En 2021, el barrio caraqueño fue escenario de una intervención sin precedentes, protagonizada por las fuerzas de seguridad del Estado, para acabar con una megabanda criminal que había controlado la zona por casi siete años. Sus habitantes aseguran que los policías que ahora custodian la Cota 905 usan la violencia y siembran droga para conseguir dinero de vecinos y visitantes

Los habitantes de la Cota 905, una barriada popular situada en el suroeste de Caracas, capital de Venezuela, viven sometidos por una red de extorsión policial. Desde la mortífera intervención de las fuerzas de seguridad en el año 2021 para desarticular la poderosa banda criminal del “Koki”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) controla la zona que ahora es un hervidero de detenciones arbitrarias y extorsiones.

Durante los últimos dos años, los policías han ocupado ilegalmente viviendas donde han improvisado puntos de control desde los cuales imparten su peculiar forma de control social. En la Cota 905 hay ocho retenes (alcabalas) en los sectores Las Luces, Villa Zoila, La Chivera, 21 de Julio, Las Brisas, barrio Moscú, El Pinar y Las Quintas, que sirven como puntos para llevar a cabo las detenciones arbitrarias y los cobros de extorsiones a sus habitantes -en su mayoría jóvenes-, así como a transportistas, deliveries, comerciantes y hasta vendedores ambulantes de la zona. 

Para esta investigación, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) –conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual–, con el apoyo editorial de CONNECTAS, visitó la Cota 905 y habló con decenas de víctimas y sus familiares, con testigos de las frecuentes matracas policiales y también con expertos conocedores de la situación que vive esa comunidad.

Los testimonios recogidos relatan el mismo patrón: los policías realizan arrestos arbitrarios (sin argumentos legales) y simulan delitos para extorsionar a los ciudadanos. Las víctimas afirman que les siembran drogas para justificar la detención y les obligan a llamar a sus parientes para pedir entre 10 y 1.000 dólares por su liberación.

Las madres de los adolescentes, especialmente de los varones, aseguran que no pasa un día en que no sientan miedo de que a sus hijos se los lleve la PNB y les pidan “rescate” para su liberación. Así lo contaron varias mujeres entrevistadas para este reportaje. Y los temores no son injustificados.

Yenny* denunció que a su nieto se lo llevó detenido la policía en marzo de este año. Dijo que le sembraron droga y pidieron 500 dólares para liberar al muchacho. Los uniformados no registraron la detención, ni presentaron al joven ante el Ministerio Público. La madre, quien vive en el exterior, envió 200 dólares para pagar a los policías y soltaron a la víctima.

Los montos de las extorsiones aplicadas por los funcionarios policiales en el barrio, ubicado en una zona popular, ocurren en un país en el que el salario mínimo de un trabajador venezolano equivale a 4,5 dólares mensuales. En la Cota 905 hay familias que solo tienen ingresos de 30 dólares mensuales, según reveló una organización de la sociedad civil consultada para esta investigación. En estos casos, el pago de una extorsión equivale a unos seis meses de ingresos. 

“Toma. Esto es tuyo y tienes que darme 500 dólares para soltarte”. Así le dijeron los policías a un ahijado de Jaime*, vecino de la Cota 905, en abril de este año para referirse a una porción de drogas que le sembraron entre sus pertenencias. Una pareja de policías detuvo al muchacho cuando regresaba en la madrugada a su casa. Jaime, su padrino, se enteró enseguida de la detención porque los padres del joven alertaron a la familia por un grupo de Whatsapp. Según la versión que les dio la policía, el detenido no se paró en una alcabala, atacó a un policía y cargaba sustancias estupefacientes.

Al ahijado de Jaime tampoco lo presentaron ante el Ministerio Público. De acuerdo a su versión, los policías lo golpearon durante su cautiverio y no fue liberado hasta tres días después, cuando su familia pagó la extorsión. El artículo 373 del Código Procesal Penal venezolano establece que el órgano aprehensor cuenta con 12 horas desde la detención para poner a la orden del Ministerio Público a la persona detenida. Sin embargo, esto no ocurrió con ninguna de las víctimas entrevistadas para esta investigación.

