Mujer y salud sexual, crisis desde la matriz

Lo que enseñan las madres o adultas a las niñas y adolescentes sobre esta etapa se centra en lo que deben, pero mucho más, en lo que no deben hacer durante los días en los que están menstruando. Se basan en creencias que a su vez heredaron de sus madres o abuelas y les transmiten una carga de vergüenza o de silencio sobre el tema, que regularmente se resuelve con la inmovilización, el encierro y el tabú: “No puedes hacer postres, no puedes cargar bebés, no te debes lavar el cabello, no te bañes en la playa, no te pongas esa ropa, no deberías hacer ejercicio”. 

“Cuando vamos más allá de la superficie del problema, nos damos cuenta de que aunque la falta de acceso a productos de higiene menstrual es determinante en algunos casos, lo que más necesitan las jóvenes es la capacidad de entender lo que sucede en sus cuerpos durante el ciclo menstrual para hacer frente a los cambios de manera informada y digna, especialmente cuando se trata de un tema que arrastra tantos estigmas y mitos. Sin embargo, ni en la escuela ni en sus casas, las niñas y adolescentes están recibiendo la educación que necesitan. Eso las deja en una mayor vulnerabilidad frente a los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, el abuso sexual y, por su puesto, los abortos inseguros”, explica Estefanía Reyes, comunicadora, especialista en temas de género y directora de la organización Proyecto Mujeres. 

El documento Guía marco para la implementación de intervenciones que aborden la menstruación (2020) desarrollado por esta organización destaca que los mitos asociados a la menstruación son transmitidos principalmente por madres y abuelas. Y el impacto es notorio: 68% de las adolescentes entrevistadas considera que son ciertos.

“Estas creencias no solo limitan a las niñas y adolescentes, innecesariamente, a llevar una vida normal durante la menstruación, sino que también alimentan la idea de que la menstruación es una condición incapacitante, y que, por lo tanto, las mujeres nunca podrán participar en la vida pública en las mismas condiciones que los hombres porque arrastran el “lastre” de sangrar todos los meses”, reseña el estudio realizado a partir de entrevistas a más de 300 adolescentes de instituciones educativas en el estado Zulia.

Y al factor cultural se suma el económico porque sin acceso a productos de higiene menstrual se limita su movilidad, lo que obliga a las niñas y adolescentes a pasar “la regla” dentro de casa.

“En la casa somos muchas mujeres y un paquete de toallas no dura nada. Se gasta mucha plata y antes mi mamá podía comprarnos un paquetico a cada una, pero ya no. Por eso fue que empezamos a usar trapos”, cuenta Michelle Martínez.

Se refiere a una práctica que desempolvó su abuela materna cuando cuatro de las cinco mujeres que conviven en esa casa tuvieron el período casi en simultáneo. “Agarró unas fundas viejas y las cortó en pedazos para hacernos unos trapitos que podíamos lavar. También lo hizo porque a mis hermanas les daba mucha alergia estar cambiando de toallas sanitarias y las más baratas son de mala calidad y se desbaratan. El trapito es casi como un pañal, pero funciona”, cuenta la adolescente.

Cuando dice que “funciona” hace unas comillas en el aire. Y aclara que este método sirve mientras estén en casa. “Durante los días que tenemos el período evitamos salir para no tener accidentes desagradables. Y como ahorita no estamos yendo al liceo, nos resulta bien porque sino pasáramos tres o cuatro días sin ir a clase, mientras se nos quita”, dice Michelle. Con o sin pandemia, el confinamiento se hizo costumbre, tanto para ella como para sus hermanas de 16 y 18 años: quedarse en casa mientras tienen el período.

Este confinamiento menstrual también lo ha vivido Arianyely Tovar, de 13 años. “Los días de la regla me quedo en mi casa porque no siempre nos alcanzan las toallitas y se las dejamos a mi mamá para que vaya a trabajar”. La cuarentena por la pandemia y la educación a distancia le quitó la presión de faltar a clase cuando tiene el período. 

