Terrorismo más traición

Como parte de una escalada represora en contra de la disidencia política en el país, fueron creados en 2013 varios tribunales especiales para atender casos de terrorismo. Esto ocurrió pocos meses antes de que Nicolás Maduro se encargara de la presidencia de la República tras la muerte de Chávez en marzo de ese año. Estas instancias fueron constituidas con una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicada en la Gaceta Oficial No. 40.092 del 17 de enero.

Para este reportaje se llevó a cabo un registro de 141 de los casos más sonados de presos políticos, con el cual se evidenció que de los que fueron llevados ante tribunales civiles, el 43,3% fue presentado ante los juzgados relacionados con delitos de terrorismo. El resto está distribuido en tribunales penales.

De acuerdo a este monitoreo, al Tribunal Primero de Control con Competencia Nacional en Materia de Terrorismo llegó un mayor número de casos con 37,7% del total y seguido del Tercero de Control con 21,3%. Mientras que los tribunales Segundo de Control y el Cuarto de Control llevaron cada uno los expedientes del 18% de los casos.

Vale recordar que estos tribunales han estado a cargo de los jueces José Mascimino Márquez García quien ha estado en el estrado del Tribunal Tercero de Control con Competencia Nacional en Materia de Terrorismo, así como Luisa Garrido. Les sigue la jueza Carol Padilla quien han conocido los casos en el Tribunal Primero de Control en Materia de Terrorismo y, por último, Hilda Rosa Villanueva Beralda, en el Tribunal Segundo de Control en Materia de Terrorismo.

Una de las sentencias más cuestionadas fue la pena de cárcel por 30 años para la mayoría de los acusados en el caso de intento de magnicidio contra Maduro ocurrido en 2018. La juez del tribunal primero especial de juicio con competencia en terrorismo, Hennit Carolina López, determinó el cuatro de agosto de 2022 la pena máxima establecida en el ordenamiento jurídico venezolano para tres militares y nueve civiles por homicidio intencional en grado de frustración.

"La justicia venezolana hizo del caso del dron un punto de inflexión. Al menos eso es lo que dejan entrever las condenas impuestas a los acusados (…) El veredicto pone fin a un proceso que estuvo plagado de irregularidades, no solo por los tradicionales retrasos que aquejan a los juicios en Venezuela, sino que incluyeron violaciones a los derechos humanos consideradas como crímenes de lesa humanidad", afirmó la ONG Acceso a la Justicia.

Para la ONG, el juicio denominado “caso del dron” fue usado para dar una “pena ejemplarizante”, ya que en las últimas dos décadas las autoridades denunciaron decenas de supuestos planes y complots no solo para deponer al Gobierno sino también para acabar con la vida de Chávez y de Maduro, pero ninguno tuvo una conclusión legal.  

Recordó Acceso a la Justicia que en varios de estos casos hubo indultos y, en otros, el delito de magnicidio fue borrado de las imputaciones por parte de los fiscales debido a la falta de pruebas, precisamente lo que argumentó la defensa en el "caso del dron", que "nunca se pudieron comprobar" los hechos y la participación de los acusados.

El control superior

"El poder judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas”, resaltó la Misión de la ONU en septiembre de 2021.

Desde 2014 hasta agosto de 2021, la Misión de Naciones Unidas puso la lupa sobre 183 detenciones “de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno”.

La independencia del poder judicial en Venezuela ha sido “profundamente erosionada”, señaló la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas. Para la instancia, esto tiene como marco la crisis de derechos humanos que se vive en el país. Aseguran que no quedan dudas de que se ha puesto en pausa la función esencial de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales.

Dentro de los jueces con más casos en los que se ha denunciado un patrón de represión figuran la jueza Carol Bealexis Padilla Rey, a cargo de tribunales especiales con competencia en terrorismo. Padilla ha tenido en sus manos un portafolio de expedientes, entre ellos los del fallecido (en custodia de la policía) concejal Fernando Albán, del diputado Juan Requesens y del coronel Oswaldo García Palomo.

Mientras que dentro del abanico de casos del juez José Mascimino Márquez García, figuran los del diputado Freddy Guevara (Voluntad Popular); del periodista Roland Carreño, también dirigente de VP; la “Operación Gedeón” y de los 12 indígenas pemones detenidos por la denominada “Operación Aurora”. De este último caso, Salvador Franco, acusado de ser parte del asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla (Santa Elena de Uairén), también falleció mientras estaba en prisión.

En el registro sobre los casos y presos políticos se observa que 81,6% del total fueron llevados por tribunales civiles (juzgados ordinarios, penales y terrorismo) y el 18,4% restante a jurisdicciones militares donde también han enjuiciado civiles, entre los que destacan la Corte Marcial y el Tribunal Tercero de Control Militar a cargo del Capitán de la Guardia Nacional, Mikel Amezquita Pion.  