A Jaime también le tocó intervenir en la colecta que hicieron varios habitantes de la barriada para que los policías liberaran a José*, un vecino de 25 años de edad. Aseguró que los funcionarios le aplicaron el “toma, esto es tuyo” y sacaron de su bolsillo una bolsa pequeña con cripy, un tipo de marihuana más potente. En este caso, no lo trasladaron a un módulo policial, sino que lo pasearon en una patrulla por El Cementerio, una comunidad vecina a la Cota 905, hasta que la familia reunió el dinero y pagó el rescate a los policías. Jaime no recuerda cuál fue el monto de esa extorsión.

Desde otro punto del barrio, Yuleidy* relata historias similares. Indicó que frente al módulo del sector Las Quintas, cerca de una zona conocida por los vecinos como “Mata de Caucho”, los uniformados retienen a jóvenes, incluso a menores de edad, y los dejan allí por horas hasta que sus familiares pagan por su liberación. “Tienen que buscar dinero donde no hay. Los policías piden de 100 (dólares) en adelante. La excusa que le dan a sus familiares es que los consiguen consumiendo drogas”, precisó. 

La Ley de Drogas vigente en el país establece un procedimiento especial sobre aquella persona que sea sorprendida consumiendo o portando dos o menos gramos de cocaína o hasta 20 gramos de marihuana, al considerarse “adicta" y, por lo tanto, con problemas de salud. La norma dicta que el consumidor será retenido y presentado de inmediato al Ministerio Público, que debe coordinar la realización de exámenes toxicológicos y, más tarde, solicitar su libertad ante un tribunal para luego remitir a la persona a rehabilitación.

Yuleidy conoce de cerca la situación del barrio caraqueño. Está muy involucrada en las actividades sociales y ayuda a las madres de la comunidad. Asegura que hacerlo es una forma de lidiar con el dolor que le provocó la desaparición de su único hijo a quien prefirió no identificar. El joven, quien fue  miembro de la megabanda que controló la Cota 905, huyó cuando las fuerzas de seguridad venezolanas tomaron el barrio el 9 de julio de 2021. Desde entonces, Yuleidy no sabe nada de él. “Yo no pude sacarlo de ese mundo”, lamentó. 

El mundo al que se refiere fue también uno de secuestros y extorsiones, pero protagonizados por la megabanda criminal que controló el barrio entre los años 2014 y 2021. Sus líderes Carlos Luis Revete alias “el Koki”, Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y Garbis Ochoa Ruiz alias “Garbis” usaron el barrio caraqueño como su centro de operaciones y también para ocultar en sótanos a las personas que secuestraban en otros puntos de Caracas, mientras transaban con sus familiares el dinero a cambio de su liberación. Para que ello fuera posible, tenían lealtades de todo tipo, desde mujeres jóvenes con apariencia de modelos que acudían a diferentes lugares de la capital a cobrar las extorsiones, hasta sicarios que negociaban las vidas de los cautivos. 

Una fuente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) reveló que en 2020 “el Koki”, “Vampi” y “Garbis” secuestraron al hijo del propietario de una icónica heladería de Bello Monte, en Caracas. Funcionarios recibieron la denuncia de sus familiares, pero también una orden de sus superiores de no capturar a los implicados, sino enfocarse en que la víctima saliera del lugar con vida. El funcionario indicó que por esa liberación se pagaron 250.000 dólares. Ese tipo de incidentes se convirtió en una “rutina” en la capital venezolana.

Pero en 2021 el dominio de la banda sobre la Cota 905 acabó de forma violenta. Entre el 7 y 9 de julio alrededor de 300 miembros de esta megabanda se enfrentaron con fuerzas de seguridad del Estado. La disputa armada culminó con el ingreso y la toma de la localidad por 3.000 funcionarios, en lo que se conoció como la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. La intervención dejó como saldo 38 muertos, según registró la organización Monitor de Víctimas. Los líderes de la megabanda lograron escapar. “El Koki” murió siete meses más tarde en un supuesto enfrentamiento con uniformados, en Las Tejerías, una zona montañosa a 40 kilómetros de Caracas. “Garbis” y “Vampi” siguen prófugos y por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de 500.000 dólares. 

