MONITOR DE VÍCTIMAS

A partir de los datos recolectados por Monitor de Víctimas en Caracas entre los años 2018 y 2022 se observa una disminución pronunciada y constante de las muertes violentas. En términos de diferencias porcentuales, comparando los años 2018 y 2022, se puede decir que se registró una disminución de 60% en la frecuencia de muertes.

Asimismo, como puede observarse en el gráfico 1, se pasó de tener una tasa de 40,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2018 a 9,3 en 2022. 

Al poner la lupa sobre estas variaciones en el tiempo de las muertes registradas por Monitor de Víctimas en Caracas se pueden observar momentos de aumentos o disminuciones importantes en el número de homicidios. Para ello, se puede observar el gráfico , en donde se tiene la frecuencia mensual del número de personas fallecidas por causas violentas a lo largo de los años estudiados; y allí, se han señalado aquellos momentos en los que, la diferencia porcentual de un mes al siguiente sea mayor al promedio del aumento o la disminución registrados entre 2017 y 2022. 

Entre los momentos de aumento de casos mensuales superior al promedio se tienen: 

• 2018:  febrero y abril.
• 2019:  enero y marzo.
• 2020:  abril.
• 2021:  enero y abril.
• 2022: agosto, septiembre y diciembre.

En los meses registrados con aumento superior al promedio en 2018, 2019, 2020 y 2021 destacan eventos vinculados con la implementación de operativos policiales y/o militares en distintos sectores de la ciudad, observándose con ello que una parte importante de estas muertes fueron clasificadas en Monitor de Víctimas como “ejecución” y “resistencia a la autoridad”. 

La frecuencia de las muertes calificadas como “resistencia a la autoridad” ha ido disminuyendo en el tiempo (aunque aún se mantiene de forma significativa) y han ido ganando peso los fallecimientos clasificados por Monitor de Víctimas asociados a “violencia de género” y “riña o pelea”.  De igual forma, esto será abordado a mayor profundidad más adelante en el texto. 

En cuanto a las disminuciones, se destacan: 

• 2017: agosto y diciembre.
• 2018:  julio y diciembre.
• 2019: enero y julio.
• 2020: febrero, marzo y junio
• 2021: febrero, marzo, junio y agosto.
• 2022:  enero, julio, octubre y noviembre.

Entre los hechos de contexto que pueden llevar a las hipótesis para explicar y entender esta disminución de los homicidios se pueden manejar los siguientes: 

1. Visitas e informes de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Vero
2. La pandemia por COVID19 y el confinamiento que conllevó.

Asociado a ello, se proponen algunas hipótesis:

Disminución de la violencia general debido a la restricción de movilidad durante el confinamiento.

Durante el confinamiento generado por la pandemia de COVID-19 en Venezuela, las medidas de restricción de movilidad y cierre de actividades podrían haber contribuido a la disminución de la violencia general en el país. Con menos personas transitando por las calles y un menor flujo de personas en lugares públicos, es posible que se hayan reducido los encuentros violentos.

Disminución de la violencia asociada a actividades delictivas específicas.

El confinamiento podría haber impactado más significativamente en ciertos tipos de violencia relacionados con actividades delictivas específicas. Por ejemplo, la disminución de la movilidad y la restricción en el transporte público podrían haber reducido los robos y los asaltos en las calles.

Disminución de la violencia interpersonal debido a la convivencia forzada.

Si bien la violencia de género y el número de muertes en viviendas aumentaron durante el confinamiento, es posible que haya habido una disminución en otros tipos de violencia interpersonal. El encierro y la convivencia forzada podrían haber llevado a una menor exposición a situaciones de violencia en espacios públicos o fuera del hogar. Sin embargo, la convivencia forzada también pudo haber intensificado los conflictos intrafamiliares, lo que explicaría el aumento de la violencia de género y la violencia doméstica.

Reducción de enfrentamientos.

El confinamiento también podría haber afectado los enfrentamientos entre actores armados en Venezuela. 

1. Escasez de gasolina y aumento de precios. 
2. Apagones nacionales en los años 2019 y 2021.
3. Intensificación de la emigración, especialmente de personas jóvenes.   

Las personas que fueron registradas por Monitor de Víctimas como fallecidas por causas violentas entre 2017 y 2022 fueron en su mayoría hombres (93%). Esta característica es común en los países con procesos de violencia severos, como ha sido el caso de Venezuela.

