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En el país se vive una ola de asaltos, hurtos y agresiones contra personal de la salud y pacientes. Es resultado de la enorme precariedad de los servicios públicos y del deterioro de la infraestructura hospitalaria combinada con la poca vigilancia y la mucha impunidad. A este problema se suman amenazas estatales y detenciones a médicos y enfermeros que intentan denunciar la crisis del sistema sanitario que no parece tener fin

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) y CONNECTAS

Al l Hospital Dr. José Ignacio Baldó se le conoce como El Algodonal. Se encuentra al oeste de Caracas y fue construido en 1940. Durante años fue referencia para la atención de enfermedades respiratorias como neumonía o tuberculosis. Hoy luce abandonado, solo, oscuro, derrumbado. Los largos pasillos de este hospital apenas cuentan con uno o dos bombillos. En las habitaciones, los familiares de pacientes deben encargarse de improvisar su propia iluminación si no quieren quedarse a oscuras al caer la noche y quedar a merced del hampa. 

Testimonios obtenidos para este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, junto con la plataforma periodística CONNECTAS, confirman que el deterioro de la infraestructura física de los grandes centros asistenciales venezolanos, como El Algodonal, es aprovechado por los delincuentes para cometer robos y atentar contra las personas. Pasillos, escaleras y ascensores sin luz, sin cámaras de vigilancia, al igual que sus alrededores, son escenarios de diversos ataques.

La emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela golpea con fuerza al sector sanitario desde 2015. En los hospitales se registra una precarización que se ve reflejada en una crisis asistencial, así como en un alto índice de inseguridad y una violencia contra los trabajadores de la salud nunca antes vista en este país. “Hay un nivel de deterioro en las condiciones sociales y de carencias tan extremas que se vuelve muy complicada la vida en estos lugares”, sostuvo Roberto Briceño-León, director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

La Federación Médica Venezolana (FMV) señala que la red hospitalaria integrada por 301 centros de salud en el país, muestra un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua, entre otros. “El personal es víctima de agresiones, trabaja en un ambiente de inseguridad permanente. Están dando la cara en los hospitales y arriesgando la vida a todas horas”, afirma el presidente de la FMV, Douglas León Natera.

Informes de gremios del sector sanitario y de instituciones académicas muestran la difícil situación que viven estos centros. El más reciente es de la Organización Médicos por la Salud publicado en 2020. Revela que 12 de 40 hospitales registraron algún tipo de violencia contra el personal sanitario, pacientes o familiares “con 158 eventos, lo que significa un reporte cada 2,3 días. Los estados con los centros asistenciales con mayor cantidad de incidencias son Nueva Esparta y Caracas”. 

Ya antes la Encuesta Nacional de Hospitales de esta misma organización médica mostró cifras aún más alarmantes. Informó que 30 de los 40 hospitales que evaluaron para la medición reportaron asaltos o hurtos dentro de sus instalaciones, con 490 episodios registrados en 2019, lo que representa 1,3 eventos diarios. 

Estos casos ocurren en un contexto en el cual los robos en todo el país continúan en alza. Según las últimas estadísticas del OVV, en 2021 hubo un aumento de 10% de este delito. Los datos muestran que, al menos, 20% de la población fue víctima directa de un atraco y 26% aseguró tener un familiar que sufrió robo. 

En El Algodonal ya casi no hay personal sanitario; ahí puede verse a una sola enfermera que cubre todo un turno, cuando deberían ser cinco. El área destinada para los pacientes masculinos fue demolida hace al menos seis años y, desde entonces, sirve como vivienda de indigentes o baños improvisados.

El transporte está en manos de una línea de taxi que opera hasta las 4:00 de la tarde, por lo peligroso del lugar. Los trabajadores del turno nocturno deben bajar en grupos por una carretera larga, oscura y rodeada de maleza.

