PDVSA CONTAMINA
MÁS DE LO QUE PRODUCE

El 2020 se ha convertido en uno de los años de peor contaminación ambiental de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En nueve meses ocurrieron importantes derrames petroleros que han llegado a parques nacionales, arrecifes de coral, campos de cultivo y hasta a las casas de la gente; pero también dentro de su infraestructura continúan creciendo las montañas de desechos tóxicos y siguen expulsando a la atmósfera altos volúmenes de gases de sus mechurrios.  

Solo en agosto, y en menos de una semana, varios estados del país fueron afectados por grandes fugas de crudo: dos en Anzoátegui (oriente del país), uno en Carabobo (centro) y otro en Falcón (occidente). Uno de ellos es considerado uno de los desastres ambientales más graves en la historia venezolana debido al vertido de al menos 22.000 barriles de crudo que se extendió por 12,5 kilómetros en el mar, desde la refinería El Palito (estado Carabobo), e impactando cuatro kilómetros de costa y ocho de los 11 cayos que componen el Parque Nacional Morrocoy (ubicado en Falcón), un lugar turístico rico en manglares, arrecifes coralinos y una fauna especial y vulnerable como pelícanos, tortugas marinas y delfines. 

Este reportaje realizado por TalCual, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, explica que en Pdvsa las posibilidades de contaminación están latentes, como en toda petrolera en el mundo. Pero la estatal venezolana parece haber olvidado las normas para disminuir el impacto de sus operaciones tanto en el ambiente como en la salud de sus trabajadores y de los habitantes cercanos a sus infraestructuras. 

Fue considerada en los años 90 como la empresa petrolera estatal más importante de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Su prestigio se basaba en su capacidad para explorar, producir y exportar tanto crudos livianos como pesados en gran cantidad. El manejo gerencial, operacional y laboral de Pdvsa elevaba a Venezuela como uno de los grandes productores del mundo.

Hoy, la industria no solo es un actor empequeñecido en el mercado petrolero internacional debido a la debacle de su producción, a una infraestructura dañada por falta de mantenimiento y de recursos; sino que también, enferma.

En los últimos 20 años han ocurrido cientos de incidentes operacionales y accidentes laborales, con la ocurrencia de dos a tres sucesos semanales desde 2006; además de la peor tragedia petrolera en la historia del país: la explosión en 2012 de la refinería Amuay, en Falcón, que dejó al menos 55 muertos, 156 heridos y decenas de desaparecidos.

De todas las áreas de Pdvsa, la División Oriente es la más contaminante. Es allí donde se ha permitido la acumulación de grandes montañas negras de coque y de varios cúmulos de azufre, un polvo verde-amarillento que resplandece ante el inclemente sol de la región. Ahí también están presentes el venteo y la quema de gas que contribuyen al efecto invernadero. Todos estos factores impactan a la atmósfera, afectan a la fauna local y generan desde enfermedades respiratorias hasta altos niveles de plomo en la sangre en sus trabajadores.

En esta región se encuentran las refinerías de Puerto La Cruz y de San Roque, el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui (llamado también Complejo de Jose) y cinco mejoradores, todos ubicados en los estados Anzoátegui y Monagas.

“Todo el oriente está repleto de desechos petrolíferos”, sentencia Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa entre 2004 y 2013.

Refiere que en esa zona además existen miles de fosas de crudo. “Las trasnacionales y la vieja Pdvsa sacaban el petróleo sin especificación (sin certificar) por tuberías y lo echaban en las fosas. Hay 13.000 fosas a cielo abierto en el oriente del país. A veces esas fosas se incendian, caen animales y mueren”.

La contaminación de Pdvsa sigue siendo significativa en todo el país, aun cuando la compañía registra la producción petrolera más baja desde la década de 1930. Pareciera que, mientras menos produce, más contamina.

La estatal llegó a producir en promedio un máximo de 3,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2008, desde ese entonces comenzó una imparable caída hasta mostrar en julio de 2020 una producción de 339.000 b/d, una cifra equiparable a la de 1935.

En septiembre de este año, 90% del crudo que se produce en el país proviene de los estados Anzoátegui y Monagas, 7% desde Zulia y 3% desde los estados Barinas y Apure.

Cuando esto sucedía, fue constante el crudo derramado por la industria en playas, ríos, lagunas y tierras en todo el país. Los registros de la empresa desde 1979 hasta 1999 señalan que el volumen total vertido por fugas, derrames y filtraciones fue de 24.233 barriles. Mientras que las cifras oficiales revelan que el volumen derramado entre 2009 y 2016 fue de 1.098.936 barriles. Por cierto, desde 2017 la estatal dejó de publicar esta información.

Para este trabajo, se pudo documentar, a través de la búsqueda de información en varios medios nacionales, la ocurrencia de 49 importantes derrames de crudo en el oriente del país entre 2013 hasta agosto de 2020. De esos, 16 fueron en varias ciudades y poblaciones de Monagas, 12 solo en la ciudad de Anaco (Anzoátegui), nueve en el Complejo de Jose, seis en Puerto La Cruz y otros seis que llegaron hasta el río Guarapiche, importante afluente que surte de agua a Maturín, la capital del estado Monagas.