La joven vive en Charallave con su mamá y una tía. “Somos tres mujeres, pero como mi tía no está trabajando, la única que tiene que salir obligatoriamente es mi mamá y por eso el paquete de toallas lo usa ella”. En casa de Tovar la compra de toallas sanitarias se hizo un privilegio, pues el presupuesto depende de un solo ingreso.

Lo mismo ocurre en casa de Michelle Martínez, donde el ingreso mensual para siete personas depende solo de tres: los padres que cobran en bolívares, y la pensión del Seguro Social de la abuela. En total alcanzan un promedio de 15 a 20 millones de bolívares. Pero en el sector donde viven en La Vega, un paquete de ocho toallas sanitarias (el más económico) cuesta entre 800.000 y 1.500.000 bolívares. 

Si compraran un paquete al mes para cada una de las cuatro mujeres de ese núcleo familiar, tendrían que gastar un tercio de todo el ingreso familiar mensual. “A veces mi mamá consigue una oferta de tres (paquetes) por un dólar y las compra. Pero si las toallas son de mala calidad, eso no dura nada”, dice Michelle.

En el caso de Arianyely, las compresas de tela se han convertido en la alternativa casera para las tres mujeres de su familia, especialmente para usarlas durante la noche. “Cada una tiene sus toallitas de tela y las lavamos bien para que no vayamos a agarrar una infección”.

En el año que ha pasado desde su menarquia,

La investigación desarrollada por la alianza de organizaciones Salud para todas que presentaron en marzo de 2021 el informe La salud de las mujeres en Venezuela, realizado con base a 203 entrevistas en cinco estados del país, detectaron que 23,5% de las mujeres, niñas y adolescentes “para poder obtener el producto de higiene menstrual deben compartirlo con otras mujeres, pedirlo prestado o intercambiarlo por otro bien, esperar algún donativo, o simplemente, elaborarlo en casa”. 

Del grupo de mujeres, niñas y adolescentes encuestadas en comunidades populares, un 53,7% reconoce haber presentado complicaciones de salud por el uso de alternativas caseras de higiene menstrual: es decir 6 de cada 10 niñas y adolescentes (entre 9 y 14 años de edad).

Arianyely, que en pocos meses cumplirá 14 años, cuenta que frecuentemente sufre “una alergia, es como un roce y me sale una erupción en la zona de la entrepierna" debido al uso de algunos tipos de tela que convirtieron en compresas para no manchar la cama durante la noche. Por eso describe su ciclo menstrual como: “algo doloroso, incómodo y con mucho sangrado”. No lleva la cuenta de cuántos días le dura cada período, ni cada cuánto tiempo le viene. , me dan unos dolores de vientre horribles ya veces me dura como una semana ”. 

Tampoco conoce las cuatro fases que la conforman: 1) menstruación; 2) fase folicular; 3) ovulación, y 4) fase lútea. Nunca se lo enseñaron en la escuela y está casi segura que su mamá tampoco lo sabe. Su conocimiento sobre “tener el período” se resume en los días de sangrado: “Me viene como por cinco días, a veces más y casi siempre es a fin de mes, no estoy muy segura”, y sin dar más datos se encoge de hombros con una sonrisa casi avergonzada.

¿Conoces las fases del ciclo menstrual?

Hasta ahora la adolescente no ha ido a su primera consulta ginecológica. “Mi mamá dice que la regla se va normalizando sola, no creo que tengamos que ir al médico por eso. Y si me duele el vientre me aguanto”.

Lo poco que saben Michelle Martínez y Arianyely Tovar sobre sus propios ciclos de menstruación se basa en conversaciones que tienen con sus otras amigas adolescentes y aunque ninguna de las dos se ha iniciado sexualmente, lo que saben es que con la llegada de la primera menstruación se conecta una etapa más compleja: el embarazo. 

“Cuando no llega la regla, ahí es cuando uno tiene que asustarse porque el retraso es síntoma de embarazo”, dice tajante Arianyely. 