Bordeando el hospital hay espacios dirigidos a la siembra para las familias del barrio cercano; sin embargo, trabajadores y pacientes aseguran haber visto cómo por esa montaña bajan delincuentes que roban celulares y otras pertenencias a quienes están en el centro de salud y escapan por la misma vía.

Silvia Martínez labora en el área de mantenimiento de El Algodonal. Cuenta que frecuentemente sufre el robo de sus implementos de trabajo y pertenencias personales. “Esto tiene mucho tiempo. Es una situación que no se resuelve a pesar de las denuncias”.

La falta de electricidad es una de las principales causas del aumento de los delitos en los centros asistenciales, sostiene Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud). Destaca que no se han destinado recursos suficientes para el mantenimiento de los hospitales.

“Vemos cómo el Clínico Universitario, el J. M. de Los Ríos y el Pérez Carreño tienen de nueve a diez ascensores y ninguno funciona; buena parte de las instalaciones está a oscuras y hay ambulancias deterioradas, por ejemplo. Hay mucha soledad. Desde hace muchos años ya no contamos con la presencia de funcionarios policiales. Hoy en Venezuela tenemos instituciones altamente vulnerables”, añade.

Esa soledad que comenta el dirigente sindical obedece a que los centros sanitarios no han escapado de la crisis migratoria venezolana de casi 6 millones de personas, según cifras de organizaciones internacionales. Esta problemática se suma a la de las muertes por COVID-19 en el sector salud. Según datos de la Federación Médica Venezolana unos 42.000 médicos han emigrado desde 2013 y han muerto otros 633 galenos desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus en marzo de 2020. Otros prefieren renunciar debido a los bajos sueldos.

Una noche, para sentirse seguros, Margarita Márquez y nueve pacientes más, recluidos en la misma habitación de un hospital público de Caracas, tuvieron que cerrar la puerta que no tenía seguro, con una especie de barricada improvisada. El objetivo era evitar que otras personas ingresaran a robar mientras dormían. Cuenta que el temor les surgió porque en la lista de materiales médicos que el personal de salud entrega a los pacientes, y que éstos deben comprar, había una nota que advertía sobre la posibilidad de un robo. 

Como hacen los soldados, decidieron turnarse para vigilar y avisar de algún peligro. “Fue una situación muy difícil. No podíamos descansar en las noches, pensando en que alguien pudiera violentar la puerta del cuarto”, cuenta Márquez, quien tiene 59 años de edad y había sido operada para reemplazar su cadera derecha. Eso ocurrió a finales de 2021.

Esta inseguridad evidencia la falta de inversión en el sistema de salud público venezolano, señala Enrique López-Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Agrega que la actual situación hospitalaria es multifactorial.

“Hay un desequilibrio en la distribución de recursos en la administración sanitaria. La infraestructura es uno de los factores que tienen que ver con la estructuración de un sistema sanitario correctamente bien llevado, con todos los recursos, con la provisión de insumos y materiales. Además, se suma un deterioro social del personal con sueldos depauperados, con una capacidad salarial insólitamente llevada adelante por los estamentos del Estado sin una diferencia inclusive significativa en cuanto al grado de profesionalización”, dice López Loyo.

El Oncológico Luis Razetti de Caracas fue, por años, un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer. Hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden ya a plena luz del día y son de una audacia que bordea lo surrealista: ni los que vigilan se salvan. “Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada”, asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

Gómez cuenta que un viernes, a mediados de julio de 2021, llegó una carga de alimentos que incluía 500 pollos. Pero el lunes se encontraron con que solo quedaban cuatro aves. Durante el fin de semana alguien se robó toda esa comida ya que solo se encontraban 10 pacientes hospitalizados. Las afirmaciones de Gómez se basan en la minuta que queda reflejada en el "libro de novedades", donde se evidencia todo lo que ocurre en cada turno.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar. A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. “Una se siente defraudada, decepcionada y deprimida cuando, luego de 28 años de servicio, horas de trabajo mañana, tarde y noche, para ahorrar y poder comprar sus bienes, te los quitan. Es importante que disminuya la delincuencia dentro de nuestros hospitales, que haya mayor seguridad”.

