En un monitoreo de 141 casos judiciales contra personas calificadas por ONG como presos políticos, se evidencia que muchos de ellos fueron a parar a los tribunales especiales con competencia en materia de terrorismo creados en 2013

El próximo 12 de octubre se cumple un año desde que el fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab anunció el fallecimiento del general en Jefe retirado Raúl Isaías Baduel, por presuntas complicaciones del covid-19 y mientras se encontraba bajo la custodia del Estado. 

El deceso ocurrido en medio de la opacidad que rodeó el caso del otrora hombre de confianza de la revolución chavista, puso sobre el tablero, una vez más, los vicios del sistema de justicia en Venezuela. En medio de una historia de vieja data, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y entes internacionales han registrado los excesos y la discrecionalidad revolucionaria en este ámbito.

La trama judicial en torno a quien fuera Ministro de la Defensa del expresidente Hugo Chávez en 2006, no es inédita. En este reportaje de TalCual se muestra que un grupo de jueces se apega con fidelidad al guión trazado desde el alto gobierno para ir en contra del “enemigo interno”. Este último actor ha tenido rostros diversos, pero ha sido objeto de la misma persecución.

La actuación de la justicia venezolana y sus actores es además, tema de preocupación para las organizaciones internacionales de juristas y de derechos humanos desde hace ya algún tiempo, como el de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas que emitió un contundente informe en 2020.

“Las recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela revelan un sistema de justicia carente de independencia, que ha perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno”, puntualizó. Para la instancia, estas acciones encaran un progresivo patrón de represión, especialmente a partir de 2014.

Un monitoreo realizado para este reportaje de los casos judiciales más emblemáticos contra personas calificadas por las ONG como presos políticos, evidencia que 28 jueces han manejado la mayoría de estos juicios. Y especialmente, los encargados de los tribunales con competencia en cargos de terrorismo, donde se imputaron, además de este delito, los de traición a la patria y rebelión civil.  El número total de jueces en el país es de 2.200 aproximadamente para 2022, según datos recopilados por varias de estas organizaciones.

De acuerdo a cifras de Foro Penal, desde el año 2014 y hasta el 11 de julio de 2022 se han registrado 15.770 detenciones por razones políticas en Venezuela. De esta cifra, un total de 258 corresponden a militares procesados, según las estadísticas de la ONG Justicia Venezolana.

Y no solo se trata de jueces civiles. Para el momento del fallecimiento de Baduel, su causa se encontraba en proceso en el Tribunal Militar Primero de Juicio que fue conducido por el general José Lucindo de La Cadena Toledo (ascendido a general de Brigada en julio de 2020) y por el capitán de Navío Ramón Clemente Pires Suárez. Estos jueces militares han llevado también los casos de las presuntas conspiraciones denominadas “Vuelvan Caras” y “Paramacay”.

Un dato esencial sobre su caso es que la defensa fue notificada el 21 de octubre de 2021, nueve días después de la muerte del general, de que el expediente fue remitido a tribunales penales ordinarios en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC). Al no ser Baduel un militar activo, su caso debió estar en una jurisdicción civil.   

Para dejar evidencia de que la justicia venezolana estaba apegada a derecho y luego de los severos cuestionamientos nacionales e internacionales sobre su forma de llevar adelante los juicios, se creó desde la Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista, la Comisión para la Revolución Judicial. Con su instalación, los jueces excarcelaron a varios presos políticos que nunca habían sido acusados formalmente, ni presentados a tribunales o por presentar graves problemas de salud; también se trasladó a cárceles comunes a los civiles que se encontraban en calabozos militares. Todo ello evidenció aún más que sus actuaciones respondían a decisiones políticas.

Terrorismo más traición

Como parte de una escalada represora en contra de la disidencia política en el país, fueron creados en 2013 varios tribunales especiales para atender casos de terrorismo. Esto ocurrió pocos meses antes de que Nicolás Maduro se encargara de la presidencia de la República tras la muerte de Chávez en marzo de ese año. Estas instancias fueron constituidas con una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicada en la Gaceta Oficial No. 40.092 del 17 de enero.

Para este reportaje se llevó a cabo un registro de 141 de los casos más sonados de presos políticos, con el cual se evidenció que de los que fueron llevados ante tribunales civiles, el 43,3% fue presentado ante los juzgados relacionados con delitos de terrorismo. El resto está distribuido en tribunales penales.