Adicionalmente se observaron 30 fugas de crudo en el occidente venezolano, de las cuales 21 afectaron al ya mancillado Lago de Maracaibo en Zulia, mientras que cuatro ocurrieron en la refinería Cardón (Falcón), otras cuatro en la refinería Amuay (Falcón) y uno en la refinería Bajo Grande (Zulia).    

Desde hace casi un lustro es imposible conocer las cifras oficiales de incidentes de la estatal, ya sean derrames o filtraciones; así como los niveles de quema de gas o venteo, el volumen de las montañas de coque o la cantidad de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. A Pdvsa se le solicitó información al respecto para este reportaje, pero hasta el cierre de la edición no fueron respondidas las dos comunicaciones enviadas a su Departamento de Prensa en agosto y a comienzos de septiembre.

Para Ramírez, otrora "hombre fuerte" de la industria petrolera venezolana, como lo llamó el fallecido Hugo Chávez, “el problema con Pdvsa es que no está rindiendo cuentas a nadie”. Detalla que la empresa arrastra muchos pasivos ambientales, sumado a la práctica depredadora de la industria con el medio ambiente y la falta de información sobre este apartado desde 2016, aunque no hace un gran mea culpa de los incidentes surgidos durante su gestión.

LA GRAN MONTAÑA

Pdvsa no solo contamina con las filtraciones de crudo que emanan de sus tuberías y oleductos, también ostenta un peligro latente en sus entrañas: las grandes montañas negras de coque y amarillo-verdosas de azufre ubicadas en el Complejo de Jose, en Anzoátegui. 

El coque es un producto derivado cuyo origen proviene del tratamiento del crudo extrapesado que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentran las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Desde hace ya unos años, la empresa estatal no ha sabido qué hacer con ese desecho que simplemente se acumula riesgosamente.

“El coque es tóxico y peligroso particularmente en Venezuela porque contiene mucho azufre. En contacto con la humedad puede formar ácido sulfúrico, que es el responsable de la lluvia ácida. En contacto con procesos propios de deshidrogenación —el proceso de refinación de crudo produce mucho hidrógeno—, genera el ácido sulfhídrico que es muy temido por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por sus siglas en inglés)”, explica Mónica Kräuter, una profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar con doctorados en Química y Desarrollo Sostenible.

Cuando la Faja estaba en plena producción, se generaban unas 15.000 toneladas diarias de coque. Para tener una idea, un camión volteo puede cargar unas diez toneladas, de tal manera que los desechos producidos diariamente eran el equivalente a 1.500 camiones volteo.

Informaciones de Pdvsa revelan que en 2017 existían unas 12 millones de toneladas métricas de coque. De acuerdo a una nota de la agencia de noticias internacional Argus Media, en 2019 se alcanzaron las 15 millones de toneladas. A quien pase por la carretera Troncal 9 de Anzoátegui, vía Píritu, esa suerte de cordillera negra no le será indiferente.

“Las montañas de coque son impresionantes. Ese coque acumulado enferma a los trabajadores, respiran los gases tóxicos que emana y se les mete por la piel”, afirma Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

Resalta que los trabajadores de la División Oriente son quienes tienen la más alta incidencia de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis, además de enfermedades coronarias y cáncer.

En efecto, el coque tiene metales pesados como níquel y vanadio, y la toxicología señala que cuando se introducen en cualquier ser vivo en altas concentraciones, ya sea inhalados, ingeridos o en contacto con la piel, tienen efectos nocivos a la salud y suelen producir leucemia y todo tipo de cáncer, entre otras enfermedades. “Esto sucede porque el ser humano no tiene forma de eliminar los metales pesados una vez ingresan al organismo, se acumulan y crean estos efectos”, explica Mónica Kräuter.  

Una de las soluciones que se planteó para bajar el volumen del coque era la construcción de una planta de generación termoeléctrica, que incluso llegó a formar parte de los proyectos de la Faja. Pero esta opción nunca se concretó por falta de recursos y decisión política.

En el Complejo Refinador Paraguaná (CRP), ubicado a 797 kilómetros de Jose, se produce coque aunque en menor escala. La solución allí fue hacer 'mantos de coque'. El exministro Ramírez explica que "hay grandes fosas donde el coque está enterrado y cubierto. Nuevamente, eso fue una solución de echarle tierrita a un problema”, admite.

GAS EN EL AIRE

El venteo y la quema de gas de las refinerías y de los complejos petroquímicos —un proceso normal en instalaciones de este tipo— se ha incrementado de manera exponencial, convirtiéndose también en otro factor de afectación al ambiente y a la salud.

El venteo y la quema de gas natural son dos procesos diferentes: el primero consiste en toda descarga de gas que proviene de un pozo de producción de petróleo; mientras que el segundo, ocurre a través de antorchas, incineradores o mechurrios como opción de desecho y no para su uso de energía alternativa.

Ya sea venteando o quemando, además del daño ambiental, hay un cierto daño financiero. Debido a su crítica situación, Pdvsa pierde millones de dólares por no poder utilizar ni exportar el gas asociado al petróleo y a la reserva de gas natural en el país.

Rubén Pérez, ingeniero químico con maestría en Ingeniería de Gas Natural y con 23 años de experiencia en la industria petroquímica, señala que Venezuela viene creciendo en el ranking de 30 países con mayor quema de gas natural, al ocupar el sexto puesto en 2018. “Lastimosamente debido a los niveles que se han registrado, el país se encuentra entre los primeros tres o cuatro con quema de gas de forma rutinaria al cierre de 2019”.