ARI solicitó entrevista a Mario Laya, director del Oncológico, para conocer si existen planes de seguridad en este centro asistencial, pero dijo no estar autorizado para dar declaraciones, ya que el único vocero para “todas las vicisitudes en nuestros centros” es Armando Martín, autoridad única de salud en Caracas. “La orientación emanada a cada uno de los directores es atender, revisar y notificar en tiempo real a su despacho, cualquier irregularidad detectada”, respondió Laya en un mensaje vía Whatsapp.

Luego de esta acotación, se envió comunicación al Ministerio de la Salud para pedir conversar con la ministra Magaly Gutiérrez, con Armando Martín o con cualquier otro funcionario de este despacho. No se obtuvo respuesta.

A un grupo de trabajadores del Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste de la capital, también les robaron los carros  en el estacionamiento. La enfermera Yoselin Aguilera dice que, aunque hicieron la denuncia ante las autoridades policiales, hasta ahora no han recibido resultados de las investigaciones.

“En el Departamento de Seguridad y el director del hospital nos dijeron que el proceso de investigación estaba en curso, pero aún no hay detalles sobre el caso. La policía entrevistó a los vigilantes que estaban de guardia ese día y dijeron que no vieron nada. En el estacionamiento tampoco hay cámaras de seguridad. Luego del robo masivo, pusieron luces y limpiaron, pero actualmente está oscuro y sucio”, señala Aguilera.

Delincuentes: la mayoría de las personas transgresoras de la ley que ingresan a los centros asistenciales lo hacen principalmente por las emergencias por un ajuste de cuentas contra otro delincuente. También han ingresado para cometer delitos comunes como el hurto o robo. Estos delincuentes suelen pertenecer a bandas criminales, y estar armados.

Funcionarios policiales: de acuerdo a información de la Fiscalía General de la República se han detenido funcionarios de varios cuerpos como de la Policía Nacional Bolivariana, por robos de insumos y equipos médicos.

Funcionarios militares: la Fiscalía General de la República ha informado en diferentes reportes de la detención y pase a juicio de militares que integran la Guardia Nacional, por robos y hurtos de medicinas y equipos médicos.

Colectivos: personas afectas al partido de gobierno PSUV, agrupados en los llamados grupos “colectivos”, creados desde la presidencia de Hugo Chávez. Suelen vestir franela roja o negra con los rostros estampados del Che Guevara o de otro revolucionario, ropa de camuflaje, gorra roja y/o con la bandera nacional de ocho estrellas, y con bolsos que generalmente se guindan en uno de sus hombros y que van hacia el lado contrario de su cuerpo. Aparecen con frecuencia para amedrentar al personal de la salud durante sus protestas para denunciar fallas en el sistema e infraestructura médica.

Trabajadores de la salud: reportes de la Fiscalía General y de las autoridades policiales evidencian que personal de los centros asistenciales han cometido el delito de hurto de medicamentos y equipos médicos.

Vigilantes de seguridad: personal adscrito al Ministerio de la Salud y a la Dirección de los hospitales. Es un cuerpo de vigilancia preventivo, no porta armamento y no cumple las mismas funciones de un vigilante privado. Con horarios establecidos de acuerdo a los convenios de contratación de cada institución. Están desprovistos de equipos de comunicación como radios y solo cuentan con su teléfono personal para reportar alguna eventualidad. 

Milicianos: personas con adiestramiento militar por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero sin porte de armas en la ejecución de sus tareas. La mayoría de sus integrantes son personas mayores.

Colectivos de Dirección: creados por el Ministerio de la Salud para evitar el robo de insumos médicos. Este último grupo dejó de funcionar oficialmente en 2017, sin embargo, su presencia se mantuvo dentro de las instalaciones hasta 2019, según revelaron trabajadores de la salud para este reportaje.