De acuerdo a este monitoreo, al Tribunal Primero de Control con Competencia Nacional en Materia de Terrorismo llegó un mayor número de casos con 37,7% del total y seguido del Tercero de Control con 21,3%. Mientras que los tribunales Segundo de Control y el Cuarto de Control llevaron cada uno los expedientes del 18% de los casos.

Vale recordar que estos tribunales han estado a cargo de los jueces José Mascimino Márquez García quien ha estado en el estrado del Tribunal Tercero de Control con Competencia Nacional en Materia de Terrorismo, así como Luisa Garrido. Les sigue la jueza Carol Padilla quien han conocido los casos en el Tribunal Primero de Control en Materia de Terrorismo y, por último, Hilda Rosa Villanueva Beralda, en el Tribunal Segundo de Control en Materia de Terrorismo.

Una de las sentencias más cuestionadas fue la pena de cárcel por 30 años para la mayoría de los acusados en el caso de intento de magnicidio contra Maduro ocurrido en 2018. La juez del tribunal primero especial de juicio con competencia en terrorismo, Hennit Carolina López, determinó el cuatro de agosto de 2022 la pena máxima establecida en el ordenamiento jurídico venezolano para tres militares y nueve civiles por homicidio intencional en grado de frustración.

"La justicia venezolana hizo del caso del dron un punto de inflexión. Al menos eso es lo que dejan entrever las condenas impuestas a los acusados (…) El veredicto pone fin a un proceso que estuvo plagado de irregularidades, no solo por los tradicionales retrasos que aquejan a los juicios en Venezuela, sino que incluyeron violaciones a los derechos humanos consideradas como crímenes de lesa humanidad", afirmó la ONG Acceso a la Justicia.

Para la ONG, el juicio denominado “caso del dron” fue usado para dar una “pena ejemplarizante”, ya que en las últimas dos décadas las autoridades denunciaron decenas de supuestos planes y complots no solo para deponer al Gobierno sino también para acabar con la vida de Chávez y de Maduro, pero ninguno tuvo una conclusión legal.  

Recordó Acceso a la Justicia que en varios de estos casos hubo indultos y, en otros, el delito de magnicidio fue borrado de las imputaciones por parte de los fiscales debido a la falta de pruebas, precisamente lo que argumentó la defensa en el "caso del dron", que "nunca se pudieron comprobar" los hechos y la participación de los acusados.

Desde 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU documentó que los patrones de persecución judicial en Venezuela alcanzan a los actores críticos de la administración de Maduro, con perfiles públicos elevados, que ostentan prominencia o cuyas acciones significan una amenaza particular. Dentro de las principales víctimas se encuentran activistas sociales y líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de Estado o de otro tipo.  

No se escapan de esto, las personas “que desafían las narrativas oficiales”: funcionarios públicos seleccionados, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de las ONG, trabajadores petroleros, defensores de derechos humanos, representantes sindicales de empresas siderúrgicas, periodistas, bloggers, usuarios de las redes sociales y de plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp.

Todos ellos, detenidos, muchos de forma irregular, fueron enviados en su mayoría ante 14 jueces civiles y militares en Caracas, quienes se convirtieron así en los favoritos del chavismo para llevar a cabo estos juicios. 

Además de las instancias judiciales con competencia en terrorismo, los presos políticos fueron presentados antes otros tribunales penales, de los cuales destacan el Tribunal Segundo de Control, el Tribunal Octavo de Control, el Tribunal 16 de Control, el Tribunal 28 de Control y el Tribunal 31 de Control, todos pertenecientes a la circunscripción judicial de Caracas.

Dos días después de la muerte de Baduel, la Misión de la ONU recordó que en otro informe de septiembre de 2021, quedaron evidenciadas las demoras e irregularidades en su causa penal. La segunda y última de su detención ocurrió en marzo de 2017, tras lo cual fue acusado de los delitos de traición a la patria e incitación a la rebelión. Para la administración de Maduro, el general en jefe fue actor permanente de muchos supuestos planes conspirativos. 

La Misión de la ONU puntualizó que el ex titular castrense falleció mientras aguardaba por un juicio que nunca llegó en casi 13 años. Esto vulnera el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) según el cual la privación de libertad, sin juicio, puede durar hasta dos años. Una situación recurrente en los casos de los presos políticos.