Gloria* fue testigo de la incursión de los funcionarios. Abandonó su casa en medio de un alto al fuego que duró varias horas y permitió la evacuación de los vecinos. La mujer salió junto a sus hijos. Seis meses más tarde, decidió regresar a su vivienda. Su hogar está cerca de una de las casas abandonadas que los criminales utilizaron como garitas y que los policías ocuparon después de la intervención y convirtieron en estaciones de vigilancia y centros de extorsión. Por eso, para Gloria y sus vecinos es habitual escuchar lo que ocurre en esas instalaciones. 

“Escuchamos todo el día cómo matraquean (exigen dinero) a choferes de camionetas (transporte público) y motorizados. Le caen a golpes a cualquiera que agarran, les dan unas palizas que los gritos se escuchan desde la calle. Los matraquean por pasar por la zona. De los autobuses bajan a todo el mundo, al que no tiene cédula lo bajan y retienen hasta que pague, también a conductores que tienen documentos de circulación vencidos”, relató.

Algunos de los entrevistados alegaron que sus vidas eran más tranquilas cuando la comunidad estaba bajo el dominio de la megabanda porque los delincuentes imponían unas normas para mantener la seguridad en la zona. Dijeron que quien robaba a un vecino era severamente sancionado por los integrantes de la agrupación criminal. Además, la banda se convirtió en el canal de entrega de alimentos y medicinas subsidiados por el Gobierno que compraban los habitantes. También, fuentes consultadas aseguraron que sus miembros custodiaban a las autoridades gubernamentales y representantes de las organizaciones sin fines de lucro que ingresaban a la zona a entregar donativos.

Para el investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV),  Keymer Ávila, la aparente añoranza de los vecinos por los tiempos de la megabanda es una elección práctica en términos de costos-beneficios. Aclaró que no se trata de que la comunidad de esa zona haya romantizado a los grupos delictivos de la Cota 905, sino que garantizaban cierto orden –aunque violento– en la zona.

Los vecinos relatan que las relaciones con los integrantes de la banda criminal eran de mínima convivencia. En contraste, señalan que los policías llegaron de forma violenta, y ahora maltratan a mujeres y niños, allanan viviendas y ejercen distintas formas de pillaje. “La gente lo que quiere es llevar de manera tranquila su vida cotidiana y optará por quiénes le ofrezcan esa posibilidad de la manera más accesible, inmediata y sostenible”, explicó el experto.

Indira*, otra vecina de la Cota 905 afectada por las acciones de la policía contra la comunidad, se quedó en la zona luego del desmantelamiento de la agrupación delictiva. Su hijo era policía y fue señalado por las autoridades de ser uno de los colaboradores de la banda del “Koki”, “Garbis” y “Vampi”. Por ello, tuvo que irse del sector porque sus colegas uniformados comenzaron a extorsionarlo a cambio de no implicarlo con los delincuentes. A un pariente de este funcionario lo detuvo la PNB para que informara sobre su ubicación y, como no sabía nada, le pidieron dinero para su liberación. La extorsión no se concretó porque sus familiares acudieron con un abogado al lugar donde estaba retenido.

En ocasiones, las detenciones extorsivas realizadas por los efectivos de la PNB son todavía más insólitas. En abril de este año, a Gloria la fueron a visitar dos familiares, pero antes de llegar a su casa, los policías los retuvieron durante varias horas porque no podían justificar los menos de 100 dólares que cargaban en sus bolsillos. Contó que los policías amenazaron a sus parientes con involucrarlos en algún delito y que les tuvieron que dar una parte del dinero a los uniformados para evitarlo.

Mientras tanto, al hijo adolescente de Yaqueline* lo detuvieron los uniformados de la PNB cuando jugaba con agua con unos amigos durante los días de Carnaval de este año. Su supuesto delito fue correr junto a los otros jóvenes cuando le dieron la voz de alto. Dinorah, vecina de Yaqueline, recordó que los más cercanos “nos movimos para reunir 50 dólares y pagarle a los policías para que soltaran al niño, que tiene 14 años. Se trata de una familia que muchas veces se ha quedado sin dinero para comer y ese monto lo tuvimos que parir”. Yaqueline siente mucho miedo de denunciar a los policías. 

