Capítulo 1: Cuando van por ti

En este episodio se presenta la primera máscara tras la cual se escuda la impunidad. Las detenciones arbitrarias e ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzosa y la fabricación de expedientes no diferencian ni eligen víctimas. La impunidad y la indefensión tumban por igual las puertas de las casas humildes como las de figuras expuestas a la vida pública.

Protagonistas:

Raúl Emilio Baduel: Estuvo tras las rejas desde 2014 y hasta 2018. Hijo de Raúl Isaías Baduel, general retirado del Ejército, exministro de la Defensa y actual preso político.

Fue detenido el 21 de marzo de 2014 en Aragua, durante una manifestación pacífica. Fue condenado a ocho años de prisión por intimidación e instigación pública con artefactos explosivos y agavillamiento.

Baduel pasó por las cárceles Alayón (Aragua), David Viloria Uribana (Lara), 26 de Julio (Guárico), Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación (Aragua), Fénix (Lara), todas prisiones para presos comunes.

El 3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas cautelares.

Williams Aguado: Médico cirujano. Detenido de forma arbitraria en su casa por funcionarios de la Dgcim el 15 de enero de 2018, mismo día que se ejecutó extrajudicialmente al expolicía rebelde Óscar Pérez junto a su grupo de seis personas.

Pérez murió después de la detención de Aguado. El médico cirujano fue acusado en televisión por el ministro de Interior, Justicia y Paz de estar implicado con este grupo, pues presuntamente era el dueño de la vivienda donde se refugió Pérez y su equipo.

Estuvo desaparecido durante cuatro días, tiempo durante el cual fue víctima de torturas. Aún con evidencia de golpizas, fue presentado en tribunales militares.

Fue encarcelado en el Centro de Procesados Militares (Cepromil) ubicado en Miranda, mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, donde estuvo un mes aislado antes de que sus familiares pudieran verlo. Debido a las torturas, presenta desprendimiento de un riñón, pérdida de la audición por el oído izquierdo y graves laceraciones en sus pies.

Fue liberado el 2 de septiembre de 2020. En dos años y siete meses, no fue juzgado.

Julio César Rangel Novais: 24 años. Fue asesinado extrajudicialmente el 10 de julio de 2018 de dos disparos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana durante un presunto Operativo de Liberación del Pueblo en el sector Gramoven, parroquia Catia, municipio Libertador (Distrito Capital). Fue trasladado sin signos vitales al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado al oeste de Caracas.

Su hermano fue detenido en el mismo operativo y asesinado seis días después dentro de la Comandancia de la PNB en San Agustín. Una fiscal del Ministerio Público le dijo a su madre que fueron víctimas de un “mal procedimiento”.

No hay un juicio o imputados por su muerte.

Capítulo 3: Bienvenidos al infierno

Entre 2014 y 2020 más de 15.000 personas fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela. Las voces de la disidencia política se convierten en una muestra viva de los castigos ejemplarizantes del gobierno de Nicolás Maduro para forzar el silencio, incluyendo amenazas y concreciones de violencia y castigos sexuales, como registran informes internacionales. El poder se ceba, además, con las mujeres encareladas.

 Protagonistas:

Gabriel Valles Sguerzi: 32 años. Ingeniero en informática, activista de derechos humanos, estudiante de Arte. Fue detenido el 5 de septiembre de 2014 en Cúcuta (Colombia) y deportado a Venezuela por estar supuestamente implicado en una conspiración terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro, en el cual también se vincula a Lorent Saleh. Los dos primeros años de reclusión, estuvo en “La Tumba”, como se conoce a la sede oficial del Sebin ubicado en Plaza Venezuela. Luego fue trasladado al Helicoide. Durante cuatro años, nunca inició su juicio.

El 3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país. En febrero de 2019 huyó hacia Colombia. Sigue en ese país.

Betty Grossi: 52 años. Profesora de Ciencias Sociales y dibujo, catequista, fotógrafa y artista plástico. Fue señalada por Juan Carlos Pérez Venta, asesino de Liana Hergueta, como financista de su supuesta participación en sucesos violentos dentro de manifestaciones antigubernamentales de 2014. Fue detenida sin orden judicial el 17 de agosto de 2015 y encerrada en El Helicoide, cárcel y sede del Sebin.

Fue excarcelada el 24 de diciembre de 2017. Se encuentra en Italia.

Pedro Berríos: Albañil, trabajador en construcción y remodelación en centros comerciales. Fue detenido la noche del 29 de agosto de 2016 en Petare, al este de Caracas, en un operativo conocido como Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por no portar papeles de residencia. Fue seleccionado por funcionarios porque cumplía "con el prototipo de hombre que están buscando".