De los países productores de petróleo, Venezuela es el que ha incrementado de manera casi exponencial la quema de gas desde 2017, incluso por encima de los grandes productores como Estados Unidos y Rusia.

Datos recogidos de empresas internacionales como Gas Energy indican que Pdvsa terminó 2019 quemando todos los días unos 2.700 millones de pies cúbicos de gas, casi el doble de los 1.600 millones de pies cúbicos diarios que se quemaban en 2017 y muy por encima de los apenas 600 millones de pies cúbicos al día del año 2010.  

“En el norte del estado Monagas, en el oriente del país, se ha venido quemando el 60% de todo el gas que se quema en Venezuela durante los últimos cinco años”, recalca Pérez, y agrega que las emisiones de CO² (responsables en gran medida del calentamiento global) desde Pdvsa debido a la quema, estuvieron por encima de los 40 millones de toneladas métricas anuales versus los 5,1 millones de 2010, según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambios Climáticos.

Pero hay un evento invisible, el venteo de gas natural, que es mucho más nocivo aunque menos espectacular que la quema. Dicho venteo ocurre en mayor medida en el estado Zulia, al occidente del país, y su impacto ambiental es mayor a la quema, ya que el metano presente en el venteo es 27 veces más contaminante que el CO²..

LAS GRAVES AFECCIONES

“En las noches es imposible dormir por el mal olor que hay en el ambiente y que viene de la refinería, es demasiado fuerte”, dice Norelia Campos, habitante de Barcelona, ciudad cercana a las infraestructuras de Pdvsa en la región oriental. 

Cuando la población duerme, la quema y venteo de gas es mayor, señalan varios testimonios recogidos en la entidad.

Y es que con base a un análisis sobre datos relacionados a la trayectoria de los vientos en la zona norte de Venezuela, donde se encuentra Anzoátegui, tanto los elementos del gas como las partículas del coque viajan hacia los pueblos empujados por la brisa que viene del mar.  

En la región predominan los vientos con dirección este y sureste, que son los denominados vientos alisios. Suelen ingresar hacia tierra firme, especialmente hacia las poblaciones de Píritu, Puerto Píritu, Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, ciudades cercanas a la refinería de Puerto La Cruz y del Complejo de Jose por estar precisamente ubicadas cerca del mar.

De acuerdo a la Escala de Beaufort Nº 2 discurren a velocidades bajas, es decir, tienen la característica de una brisa muy débil o ligera. En esta región oriental hay mayor presencia de vientos suaves durante la noche. Esto significa que los vientos no diseminan las partículas sino que las transporta, por lo que pueden llegar a quedarse en los patios de las casas e incluso de escuelas, tal y como lo han señalado los pobladores en el caso del coque.

Debido a estos factores de dispersión, Pdvsa no solo pudiera estar enfermando a sus trabajadores, sino también a los habitantes con los cuales convive. El presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, Víctor Velásquez, destaca que de las patologías respiratorias en la región se observa una mayor incidencia en los municipios con presencia de industrias y polución del aire.

Según informes de salud obtenidos para esta investigación, entre las 10 principales enfermedades/patologías de la región se encuentran, y en este orden: las asociadas al sistema circulatorio, cáncer de todo tipo, enfermedades de las vías respiratorias, del sistema nervioso central, malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

Es así como Pdvsa, que acumula una deuda ambiental que superaría los 1.000 millones de dólares —monto señalado por expertos ambientales, exfuncionarios que trabajaron en esta área en Pdvsa y reiterado por el propio exministro Ramírez— , pasivos ambientales que no se han solventado desde la reforma petrolera de 2004 y ante la ausencia de control de los organismos estatales, también lleva a cuestas una gran deuda con la salud de sus propios trabajadores y de la población.

“Desde el 2003 empezó a notarse la presencia del coque en la comunidad, debido a que el gobierno no hacía nada para llevarse el coque. Ellos decían que no era contaminante, pero eso no es así. Las matas que sembrábamos se empezaron a poner negras. Y antes era peor porque trabajaban los cuatro mejoradores de la planta y ahora sólo está activo uno, que igual contamina”, cuenta Frank Rodríguez, de 64 años, habitante de sector El Tejar, en Píritu, y extrabajador del Complejo de Jose.

Afirma que la situación ha comenzado a afectar a niños y ancianos. “Todos tienen problemas respiratorios. Yo te puedo decir que todo Píritu y Puerto Píritu está contaminado. Cuando yo empecé a trabajar allí no había contaminación porque el gobierno de Chávez vendía el petróleo y el coque, pero ahora refinan el crudo y dejan el coque y el azufre ahí, por eso vemos esas grandes montañas".

Uno de los errores de los directivos de la industria petrolera venezolana fue permitir que las comunidades se fueran acercando a las refinerías, lo que ocasiona un riesgo permanente no solo a su salud sino a su vida ante un posible evento de gran magnitud como lo sucedido con la explosión de la refinería de Amuay, que también afectó viviendas y comercios. Los representantes de Pdvsa hicieron caso omiso o no cuidaron sus propias reglas y límites de sus zonas de seguridad.    