Lo que llama la atención de las muertes según género es que los casos de las mujeres han ido aumentando, poco a poco, su participación en estas estadísticas a lo largo del período de tiempo estudiado, pasando de representar el 5% del total de muertes en el año 2018 a 8% en 2022. Aunque estadísticamente pudiera parecer un dato menor, la realidad es que contrasta con la disminución constante de los homicidios desde 2019.

En cuanto a las edades de las personas fallecidas por causas violentas, se tiene que el peso de las personas jóvenes (18 a 25 años) en el total de muertes ha ido disminuyendo en el tiempo, aumentado la victimización de aquellas mayores de 31 años. 

Este fenómeno es especialmente visible entre los hombres de 18 a 25 años, quienes pasan de un porcentaje de participación anual del total de muertes de 42% en 2017 a 31% en 2022. Y, por otro lado, aumentan los casos de las personas de 41 años y más a lo largo del período de tiempo estudiado.

En el caso de las mujeres, llama la atención el aumento que se evidencia en la cantidad de muertes entre las personas de 17 años y menos. Un elemento importante a tener en cuenta es que, en el año 2020, durante la pandemia de COVID19, las muertes de mujeres de 14 años y menos y las 26 a 30 años aumentaron, encontrándose entre las causas registradas por Monitor de Víctimas: violencia de género, riña o pelea, robo y abuso o maltrato infantil. 

Finalmente, se tiene que, en promedio, que 96% de las personas fallecidas por causas violentas eran civiles. Y, en el caso de las personas victimarias, se tiene que una disminución del 26% entre 2018 y 2022 en cuanto a la incidencia de funcionarios en las muertes. Sin embargo, este dato debe ser tomado con pinzas debido a que el porcentaje de no respuesta por parte de los/as familiares en esta categoría aumentó en el último año. 

En general, se tiene que entre 2017 y 2022, el 70% de muertes violentas ocurrieron en la vía pública y 23% en las viviendas; sin embargo, esta dinámica está influenciada por el género de la víctima, ya que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de muertes ocurridas en el hogar aumentó hasta llegar a representar el 60% de los casos en 2022.

En el caso de los hombres, a pesar de encontrarse ciertas variaciones a lo largo de los años, en promedio 72% de sus muertes ocurren en la vía pública. 

En cuanto a las causas de los homicidios registradas por Monitor de víctimas se tiene que, a lo largo del período estudiado, 22% de los casos fueron clasificados como ejecución, 19% se registró en la categoría “por determinar”, 17% a causa de robo y 15% por “resistencia a la autoridad". Si se juntan las dos categorías que implican violencia policial o acción de los cuerpos de seguridad del Estado, entonces la fuerza pública fue responsable de 37% de los homicidios ocurridos en Caracas en el periodo registrado.

Y al poner la lupa sobre las tendencias de estas causas a lo largo del período de tiempo analizado se tiene que las causas asociadas a riñas o peleas y violencia de género son las que muestran crecimiento, mientras que las ejecuciones tienen importante protagonismo. Asimismo, llama la atención cómo la “resistencia a la autoridad” ha disminuido su incidencia para el año 2022. 

Lugares de ocurrencia de las muertes violentas

En principio se tiene que los casos registrados en Monitor de Víctimas contemplan el Distrito Capital y municipios seleccionados de Miranda (Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre). Entre las parroquias con mayor ocurrencia de muertes violentas entre 2017 y 2002 se tienen a Petare, Sucre, El Valle, Coche, Antímano y La Vega. Es importante resaltar que las parroquias Petare y Sucre suman casi el 30% de las muertes violentas registradas por Monitor de Víctimas en el período estudiado. 

La intensidad de la frecuencia de los casos en estas parroquias varió de año en año, destacándose en la mayoría de ellos el año 2018.

Además, entendiendo que las parroquias son límites que responden a una división geopolítica, sin adaptarse necesariamente a las dinámicas socio territoriales de la ciudad, y con ello pudiendo albergar distintas dinámicas de violencias a lo interno de ellas, se hizo el ejercicio de identificar y categorizar comunidades dentro de todas las parroquias del Distrito Metropolitano de Caracas.  

El objetivo de ello fue entender cuáles áreas de la ciudad están siendo realmente afectadas por violencias, de qué tipo y en qué momento del período de tiempo analizado. En tal sentido, se lograron identificar más de 700 comunidades, y a continuación, en el gráfico 15, se podrán observar los sectores de la ciudad que albergaron el 45% de las muertes violentas ocurridas entre 2017 y 2022. 