En el Hospital Doctor Carlos Arvelo en Caracas atienden a funcionarios militares y a sus familiares; además es el centro hospitalario donde falleció el expresidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. Fue objeto de robo a mano armada en junio de 2020 y en diciembre de 2021. En la primera ocasión, un grupo de encapuchados con armas de fuego subió hasta el piso 10 donde amordazaron a enfermeras y médicos. Entre lo sustraído había equipos de anestesia, desfibriladores, laringoscopios, máscaras laríngeas y medicamentos.

Aunque este hospital militar es custodiado constantemente por funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), no se salvó de ser robado. 

La segunda ocasión sucedió en la noche de Navidad de 2021. Una enfermera fue amordazada y amenazada con armas; los atacantes resultaron ser un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, el cocinero del centro asistencial y un civil. Se llevaron un regulador de voltaje, un monitor de signos vitales portátil y un desfibrilador.

No todos los hospitales tienen el mismo control de seguridad. Pablo Zambrano considera que cada centro debería contar con policía hospitalaria para proteger al trabajador, al paciente y a su familia. “Trabajar en una emergencia es muy complicado, porque quien está en la puerta es un obrero y quien recibe al herido es un camillero; es decir, esto amerita la intervención de un cuerpo capacitado y autorizado para prevenir delitos”. 

En la puerta de cada institución permanece una persona de seguridad, acompañada de un miliciano, que es un civil uniformado que ha recibido entrenamiento militar básico. De acuerdo con las normas venezolanas, los custodios no pueden usar armas, pero en el caso de los hospitales, el personal de vigilancia ni siquiera tiene radio de comunicación.

Francis Guillén, enfermera del Hospital Pérez Carreño, al oeste de Caracas, cuenta que la institución tenía un vigilante por cada piso, pero que ahora no tienen personal suficiente. “Solo hay vigilantes en zonas puntuales: quirófano, sala de parto y en la entrada. Los trabajadores que han sufrido algún tipo de violencia van al Departamento de Seguridad, ponen la denuncia, pero no sucede nada. Los vigilantes no tienen implementos de seguridad”.

Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de Criminología, afirma que “los milicianos no están preparados para prestar funciones de seguridad y menos en un centro asistencial”. Según él, no son aptos para cumplir labores de vigilancia, porque reciben muy poco entrenamiento militar y tácticas de inteligencia. Además, la mayoría de estos funcionarios son personas mayores que difícilmente pueden enfrentarse con un delincuente armado.

Roberto Briceño-León agrega que buena parte de la población no siente confianza por estos grupos. “No creo que hayan hecho una acción efectiva. Pero lo que yo entiendo es que no tienen capacidad para responder o generar mayor seguridad. El propio personal de la salud les tiene miedo”.

En 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, el máximo organismo de policía nacional) creó una División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública, para “luchar contra los delitos de sabotaje, mala praxis, corrupción y sustracción de medicamentos y equipos médicos, entre otros”, según palabras que el director de este organismo, Douglas Rico, ofreciera con el anuncio.

Las más recientes cifras sobre robos (con violencia y víctimas involucradas) y hurtos (sin violencia ni víctimas) en los hospitales dadas a conocer por la Fiscalía General datan de entre 2017 y 2019. En ellas se revela que se recibieron 131 casos relacionados con la sustracción de insumos médicos. 

Por estos delitos hubo 179 personas procesadas y 13 condenadas. Se contabilizaron 70 equipos, entre los que destacan nebulizadores, marcapasos, ecógrafos y bombonas de oxígeno que fueron hurtados por algunos trabajadores. Además, fueron robadas en los centros asistenciales 52.000 unidades de ampollas, 27.900 unidades de material quirúrgico, 50.186 unidades de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios e hipertensivos.