Los jueces preferidos

Trabajó en el Ministerio de Infraestructura durante la gestión de Diosdado Cabello. En 2002 representó a una de las víctimas de los hechos de Puente Llaguno al interponer una demanda que determinaba si había méritos para enjuiciar a Franklin Arrieche, Blanca Rosa Mármol de León y Hadel Mostafá Paolini, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el cargo de “complot político”. 

Una de sus primeras medidas como juez Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo fue dictaminar que había indicios para ordenar la captura del expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges. La defensa del concejal Fernando Albán consignó ante la Comisión Interamericana de DDHH un documento que lo ubica de tercera en una lista de autoridades supuestamente responsables de su muerte. En septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos señaló que la juez manejó el caso de otros 20 militares y exmilitares juzgados por los casos “Operación Constitución” y “Operación Libertad”.

El Departamento del Tesoro de EEUU la sancionó en 2019.

Tiene carrera judicial. En 2005 fue Fiscal Superior de Aragua. Juez del Tribunal 49 en Funciones de Control y Segundo en Materia de Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (mayo 2020). Segundo Tribunal de Control de Delitos relacionados con el Terrorismo. 

Varios de los procesados por la “Operación Libertad” (30 de abril de 2019) en su tribunal cuentan que los defensores pudieron finalmente ser juramentados luego de 100 días después de las detenciones. Está próxima a su jubilación.

El 12 de agosto de 2010, la Comisión Judicial la designó como sustituta de la jueza María Lourdes Afiuni, apresada tras dictar una sentencia independiente a favor del banquero Eligio Cedeño. Así, quedó al frente del juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En 2012 el Tribunal Supremo de Justicia la nombra, junto con el abogado Alí Fabricio Paredes, como jueza con competencia en delitos relacionados al terrorismo. 

Como titular del Tribunal 28° de juicio del Área Metropolitana de Caracas, condenó en septiembre de 2015 a Leopoldo López a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, a pesar de la protesta de la lingüista Rosa Azuaje quien, a pesar de había sido promovida como testigo experto por la Fiscalía, aseguró que la investigación del discurso de López fue manipulada y no debió usarse como prueba condenatoria. 

En 2015 fue designada como Defensora Pública. En enero de 2019, puso su cargo como a la orden, ante la Asamblea Nacional Constituyente, por “razones estrictamente personales”.

Su carrera inició como asistente del Juzgado 34° de Control a cargo de Maikel Moreno (expresidente del TSJ), luego pasó a formar parte de la Defensa Pública en donde fungió como analista. En 2009 se desempeñó como Defensora Pública Quinta con Competencia Especial en los delitos de Violencia contra la Mujer. En 2014, fue jueza del Tribunal Trigésimo Tercero de Control. 

Para 2015, era jueza de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas y Vicepresidente de ese mismo Circuito Judicial Penal. Para 2016 era la presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas. En noviembre de ese año fue reemplazada. La medida se produjo un mes después de que su nombre saltara a la palestra, por la detención de su esposo James Mathison, quien formó parte del equipo que elaboró un video para Primero Justicia en el que se instaba a la Fuerza Armada Nacional a no reprimir las manifestaciones a favor del referendo revocatorio.

Actualmente, es reconocida, por fuentes judiciales, como de las personas con más poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Es una especie de asistente administrativa. Maneja la Comisión Judicial y las relaciones con los jueces.

Tiene carrera judicial. Fue Secretaria de una Corte de Apelaciones. Fuentes señalan que tuvo a su cargo la presidencia del Circuito de Anzoátegui. 

Fue juez de la audiencia preliminar de Leopoldo López y pasó el caso a juicio. En junio de 2014, después de 14 horas de proceso en el Tribunal 16 de Control, dictó la sentencia que dejó en prisión a López y a los estudiantes Christian Holdack, Marco Coello, Damián Martín y Ángel González.

Nació en el estado Barinas hace 46 años. Ingresó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en 2017, y  ha ocupado diferentes despachos en un período de cuatro años.

Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. Recientemente se conoció que la juez Hennit Carolina López ocupa este tribunal como “encargada”. Ha encabezado los tribunales 21° de Control de Caracas y Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia Nacional en Terrorismo.   