-¿Y quién te habló sobre eso? -

-Mi mamá. Eso sí me dijo: “mucho cuidado porque después de que te viene la regla, ya puedes quedar preñada”.

Confirmó su embarazo al mes siguiente, cuando la menstruación no llegó. “Estudiaba séptimo grado y los malestares no me dejaron ir más al liceo. Solo pensaba en cómo darle la noticia a mis padres, inventaba todas las excusas ”, recuerda.

Yelianny hizo lo posible por ocultar la incipiente barriga que iba creciendo a medida que avanzaban las semanas. “Trataba de pasar tiempo fuera de la casa, alejada de mi familia para que no se dieran cuenta”. Su principal preocupación era su padre "que es muy machista", según lo describe. Viven en la población de Palo Negro, estado Aragua, una comunidad pequeña donde hablar de sexualidad sigue siendo tabú, un tema casi prohibido, a pesar de que la joven dice que es muy común ver a sus amigas y conocidas del pueblo salir embarazadas a temprana edad. 

La respuesta casi automática del novio al enterarse del embarazo fue: “conmigo no cuentes”. Yelianny pensó en abortar pero sabe que en Venezuela iría presa porque está penalizado. Un miedo que se complicaba al intentar ocultar el embarazo, por lo que no asistió a consulta médica ni a control prenatal hasta la semana 22 de gestación. 

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2017 destacan que apenas 19% de las mujeres embarazadas concentradas en el estrato más pobre se controla desde el primer mes de gestación en comparación con 73% de las mujeres del estrato más rico, quienes sí lo hacen desde el inicio del embarazo. 

El padre de Yelianny dejó de hablarle y de sostenerla económicamente cuando se enteró. Y aunque su madre decidió apoyarla para que continuara el bachillerato, las autoridades del liceo donde cursaba el séptimo grado le pidieron que continuara la formación desde su casa porque argumentaron que el embarazo estaba muy avanzado. 

Aunque en Venezuela existen disposiciones legales para proteger el derecho a la educación de las adolescentes que quedan embarazadas, en la práctica muchas se retiran y no continúan los estudios. Según datos de Encovi 2019-2020, más de 16% de las jóvenes indica el embarazo como la causa de su deserción escolar.

“Después que tuve al bebé, me dediqué a trabajar. Tenía unos amigos que tenían un local y ahí comencé a lavar platos”. Intentó retomar los estudios, pero repitió séptimo año y, aunque luego comenzó el octavo, no logró terminar. Hasta allí llegó su formación escolar. 

Cuando cumplió los 18 años de edad, Yelianny Jiménez ya era la madre de tres niños.

Para el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Paolo Balladelli, cuando una adolescente queda embarazada, su salud, educación, potencial de obtener ingresos y todo su futuro pueden estar en peligro. “Evitar un primer embarazo a través de una anticoncepción inmediata post evento obstétrico permite disminuir la mortalidad materna e infantil y la pobreza y exclusión social”, detalla. 

La investigación desarrollada por la alianza de organizaciones Salud para todas en el informe La salud de las mujeres en Venezuela 2021, realizado con base a 203 entrevistas en cinco estados del país, encontró que 9 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes en comunidades populares no han tenido acceso a la planificación de sus embarazos, “lo que contrasta directamente con la respuesta de un 83% que expresó que no desea tener hijos/as”, indica el informe. 

También detalla que de las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas que fueron encuestadas, sólo 2 de cada 10 que ya han tenido hijos/as, desean procrear de nuevo. Sin embargo, más de 50% de las adolescentes y mujeres encuestadas declaró que no usan métodos anticonceptivos porque creen no necesitarlos, mientras que 14,9% explica que no cuentan con los recursos para adquirirlos. 

Para Nairobi Ortega, Ana Rodríguez y Wilmeri Narváez las escenas de sus partos son un doloroso recuerdo. Nada de recuerdos idílicos recibiendo armónicamente a sus bebés en brazos. La violencia obstétrica es uno de los 19 delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y sin embargo es un ambiente común en las salas de parto del país.    

