitido por Venezolana de Televisión -anunciado la tarde del día anterior a la comunidad de Quibayo- participaron los ministros Ernesto Villegas y Freddy Ñáñez, además del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia. 

La dueña

Una semana antes de la extracción de la escultura, se observaron lo que el director de Copred calificó como “movimientos extraños” alrededor de María Lionza. Pablo Molina explicó que Copred hizo un requerimiento de información al Instituto de Patrimonio Cultural, que confirmó que eran “restauradores que iban a realizar unos trabajos”. 

“Pero los trabajos de restauración los tenemos que hacer nosotros, Copred, que somos el gestor de sitio. Es decir, nosotros somos los gerentes de cualquier sitio en cuanto a la preservación y al desarrollo. Eso no fue un capricho de la Universidad, eso no es que a un rector se le ocurrió, sino que es un lineamiento de la Unesco”, expresa Molina. 

El IPC además envió un informe vía captura fotográfica y por Whatsapp, firmado por un ingeniero y con membrete del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de la Facultad de Ingeniería de la UCV. 

“Ahí empieza la irregularidad porque no llegó nunca en físico. Un informe además que está firmado por una persona que nadie conocía. Tuvimos que investigar y es un ingeniero. Pero, ¿qué hace un ingeniero evaluando una obra de arte? Es raro. ¿Está calificado?, ¿dónde está el currículum?”, se pregunta el director de Copred.

En la captura fotográfica tampoco sale el sello del IMME. Molina explica que, por lo general, cuando este instituto hace alguna evaluación a solicitud de Copred se envían dos copias, una al rectorado y una al Consejo firmadas por su director. 

Desde el Consejo de Preservación se consultó a la Facultad de Ingeniería y al Instituto de Materiales sobre quién había ordenado la elaboración de un informe de daños y por qué no se le consultó a Copred como ente encargado de preservación. Silencio es la respuesta que hasta ahora han obtenido.

También se enviaron varios recaudos para iniciar una investigación directa sobre el ingeniero que elabora el informe que esgrime el Instituto de Patrimonio Cultural. Tampoco han recibido respuesta. 

“Nosotros nos manejamos desde un criterio estrictamente técnico, que tiene cuatro vertientes contundentes: la propiedad de la obra es de la UCV, por medio de una sentencia del Tribunal Supremo; el sitio de la autopista fue autorizado por el creador, tenemos los planos firmados por él; tenemos las comunicaciones hacia la Alcaldía de Libertador, la última en 2015, para coparticipar en el traslado de la obra; la sentencia del TSJ está vigente pero alguien la violó, y no fuimos nosotros”, dice Pablo Molina.

Mervin Ortega, asesor jurídico de la UCV, señala que la casa de estudios mantiene la denuncia interpuesta el 3 de octubre ante la División Contra Hurtos del Cicpc, pero hasta la fecha “no hemos recibido información alguna sobre la inspección realizada y los avances en la investigación”. 

Una fuente interna del Cicpc dijo a periodistas de ARI que efectivamente habían recibido la denuncia, pero también recibieron una orden de superiores que les indicaba: “eso se queda así”. 

Pese al escenario del estado de derecho venezolano, dice el asesor jurídico de la UCV, “la universidad no renuncia a la institucionalidad y a la defensa de los derechos y prerrogativas establecidas en el ordenamiento jurídico”, aunque toman en cuenta lo que ha ocurrido con las acciones administrativas y judiciales que se han ejercido ante el Tribunal Supremo de Justicia por el llamado instructivo Onapre, “que se encuentran paralizadas o son declarados inadmisibles”. 

Frente a este planteamiento, Richard Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo y uno de los principales impulsores del traslado, pide que la rectora de la UCV Cecilia García Arocha sea consultada directamente sobre lo que él califica como “supuesto robo”.

“Que le pregunten a la rectora, que se niega a dar entrevistas, por qué ella se negó a abrir el portón para que la sacaran por la puerta grande. ¿Cómo se explica que una imagen que mide más de cinco metros de altura y pesa cinco toneladas se la roban y nadie vio? ¿Cómo se explica eso?”, exppone. 

Asegura, además, que les cerraron “la puerta en la cara” ante cada solicitud hecha este año para acordar una reubicación de María Lionza. “No nos dejaron entrar. Nunca hablamos con ella (García Arocha) directamente, nunca nos dejaron pasar de la portería hacia adentro”. 

Considera que toda la situación formaba parte de un tema político “entre oposición y gobierno, y pusieron a María Lionza en medio de esos problemas de poder”. 

La rectora Cecilia García Arocha, ante una solicitud de entrevista de TalCual, se excusó de declarar sobre el tema debido a cuestiones de salud que ameritaron una cirugía menor por la cual debía guardar reposo. Remitió como voceros al director de Copred, al asesor jurídico de la UCV y al director de Mantenimiento, el ingeniero Félix Bellorín, quien interpuso la denuncia ante el Cicpc. 

Desde Copred, Pablo Molina dice que no tienen constancia escrita sobre solicitudes de reunión para tratar el traslado de la pieza. “Lo primero que hubiera hecho el rectorado es transmitirlo a Copred, como custodio de la obra. De ahí se hace una evaluación, se hubiese propuesto una mesa técnica para discutir una reubicación”. 

Una posibilidad para resolver el asunto de dónde pudiera reposar la efigie, asoma el director de Copred, es que la UCV donara la estatua a algún grupo que la reclamase. Pero esa decisión debía contar con la aprobación de la Fundación Alejandro Colina, como custodios de todas las obras del escultor.

De ser el caso también se tendría que haber iniciado una acción de amparo en tribunales para revocar la sentencia que ordenaba su traslado al pedestal de la autopista. “Hay métodos de convivencia institucional y nosotros no podemos obviar esos métodos. Repito, no estaba en el ánimo de Copred que la obra permaneciera encerrada, pero hay métodos y fue el Gobierno quien obvió una sentencia de la Sala Constitucional”, afirma Molina.