De igual forma, en la tabla 1 se puede observar el detalle de los lugares de ocurrencia de muertes violentas en la ciudad. Estas comunidades suman el 60% de los casos de muertes violentas registradas por Monitor de Víctimas entre 2017 y 2022. 

Al profundizar sobre la dinámica temporal en las 26 comunidades que más acumularon muertes violentas a lo largo del período estudiado se tiene que: a) el año 2017 fue especialmente mortal para el Barrio San Blas, Misión Vivienda en Fuerte Tiuna y San Agustín; b) en 2018, se destacó Maca, Los Jardines del Valle y Las Adjuntas; c) para 2019 destacaron la carretera Petare-Santa Lucía y el Paraíso; d) en 2020, destacó Santa Cruz del Este, José Félix Ribas y Coche; e) para el año 2021 llama la atención el Barrio El Carpintero, Cota 905 y el Guarataro; y, f) resaltan Filas de Mariche, Barrio José Félix Ribas y Coche para 2022. 

Para profundizar en estos datos, se procesó la información de las comunidades con mayor incidencia, por año y las causas muerte más frecuentes registradas por Monitor de Víctimas, obtenido la siguiente información: 

PETARE. Apartando los casos clasificados como “por determinar”, llama la atención la incidencia de muertes clasificadas en la categoría de “ejecución” y “resistencia a la autoridad”, siendo que la primera llegó a acumular más del 60% de los casos de muertes en 2020. 

Asimismo, se destaca la ausencia de la categoría “robo” en los años 2020 y 2021.  

JOSÉ FELIX RIBAS. Los años 2018 y 2020 se destacan porque la categoría “ejecuciones” es la primera causa de muertes violentas en esta comunidad. Y en 2021 y 2022, más del 40% de las muertes fueron clasificadas en “resistencia a la autoridad”. 

Asimismo, llama la atención el porcentaje menor al 10% o ausencia de muertes asociadas a “robo” en todo el período de estudio.

CATIA. En los años 2017 y 2019 más del 30% de las muertes violentas ocurridas en esta comunidad estuvieron asociadas a robos. Además, 2019 se destaca porque la categoría “ejecuciones” está asociada al 35% de las muertes. 

También es importante señalar que la distribución del año 2022 está basada en sólo dos casos que fueron registrados ese año, en tal comunidad, siendo que ésta es uno de los sectores con mayor disminución de casos a lo largo de los años analizados. 

EL CEMENTERIO. En los años 2018 y 2019 más del 30% de las muertes violentas ocurridas en esta comunidad fueron clasificadas como “ejecuciones”. Además, en los años 2017, 2018 y 2020, llama la atención la cantidad de muertes asociadas a “robos”.  

Al igual que la comunidad previa, El Cementerio sólo cuenta con cuatro casos en los años 2021 y 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

COTA 905. Llama la atención que, a excepción de los años 2019 y 2022, más del 20% de las muertes violentas de esta comunidad fueron clasificados como “resistencia a la autoridad”. De igual forma, se debe tener en cuenta que las ejecuciones son una constante en este sector, a lo largo de los años analizados.

Al igual que las comunidades previas, la Cota 905 sólo cuenta con tres casos en el año 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

SANTA CRUZ DEL ESTE. En el año 2017 destacan la importancia que tenía la categoría “riñas o peleas” en esta comunidad, y cómo su presencia fue disminuyendo en el tiempo. Además, llama la atención la presencia constante de “robos” como causa de las muertes violentas. 

En los años 2020 y 2021 resalta la importancia de la cantidad de casos calificados como “resistencia a la autoridad”. 

Al igual que las comunidades previas, Santa Cruz del Este sólo cuenta con tres casos en el año 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

LA VEGA. En La Vega, las categorías “ejecuciones” y “robos” se han mantenido presentes a lo largo de los años analizados, en mayor o menor intensidad.

El momento de mayor intensidad en la categoría “resistencia a la autoridad” fue 2017, representando el 36% de las muertes registradas por Monitor de Víctimas en esa comunidad. 

