El Oncológico Luis Razetti de Caracas fue, por años, un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer. Hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden ya a plena luz del día y son de una audacia que bordea lo surrealista: ni los que vigilan se salvan. “Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada”, asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

Gómez cuenta que un viernes, a mediados de julio de 2021, llegó una carga de alimentos que incluía 500 pollos. Pero el lunes se encontraron con que solo quedaban cuatro aves. Durante el fin de semana alguien se robó toda esa comida ya que solo se encontraban 10 pacientes hospitalizados. Las afirmaciones de Gómez se basan en la minuta que queda reflejada en el "libro de novedades", donde se evidencia todo lo que ocurre en cada turno.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar. A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. “Una se siente defraudada, decepcionada y deprimida cuando, luego de 28 años de servicio, horas de trabajo mañana, tarde y noche, para ahorrar y poder comprar sus bienes, te los quitan. Es importante que disminuya la delincuencia dentro de nuestros hospitales, que haya mayor seguridad”.

ARI solicitó entrevista a Mario Laya, director del Oncológico, para conocer si existen planes de seguridad en este centro asistencial, pero dijo no estar autorizado para dar declaraciones, ya que el único vocero para “todas las vicisitudes en nuestros centros” es Armando Martín, autoridad única de salud en Caracas. “La orientación emanada a cada uno de los directores es atender, revisar y notificar en tiempo real a su despacho, cualquier irregularidad detectada”, respondió Laya en un mensaje vía Whatsapp.

Luego de esta acotación, se envió comunicación al Ministerio de la Salud para pedir conversar con la ministra Magaly Gutiérrez, con Armando Martín o con cualquier otro funcionario de este despacho. No se obtuvo respuesta.

A un grupo de trabajadores del Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste de la capital, también les robaron los carros  en el estacionamiento. La enfermera Yoselin Aguilera dice que, aunque hicieron la denuncia ante las autoridades policiales, hasta ahora no han recibido resultados de las investigaciones.

“En el Departamento de Seguridad y el director del hospital nos dijeron que el proceso de investigación estaba en curso, pero aún no hay detalles sobre el caso. La policía entrevistó a los vigilantes que estaban de guardia ese día y dijeron que no vieron nada. En el estacionamiento tampoco hay cámaras de seguridad. Luego del robo masivo, pusieron luces y limpiaron, pero actualmente está oscuro y sucio”, señala Aguilera.

En el Hospital Doctor Carlos Arvelo en Caracas atienden a funcionarios militares y a sus familiares; además es el centro hospitalario donde falleció el expresidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. Fue objeto de robo a mano armada en junio de 2020 y en diciembre de 2021. En la primera ocasión, un grupo de encapuchados con armas de fuego subió hasta el piso 10 donde amordazaron a enfermeras y médicos. Entre lo sustraído había equipos de anestesia, desfibriladores, laringoscopios, máscaras laríngeas y medicamentos.

Aunque este hospital militar es custodiado constantemente por funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), no se salvó de ser robado. 

La segunda ocasión sucedió en la noche de Navidad de 2021. Una enfermera fue amordazada y amenazada con armas; los atacantes resultaron ser un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, el cocinero del centro asistencial y un civil. Se llevaron un regulador de voltaje, un monitor de signos vitales portátil y un desfibrilador.

No todos los hospitales tienen el mismo control de seguridad. Pablo Zambrano considera que cada centro debería contar con policía hospitalaria para proteger al trabajador, al paciente y a su familia. “Trabajar en una emergencia es muy complicado, porque quien está en la puerta es un obrero y quien recibe al herido es un camillero; es decir, esto amerita la intervención de un cuerpo capacitado y autorizado para prevenir delitos”. 

En la puerta de cada institución permanece una persona de seguridad, acompañada de un miliciano, que es un civil uniformado que ha recibido entrenamiento militar básico. De acuerdo con las normas venezolanas, los custodios no pueden usar armas, pero en el caso de los hospitales, el personal de vigilancia ni siquiera tiene radio de comunicación.