Las mujeres que acuden a los centros de salud públicos se enfrentan a la sentencia bíblica que reza: “parirás con dolor”, marcadas por la escasez de medicamentos e insumos, el alto costo de los tratamientos, el déficit de personal médico especializado y además deben lidiar con una naturalizada violencia por parte del personal de salud, que casi forma parte de los protocolos de atención: múltiples expresiones de la violencia obstétrica.

“Me tuvieron cuatro días rebotándome entre El Algodonal y la Maternidad Concepción Palacios porque no había anestesiólogo ni pediatra y solo atendían emergencias”, cuenta Ana Rodríguez, de 28 años, quien dio a luz por primera vez hace cinco años en Caracas.

Las mujeres se enfrentan al llamado “ruleteo”, una dolorosa procesión en la que van de hospital en hospital hasta que logran que las reciban, después de horas de espera en centros de salud que no tienen condiciones para atenderlas. 

El médico que controló el embarazo de Ana la refirió al Hospital José Ignacio Baldó (El Algodonal) como una emergencia porque su embarazo ya se había pasado del tiempo recomendado y no presentaba dolores de parto ni sangrado.

Fue el primer día y, tras un tacto, el médico a cargo le ordenó hacerse un eco para verificar el estado de la placenta. Tuvo que hacérselo en un consultorio privado, pues en el hospital la máquina no funcionaba. Con la ecografía en mano, en El Algodonal le dijeron que aún podía esperar otros dos días porque también debía hacerse una pelvimetría para saber si podía tener un parto natural. 

Tres días después del diagnóstico que calificaba como una emergencia, Ana tuvo que llegar antes de las 7:00 de la mañana a El Algodonal pero no había anestesiólogo y no la recibieron. La mandaron a la Maternidad Concepción Palacios.

De un lado a otro, ya llevaba cuatro días movilizándose en transporte público con un diagnóstico de riesgo cuando Ana Rodríguez por fin llegó a la Maternidad. Allí le dijeron que no había pediatra y que fuera a otro hospital. Pero Ana se postró allí hasta que la atendieron: 15 horas después de haber llegado a la sala de emergencia de la principal maternidad del país, y tras una larga lista de procedimientos de tacto vaginal a cargo de diferentes médicos, Ana por fin dio a luz a su bebé.

De acuerdo con el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, para finales de 2019, alrededor de 30.000 médicos habían emigrado de Venezuela, debido a la crisis económica que atraviesa el país. “Más de 53% de los médicos de hospitales y cerca de 50% de los que están en clínicas privadas se han ido”.

En ese contexto de carencias, Nairobi Ortega de 34 años ha tenido seis partos. Rememora sus tres primeros alumbramientos, los de sus hijos de 17, 13 y 8 años de edad y considera que las condiciones eran “mucho mejores”. Pero a partir del cuarto embarazo se enfrentó a la escasez total de insumos en los hospitales y el ruleteo, que la obligaba a buscar como sea algunas condiciones mínimas para parir.

Con los dolores de su quinto parto, Ortega recorrió cuatro hospitales en distintos puntos de Caracas. “Fui a El Valle, la Maternidad (Concepción Palacios), Pérez Carreño y vine pariendo en el Materno de Caricuao, a la voluntad de Dios porque el tacto me lo hicieron con agua porque no había ni gel. Me cosieron sin anestesia, el parto se me había pasado y ya no tenía dolores y no había ni un poquito de Pitocin”, detalla la madre. 

Su último embarazo debía llegar a término a mediados de febrero de 2021, pero se adelantó cinco semanas. Los dolores intensos junto al sangrado los soportó durante 24 horas, pues no tenía dinero para trasladarse a un hospital y tampoco había podido comprar lo esencial para la bebé que venía en camino. “Le decía a mi esposo que no tenía dolor y que aguantaría otro poquito para no asustarlo; pero me sentía muy mal y tenía miedo. Él me preguntaba ¿Qué vamos a hacer?”, cuenta aún con expresión de dolor en su rostro.