Defensores de los diferentes casos que ha llevado han denunciado la violación al debido proceso por parte de Márquez García, al negar el derecho a la defensa privada y haber emitido juicios de valor en las audiencias. Familiares de varios detenidos lo acusaron de presionarlos para que admitieran los hechos y se declararan culpables para obtener sentencias reducidas, de haber ignorado la desaparición forzosa de varios de los detenidos, del allanamiento a sus viviendas sin órdenes previas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Salvador Franco, uno de los 13 pemones encarcelados y acusados de participar en la denominada “Operación Aurora”, el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Luego de estar un poco más de un año en prisión sin una oportuna continuación de su juicio, falleció por varias afectaciones a su salud y por la falta de atención médica. Aunque Márquez García emitió una orden para su traslado a un centro asistencial,  no la hizo valer pues nunca se ejecutó. 

Como titular del Tribunal Primero con competencia en materia de terrorismo dio muestras de ser una juez sin contemplaciones, según lo señalado por abogados y familiares de los acusados. Ordenaba la revisión profunda de los asistentes al tribunal e impedía el ingreso de relojes y cualquier objeto que le resultara "sospechoso".

En una oportunidad prohibió la entrada de familiares y se negó a la petición que hiciera el fiscal del caso de los drones (magnicidio) para que los dejara estar presentes, a lo que respondió “Bueno, doctor, ¿y usted no se percató de que ya decidí ese punto?". Sobre la declaración de uno de los imputados que afirmó haber sido torturado, al aplicársele electricidad en las partes íntimas, la respuesta de la juez fue que la tortura no era de su competencia porque eso no era lo que se estaba dirimiendo en su tribunal.  

Recientemente se conoció que la juez fue designada como “encargada” del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas.

Encabeza el juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

En 2019, la abogada Tamara Suju señaló: “Caso desaparición forzada de Hugo Marino. El Juez 31 de Control Freddy Pérez Alvarado tiene desaparecido su expediente. ¿Qué esconde? Hugo es hipertenso y enfermo cardiaco, necesitaba tomar una pastilla cada seis horas. La policía política Dgcim lo secuestró”.

En 2018, emitió una boleta de excarcelación a Geraldine Chacón, uno de los directivos de la ONG Embajadores Comunitarios. Detalló en la boleta que, debido a la falta de acusación formal contra la directiva de Embajadores Comunitarios, se procedió a la liberación con medidas condicionales, que consisten en la presentación al tribunal cada 15 días y la prohibición de salida del país. Para 2016, era fiscal 17° del estado Apure.

Trabajó en el Ministerio de Infraestructura durante la gestión de Diosdado Cabello. En 2002 representó a una de las víctimas de los hechos de Puente Llaguno al interponer una demanda que determinaba si había méritos para enjuiciar a Franklin Arrieche, Blanca Rosa Mármol de León y Hadel Mostafá Paolini, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el cargo de “complot político”. 

Una de sus primeras medidas como juez Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo fue dictaminar que había indicios para ordenar la captura del expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges. La defensa del concejal Fernando Albán consignó ante la Comisión Interamericana de DDHH un documento que lo ubica de tercera en una lista de autoridades supuestamente responsables de su muerte. En septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos señaló que la juez manejó el caso de otros 20 militares y exmilitares juzgados por los casos “Operación Constitución” y “Operación Libertad”.

El Departamento del Tesoro de EEUU la sancionó en 2019.

Tiene carrera judicial. En 2005 fue Fiscal Superior de Aragua. Juez del Tribunal 49 en Funciones de Control y Segundo en Materia de Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (mayo 2020). Segundo Tribunal de Control de Delitos relacionados con el Terrorismo. 

Varios de los procesados por la “Operación Libertad” (30 de abril de 2019) en su tribunal cuentan que los defensores pudieron finalmente ser juramentados luego de 100 días después de las detenciones. Está próxima a su jubilación.

El 12 de agosto de 2010, la Comisión Judicial la designó como sustituta de la jueza María Lourdes Afiuni, apresada tras dictar una sentencia independiente a favor del banquero Eligio Cedeño. Así, quedó al frente del juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En 2012 el Tribunal Supremo de Justicia la nombra, junto con el abogado Alí Fabricio Paredes, como jueza con competencia en delitos relacionados al terrorismo. 