Francis Guillén, enfermera del Hospital Pérez Carreño, al oeste de Caracas, cuenta que la institución tenía un vigilante por cada piso, pero que ahora no tienen personal suficiente. “Solo hay vigilantes en zonas puntuales: quirófano, sala de parto y en la entrada. Los trabajadores que han sufrido algún tipo de violencia van al Departamento de Seguridad, ponen la denuncia, pero no sucede nada. Los vigilantes no tienen implementos de seguridad”.

Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de Criminología, afirma que “los milicianos no están preparados para prestar funciones de seguridad y menos en un centro asistencial”. Según él, no son aptos para cumplir labores de vigilancia, porque reciben muy poco entrenamiento militar y tácticas de inteligencia. Además, la mayoría de estos funcionarios son personas mayores que difícilmente pueden enfrentarse con un delincuente armado.

Roberto Briceño-León agrega que buena parte de la población no siente confianza por estos grupos. “No creo que hayan hecho una acción efectiva. Pero lo que yo entiendo es que no tienen capacidad para responder o generar mayor seguridad. El propio personal de la salud les tiene miedo”.

En 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, el máximo organismo de policía nacional) creó una División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública, para “luchar contra los delitos de sabotaje, mala praxis, corrupción y sustracción de medicamentos y equipos médicos, entre otros”, según palabras que el director de este organismo, Douglas Rico, ofreciera con el anuncio.

Las más recientes cifras sobre robos (con violencia y víctimas involucradas) y hurtos (sin violencia ni víctimas) en los hospitales dadas a conocer por la Fiscalía General datan de entre 2017 y 2019. En ellas se revela que se recibieron 131 casos relacionados con la sustracción de insumos médicos. 

Por estos delitos hubo 179 personas procesadas y 13 condenadas. Se contabilizaron 70 equipos, entre los que destacan nebulizadores, marcapasos, ecógrafos y bombonas de oxígeno que fueron hurtados por algunos trabajadores. Además, fueron robadas en los centros asistenciales 52.000 unidades de ampollas, 27.900 unidades de material quirúrgico, 50.186 unidades de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios e hipertensivos.

En lo que va de 2022, han sido detenidos varios trabajadores de la salud por robo y reventa de medicamentos. A inicios de febrero, apresaron a una médico residente y al jefe de almacén del Hospital Central de Maturín en el estado Monagas, por tener un depósito clandestino de medicinas.

Esta unidad del Cicpc también daría asesoramiento a las autoridades y personal de los centros asistenciales para mejorar la seguridad. Para este trabajo periodístico, ARI realizó un recorrido por varios hospitales en Caracas y el personal de la salud que se entrevistó aseguró no haber recibido instrucciones o adiestramiento; ni tampoco le dieron a conocer los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen, si es que se formularon.

Este equipo de periodistas tampoco observó en los centros de salud la presencia de funcionarios policiales pertenecientes a esa división. Un reportero se acercó a la sede policial para la salud pública con el fin de conocer resultados de investigaciones, pero le informaron que no llevan un balance sobre incidentes en los hospitales. “¿Para qué? Si son ellos mismos (personal de salud) los que roban?, dijo el funcionario que no se identificó por no estar autorizado para declarar. 

También se solicitó entrevista con Douglas Rico, director del Cicpc, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Además de los robos, que suelen ser comunes en las áreas de emergencia, se han presentado casos de delincuentes que entran a los hospitales para “ajustar cuentas” con otros hombres, indica Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela.

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

Muchos de los asaltos son con altos niveles de violencia y los criminales usan armas de fuego. “Eso genera un gran temor en el personal sanitario. Es un cuadro extremo, pero se sigue presentando porque no hay custodia policial ni vigilancia en los centros hospitalarios”, indica Roberto Briceño-León, director del OVV.

Otro caso que fue captado por un videoaficionado fue el del asesinato de un funcionario policial y su esposa la mañana del domingo 20 de febrero, a la entrada del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Valencia, estado Carabobo. Según informaciones dadas por las autoridades, el motivo fue el robo.

En la madrugada del 22 de febrero, delincuentes ejecutaron un robo a mano armada en el ambulatorio Doctor Pedro Manuel Iturbe de Chichiriviche, en el estado Falcón. La enfermera Grisell Mavarez recibió varios golpes con la cacha del arma que le provocaron heridas y fractura craneal, mientras que el médico Luis Sánchez recibió un disparo en el cuello muy cerca de la columna vertebral. 