Consiguieron un dólar prestado para poder llegar hasta la Maternidad Concepción Palacios en transporte público, pero Nairobi no tuvo tiempo ni de registrar su historia médica. Alcanzó a decir que su embarazo se había adelantado y que no tuvo control prenatal, pero “el médico me dijo que no me podían atender porque no tenían los requerimientos para asistir el parto”. 

Desde el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de mujeres y recién nacidos en la Maternidad Concepción Palacios tras “considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”. 

Nairobi ya no tenía dinero para moverse hacia otro hospital. Se agachó en la calle, en las afueras de la Maternidad, y creyó que su hija nacería en la vía pública, pero un taxista la vio y la llevó hasta el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde la montaron en una camilla. Al igual que en la Concepción Palacios, los doctores le preguntaron si se había tomado “algo” con la intención de abortar. 

Les dije: “No he tomado nada, ya mi bebé está grande y eso me puede traer complicaciones”. La doctora pidió que la llevaran a sala de parto, pero la bebé ya estaba afuera. “Di a luz en la sala de espera, en una camilla a las 7:50 am”, recuerda la mujer de 34 años.

Un trabajo de grado realizado en un hospital del estado Anzoátegui en 2018, publicado por la Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en diciembre de 2020 revela que en 100% de los partos hubo algún tipo de violencia obstétrica. 

En su tesis, los estudiantes de medicina detallaron que 99% de las embarazadas fueron obligadas a ponerse en una posición incómoda para parir, a 73% le realizaron procedimientos sin autorización, 66% recibió atención tardía, 3% de las parturientas expresaron haber recibido agresión física directa (sutura sin anestesia, golpes en las piernas o pellizcos) y lo más frecuente fue que todas las embarazadas reportaron ser agredidas verbalmente con palabras ofensivas o despectivas y el maltrato expresado con frases como: “¡No grites!”, “¡no llores!”, “¡aguanta y no te quejes!” o “¡Cuando lo estabas haciendo no te dolía!”.

El estudio encontró que entre 80% y 100% de los médicos usaron oxitocina (Pitocin) durante la atención del parto sin consentimiento y 90% aún hace uso de la maniobra de Kristeller (apretar con los puños o el antebrazo la barriga de la embarazada para que nazca el bebé), a pesar de que es un procedimiento que la OMS desaconseja. 

Wilmeri Narváez tiene 25 años de edad y ha sido madre cuatro veces. Sus hijos tienen 7, 5, 4 años y el último es un bebé de ocho meses. Los tres primeros nacieron en el Hospital Pérez Carreño y el cuarto en la Maternidad Concepción Palacios. 

Con el último embarazo llegó a la emergencia con todas las dilataciones. “Me subieron a sala de parto, pero los médicos me dejaron pariendo sola porque no quise cambiarme de camilla. Es que no aguantaba los dolores y no quería moverme. Mientras estaba pariendo, tenía a tres doctores a mi alrededor pero nadie me atendía, estaban en otra cosa, solo me asistieron para cortar el cordón umbilical cuando el niño nació”, detalla la joven. 

En los cuatro días que Wilmeri estuvo hospitalizada en la maternidad no se le garantizó la comida. “En la tarde daban puras lentejas y había que tener un envase, como yo no tenía, no me daban. Mi mamá y una amiga me llevaban algo de comer”, relata. 

En otro hospital pero en la misma situación estuvo Nairobi. “Estuve cinco días en el Pérez Carreño pasando trabajo porque no había comida. Daban arroz solo y nada más al mediodía. En la mañana a veces nos llevaban un pedacito de piña y dependíamos de que fuese un familiar, así que me tocaba aguantar el hambre”. Junto a sus compañeras de cuarto recién dadas a luz cargaron agua porque en la habitación no había. 

