El Estado venezolano ha abandonado buena parte de las responsabilidades que le otorga la Constitución nacional para garantizar los derechos a los ciudadanos y la cobertura de sus necesidades básicas. Así lo siente y vive la mayoría de los venezolanos. Y cuando se hace referencia al abandono estatal, se habla de que esto conlleva consecuencias muy graves en lo que respecta a la calidad de vida, la salud, la seguridad, en conclusión, se atenta contra un mínimo estado de bienestar.

Este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, TalCual y Runrun.es, muestra a través de una serie de testimonios cómo el venezolano no obtiene respuesta a sus problemas más inmediatos en educación, salud y servicios públicos. Tampoco logran que sus denuncias ante las autoridades policiales y judiciales sean tramitadas con celeridad. Y, en otro tanto, se encuentra indefenso ante los abusos de las propias instituciones, principalmente, de funcionarios que deben darle seguridad.

Eso le ocurrió a  José, quien fue extorsionado por varios policías sin haber cometido delito alguno; a  Carmen, que denunció la desaparición de su hijo en 2019 y aún espera respuesta. O el caso de  Valeria, de 15 años, que sufrió las fallas del sistema de salud para poder operarse de un tumor cerebral; o de Robert, que abandonó la universidad al percatarse de que su educación básica le falló por no haber tenido profesores en materias fundamentales como matemáticas. Todos ellos fueron víctimas de la inoperancia de las instituciones públicas.     

La forma en que el Estado venezolano ha descuidado su labor también se observa en áreas como la administración de justicia, en la economía del país, en el tema ambiental, y en el deber que tiene de proveer información pública para que los distintos sectores de la sociedad puedan ejecutar planes de interés público. 

“La pensión de 130 bolívares (2,85 dólares según la tasa BCV del 17 de noviembre de 2024, fecha de publicación de este reportaje) no me alcanza para comprar alimentos ni medicinas, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo el gobierno nos sigue pagando esa miseria?”, se pregunta Jesús Campos, de 84 años.

“Apenas puedo sobrevivir con 50 dólares que de vez en cuando me envía mi nieta desde el exterior, y eso tampoco alcanza. Me da terror tener que ir a un hospital por alguna enfermedad.

Cómo voy a hacer para comprar lo que piden en los hospitales de medicinas e insumos por si me tienen que operar, porque ellos tampoco tienen. La verdad que sería una verdadera tragedia”, agrega.

Expertos consultados acotan que entre los factores que propician esta situación de orfandad en los venezolanos están la falta de voluntad política para resolver los problemas de los ciudadanos, la ineficacia en el manejo de los recursos, la incapacidad de los funcionarios, la falta de planificación, la corrupción y el tener como único objetivo la permanencia en el poder.

“Estamos hablando de un Estado fallido; un Estado que está ahí, pero que no cumple con sus finalidades que es permitir la vida en sociedad; que es permitir la vida social en paz”, señala el abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Las fallas del Estado son resueltas por los propios venezolanos, que tienen que contratar empresas o pagar “sobornos” para tener electricidad, agua potable, gas doméstico o una línea telefónica, por lo que prácticamente se han privatizado los servicios públicos. 

El gobierno dejó que la dolarización en el país se aplique como una política de facto, sin tomar en cuenta la Constitución y las leyes.

El bolívar, la moneda nacional, quedó relegado. Ahora dólares y pesos en efectivo pasan de mano en mano y se ven más en las cajas registradoras de los comercios. Se evidencia además la falta de una política de empleo y de protección a los trabajadores, así como la ineficacia en proponer un salario acorde a las necesidades de la población y que ignoró, una vez más, lo que dicta la Carta Magna en este sentido.

La inacción gubernamental se refleja además en la poca disposición para atacar de fondo los problemas que generan la contaminación ambiental en sus distintas formas. La falta de contraloría, ante los casos denunciados por los efectos contaminantes de las propias empresas del Estado, es más que elocuente.

Todo ello y muchas más evidencias muestran a un Estado que ha borrado su propia función y, en consecuencia, se olvidó de su principal objetivo: dignificar la vida de sus ciudadanos.