Al igual que las comunidades previas, La Vega sólo cuenta con cinco casos en el año 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

ANTÍMANO. Llama la atención que, en el año 2018, 24% de las muertes registradas en esta comunidad fueron clasificadas como “resistencia a la autoridad”. Sin embargo, los mayores porcentajes de ocurrencia los tiene “ejecuciones” y “robos”. 

Antímano sólo cuenta con dos casos en 2019, tres en 2021 y ocho en el año 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

EL VALLE. Los “robos” y la “ejecución” son categorías de importancia en esta comunidad, especialmente entre los años 2017, 2019 y 2020. “Resistencia a la autoridad” se encontró presenté en el 18% de los casos de muertes en el año 2017. 

El Valle sólo cuenta con tres casos en 2021 y tres casos en el año 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

FILAS DE MARICHE. En Filas de Mariche destaca la presencia constante de las causas vinculadas a “ejecuciones”, “resistencia a la autoridad” y “riñas o peleas”. 

Filas de Mariche sólo cuenta con siete casos en 2021 y nueve en 2022 y, por tanto, esto influye en los porcentajes y su distribución. 

Poco se habla y se sabe en este país sobre la violencia que padecen las mujeres. Otras violencias más llamativas opacan los padecimientos que ellas sufren. Con el propósito de centrar la mirada en esta dinámica, ofrecemos aquí un acercamiento a la violencia padecida por las mujeres en Caracas. Aspiramos a aportar algunas pistas para el análisis ante el déficit de información y la invisibilidad de este padecimiento.

Las violencias de las que son víctimas las mujeres caraqueñas.

¿De qué mueren las mujeres caraqueñas? La mayor cantidad de casos de muertes de mujeres en Caracas han sido clasificadas por Monitor de Víctimas como violencia de género (28%), robo (18%), bala perdida (10%), riña o pelea (10%) y ejecuciones (3%) y otras (3%), en orden de importancia. Además, el 19% de los casos fueron registrados bajo la categoría “por deteminar” y 11% se encuentra sin información de la causa. 

Para ponderar la magnitud de estas muertes, se pueden ubicar estos datos en el contexto de la región latinoamericana. Para el año 2022, la tasa de mujeres fallecidas por homicidios en Bogotá fue de 2,2 y en Ciudad de México fue de 1,5. 

La comparación regional permite colocar la situación de las mujeres de Caracas en el contexto de las grandes ciudades latinoamericanas y llamar la atención : la tasa de muertes violentas de las mujeres en Caracas (2,6 muertes por cien mil habitantes, en el año 2022), supera las tasas de Ciudad de ^México y Bogotá, ciudades en las que la violencia de género ha cobrado visibilidad y produce amplia movilización. Estos datos obligan a levantar la voz para visibilizar la violencia de la que son objeto las mujeres venezolanas. 

En este panorama, nos podemos preguntar quiénes son estas mujeres que han fallecido por causas violentas: 

En principio, se tiene que la edad media de ellas era de 36 años, en un rango que va desde los 4 hasta los 88 años. La mayor cantidad de muertes, el 60%, se acumula entre los 15 y 39 años. 

Tanto para varones como para las mujeres, las edades entre los 15 y 39 años resultan ser un punto álgido para la ocurrencia de este tipo de muertes; sin embargo, destaca lo siguiente: 

• Mientras que, para los varones, 1,4% de las muertes violentas ocurren entre los 0 y 14 años, en el caso de las mujeres se trata del 7,3% de los casos. Es decir, en las edades más tempranas estarían muriendo en mayor medida las niñas. 
• En el caso de los varones, 7,3% de las muertes ocurrieron a partir de los 50 años, mientras que, en el caso de mujeres, 22,3% ocurrieron a partir de dicha edad. Así, a partir de los 50 años mueren más frecuentemente las mujeres.

De esta manera, resulta interesante destacar que, aunque los varones mueren en una intensidad mucho más dramática entre los 15 y 349 años (83% vs 60,5% para las mujeres), en el caso de las mujeres la distribución de las muertes violentas se hace más homogénea a lo largo del ciclo vital. 

¿En qué contexto ocurren esas muertes? 

En principio, se tiene que 97% de estas mujeres fallecidas eran civiles, mientras 2% eran funcionarias policiales o militares (0,9% no cuenta con información); por otro lado, 82% de las personas que ocasionaron esas muertes eran civiles y 9% fueron funcionarios (9% no cuenta con información). 

Un hecho que clama la atención es que casi la mitad de las muertes ocurrieron a manos de personas conocidas por las víctimas (47%) y la otra mitad, a causa de desconocidos (41%). 