Además del coque, las comunidades cercanas a la refinería Puerto La Cruz y el Complejo de Jose se ven afectadas por el dióxido de azufre, otro de los residuos que produce la refinación del crudo proveniente de la Faja del Orinoco y que suele exacerbar los síntomas de aquellas personas que sufren enfermedades respiratorias o cardíacas. Estudios de las universidades Simón Bolívar en Venezuela y Politécnica de Cataluña en España comprueban que la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera supera lo que dicta la norma internacional impuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de menos de 20 miligramos por metros cúbicos (<20 mg / m3). En algunas áreas ha llegado hasta 1.155 mg/m3. Igualmente señalan que las industrias presentes en la zona, entre las cuales se encuentran Pdvsa y empresas cementeras, son responsables del 89% de las emisiones de SO² (dióxido de azufre) en las áreas urbanas.

La particularidad de los vientos en el oriente del país también ayuda a su dispersión. Investigaciones académicas dictaminaron que, dependiendo de la época del año, el dióxido de azufre puede recorrer distancias de 190 kilómetros y llegar hasta la isla de Margarita.

De acuerdo al Estudio de calidad del aire en la costa nororiental de Venezuela realizado por la ingeniero químico Gladys Rincón Polo, doctora en ingeniería de proyectos en medio ambiente de la Universidad Simón Bolívar, las poblaciones de Urucual y Paramayal, ubicadas en Anzoátegui, son las más afectadas por las partículas de dióxido de azufre que emanan del Complejo de Jose.   

“La medición supera bastante lo que dicta la norma internacional”, alerta el estudio. “¿Pero qué hizo Pdvsa cuando la gente se quejó? Les regaló tanques de agua”, acota Rincón Polo en su trabajo.

La falta de comercialización del coque es la razón por la que se ha acumulado en gigantescas montañas. “Con la brisa ese material se dispersa y dependiendo de la dirección de la brisa puede llegar a afectar la población de Puerto Píritu”, coincide Fernando Morales, químico y jefe del Laboratorio de Química Ambiental y Desechos Tóxicos de la Universidad Simón Bolívar. 

Otras poblaciones también afectadas son Píritu y Barcelona. El coque igualmente ha afectado el ambiente en la zona, ya que el polvillo llega a las playas y se ha visto perjudicado todo el ecosistema alrededor del Complejo de Jose y de la refinería de Puerto La Cruz.

“Por acá se daban cultivos de ciruelas y ya eso desapareció, también hemos visto peces y aves muertas, debido a la contaminación de Pdvsa”, afirma Yolanda Ibañez de 72 años, habitante de Puerto La Cruz. 

“Ese coque tiene un alto contenido de níquel y vanadio, pero además tiene una fracción muy fina, un potencial de abrasión muy amplio y por ser un material particulado es dañino para las vías respiratorias”, explica el profesor Morales. 

Esto puede ocurrir en cualquier comunidad, "y ya no son solo las que están aledañas a las refinerías porque tengo entendido que para bajar la presión visual de esas montañas, están trasladando parte del coque a varios sitios. Entonces están trasladando el problema a otros lugares, pero el efecto en la salud es exactamente el mismo”, indica la científico Mónica Kräuter.

Virmaris Asliz, de 39 años de edad y trabajadora de Pdvsa, falleció en su casa el 27 de octubre de 2019, después de años de batallar contra complicaciones en su salud surgidas luego de que en 2007 inhalara gases tóxicos como el hidrógeno de sulfuro (H²S), los cuales se desprendieron producto de una avería en una de las estructuras del Complejo de Jose.

El H²S se encuentra de forma natural en el petróleo y se desprende del crudo cuando se procesa. Es un gas incoloro inflamable, de sabor algo dulce y olor a huevos podridos. En altas concentraciones suele ser venenoso, y provocó en Virmaris asfixia, problemas respiratorios y desmayos, lo que la obligó a estar hospitalizada por un mes. Estuvo dos años en terapia para desintoxicarse, pero con el tiempo se volvió alérgica a muchas cosas, entre ellas al pescado y otros alimentos, a los ácaros y hasta a la humedad.  

“Psicológicamente también se vio afectada, comenzó a sufrir de los nervios, se volvió temerosa; sufrió una crisis depresiva”, cuenta su esposo Endy Torres, quien ahora cría solo a su hijo.

Pero las complicaciones de salud de Virmaris no quedaron ahí. A finales de 2017 observó en su pierna derecha una protuberancia que en un principio pensaron podría ser un lipoma, pero luego tras realizarse una biopsia, evidenció un tumor cancerígeno, un sarcoma. La ciencia médica reseña que los antecedentes familiares y la exposición a químicos o radiación pueden aumentar el riesgo de padecerlos.

A pesar de los tratamientos de radioterapia, quimioterapia y una operación, la enfermedad avanzó sin piedad hasta producirle convulsiones y luego su muerte por metástasis.

“Científicamente se dice que la inhalación de grandes cantidades de gases tóxicos de ese tipo es dañina para la salud. Con el tiempo genera secuelas. Y Virmaris tuvo muchas alteraciones en su organismo después del incidente. Fue una situación muy dura para toda la familia”, afirma Endy aún con la tristeza que le causa el haber perdido a su esposa. 