Pero algunas de las mujeres de la comunidad encontraron el talón de Aquiles de la PNB. “A los policías no les gusta que les armen escándalos. Se ponen nerviosos”, señaló Nelly. Aseguró que varias de las extorsiones han sido frenadas cuando grupos de mujeres han tomado los módulos para exigir la liberación de alguno de los detenidos. 

Así que cuando los policías apostados en la avenida Guzmán Blanco le quitaron a uno de los hijos de Nelly* los 10 dólares que llevaba para comprar un medicamento, ella les fue a reclamar. Junto al muchacho y otras mujeres que la respaldaron, inició una discusión. “Le dije que si mi hijo consumió alguna sustancia ilegal, lo dejaran preso, que yo no iba a pagar por sacarlo. Como la gente comenzó a acercarse, me devolvieron el dinero”, expresó la vecina. 

Otros vecinos indican que en esa avenida donde retuvieron al hijo de Nelly son frecuentes los cobros de vacunas a los comerciantes porque “si no, los mandan a cerrar”, relataron. Se trata de un pago semanal que piden los policías a vendedores ambulantes y dueños de bodegas de la zona. 

Por su parte, Dinorah* detalló que en septiembre de 2022 varios dirigentes vecinales convocaron a las autoridades de la PNB a una reunión para denunciar la actuación de los funcionarios que patrullan la zona. En ese encuentro los habitantes de la Cota 905 contaron historias de extorsiones, pero también allanamientos a las viviendas, amenazas y en ocasiones, robos de sus pertenencias. 

A esa asamblea asistió un comisionado de la PNB de apellido Jiménez, en compañía de otros dos funcionarios del mismo rango, uno apellidado Ventura y un tercero de identidad no precisada, a quien describieron como alto, con edad aproximada de 45 años y cabello canoso. Jiménez, quien se presentó como el jefe de la policía en la Cota 905, se comprometió a resolver los conflictos. Desde ese mes, los uniformados no volvieron a irrumpir en las viviendas, pero las extorsiones se mantienen.

Una fuente de la PNB consultada para esta investigación reveló que desde la intervención del barrio, en el año 2021, los policías desplegados en la Cota 905 dependen directamente de la dirección del cuerpo policial. El mayor general Elio Estrada Paredes ha dirigido la PNB desde 2019 hasta julio de este año, cuando Nicolás Maduro lo nombró comandante general de la GNB. Ahora, el general de brigada Rubén Santiago Servigna es quien está al mando de la policía nacional.

Fuentes añadieron que el alto Gobierno está al tanto de cada cosa que ocurre en la Cota 905. De hecho, en marzo de este año un grupo de embajadores asistió al barrio para participar en un evento cultural organizado por la comunidad. Tras ser acosados por policías, uno de los diplomáticos recibió la llamada telefónica de una alta funcionaria del gobierno de Maduro que le advirtió que no podían entrar a la Cota 905 sin que ella lo autorice.

Se solicitaron entrevistas con el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, al igual que con el exdirector de la PNB, Estrada Paredes y el actual jefe del cuerpo policial, Santiago Servigna, a través de cartas entregadas en las sedes de sus despachos. Para el momento de esta publicación no se habían obtenido respuestas.

Eventos recientes confirman que las extorsiones policiales son cada vez más comunes en Venezuela. Uno de los casos más notables ocurrió el 30 de mayo, cuando el entonces director de la PNB, Elio Estrada, ordenó la intervención del área del servicio aeroportuario ubicado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, tras la detención de tres comisionados denunciados por oficiales subalternos por extorsión. Según la información de fuentes policiales, los jefes exigían a los funcionarios de guardia una cuota diaria de cinco dólares, que les generaba ingresos semanales de 360 a 400 dólares. 

En junio, el medio venezolano Armando.info publicó una investigación periodística en la que reveló casos de extorsiones de la PNB a jóvenes de la clase media caraqueña, a quienes retenían arbitrariamente en la sede administrativa del cuerpo policial. También, Impacto Venezuela difundió un reportaje audiovisual en julio en el que muestran testimonios de vecinos de la Cota 905 que señalan a las fuerzas de seguridad de acosarlos. 