En lo que va de 2022, han sido detenidos varios trabajadores de la salud por robo y reventa de medicamentos. A inicios de febrero, apresaron a una médico residente y al jefe de almacén del Hospital Central de Maturín en el estado Monagas, por tener un depósito clandestino de medicinas.

Esta unidad del Cicpc también daría asesoramiento a las autoridades y personal de los centros asistenciales para mejorar la seguridad. Para este trabajo periodístico, ARI realizó un recorrido por varios hospitales en Caracas y el personal de la salud que se entrevistó aseguró no haber recibido instrucciones o adiestramiento; ni tampoco le dieron a conocer los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen, si es que se formularon.

Este equipo de periodistas tampoco observó en los centros de salud la presencia de funcionarios policiales pertenecientes a esa división. Un reportero se acercó a la sede policial para la salud pública con el fin de conocer resultados de investigaciones, pero le informaron que no llevan un balance sobre incidentes en los hospitales. “¿Para qué? Si son ellos mismos (personal de salud) los que roban?, dijo el funcionario que no se identificó por no estar autorizado para declarar. 

También se solicitó entrevista con Douglas Rico, director del Cicpc, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Además de los robos, que suelen ser comunes en las áreas de emergencia, se han presentado casos de delincuentes que entran a los hospitales para “ajustar cuentas” con otros hombres, indica Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela.

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

Muchos de los asaltos son con altos niveles de violencia y los criminales usan armas de fuego. “Eso genera un gran temor en el personal sanitario. Es un cuadro extremo, pero se sigue presentando porque no hay custodia policial ni vigilancia en los centros hospitalarios”, indica Roberto Briceño-León, director del OVV.

Otro caso que fue captado por un videoaficionado fue el del asesinato de un funcionario policial y su esposa la mañana del domingo 20 de febrero, a la entrada del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Valencia, estado Carabobo. Según informaciones dadas por las autoridades, el motivo fue el robo.

En la madrugada del 22 de febrero, delincuentes ejecutaron un robo a mano armada en el ambulatorio Doctor Pedro Manuel Iturbe de Chichiriviche, en el estado Falcón. La enfermera Grisell Mavarez recibió varios golpes con la cacha del arma que le provocaron heridas y fractura craneal, mientras que el médico Luis Sánchez recibió un disparo en el cuello muy cerca de la columna vertebral. 

Pero los insumos médicos no son los únicos materiales apetecidos por los delincuentes. En agosto de 2021, fueron sustraídos varios implementos que dejaron sin servicio eléctrico al hospital Dr. Rafael Calles Sierra en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.    

“En Venezuela se ha dado una destrucción de la institucionalidad, de las reglas del juego, de lo que uno en sociología llama institucionalidad que es sencillamente el pacto social, el acuerdo mínimo. Y ese acuerdo mínimo implica el respeto de las reglas, de las leyes y del otro”, responde así Briceño-León al cuidado que se debe tener hacia los hospitales, incluso en un conflicto bélico o guerra.

Equipos médicos deteriorados y abandonados en un pasillo del hospital Razetti | Crédito: Luna Perdomo

Equipos médicos deteriorados y abandonados en un pasillo del hospital Razetti | Crédito: Luna Perdomo

Comunicado en papel alertando que el hospital Luis Razetti no se hace responsable de robos de vehículos y otros objetos de los carros | Crédito: Luna Perdomo

Comunicado en papel alertando que el hospital Luis Razetti no se hace responsable de robos de vehículos y otros objetos de los carros | Crédito: Luna Perdomo

Pared y techo de una de las oficinas del hospital Luis Razetti dañadas por la humedad | Crédito: Luna Perdomo

Pared y techo de una de las oficinas del hospital Luis Razetti dañadas por la humedad | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo del hospital Luis Razetti, totalmente solo y son luces en los techos | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo del hospital Luis Razetti, totalmente solo y son luces en los techos | Crédito: Luna Perdomo