Representantes sindicales sostienen que la falta de mantenimiento y de operatividad, así como la escasa dotación de equipos de protección personal, son las principales causas de la afección ambiental y de las enfermedades ocupacionales que se han elevado en los últimos años.

Pdvsa realizaba a sus trabajadores los exámenes médicos anuales para evaluar si existían trazas de metales pesados en la sangre, de los que se emanan de la actividad petrolera. Estas pruebas se hacían dependiendo del área de trabajo al cual estaba asignado el empleado, y se enviaban a laboratorios internacionales, especialmente en Houston, Estados Unidos, donde existe un instituto certificado a nivel mundial que determina la presencia de estos elementos. Pero en 2008 dejaron de hacerse los estudios. Se argumentó falta de recursos, a pesar de que las exportaciones petroleras ese año fueron las más altas de esa década, por 89.035 millones de dólares, con el barril de crudo cotizado en 88 dólares y un presupuesto nacional que lo estimaba en solo 35.

Los datos obtenidos sobre informes de prevención laboral de la industria revelan que los trabajadores con enfermedades ocupacionales y calificados como discapacitados se jubilan prematuramente entre los 35 a 40 años de edad, y con apenas cinco años de servicio. 

Pdvsa antes del año 2000 mantenía un índice de accidentalidad de 3,8 anual, similar al promedio de otras petroleras internacionales de cuatro eventos por año. Pero este registro pasó a 12 en 2002 y se mantuvo en esa escala por varios años hasta 2017 cuando comenzó a disminuir la actividad petrolera. 

Por otra parte, al menos un trabajador murió cada mes de acuerdo a la data que se muestra para los años 2003 al 2017, y un alto porcentaje de esos decesos ocurrió en el Centro Refinador de Paraguaná.  

Señalan los sindicatos que la incidencia de enfermedades del personal en Anzoátegui es la mayor del país, debido a la acumulación del coque y de otros metales derivados del petróleo. Entre las principales afecciones que sufren los trabajadores destacan alteraciones y/o sensibilidad de la mucosa nasal, asma, bronquitis, rinitis alérgica, bacterias en los pulmones, plomo en la sangre y hasta problemas coronarios y cáncer. 

“Una de las afectaciones que tenemos es el área de coquificación en el mejorador, ya que tenemos dos años que no contamos con implementos de seguridad, no nos han hecho los exámenes médicos que nos solían hacer. El ambiente es difícil a pesar de que tenemos un año sin producción ni operaciones en el mejorador”, relata Roderick Sainz, trabajador de la Gerencia de Operaciones de Petromonagas, una empresa mixta ubicada al oriente del país.

Carlos Lugo, de 30 años de edad y trabajador de Petrocedeño, otra empresa mixta, fue en 2008 una de las víctimas del coque. Cayó en una fosa de 12 metros mientras conducía un camión con el que trabajaba, luego de derrumbarse parte de la montaña que lo dejó tapiado. Tras las labores de rescate llegó sin signos vitales al centro asistencial debido a ahogamiento y politraumatismos generalizados.  

Entre julio y parte de septiembre de 2020, los trabajadores petroleros llevaron a cabo protestas semanales para exigir mejoras salariales y laborales, entre ellas la reactivación de un plan de seguro que cubría los gastos médicos de la nómina de la empresa estatal. Esta situación complica aún más a los que se han visto afectados por el manejo y absorción de los químicos, así como por el coronavirus. En tan solo 15 días del mes de agosto de 2020 fallecieron 45 trabajadores por múltiples causas y un total de 53 en 60 días, según datos aportados por los sindicatos.    

“Pdvsa y sus socios internacionales que se instalaron en el negocio petrolero en el país tienen enfermos de muerte a sus trabajadores. Manejar hidrocarburos no es cualquier cosa porque el petróleo en sí mismo contiene metales pesados y en su mejoramiento se estimula la proliferación de esos metales como el azufre, mercurio, cadmio, aluminio, vanadio, plomo, entre otros, que son neurotóxicos muy dañinos para la salud”, alerta Eudis Girot, director ejecutivo de la Futpv.  

Estos metales están presentes en todas las instalaciones de la industria: desde los campos petroleros donde se hace la extracción, en los taladros, en los patios de almacenamiento, en las refinerías y en los mejoradores, por lo que pueden ser absorbidos por la piel y por las vías respiratorias sin que sean percibidos por las personas, pero que se van acumulando con el tiempo en sus organismos.

El primer síntoma que comienza a presentar el trabajador afectado por la contaminación es la ronquera o leves ahogos, luego vienen los problemas respiratorios y pulmonares. 

“El que trabaja en la industria es un hipertenso crónico, mi presión arterial es normalmente de 20-11 y la he llegado a tener en 22-13, llegando a tener arritmia cardíaca. Los trabajadores mueren principalmente de cáncer, de paros respiratorios y problemas cardiovasculares”, afirma Girot.

Desde hace varios años, grupos ambientalistas y de derechos humanos en Venezuela han alertado de las consecuencias generadas por el aumento de los incidentes en Pdvsa, y agregan que hasta la fecha no se han hecho los correctivos necesarios para mitigar el impacto de las operaciones de la empresa estatal. Recuerdan que la nación posee uno de los sistemas de áreas protegidas más extensos de Latinoamérica, con 30.570.984,64 de hectáreas, lo que le permite una representatividad territorial y geoecológica única, así como una elevada diversidad de paisajes y ecosistemas.    