La Red de Médicos por la Salud, a partir de la Encuesta Nacional de Hospitales, desarrollada en 2018 señaló que 94% de los servicios de ecografía, RX y Laboratorio presentan fallas; en 79% hay fallas de material médico-quirúrgico y en 66% de las maternidades hay ausencia de fórmulas lácteas para los/as recién nacidos/as, ya que 96% de los servicios nutricionales se encuentran inoperativos. 

El último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud identificado con el N° 52, que presentó estadísticas generales y sobre maternidad data del año 2016, filtrado tras dos años de silencio absoluto. De allí en adelante volvió a quedarse bajo la opacidad oficial. 

Las cifras contenidas en este boletín mostraban que las muertes maternas habían aumentado 56% en doce meses y el fallecimiento en niños menores de un año registraba 11.466 bebés, un aumento de 30% en comparación con 2015. Allí destaca que durante el período neonatal (primeros 28 días del bebé) ocurrían 53,9% de los fallecimientos.

Las tres mujeres coinciden en que fueron afortunadas porque sus bebés nacieron bien y lo único que querían era salir pronto de alta. El estudio de los médicos concluye que “pese a que 100% de los partos se hace bajo algún tipo de violencia obstétrica, 75% de las parturientas consultadas calificaron como ‘buena’ la atención porque están acostumbradas a recibir un trato inadecuado”.

¿Qué es violencia obstétrica?

La violencia obstétrica es: “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”, establecido en el artículo 15, numeral 13 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aunque Venezuela fue el primer país de América Latina que aprobó una ley de este tipo, la realidad del sistema hospitalario se impone e impide un proceso de parto digno y respetuoso.

Para los agresores siempre existe cualquier justificación para agredir a una mujer hasta la muerte. Otro de los datos que arroja Cepaz es que la motivación aparente del femicidio es el desprecio y aprovechamiento de la condición vulnerable, seguido de ataques sexuales como ocurrió con Eliannys Martínez y Eduarlis Falcón en Turén, estado Portuguesa. Al menos 12% de las víctimas en 2020 sufrieron violencia física sistemática antes de ser asesinadas, y en 11,7% los perpetradores refirieron la “venganza”, como ocurrió con Carmine, Nahomys, Yaverlis y Mariajosé. 

La pandemia por la covid-19 en Venezuela puso en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, en especial las mujeres, las niñas y los niños. La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) señala que en Venezuela han salido a la luz pública varios casos de abuso sexual infantil, pero “no tantos como realmente suceden”. 

Y en muchos casos se combina el abuso sistemático desde la infancia y se extiende hasta la edad adulta de las mujeres. Sobre todo si el agresor es un miembro de su círculo familiar directo. 

Es la historia de Cecilia Pérez* (nombre protegido) quien fue violentada física y sexualmente por su propio padre. Uno de sus recuerdos más vívidos fueron los golpes en la boca que le propinó su papá cuando tenía menos de 8 años. “Él se puso un paño en la mano mientras mi mamá se estaba bañando y me dio puñetazos en la boca. Recuerdo que no pude salir por un tiempo por los golpes”. 

“Yo le tenía mucho miedo, muchísimo. Todo pasaba cuando mi mamá estaba estudiando o trabajando. Lo hacía cuando ella no estaba”, cuenta Cecilia. La agresión escaló y el padre abusó sexualmente de ella cuando tenía 12 años. 

“Él siempre que llegaba borracho y se ponía violento pedía perdón. Entonces lo normal para mí era que pidiera perdón, se le perdonaba y ya, seguía adelante”, narra Cecilia. 

Su adultez ha estado marcada por esa agresión sostenida desde la infancia. “A mí siempre me dieron miedo de cierta forma los hombres. Solo he tenido una pareja y creo que eso influyó. Después de eso (la violación) siempre me ha dado pena mostrarme. No me siento cómoda en mi cuerpo. Me da miedo hablar frente a la gente y a veces no puedo”. Y aunque se ha atrevido a contárselo a algunas personas, nunca pudo decir en voz alta dentro de su grupo familiar lo que le ocurrió.