Siguiendo la misma línea que nos están mostrando los datos, sobre los distintos tipos de violencias que afectan a las mujeres, se tiene que los contextos en los que ocurren los hechos también son bastante marcados: 45% de los casos de muertes ocurrieron en la vía pública, 45% en las viviendas y 9% en establecimientos comerciales. 

Finalmente, con respecto al medio o arma utilizada, pudimos conocer que 42% de los casos ocurrieron a causa de disparos de armas de fuego, 21% armas blancas, 11% asfixia o estrangulamiento y 10% por fuerza física. Estos datos claman por políticas de control de armas de fuego en este país. Este tema, que alguna vez estuvo en la agenda pública, ha quedado soslayado. Sirvan estos datos para retomar el debate público. 

1. Es fundamental, acercar la mirada de la investigación de la violencia en Caracas hacia las mujeres. Son muertes invisibilizadas, silenciadas y es urgente entender las dinámicas que hay detrás de ellas, y así poder ofrecer alternativas para su protección. 
2. La invisibilidad de estas muertes se vincula, entre otras cosas,  con la opacidad de la información sobre estas dinámicas. Es responsabilidad del Estado comprometerse a producir y difundir con regularidad información que permita hacer el monitoreo de estas muertes. 
3. La cantidad de mujeres fallecidas por causas violentas es menor que la de los hombres, pero esto no justifica su invisibilidad.  Las muertes de las mujeres, a diferencia de las de los hombres, que se acumulan entre las edades jóvenes (15 a 34 años),  se distribuyen a lo largo de todo el ciclo vital sufriendo distintos tipos de violencia en cada etapa. Esta constatación amerita programas y políticas de atención específicas a cada etapa del ciclo vital.  
4. Cada forma de violencia dirigida hacia las mujeres que se ha identificado tiene formas de operar distintas, contando con combinaciones distintas para las causas, contextos, tipos de armas o tipos de victimarios.
5. La mayor cantidad de casos de muertes de mujeres han sido clasificadas como violencia de género. Además, resaltan los casos en que las mujeres ya habían denunciado o advertido violencia previa de sus victimarios. Casi la mitad de las muertes ocurrieron a manos de personas conocidas por las víctimas y la otra mitad, a causa de desconocidos. 
6. En ese contexto, se tiene que en Venezuela, el desamparo del Estado hacia la mujer comienza desde sus propios postulados legales. Si bien en 2007 se promulgó la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (LODMVLV), 13 años después todavía carece de reglamento, un documento esencial para su correcta aplicación. El instrumento ha sido exigido por diversas instituciones nacionales e internacionales, que incluyen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero la mora continúa. En términos operativos, no se encuentran mayores avances en la generación de acciones que  protejan a las mujeres venezolanas. 

Tanto el feminicidio como el femicidio están tipificados en las leyes de la mayoría de los países de América Latina, una región marcada por políticas ineficientes que no contribuyen a reducir las muertes de las mujeres solo por ser mujeres.

Cualquiera puede suponer que las lesiones o muertes a causa de las denominadas “balas perdidas” son un tema de interés en el contexto de un país como Venezuela, donde frecuentemente ocurren enfrentamientos entre distintos tipos de actores armados (estatales y no estatales), quienes disparan balas que pueden tomar cualquier rumbo: los cuerpos de aquellas personas con las que se enfrentan, o cuerpos ajenos a la disputa, pero que estaban en un lugar y en un momento trágicamente desafortunados. 

Decimos que NO son balas TAN perdidas debido a que, finalmente, las balas están hechas para herir o para matar (más allá de si fue intencional o no). La que hiere o mata, aunque sea a la persona equivocada, es una munición que cumple su propósito. Por tanto, al ser una mercancía que causa letalidad, su simple comercialización y circulación implica un riesgo latente que exige ser controlado y regulado por el Estado. 

Las balas perdidas pueden alcanzar a cualquier persona. Pero como suele ocurrir con las víctimas de las violencias, aquellas personas que están más expuestas a sufrir una lesión o muerte por su alcance, son también víctimas de violencias estructurales como la desigualdad y la exclusión, lo que finalmente trae como consecuencia que esas balas terminan profundizando las vulnerabilidades.  

Las muertes por balas (NO TAN) perdidas en Caracas. 