Como titular del Tribunal 28° de juicio del Área Metropolitana de Caracas, condenó en septiembre de 2015 a Leopoldo López a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, a pesar de la protesta de la lingüista Rosa Azuaje quien, a pesar de había sido promovida como testigo experto por la Fiscalía, aseguró que la investigación del discurso de López fue manipulada y no debió usarse como prueba condenatoria. 

En 2015 fue designada como Defensora Pública. En enero de 2019, puso su cargo como a la orden, ante la Asamblea Nacional Constituyente, por “razones estrictamente personales”.

Su carrera inició como asistente del Juzgado 34° de Control a cargo de Maikel Moreno (expresidente del TSJ), luego pasó a formar parte de la Defensa Pública en donde fungió como analista. En 2009 se desempeñó como Defensora Pública Quinta con Competencia Especial en los delitos de Violencia contra la Mujer. En 2014, fue jueza del Tribunal Trigésimo Tercero de Control. 

Para 2015, era jueza de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas y Vicepresidente de ese mismo Circuito Judicial Penal. Para 2016 era la presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas. En noviembre de ese año fue reemplazada. La medida se produjo un mes después de que su nombre saltara a la palestra, por la detención de su esposo James Mathison, quien formó parte del equipo que elaboró un video para Primero Justicia en el que se instaba a la Fuerza Armada Nacional a no reprimir las manifestaciones a favor del referendo revocatorio.

Actualmente, es reconocida, por fuentes judiciales, como de las personas con más poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Es una especie de asistente administrativa. Maneja la Comisión Judicial y las relaciones con los jueces.

Tiene carrera judicial. Fue Secretaria de una Corte de Apelaciones. Fuentes señalan que tuvo a su cargo la presidencia del Circuito de Anzoátegui. 

Fue juez de la audiencia preliminar de Leopoldo López y pasó el caso a juicio. En junio de 2014, después de 14 horas de proceso en el Tribunal 16 de Control, dictó la sentencia que dejó en prisión a López y a los estudiantes Christian Holdack, Marco Coello, Damián Martín y Ángel González.

Nació en el estado Barinas hace 46 años. Ingresó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en 2017, y  ha ocupado diferentes despachos en un período de cuatro años.

Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. Recientemente se conoció que la juez Hennit Carolina López ocupa este tribunal como “encargada”. Ha encabezado los tribunales 21° de Control de Caracas y Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia Nacional en Terrorismo.   

Defensores de los diferentes casos que ha llevado han denunciado la violación al debido proceso por parte de Márquez García, al negar el derecho a la defensa privada y haber emitido juicios de valor en las audiencias. Familiares de varios detenidos lo acusaron de presionarlos para que admitieran los hechos y se declararan culpables para obtener sentencias reducidas, de haber ignorado la desaparición forzosa de varios de los detenidos, del allanamiento a sus viviendas sin órdenes previas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Salvador Franco, uno de los 13 pemones encarcelados y acusados de participar en la denominada “Operación Aurora”, el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Luego de estar un poco más de un año en prisión sin una oportuna continuación de su juicio, falleció por varias afectaciones a su salud y por la falta de atención médica. Aunque Márquez García emitió una orden para su traslado a un centro asistencial,  no la hizo valer pues nunca se ejecutó. 

Como titular del Tribunal Primero con competencia en materia de terrorismo dio muestras de ser una juez sin contemplaciones, según lo señalado por abogados y familiares de los acusados. Ordenaba la revisión profunda de los asistentes al tribunal e impedía el ingreso de relojes y cualquier objeto que le resultara "sospechoso".

En una oportunidad prohibió la entrada de familiares y se negó a la petición que hiciera el fiscal del caso de los drones (magnicidio) para que los dejara estar presentes, a lo que respondió “Bueno, doctor, ¿y usted no se percató de que ya decidí ese punto?". Sobre la declaración de uno de los imputados que afirmó haber sido torturado, al aplicársele electricidad en las partes íntimas, la respuesta de la juez fue que la tortura no era de su competencia porque eso no era lo que se estaba dirimiendo en su tribunal.  

Recientemente se conoció que la juez fue designada como “encargada” del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas.

Encabeza el juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

En 2019, la abogada Tamara Suju señaló: “Caso desaparición forzada de Hugo Marino. El Juez 31 de Control Freddy Pérez Alvarado tiene desaparecido su expediente. ¿Qué esconde? Hugo es hipertenso y enfermo cardiaco, necesitaba tomar una pastilla cada seis horas. La policía política Dgcim lo secuestró”.