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Equipos médicos deteriorados y abandonados en un pasillo del hospital Razetti | Crédito: Luna Perdomo

Equipos médicos deteriorados y abandonados en un pasillo del hospital Razetti | Crédito: Luna Perdomo

Comunicado en papel alertando que el hospital Luis Razetti no se hace responsable de robos de vehículos y otros objetos de los carros | Crédito: Luna Perdomo

Comunicado en papel alertando que el hospital Luis Razetti no se hace responsable de robos de vehículos y otros objetos de los carros | Crédito: Luna Perdomo

Pared y techo de una de las oficinas del hospital Luis Razetti dañadas por la humedad | Crédito: Luna Perdomo

Pared y techo de una de las oficinas del hospital Luis Razetti dañadas por la humedad | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo del hospital Luis Razetti, totalmente solo y son luces en los techos | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo del hospital Luis Razetti, totalmente solo y son luces en los techos | Crédito: Luna Perdomo

Los trabajadores de la salud se quejan porque no reciben respuesta de las autoridades cuando alzan la voz por estas situaciones. De hecho, son numerosos los casos de despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la inseguridad, falta de insumos médicos o carencias de servicios públicos.

Las constantes protestas de los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias conducen a que también sufran de amedrentamientos, amenazas y persecuciones por parte de personas afectas al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), agrupados en los llamados grupos “colectivos” e integrantes del Círculo Bolivariano de Paz.

El 11 de febrero de 2021, el líder del colectivo La Piedrita en la parroquia caraqueña 23 de Enero, Valentín Santana, envió un “mensaje” a los trabajadores de la salud que denuncian la escasez de insumos médicos. “Queremos dejarle clarito a la contra que está dentro de los hospitales de Caracas, que, si intenta trancar (cerrar) calles, le vamos a hacer un llamado al pueblo para que le den una respuesta contundente”, dijo.

En octubre de 2020, el personal del Hospital Miguel Pérez Carreño salió a la avenida principal de La Yaguara de la capital venezolana para exigir mejoras. Con pistola en mano, personas afiliadas al Cupaz pusieron fin a la manifestación. En ese mismo año, enfermeras y una obrera de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas fueron golpeadas por un grupo de colectivos armados. Las víctimas denunciaron lo ocurrido ante el Ministerio Público, pero no recibieron respuesta alguna.

Representantes de la ONG Médicos Unidos por Venezuela también alertaron “sobre el incremento de las persecuciones y detenciones arbitrarias por parte de los organismos de seguridad”. En el caso de las agresiones registradas por esta organización, en 2021 se registraron 62, de las cuales 11 fueron arrestos arbitrarios.  

Uno de los casos más dramáticos sucedió el 26 de julio de 2021, cuando un tribunal en el estado Anzoátegui, al oriente del país, envió a prisión a la enfermera Ada Macuare tras ser acusada de “instigación al odio” y “terrorismo”, por el simple hecho de exigir mejoras salariales y vacunas para todas las personas en el ambulatorio Alí Romero Briceño de la ciudad de Barcelona.

En 2019, Neomar Balza, médico del Hospital Pérez Carreño, fue víctima de agresiones y despedido por participar en una protesta donde denunció ante los medios la falta de insumos en este centro de salud pública. En un video publicado en Twitter se observa cómo es obligado por varios hombres a salir del hospital. “Es una orden de que salga de la institución”, le dijeron mientras le manotearon el teléfono con que grababa.

Durante el primer año de la pandemia, en 2020, una veintena de profesionales de la salud fueron detenidos por exigir insumos de protección. Funcionarios de la policía política venezolana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llegaron a sus casas con armas largas para arrestarlos.

Esta situación es frecuente desde 2017. A partir de ese año se han registrado decenas de casos contra personas por expresarse en manifestaciones o por denunciar ante los medios, y en los que se ha usado o invocado la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta normativa fue aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y contempla penas de cárcel de entre 10 a 20 años.