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas registró, a partir del testimonio de familiares de las víctimas, un total de 173 casos de balas perdidas en el Área Metropolitana de Caracas, lo que representa un 4% del total de casos en los que se cuenta con una causa de muerte registrada según los criterios de Monitor de Víctimas. Los años 2017 (26%), 2018 (28%) y 2021 (20%) fueron los que registraron el mayor número del total de muertes por balas perdidas de ese período. 

Asimismo, llama la atención que al observar año a año el porcentaje de lo que representan las balas pérdidas en el total de muertes registradas por Monitor de Víctimas en Caracas, el año 2021 es el que muestra el mayor porcentaje del período con un 8%; es decir, del total de muertes registradas por Monitor en el año 2021, en el 8% de los casos éstas fueron calificadas como causadas por balas perdidas; siendo que la mayor cantidad de estas muertes ocurrieron en mayo y julio de ese año.

Las parroquias en donde se localizaron la mayor cantidad de muertes de este tipo fueron: Petare, Sucre, La Vega, El Valle y El Paraíso.  

Y con esto, nos podemos preguntar quiénes son las víctimas de esas balas. Así, se tiene que 46% de estos casos fueron personas entre los 15 y 29 años y 81% fueron hombres.

Otro dato que nos proporciona Monitor de Víctimas para entender el entorno alrededor de estos hechos y las consecuencias que generan estas muertes, es que el 30% del total de personas fallecidas por balas perdidas tenían, al menos, una persona que dependía económicamente de ellas y, por tanto, se puede asumir que no sólo se perdieron vidas sino que se trastocaron las trayectorias de vida de sus dependientes.

Asimismo, se tiene que de las muertes registradas entre 2017 y 2022 por balas perdidas, 82% ocurrieron en la vía pública, seguido por un 15% en la vivienda (en total,ambos lugares acumulan el 97% de los casos). De igual forma, es interesante destacar que en el 12% de los casos registrados por Monitor de Víctimas hubo más de una víctima fallecida, por dicha causa, en la misma familia.

1. NO HAY BALAS PERDIDAS: cada una tiene un guión, un destino potencial que es herir o matar (más allá de si su alcance e impacto fue intencional o no). Por tanto, la comercialización y circulación de armas y municiones implican un riesgo latente que debería ser controlado y regulado desde el Estado. Las balas perdidas pueden alcanzar a cualquier persona, pero como tiende a ocurrir con las víctimas de la violencia armada, aquellos que son más vulnerables a sufrir una lesión o muerte por disparos, son personas que también son víctimas de factores estructurales como la desigualdad y la exclusión. Las lesiones y muertes por balas terminan profundizando las vulnerabilidades. 

2. Entre mayo de 2017 y diciembre de 2022 se registraron 173 casos de muertes por balas perdidas en el Área Metropolitana de Caracas. 2017, 2018 y 2021 fueron los años de mayor incidencia. La mayoría de estas muertes ocurrieron en la vía pública o en viviendas.

3. La mayor cantidad de víctimas de estos hechos tenían entre 15 y 30 años de edad y los hombres son la mayoría. 

4.  Cerca de la tercera parte (30%) del total de personas fallecidas por balas perdidas tenían, al menos, una persona que dependía económicamente de ellas. Por tanto se puede asumir que no sólo se perdieron vidas, sino que, también y de manera fundamental, se trastocaron las trayectorias de vida de sus dependientes. 

5. Se hace urgente el control de armas y municiones por parte del Estado venezolano. Es imperativo evitar que sigan ocurriendo muertes o lesiones por balas perdidas. Además, es necesario ofrecer apoyos ajustados a la realidad de las personas que han sido lesionadas y se encuentran con algún tipo de condición por discapacidad para asegurarles una vida digna, autónoma e inclusiva.

Desde 2017, Monitor de Víctimas comenzó a monitorear la violencia homicida en el Área Metropolitana de Caracas. A partir de ahí, se han añadido otros cuatro estados a nuestros registros: Lara (2020), Táchira (2021), Sucre (2022) y Zulia (2022). De esta forma, entre mayo de 2017 y diciembre de 2022,  Monitor de Víctimas ha logrado tener registradas un total de 5.556 muertes violentas en los estados ya mencionados, 2.061 (37%) de las cuales son asesinatos por letalidad policial, siendo, de lejos, el móvil de mayor frecuencia. 