Nicolás Maduro había dicho en transmisión televisada que al norte de la ciudad habían aprehendido a colombianos terroristas. Fue víctima de simulación de ejecución y entrega de alimentos en descomposición o con vidrio molido.

Un tribunal dictó su excarcelación y desestimó la causa al no haber prueba alguna para su detención. La orden judicial no fue atendida por los cuerpos de seguridad.

El 29 de junio de 2019, junto a otros colombianos de la misma causa, fue excarcelado gracias a la petición que hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita en mayo de ese año a Venezuela.

Capítulo 5: La sangre militar

Los castigos y las torturas a militares que se atrevan a disentir en Venezuela son peores. Ha corrido sangre militar, y las víctimas de la acción del poder han sido pisoteados, disminuidos y desaparecidos bajo la expresión más opresiva de la bota y el uniforme.

Protagonistas:

Rafael Acosta Arévalo: 50 años. Capitán de corbeta de la Armada venezolana. Fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim luego de ser acusado de estar involucrado en un supuesto plan terrorista. Ocho días después, murió.

En el informe forense se destaca que su cadáver presentaba fractura de 16 arcos costales en ambos lados del cuerpo, quiebre del tabique nasal, escoriaciones (raspones) en hombros, codos y rodillas, además de hematomas en varias partes del cuerpo, como muslos y espalda, amén de quemaduras que coinciden con presunta electrocución.

La causa de muerte fue "edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a tromboembolismo pulmonar, debido a rabdomiolisis por politraumatismo generalizado".

La Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseveró que en el caso de Acosta Arévalo se configuraron los presuntos delitos de desaparición forzada y torturas, además de asesinato intencional, y lamentó que no se hayan incluido dentro de los cargos que se imputaron a dos funcionarios de la Dgcim.

En septiembre de 2019, el Tribunal 36° de Control del Área Metropolitana de Caracas condenó a los funcionarios Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, ambos de la Dgcim, a seis años y ocho meses por el cargo de “homicidio preterintencional” con causal, un delito común donde se exime la responsabilidad de hacer daño. No se investigó a sus superiores para determinar si hubbo una orden.

En octubre de 2020, luego de publicados el informe de una Misión de Determinación de Hechos comisionada por la ONU que registró presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela, el Ministerio Público informó sobre una nueva imputación contra esos dos funcionarios, reconociendo ahora sí los delitos de homicidio intencional y tortura. 

Geomar Martínez Natera: Sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional. El 21 de enero de 2019 se alzó en armas junto a otros 24 compañeros para desconocer la Presidencia de Nicolás Maduro. Tomaron el comando número 5 de la GN ubicado en Cotiza (municipio Libertador, Distrito Capital). Varias horas después se entregaron bajo presencia de un fiscal militar a una comisión de la Dgcim. Fueron encarcelados en la sede de ese cuerpo armado, que la ONG Provea y Naciones Unidas caracterizan como un centro de torturas.

Allí Geomar Martínez Natera fue víctima de torturas y otros tratos crueles, como golpizas, negación de alimentos, aislamiento en condiciones precarias. Según afirma, uno de sus interrogatorios fue presenciado por Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y miembros del alto mando militar.

Continúa recluido en el Centro de Procesados Militares de Miranda, conocido como la cárcel militar de Ramo Verde, a la espera de una audiencia judicial preliminar.

Betty Grossi: 52 años. Profesora de Ciencias Sociales y dibujo, catequista, fotógrafa y artista plástico. Fue señalada por Juan Carlos Pérez Venta, asesino de Liana Hergueta, como financista de su supuesta participación en sucesos violentos dentro de manifestaciones antigubernamentales de 2014. Fue detenida sin orden judicial el 17 de agosto de 2015 y encerrada en El Helicoide, cárcel y sede del Sebin.

Fue excarcelada el 24 de diciembre de 2017. Se encuentra en Italia.

Lorent Saleh: 32 años. Fundador de la ONG Operación Libertad. Fue detenido el 4 de septiembre de 2014 en Bogotá (Colombia) y deportado a Venezuela por estar supuestamente implicado en una conspiración terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la cual también se vincula a Gabriel Valles, detenido al día siguiente.

Los dos primeros años de reclusión, estuvo en “La Tumba”. Luego fue trasladado al Helicoide. Durante cuatro años, nunca inició su juicio. 52 audiencias judiciales fueron suspendidas.

El 12 de octubre de 2018 fue excarcelado y desterrado a España, a pesar de ser una medida expresamente prohibida por la legislación venezolana. Sigue en ese país.