Según la ONG Espacio Público, esto ha derivado en 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión. De este total, 60 víctimas son trabajadores públicos y 18 del sector de la salud.

Mientras se observa este panorama, los pacientes esperan por una recuperación de todo el sistema hospitalario. “Si el gobierno no mejora la atención y el servicio de salud, no garantiza la electricidad para que haya iluminación en los pasillos ni ataca la inseguridad, pues dudo mucho que la situación se arregle en los centros de salud”, afirma Margarita Márquez quien agrega que reza todos los días “para no volver a tener otra dolencia que me lleve a parar a un hospital”.

Cuarto de hospitalización de hombres en el hospital El Algodonal. No cuenta con oxígeno, ni con alumbrado. Los colchones están deteriorados | Crédito: Luna Perdomo

Cuarto de hospitalización de hombres en el hospital El Algodonal. No cuenta con oxígeno, ni con alumbrado. Los colchones están deteriorados | Crédito: Luna Perdomo

En un baño de El Algodonal hay un cartel recordando que el envase del lavamanos siempre debe permanecer lleno de agua limpia | Crédito: Luna Perdomo

En un baño de El Algodonal hay un cartel recordando que el envase del lavamanos siempre debe permanecer lleno de agua limpia | Crédito: Luna Perdomo

El cuarto de hospitalización de damas en El Algodonal sí cuenta con una lámpara con bombillos_ sin embargo, la mayoría de las camas no tiene colchón | Crédito: Luna Perdomo

El cuarto de hospitalización de damas en El Algodonal sí cuenta con una lámpara con bombillos_ sin embargo, la mayoría de las camas no tiene colchón | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo de cuartos de hospitalización de El Algodonal totalmente solitario ante la falta de personal | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo de cuartos de hospitalización de El Algodonal totalmente solitario ante la falta de personal | Crédito: Luna Perdomo

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Cuarto de hospitalización de hombres en el hospital El Algodonal. No cuenta con oxígeno, ni con alumbrado. Los colchones están deteriorados | Crédito: Luna Perdomo

Cuarto de hospitalización de hombres en el hospital El Algodonal. No cuenta con oxígeno, ni con alumbrado. Los colchones están deteriorados | Crédito: Luna Perdomo

En un baño de El Algodonal hay un cartel recordando que el envase del lavamanos siempre debe permanecer lleno de agua limpia | Crédito: Luna Perdomo

En un baño de El Algodonal hay un cartel recordando que el envase del lavamanos siempre debe permanecer lleno de agua limpia | Crédito: Luna Perdomo

El cuarto de hospitalización de damas en El Algodonal sí cuenta con una lámpara con bombillos_ sin embargo, la mayoría de las camas no tiene colchón | Crédito: Luna Perdomo

El cuarto de hospitalización de damas en El Algodonal sí cuenta con una lámpara con bombillos_ sin embargo, la mayoría de las camas no tiene colchón | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo de cuartos de hospitalización de El Algodonal totalmente solitario ante la falta de personal | Crédito: Luna Perdomo

Pasillo de cuartos de hospitalización de El Algodonal totalmente solitario ante la falta de personal | Crédito: Luna Perdomo

Coordinación: Ahiana Figueroa

Periodistas: Orianny Granado, Luna Perdomo, Zulvyn Díaz, Valeria Pedicini y Armando Altuve

Edición: ARI

Acompañamiento editorial, diseño y multimedia: Equipo CONNECTAS

Coordinación de diseño: Elsy Torres y ARH

Infografías: Carlenys Zapata y Abrahan Moncada

Fotografía y video: Luna Perdomo

Audiopostales: Luis Olaizola

Gerente de Proyectos ARI: Johanna Osorio

Redes sociales: Emily Placencia, Nairobi Lara, Luis Miquilena, Ricardo Machado, Nahir García y Victoria Falcón