El enjuiciamiento por terrorismo a militares abre las puertas para la persecución internacional, según el exdirector de Asuntos Procesales del Ministerio Público Zair Mundaray, y es por ello que los casos de los uniformados disidentes son pasados a una jurisdicción especial. En un forochat de Justicia Venezolana, en 2021, puntualizó que, como se ha visto, el gobierno de Maduro usa el delito de terrorismo como una suerte de comodín y que las disposiciones penales sobre este delito son vagas.

Como se recordará, la Corte Penal Internacional (CPI) informó del inicio de una investigación sobre Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. En un escrito de junio de 2021 de la Fiscalía de la CPI, concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos” porque “los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”, lo que deja al descubierto la equívoca actuación de los jueces en estos casos.

Los eternos jueces provisionales

En junio de 2021, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Sam Zarifi, aseguró que “la captura política del TSJ ha puesto a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”. 

Durante la presentación del Informe sobre independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, expresó que “la cabeza de la rama judicial está podrida”.  

“El 85% de los jueces en Venezuela, en este momento, no son jueces propiamente. La mayoría son provisionales y pueden ser removidos por el TSJ sin ningún proceso disciplinario. Está bien documentado que a los jueces se les dice cómo deben fallar, especialmente en casos de impacto político”, relató.

Esto guarda relación con la experticia de la Misión de la ONU según la cual jueces y fiscales de todos los niveles señalaron “que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada”.

Según la información recabada por la Misión de la ONU, una de las vías más recurrentes para asegurar la conformidad judicial en determinados casos se hace a través de la manipulación del proceso de asignación de expedientes. 

En este sentido, la Misión relató que algunos jueces aceptaron la petición del gobierno para manejar casos políticos. Anteriormente, se repartían entre los Tribunales de Control de turno mediante un programa informático llamado Juris 2000, para garantizar una distribución justa y equitativa. Sin embargo, ahora los casos emblemáticos se asignan directamente al tribunal por orden de los presidentes de los Circuitos Judiciales Penales.  

De acuerdo con la experticia hecha para este trabajo y según declaraciones de un exjuez que prefirió mantener el anonimato, en 2017 el entonces juez rector era el que los reunía, les indicaba cómo tenían que actuar en el caso y generalmente, ordenaba imponer medidas más gravosas de lo que correspondía. “Esto a pesar de que el cargo de juez rector tiene carácter administrativo y de coordinación, por lo que no tiene ninguna función jurisdiccional”, dijo. 

En 2017, la jueza Ralenys Tovar, del Decimosexto Tribunal de Control de Caracas relató ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el 11 de febrero de 2014, recibió una llamada de la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en la que le pedía aprobar varias órdenes de detención que le esperaban en el tribunal, entre ellas la del dirigente opositor Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular.

Uno de los primeros antecedentes de la intromisión gubernamental en la justicia se conoció con las declaraciones del ahora ex magistrado del TSJ, Eladio Aponte Aponte, quien afirmó en marzo de 2012 que llegó a recibir llamadas de parte de varios funcionarios para influir en un caso. “Desde el Presidente de la República para abajo”, dijo en una entrevista al canal estadounidense SOiTV.

La falta de imparcialidad del TSJ se vio nuevamente evidenciada con la última elección de su junta directiva en abril de 2022, cuando la designación de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional dirigida por el integrante del partido oficialista Jorge Rodríguez, se hizo violando artículos de la Constitución Nacional.      

Jueces sin rostro

Una tendencia preocupante y que bordea la ilegalidad, es la existencia en la práctica de los “jueces sin rostro” en Venezuela, específicamente en los casos que involucran a los presos políticos. No parece ser una decisión personal de cada juez, sino más bien una política de Estado, donde queda en evidencia una irregularidad: la ciudadanía venezolana desconoce quiénes son los titulares de cada uno de los tribunales del país. 

Y no es simplemente el hecho de que ni en Google se pueda conseguir una foto reciente del juez que lleva un caso sensible: también se trata de sus credenciales y supuesta filiación política. El artículo 255 de la Constitución venezolana establece que la forma de ingreso a la carrera judicial debe ser por concurso público, es decir, el aspirante debe someterse en un proceso de participación ciudadana para conocer si hay o no objeciones a su candidatura. No obstante, en Venezuela no hay concursos públicos para jueces desde hace varios años.

La página web del TSJ ha abandonado la práctica que hasta hace poco se mantuvo, de publicar el nombre y foto de todos los jueces de Venezuela. Hoy en día, hay que recurrir a redes sociales y viejas fotos de graduación para saber quién es quién. Lo preocupante de estos “jueces sin rostro” es que su existencia viola un precepto constitucional crucial establecido en el numeral 4 del artículo 49 de la Carta Magna.