Pese a estas denuncias, los casos de corrupción y la situación de impunidad de los funcionarios de la PNB pudieran agravarse. El 5 de mayo de 2023, fue creada la Oficina de Alegación al Funcionario Policial (OAFP) destinada a la defensa de los policías involucrados en actividades criminales, que van desde robos y hurtos, pasando por violaciones hasta otros delitos. La dependencia cuenta con abogados para asesoría y defensa de los uniformados.

Vecinos de la Cota 905 entrevistados para este trabajo temen que los abusos policiales que se registran en el barrio puedan propiciar el nacimiento de otra banda criminal, como una respuesta para frenar las extorsiones y otros excesos de la PNB. 

En 2015, cuando la megabanda controlaba la zona, representantes del Gobierno nacional llegaron a reunirse con sus líderes para la implementación de una “zona de paz”, un experimento con el que Maduro intentó controlar la violencia en varios barrios del país. Pero la “zona de paz” terminó siendo la repartición de la Cota 905 entre el “Koki”, “Vampi” y “Garbis”, quienes así garantizaron que no surgieran otras bandas en su área de control.

Jaime, el vecino que intervino en la colecta para pagar a policías que retuvieron a dos jóvenes cercanos a su familia, relató que estuvo presente en una de las reuniones realizadas entre marzo y abril de 2015 para conformar la “zona de paz”. Recuerda a los tres líderes de la megabanda y a autoridades del gobierno nacional, como el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos.

Pese al acuerdo entre la banda y el Gobierno, tres meses más tarde ocurrió la primera incursión de la cuestionada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en esa comunidad, que terminó con un saldo de 14 muertos y desencadenó allanamientos ilegales por parte de uniformados, robos a viviendas y a vecinos, además de decenas de detenciones arbitrarias. Testigos de esa intervención entrevistados para este reportaje aseguraron que los policías ayudaron a escapar a los líderes de la megabanda que, pese a la intervención, mantuvieron el control después de la OLP. Durante los dos años siguientes, los habitantes de la Cota 905 cuentan que fueron acosados por los policías, quienes los detenían en alcabalas cercanas y los amedrentaban por vivir en una comunidad tomada por delincuentes.

El coordinador general de la oenegé Cecodap, Carlos Trapani, recalcó que la consolidación de la megabanda en la Cota 905 no fue decisión de sus vecinos. “La comunidad fue víctima de la megabanda porque ejercían un control social sobre ellos, el cual tuvo un costo vinculado a la muerte, extorsión, miedo y desaparición”, indicó.

En su informe “Esclavizar para delinquir”, la organización no gubernamental reveló que los cabecillas potenciaron su agrupación delictiva captando a jóvenes de la Cota 905, a quienes ofrecían diferentes cargos, no sólo en la línea hamponil sino como repartidores de comida, organizadores de fiestas y otras responsabilidades relacionadas con las actividades sociales.

Hoy las bandas criminales ya no controlan la zona, pero aún así la comunidad sigue sometida al control de un grupo armado, que los extorsiona, simula delitos y los priva ilegalmente de su libertad. La irregularidad es la norma en la Cota 905. Varios habitantes dijeron que muchos de sus vecinos se quieren mudar a otros lugares para proteger a sus hijos y que, si tuvieran dinero, ya los habrían sacado de allí. “El futuro de la comunidad está en veremos porque no queremos los focos de malandraje de antes, pero la juventud se está perdiendo porque, por culpa de esos mismos mafiosos policías, los muchachos se meten a malandros”, lamentó Jaime.

*Nota: Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje han sido cambiados para resguardar su seguridad. Durante el proceso de investigación, el equipo periodístico se dirigió a la Defensoría del Pueblo para indagar si este organismo recibió denuncias de extorsión en la Cota 905. En el lugar, un funcionario confirmó la recepción de denuncias realizadas por habitantes de esta barriada por presunta violación de DD.HH en la Cota 905, pero no confirmó si se trataban de las extorsiones que se precisan en este reportaje.