No estás sola

NO hay tiempo límite para denunciar a un agresor, incluso si no eres la víctima directa. 

Puedes acudir para denunciar a las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) o a las oficinas del Ministerio Público en cada estado del país. 

Si no te deja salir, pero puedes acceder a un teléfono, puedes llamar a los números de atención de diferentes instituciones públicas y ONG especializadas:

Viviana Ibarra tiene la mitad de sus 55 años de vida trabajando por la comunidad en el barrio Sucre de Petare. Viviana es la del agua, la que lucha para que lleguen las cisternas, la que lidia para que lleven las bombonas de gas, la que busca que los niños de su barrio tengan actividades recreativas, la que coordina que hagan jornadas de salud para sus vecinos. Viviana sube y baja, Viviana cuadra, habla y resuelve.  

De tanto ir y venir, una doctora que llegó con las jornadas que ella misma gestionó, se sentó a su lado y le preguntó desde cuándo no se hacía un chequeo ginecológico. “Me puse a echar para atrás y me di cuenta que tenía más de dos años que no pisaba un consultorio y de ginecología, mucho más tiempo”, cuenta Viviana. 

El examen tantas veces postergado le reveló que tenía dos fibromas que le estaban afectando el útero y que tenía que ser operada con cierta premura.

“Fui al (Hospital) Pérez de León para que me hicieran los exámenes que necesitaba, pero una y otra vez perdía la cita porque no servían los equipos o no tenían insumos para hacerlos. Tuve que reunir el dinero por mi cuenta para hacérmelos por privado, pero cuando por fin los tuve llegó el coronavirus y declararon ese hospital centinela (para pacientes con covid-19), atrasaron todas las citas y los exámenes no sirvieron porque pasó mucho tiempo y el médico me dijo que me los debo repetir. El problema es que ya no tengo la plata”.  

Desde aquel momento de las jornadas que llegaron a su comunidad hasta la fecha han pasado tres años y los fibromas siguen sin ser operados. “Claro que me preocupa seguir con los fibromas pero doy gracias a Dios que no tengo algo más grave o urgente como un cáncer”, cuenta.

No es un cáncer, dice Viviana. Su leve sonrisa de alivio no esconde el miedo porque sabe que cada vez atender su condición de salud se le aleja más del presupuesto, ya que no puede costear evaluaciones periódicas, una medida de prevención recomendada por todos los protocolos médicos, en especial, los de ginecología y obstetricia. 

Pero es un problema que supera la voluntad o la disposición: 5.820.628 venezolanas de 35 a 75 años no tienen acceso para realizarse mamografías en el sistema de salud.

Según el informe Pronósticos de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela, publicado en 2019 por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en alianza con la Universidad Simón Bolívar (USB), el cáncer de mama continúa siendo el primer tipo de cáncer que sufren las venezolanas y aunque se presenta con más frecuencia entre los 45 y 54 años, ocasiona más muertes entre los 55 y los 64 años de edad.

El estudio no solo refleja datos de mortalidad sino de incidencia en el tiempo de vida que pierden las afectadas por esta enfermedad: una mujer venezolana va a perder 19 años de vida por cáncer de mama y 24 años por cáncer de cuello uterino, el que se ubica como la segunda causa de muerte en las mujeres, con una tasa de mortalidad de 10 muertes por cada 100.000 habitantes.

Pero solo 4 de cada 10 mujeres encuestadas en comunidades populares asiste regularmente a servicios de medicina general, mientras que sólo 5 de cada 10 acude regularmente a control ginecológico y 6 de cada 10 a control mastológico, según datos de la investigación de la alianza de organizaciones Salud para todas.

Helena Guevara sabe en carne propia los efectos de dejarse de última en la lista: durante siete años estuvo dedicada por completo al cuidado de su esposo, quien sufrió una enfermedad degenerativa hasta que falleció en el año 2019. “Ambos teníamos 62 años cuando la enfermedad comenzó, pero a mí me cayeron como cien años encima”, dice Helena.