Pero los insumos médicos no son los únicos materiales apetecidos por los delincuentes. En agosto de 2021, fueron sustraídos varios implementos que dejaron sin servicio eléctrico al hospital Dr. Rafael Calles Sierra en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.    

“En Venezuela se ha dado una destrucción de la institucionalidad, de las reglas del juego, de lo que uno en sociología llama institucionalidad que es sencillamente el pacto social, el acuerdo mínimo. Y ese acuerdo mínimo implica el respeto de las reglas, de las leyes y del otro”, responde así Briceño-León al cuidado que se debe tener hacia los hospitales, incluso en un conflicto bélico o guerra.

Los trabajadores de la salud se quejan porque no reciben respuesta de las autoridades cuando alzan la voz por estas situaciones. De hecho, son numerosos los casos de despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la inseguridad, falta de insumos médicos o carencias de servicios públicos.

Las constantes protestas de los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias conducen a que también sufran de amedrentamientos, amenazas y persecuciones por parte de personas afectas al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), agrupados en los llamados grupos “colectivos” e integrantes del Círculo Bolivariano de Paz.

El 11 de febrero de 2021, el líder del colectivo La Piedrita en la parroquia caraqueña 23 de Enero, Valentín Santana, envió un “mensaje” a los trabajadores de la salud que denuncian la escasez de insumos médicos. “Queremos dejarle clarito a la contra que está dentro de los hospitales de Caracas, que, si intenta trancar (cerrar) calles, le vamos a hacer un llamado al pueblo para que le den una respuesta contundente”, dijo.

En octubre de 2020, el personal del Hospital Miguel Pérez Carreño salió a la avenida principal de La Yaguara de la capital venezolana para exigir mejoras. Con pistola en mano, personas afiliadas al Cupaz pusieron fin a la manifestación. En ese mismo año, enfermeras y una obrera de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas fueron golpeadas por un grupo de colectivos armados. Las víctimas denunciaron lo ocurrido ante el Ministerio Público, pero no recibieron respuesta alguna.

Representantes de la ONG Médicos Unidos por Venezuela también alertaron “sobre el incremento de las persecuciones y detenciones arbitrarias por parte de los organismos de seguridad”. En el caso de las agresiones registradas por esta organización, en 2021 se registraron 62, de las cuales 11 fueron arrestos arbitrarios.  

Uno de los casos más dramáticos sucedió el 26 de julio de 2021, cuando un tribunal en el estado Anzoátegui, al oriente del país, envió a prisión a la enfermera Ada Macuare tras ser acusada de “instigación al odio” y “terrorismo”, por el simple hecho de exigir mejoras salariales y vacunas para todas las personas en el ambulatorio Alí Romero Briceño de la ciudad de Barcelona.

En 2019, Neomar Balza, médico del Hospital Pérez Carreño, fue víctima de agresiones y despedido por participar en una protesta donde denunció ante los medios la falta de insumos en este centro de salud pública. En un video publicado en Twitter se observa cómo es obligado por varios hombres a salir del hospital. “Es una orden de que salga de la institución”, le dijeron mientras le manotearon el teléfono con que grababa.

Durante el primer año de la pandemia, en 2020, una veintena de profesionales de la salud fueron detenidos por exigir insumos de protección. Funcionarios de la policía política venezolana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llegaron a sus casas con armas largas para arrestarlos.

Esta situación es frecuente desde 2017. A partir de ese año se han registrado decenas de casos contra personas por expresarse en manifestaciones o por denunciar ante los medios, y en los que se ha usado o invocado la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta normativa fue aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y contempla penas de cárcel de entre 10 a 20 años.

Según la ONG Espacio Público, esto ha derivado en 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión. De este total, 60 víctimas son trabajadores públicos y 18 del sector de la salud.

Mientras se observa este panorama, los pacientes esperan por una recuperación de todo el sistema hospitalario. “Si el gobierno no mejora la atención y el servicio de salud, no garantiza la electricidad para que haya iluminación en los pasillos ni ataca la inseguridad, pues dudo mucho que la situación se arregle en los centros de salud”, afirma Margarita Márquez quien agrega que reza todos los días “para no volver a tener otra dolencia que me lleve a parar a un hospital”.