La organización no gubernamental Provea ha concluido en varios informes que la situación ambiental derivada de la actividad petrolera “es crítica, en especial en las zonas de influencia de los complejos industriales y refinerías donde se genera contaminación por emisión de gases tóxicos como el Complejo de Jose”.

También señala que se ha evidenciado que en las zonas de producción de hidrocarburos de vieja data, se han deteriorado las tuberías y demás infraestructuras, hecho que corrobora el exministro Rafael Ramírez. Esto sucede principalmente en el Lago de Maracaibo (Zulia), uno de los principales cuerpos acuíferos del país, rodeado por poblaciones dedicadas en su mayoría a la pesca.  

Provea también destaca que “en las áreas donde no ha habido suficiente control ambiental o cuyos factores tecnológicos en su extracción y procesamiento (como el de los mejoradores) implican exigencias en la gestión ambiental aún no son satisfechas, dando resultados negativos reflejados en el número de derrames petroleros, acumulación de subproductos como el coque y en la quema y venteado de gas natural”.

Por su parte, integrantes de la ONG Azul Ambientalista indican que está demostrado que la “permanencia en el tiempo de petróleo en las costas y en cuerpos acuáticos, sufre un proceso de degradación progresiva que aumenta su agresiva afectación en los ecosistemas, con un complejo impacto ecológico”.

Explican que en esta complejidad se ve afectado el ecosistema marino y submarino, debido a que una vez que el hidrocarburo impacta y al confrontar el resplandor del sol en el agua se evapora. “Una parte se convierte en gases, al extenderse, y al final se tornasola aceitosa y se dispersa en la superficie hasta formar capas entre gruesas y delgadas que bloquean como una película impermeable, impidiendo el intercambio gaseoso del lecho marino. Posteriormente al desplazarse por la acción de los vientos llega a las orillas donde se emulsifica, es decir, forma una gelatina de agua y aceite con bolas de alquitrán densas, parecidas al asfalto”, aseguraron en un comunicado publicado tras el reciente derrame de crudo en las costas de Falcón. 

Ante esta realidad, los ambientalistas exigen que la industria petrolera asuma su responsabilidad en eventos de este tipo, informando especialmente sobre el origen, tipo de crudo, volumen del derrame, así como el posible tiempo de permanencia del mismo. "Es el Estado venezolano y la industria petrolera quienes deben contar con los recursos, desplazamiento de personal y tecnología para enfrentar este tipo de desastres e iniciar labores inmediatas”, se indica en el documento.

Jorge Naveda, profesor de Gestión de Áreas protegidas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recuerda que mantener en buen estado de conservación las áreas protegidas estaba respaldado con una empresa petrolera consciente, que cuidaba sus procedimientos operativos bajo estándares internacionales, respondiendo positivamente frente a potenciales accidentes y daños ambientales que podían suceder en cualquiera de las fases de producción (extracción, transporte, embarques de crudo o producción petroquímica). Aun así, hubo sus momentos críticos, cuando el escape de algún componente de la cadena productiva produjo daños y pasivos ambientales.

"Los derrames de petróleo han sido históricamente bastante comunes en el territorio venezolano, particularmente en zonas acuáticas. En los últimos años, algunos derrames de petróleo han marcado a la opinión pública venezolana, básicamente por su magnitud y extensión alcanzada", señala Naveda.

Resalta que en medio de la pandemia por covid-19, que azota al mundo y por la cual Venezuela entró en cuarentena desde marzo 2020, habiéndose detenido casi toda la economía, reapareció el fantasma de los derrames petroleros, pero también el de la poca efectividad para atenderlos. "Un elemento común en todos los casos ha sido el silencio de la empresa petrolera venezolana y la inoperancia de los organismos del Estado encargados de la gestión ambiental y de los espacios acuáticos en general".

Señala igualmente que los recientes derrames de hidrocarburos y su impacto sobre las áreas protegidas ponen en peligro los esfuerzos de conservación y recuperación ambiental realizados desde la década de los 70. Y especialmente, "un duro golpe al historial de esfuerzos de conservación y recuperación del Parque Nacional Morrocoy".

Eduardo Klein, profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, reitera que cualquier derrame de hidrocarburos tiene consecuencias sobre el ambiente donde se vierte. Explica que los carburantes son más ligeros que el agua y por lo tanto flotan y son fundamentalmente desplazados por los vientos, por lo que una vez que están expuestos a las condiciones atmosféricas y ambientales, comienzan a degradarse y se evaporan.

Pero también resalta el biólogo marino que en zonas de aguas profundas los hidrocarburos pueden caer en el fondo por lo que las labores de recolección son prácticamente imposibles.

A Klein, quien ha mostrado con imágenes satelitales desde cuándo comenzó el derrame de crudo que afectó las costas venezolanas al occidente del país y a un parque nacional desde julio de 2020; determinó desde dónde provenía, su trayectoria y el volumen del mismo, le preocupa que luego de de iniciado el evento, aún se observa un vertido continuo de hidrocarburos en el mar, que al parecer proviene de un poliducto Ule-Amuay ubicado en Río Seco, Falcón. Al respecto, pescadores en la zona informaron y tomaron videos de la mancha de crudo en el mar el 8 de septiembre, que les impidió su faena diaria. En esta oportunidad, Pdvsa admitió la fuga, pero sin informar mayores detalles. 