En este sentido, la letalidad policial se comprende como la unión de dos posibles móviles: resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales. El primero de ellos se refiere a aquellos casos en que un funcionario policial asesina a una persona mediante el uso legítimo y proporcionado de la fuerza en el contexto de un enfrentamiento, mientras que el segundo agrupa a todos aquellos homicidios cometidos por funcionarios del Estado al margen de todo debido proceso jurídico y con un uso desproporcionado de la fuerza letal. 

Así, en Venezuela, un país que durante muchos años fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo por sus altas tasas de homicidios, existe un mayor número de asesinatos a manos de funcionarios policiales que a manos de la delincuencia por móviles como robo (16,5%), ajustes de cuenta (11,16%) o enfrentamientos entre banda (1%).

El año 2018 es el año con mayor registro de muertes por este móvil, con un total de 550 solamente en el Área Metropolitana de Caracas. De estas 550 muertes, un 66,7% fueron catalogadas como ejecuciones extrajudiciales. Con lo cual, en el año con mayor registro de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, los cuerpos de seguridad del estado cometieron dos ejecuciones extrajudiciales por cada homicidio con supuesto uso legítimo de la fuerza letal.

De hecho, a partir de este año, en el AMC se empezaron a registrar un mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales que de resistencia a la autoridad por año, a excepción del año 2021. Esto se mantiene incluso para el 2022, año en el que a pesar de haber disminuido significativamente las muertes violentas a nivel general y los casos de letalidad policial en el AMC, aún existe una mayor prevalencia de los casos de uso excesivo de la fuerza.

El cuerpo de seguridad del estado con mayor cantidad de homicidios por letalidad policial serían las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que acumula un total de 859 homicidios en los cinco estados monitoreados, 603 (70,2%) de los cuales se corresponden con ejecuciones extrajudiciales. En este sentido, las FAES acumulan más ejecuciones extrajudiciales que todos los demás CSE en conjunto, los cuales alcanzan 579 homicidios por este móvil.

En segundo lugar por frecuencia estaría el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el cual acumula un total de 642 homicidios desde 2017 y que, de hecho, es el cuerpo más letal en cuanto a resistencia a la autoridad se refiere.

Sin embargo, a pesar de que el Faes y el CICPC concentran la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, esto en parte está asociado a que su actuar se concentra principalmente en el AMC. De hecho, cuando lo analizamos por estado, vemos que estos cuerpos son los más letales para dicha área y para Lara, no así para el resto de estados donde otros toman mayor protagonismo. Por ejemplo, en Zulia, la Cpbez y la Polisur son protagonistas de la letalidad policial.

Una diferencia importante entre estos crímenes y el resto de la violencia es el contexto donde suelen ocurrir. A nivel general, la violencia suele concentrarse en las calles de las ciudades, siendo así las vías públicas el contexto de un 69% de los homicidios. Sin embargo, en las ejecuciones extrajudiciales muchas de las víctimas son asesinadas dentro de sus viviendas, caso que representa un 48% de las mismas.

Además, es posible observar un claro patrón en las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios que concentran una gran cantidad de hombres jóvenes. De esta forma, se tiene que de las 1182 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas hasta 2022, un total de 1171 serían hombres, habiendo 10 víctimas en la población femenina.

De igual forma, se sabe que el intervalo de edad que concentra mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales es entre los 20 y los 25 años de edad, con un 60% de las víctimas entre los 20 y los 30 años de edad, para una edad promedio de 26 años. 

También es de suma importancia destacar la gran cantidad de víctimas adolescentes. Monitor de Víctimas ha registrado al menos unas 170 ejecuciones extrajudiciales en las cuales la víctima tenía menos de 20 años de edad, entre ellas el homicidio en 2018 de un niño de 8 años de edad en la parroquia El Valle, quien de acuerdo con reporte de allegados estaba reunido con varios vecinos en la calle, corrieron al ver a la policía y entraron a una vivienda, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana les habrían lanzado una granada y disparado.

Y es que los niños y adolescentes no solo sufren cuando son víctimas directas de la violencia policial, sino que también son víctimas secundarias de la misma. De las 1.182 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al menos un 69,29% de ellas tenían un hijo menor a 18 años, dejando a un total de 1264 niños, niñas y adolescentes sin su madre o padre de forma repentina y arbitraria. Además de ellos, 64 hijos mayores de 18 años han sido forzados a pasar por la misma situación.