En 2018, emitió una boleta de excarcelación a Geraldine Chacón, uno de los directivos de la ONG Embajadores Comunitarios. Detalló en la boleta que, debido a la falta de acusación formal contra la directiva de Embajadores Comunitarios, se procedió a la liberación con medidas condicionales, que consisten en la presentación al tribunal cada 15 días y la prohibición de salida del país. Para 2016, era fiscal 17° del estado Apure.

El control superior

"El poder judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas”, resaltó la Misión de la ONU en septiembre de 2021.

Desde 2014 hasta agosto de 2021, la Misión de Naciones Unidas puso la lupa sobre 183 detenciones “de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno”.

La independencia del poder judicial en Venezuela ha sido “profundamente erosionada”, señaló la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas. Para la instancia, esto tiene como marco la crisis de derechos humanos que se vive en el país. Aseguran que no quedan dudas de que se ha puesto en pausa la función esencial de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales.

Dentro de los jueces con más casos en los que se ha denunciado un patrón de represión figuran la jueza Carol Bealexis Padilla Rey, a cargo de tribunales especiales con competencia en terrorismo. Padilla ha tenido en sus manos un portafolio de expedientes, entre ellos los del fallecido (en custodia de la policía) concejal Fernando Albán, del diputado Juan Requesens y del coronel Oswaldo García Palomo.

Mientras que dentro del abanico de casos del juez José Mascimino Márquez García, figuran los del diputado Freddy Guevara (Voluntad Popular); del periodista Roland Carreño, también dirigente de VP; la “Operación Gedeón” y de los 12 indígenas pemones detenidos por la denominada “Operación Aurora”. De este último caso, Salvador Franco, acusado de ser parte del asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla (Santa Elena de Uairén), también falleció mientras estaba en prisión.

En el registro sobre los casos y presos políticos se observa que 81,6% del total fueron llevados por tribunales civiles (juzgados ordinarios, penales y terrorismo) y el 18,4% restante a jurisdicciones militares donde también han enjuiciado civiles, entre los que destacan la Corte Marcial y el Tribunal Tercero de Control Militar a cargo del Capitán de la Guardia Nacional, Mikel Amezquita Pion.  

El enjuiciamiento por terrorismo a militares abre las puertas para la persecución internacional, según el exdirector de Asuntos Procesales del Ministerio Público Zair Mundaray, y es por ello que los casos de los uniformados disidentes son pasados a una jurisdicción especial. En un forochat de Justicia Venezolana, en 2021, puntualizó que, como se ha visto, el gobierno de Maduro usa el delito de terrorismo como una suerte de comodín y que las disposiciones penales sobre este delito son vagas.

Como se recordará, la Corte Penal Internacional (CPI) informó del inicio de una investigación sobre Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. En un escrito de junio de 2021 de la Fiscalía de la CPI, concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos” porque “los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”, lo que deja al descubierto la equívoca actuación de los jueces en estos casos.

General (Aviación) Luis Rivas: Casos general Raúl Isaías Baduel y mayor general Miguel Rodríguez Torres. Tribunal 1° Militar de Control.

Teniente de Navío (Armada) Luis Pire: Caso general Raúl Isaías Baduel. Tribunal 1° Militar de Control.

Mayor (Ejército) Claudia Pérez Benavides de Mogollón: Casos capitán de Navío Luis Humberto de La Sotta, mayor Isaías Falcón. Operación Armagedón, General Vivas. Tribunal 1° Militar de Control.

Mayor (Ejército) Luz Mariela Santafé Acevedo: Casos Gilber Caro, Steyci Escalona, Carlos Graffe, capitán Rafael Acosta Arévalo. Llevo casos de jóvenes detenidos en las protestas de 2017. Tribunal Militar Sexto de Control del estado Carabobo. En 2018 ingresó hace pocas horas a Colombia pidiendo refugio, según informó una fuente al medio RCN.

Capitán (Guardia Nacional) Mikel Amezquita Pion: Caso sargentos de Cotiza. capitán Rafael Acosta Arévalo, general de Brigada de la Aviación Miguel Sisco Mora, coronel del Ejército Miguel Castillo Cedeño, coronel del Ejército Francisco Torres Escalona, teniente coronel Pedro Caraballo Lira. Tribunal 3° Militar de Control.