“Preocupa que no se haya realizado un plan de contención a tiempo, que se dejara verter el hidrocarburo por varios días y que además aún no se conozca por parte de Pdvsa cuánto fue el volumen del derrame ni el tipo de hidrocarburo”, acota Klein.

Hoy, debido a las sanciones petroleras impuestas principalmente por Estados Unidos, Pdvsa no puede vender su crudo en el mercado internacional, por lo que ante la gran cantidad de inventario y la falta de almacenamiento ha tenido que paralizar la producción y en consecuencia decenas de taladros de perforación. Es una empresa altamente endeudada y con menos activos en el exterior tras la venta de 15 refinerías y plantas de asfalto en otras fronteras.    

Pero su deterioro viene desde mucho antes de las sanciones. Las cifras reportadas en millones de barriles diarios por parte de Pdvsa muestran que la empresa estatal ha ido disminuyendo vertiginosamente su producción en los últimos seis años, al tal punto que siendo Venezuela un país miembro y fundador de la Organización de Países de Petróleo (OPEP) hoy apenas produce 2% del total de los países miembros, cuando antes producía 12%. 

Pdvsa llegó a exportar un máximo de 3,3 millones de b/d, y ahora apenas produce 339.000 barriles de crudo por día. Pero tampoco produce gasolina en sus refinerías, las cuales tienen una capacidad de 1,3 millones de b/d pero hoy distribuye entre 10.000 a 40.000 b/d, lo que cubre tan solo 25% de la ya mermada demanda, la cual ha disminuido debido a la crisis económica de la nación. Por otra parte, la industria ha dejado de aprovechar el gas natural debido a la falta de inversión y mantenimiento de las plantas. 

Las cifras de la consultora internacional Gas Energy señalan que el factor de utilización del gas en otros países es de 90%, pero en Venezuela es de 40%; mientras que en 2019, la intensidad de la quema de gas alcanzó los 2.600 pies cúbicos de gas por cada barril de crudo que se produjo cuando en 2010 era de 210 pies cúbicos.

“Esto obedece a que los complejos petroquímicos se encuentran prácticamente paralizados, sus plantas de olefinas y plásticos están fuera de servicio por falta de gas rico y/o propano; al igual que las plantas de fertilizantes. Se quema gas de elevada riqueza junto a gas más pobre”, explica el ingeniero químico Rubén Pérez.

Pero el tan temido coque, que enferma y contamina, también dejó de proveer divisas al país, puesto que este subproducto del crudo llegó a ser exportado por Pdvsa. Sin embargo, con la estatización de todas las áreas operativas y de servicios de la petrolera decretada por Hugo Chávez en 2007, se paralizó su venta al quitarle el negocio a las empresas internacionales encargadas de ello. Además, con el tiempo se dañaron las cintas transportadoras que llevan el coque y el azufre desde los mejoradores de crudo hasta los patios dispuestos en el muelle de exportación de sólidos.

El exministro Rafael Ramírez admite que el coque desbordó los sistemas operativos a Pdvsa debido a la gran producción en la Faja, y también al cambio de los esquemas petroleros.  

“No hubo manera de disponer de todo ese coque. Yo entiendo que la gerencia de la Faja optó por mover ese coque en camiones, pero era un número increíble. Seis millones de toneladas al año (…) No sé qué se está haciendo. Si el problema sigue igual es que el coque está acumulado. Hubo un contrato muy famoso otorgado a Wilmer Ruperti (empresario cercano al chavismo) por un monto de 100 millones de dólares para que dispusiera de ese coque. Este señor es un trader famoso que no hizo nada, ese coque sigue ahí”.

Para 2004, el primer productor de coque del mundo era EEUU y lo secundaba Venezuela. La ganancia para la nación era elevada, beneficiando al Fisco. En ese entonces, la trasnacional Koch Terminales Sólidos del Caribe, realizaba las labores de colocación del producto desde los muelles hasta los buques mientras que su casa matriz, Koch Mineral C.A., se encargaba de la comercialización en el extranjero. Hoy, tanto el coque como el azufre se acumulan en grandes montañas, dejando no solo pérdidas financieras para la nación, sino también contaminación y afectación a la salud.

Todo ello revela una debacle de la industria, principal generadora de divisas del país, la cual comenzó en profundidad a inicios de 2014, mucho antes de las sanciones decretadas por el gobierno de EEUU a la petrolera y a las cuales la administración de Nicolás Maduro ha acusado de ser la responsable de la crisis de la industria. Tanto la caída de la producción petrolera venezolana, como los accidentes y la contaminación al medio ambiente, están relacionadas con el colapso de las refinerías en todo el país, debido a la desinversión en el área y el abandono de los complejos y estructuras. 

Por otra parte, varios de los incidentes de Pdvsa en 2020 como derrames, incendios y fugas de gas, han ocurrido en momentos en que la empresa intenta poner en operatividad las refinerías, forzados por la necesidad de producir gasolina tan escasa ahora en el país. Entretanto, las grandes cantidades de crudo almacenado debido a la imposibilidad de la empresa para exportar producto de las sanciones, podrían estar aumentando la ocurrencia de fugas.