Desde que su esposo murió, Helena que recién cumplió 71 años de edad siente que ha desmejorado mucho física y emocionalmente. “Me han caído todos los achaques juntos: dolores musculares, hipertensión y hasta dengue me dio hace unos meses”, lo que se sumó a una condición de ansiedad y miedo recurrente asociado al confinamiento por la pandemia de coronavirus. 

“Estoy sola en la casa porque mis hijos están fuera del país y de vez en cuando mi sobrina me da una vuelta para ayudarme, pero cada quien tiene sus cosas que hacer”, dice pausadamente con una mirada de resignación que la hace encogerse de hombros. 

La investigación desarrollada por la alianza de organizaciones Salud para todas en el informe La salud de las mujeres en Venezuela 2021, realizado con base a 203 entrevistas en cinco estados del país detectó que 60% de las mujeres encuestadas en comunidades populares que tienen entre 49 y 69 años reconocen que sufren de insomnio, lo que les genera mayor agotamiento físico y sentimientos de agobio. 

Los roles de cuidado, culturalmente asumidos por las mujeres, las hacen más vulnerables a postergar la atención a su propia salud, sin dejar de lado el costo económico que implica para la dinámica de un hogar. Al ver la economía con perspectiva de género se revela que el trabajo doméstico y de cuidados es una actividad no remunerada que representa entre 15% y 25% del Producto Interno Bruto de una sociedad.

Así como Viviana Ibarra es una lideresa reconocida por su entorno como “la que está pendiente de todo” de su comunidad en Petare, la figura de la mujer “guerrera y echada pa´lante” tan arraigada en la cultura venezolana se traslada a todos los espacios en los cuales las mujeres hacen vida.

Paula Rondón también se ha ido convirtiendo en “la de todo”, el pilar que sostiene a una extensa familia, que poco a poco se ha ido desarticulando por la emigración de muchos de sus hermanos y primos. “Me he quedado a cargo de mis padres que ya están mayores, pero también de mis tías, porque ya no tienen fuerza para resolver cosas como el mantenimiento de las casas, reparaciones, y lo que sufrimos todos: la cargadera de agua”, cuenta la contadora de 48 años que vive en Montalbán, madre de dos adolescentes. 

La gestión del agua, otra tarea asociada culturalmente a las mujeres, en Venezuela tiene la particularidad de consumir una importante parte de la jornada diaria de las familias, sin contar la fuerza física que exige recolectar y cargar el agua, debido a la irregularidad en el suministro del servicio, lo que afecta a zonas de clase media y sectores populares ubicados en zonas montañosas -como ocurre en Caracas- donde el agua tiene que ser transportada escaleras arriba hasta los hogares.

Las adultas mayores son las más afectadas por tener que cargar agua durante prolongados periodos de tiempo: dolor y cansancio extremo en la espalda y cuello, específicamente en el músculo llamado trapecio. Y a la mayoría se le suma la condición de haber tenido varios partos por lo que son más propensas a sufrir de prolapso uterino, una condición de salud que ocurre cuando los músculos del suelo pélvico se debilitan, por lo que el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella.

En las mujeres jóvenes el acarreo habitual de agua o algún tipo de peso (bolsas de mercado, bombonas de agua, tobos, cajas) produce un mal desarrollo de los huesos pélvicos que puede generar complicaciones en el embarazo.

Paula trabajaba desde casa mucho antes de que la cuarentena instalara el teletrabajo, por lo que progresivamente se fue encargando de hacer las visitas periódicas a sus familiares que quedaban solos en casa para encargarse de resolver asuntos como buscar y cambiar las bombonas de gas, estar pendiente de mantener llenos los tanques de agua, mover y cargar pipotes para hacer los oficios y cargar las bolsas de mercado que le resulten pesadas a sus tías y su madre, tres mujeres mayores de 70 años que tienen antecedentes de prolapso uterino y artritis.