Capitán de Corbeta (Armada) Pedro Alexander Lunar Rodríguez: Caso Operación Golpe Azul. Operación Armagedón. Juez titular Corte Marcial. 

Los eternos jueces provisionales

En junio de 2021, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Sam Zarifi, aseguró que “la captura política del TSJ ha puesto a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”. 

Durante la presentación del Informe sobre independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, expresó que “la cabeza de la rama judicial está podrida”.  

“El 85% de los jueces en Venezuela, en este momento, no son jueces propiamente. La mayoría son provisionales y pueden ser removidos por el TSJ sin ningún proceso disciplinario. Está bien documentado que a los jueces se les dice cómo deben fallar, especialmente en casos de impacto político”, relató.

Esto guarda relación con la experticia de la Misión de la ONU según la cual jueces y fiscales de todos los niveles señalaron “que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada”.

Según la información recabada por la Misión de la ONU, una de las vías más recurrentes para asegurar la conformidad judicial en determinados casos se hace a través de la manipulación del proceso de asignación de expedientes. 

En este sentido, la Misión relató que algunos jueces aceptaron la petición del gobierno para manejar casos políticos. Anteriormente, se repartían entre los Tribunales de Control de turno mediante un programa informático llamado Juris 2000, para garantizar una distribución justa y equitativa. Sin embargo, ahora los casos emblemáticos se asignan directamente al tribunal por orden de los presidentes de los Circuitos Judiciales Penales.  

De acuerdo con la experticia hecha para este trabajo y según declaraciones de un exjuez que prefirió mantener el anonimato, en 2017 el entonces juez rector era el que los reunía, les indicaba cómo tenían que actuar en el caso y generalmente, ordenaba imponer medidas más gravosas de lo que correspondía. “Esto a pesar de que el cargo de juez rector tiene carácter administrativo y de coordinación, por lo que no tiene ninguna función jurisdiccional”, dijo. 

En 2017, la jueza Ralenys Tovar, del Decimosexto Tribunal de Control de Caracas relató ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el 11 de febrero de 2014, recibió una llamada de la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en la que le pedía aprobar varias órdenes de detención que le esperaban en el tribunal, entre ellas la del dirigente opositor Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular.

Uno de los primeros antecedentes de la intromisión gubernamental en la justicia se conoció con las declaraciones del ahora ex magistrado del TSJ, Eladio Aponte Aponte, quien afirmó en marzo de 2012 que llegó a recibir llamadas de parte de varios funcionarios para influir en un caso. “Desde el Presidente de la República para abajo”, dijo en una entrevista al canal estadounidense SOiTV.

La falta de imparcialidad del TSJ se vio nuevamente evidenciada con la última elección de su junta directiva en abril de 2022, cuando la designación de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional dirigida por el integrante del partido oficialista Jorge Rodríguez, se hizo violando artículos de la Constitución Nacional.      

Lo que debe saber sobre los casos de presos políticos
.

1167 días es el mayor tiempo de retardo procesal para una audiencia de presentación en casos de presos políticos militares

1385 días llevan esperando varios presos políticos militares para su apertura de juicio

32 presos políticos militares presentan patologías o enfermedades que no han sido atendidas

11 presos políticos han fallecido en las cárceles venezolanas, entre ellos el pemón Salvador Franco (falta de atención médica), el concejal Fernando Albán (custodios fueron condenados por homicidio culposo) y el capitán Rafael Acosta Arévalo (torturas)

A 30 diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 se les allanó la inmunidad parlamentaria por parte de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Organizaciones que se crearon a raíz de los casos de presos políticos
.

- Foro Penal
- Acceso a la justicia
- Justicia Venezolana
- Coalición por Derechos Humanos y la Democracia
- Fundación para el Debido Proceso (Fundepro)
- Esposas y abogados detenidos de Pdvsa

Mayores delitos imputados
.

- Terrorismo
- Financiamiento al terrorismo
- Traición a la patria
- Rebelión civil
- Conspiración
- Asociación para delinquir
- Conspiración contra la forma política
- Ultraje al centinela
- Ultraje a la FAN
- Tráfico de armas de guerra
- Tenencia de artefactos explosivos
- Instigación pública a la desobediencia de las leyes
- Instigación pública continuada
- Revelar información confidencial
- Espionaje
- Usurpación de funciones
- Instigación al odio
- Odio continuado
- Legitimación de capitales