Trabajadores han denunciado desde 2005 lo que han calificado como una “canibalización de las refinerías”, que consiste en la utilización de equipos y partes de máquinas de una planta sin uso, para ser instaladas en alguna otra de las unidades de una refinería. Sostienen que a pesar de haberse contado con altos ingresos petroleros, poco se invirtió en el mantenimiento que requería la industria. 

Resaltan que ha habido muchos incendios, como el que sucedió en la Faja en el área de Morichal donde se producían 500.000 barriles y donde se incendiaron los patios de tanques. Afirman que tampoco existe instrumentación, medidores de gas, líneas de supervisión, medidores de nivel, ni helicópteros o automóviles para atender emergencias. Ya se ha hecho común el desbordamiento de crudo de los tanques de almacenamiento, lo cual ha salido a la luz pública gracias a la publicación de videos en las redes sociales, pero también el hundimiento parcial de instalaciones o plataformas petroleras ubicadas en el mar o costa afuera. 

“Hay que revisar cada refinería, los sistemas de bombeo, los sistemas de transporte, los gasoductos. Hacer un barrido en cuanto a seguridad, higiene y ambiente. Para eso existen contratos y convenios con refinerías internacionales. Pdvsa llegó a tener convenios con otras refinerías donde evaluaban la seguridad de las refinerías, eso hay que hacerlo de nuevo. Contratar un servicio internacional que sea técnico, que evalúe cada refinería, antes de ponerlas a funcionar”, recomienda Rafael Ramírez quien aún en 2020 asegura que la explosión de Amuay en 2012 fue producto de un sabotaje.

La poca disposición para invertir en nuevos equipos y en mantenimiento ha generado esa especie de desmantelamiento de Pdvsa, mientras cada día que pasa requiere de más dinero para recuperarse. Cálculos de consultoras como Ecoanalítica y Econométrica indican que la petrolera requiere entre 8.000 millones y 14.000 millones de dólares anuales por un período de ocho años, para volver a producir los mismos barriles de crudo que generaba en el 2000.

La situación ambiental de Pdvsa no se corresponde a estándares nacionales e internacionales y la opacidad de la empresa en la publicación de información operativa de la industria, contribuye a mantener en secreto la realidad sobre la contaminación ante la opinión pública. 

Además, pocas investigaciones se han dado sobre casos ambientales y ha habido una falta de seguimiento de los delitos ambientales por parte de correspondientes organismos del Estado.

Pdvsa dejó de publicar desde el año 2017 los informes financieros y operativos, pero también de los boletines de gestión ambiental. Para este reportaje se solicitaron los reportes a su Departamento de Prensa, pero tampoco se tuvo respuesta.

Esta investigación tuvo conocimiento de que la estatal ha elaborado informes, a través de equipos internos o por medio de proyectos asignados con fondos del Estado, con respecto al impacto de la actividad que desarrollan en el oriente del país, pero no son accesibles al público. 

El Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit) es uno de los entes que ha aprobado proyectos para investigar sobre contaminación del aire en comunidades aledañas al Complejo de Jose, pero la información no está disponible. Investigadores y académicos también han enfrentado la negativa del Ministerio del Ambiente, ahora Ministerio de Ecosocialismo, de ofrecer información sobre la contaminación que produce Pdvsa.

Por otra parte, la falta de información de otros organismos estatales de los cuales se pudiera obtener información sobre la petrolera, también impide contar con una mayor comprensión del problema ambiental que genera.

Este es el caso de los ministerios de Petróleo (ente supervisor de Pdvsa), Ecosocialismo (responsable de exigir respuesta ante desastres naturales), Salud (proveedor de estadísticas sobre afectaciones a la salud y organismo con capacidad para solicitar un plan que mitigue la contaminación en la población) y Trabajo (institución encargada de exigir que se cumplan las condiciones de seguridad laboral para los trabajadores petroleros y para sancionar por este tipo de incumplimientos). 

Los sindicatos de Pdvsa han enviado desde 2010 diversos reportes al Instituto de Prevención Social, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), ente adscrito al Ministerio del Trabajo, así como a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, pero sin obtener respuesta alguna.

“Hay un silencio cómplice, eso es una caja negra (Pdvsa). Lamento decir esto a pesar de estar trabajando en un organismo público. Pero es hora de que se conozca que muchas veces hemos querido hacer una inspección en alguna área de la industria petrolera y los directivos nos han prohibido el ingreso”, admite un funcionario que labora en el Inpsasel y que pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

La Fiscalía General de la República poco ha actuado en el caso de denuncias contra el ambiente por parte de la petrolera estatal. El más reciente ejemplo es el caso del derrame de crudo ocurrido a comienzos de agosto de 2020 en el estado Falcón y que afectó gran parte del Parque Nacional Morrocoy. Hasta su despacho se han enviado comunicaciones para solicitar que se inicien investigaciones, entre ellas, la de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional; también la directora general de la Fundación Azul, Victoria González, solicitó al Ministerio Público determinar responsabilidades, pero luego de más de un mes no se había nombrado o designado algún fiscal.  

Por cierto, Pdvsa tardó nueve días en emitir un pronunciamiento sobre lo ocurrido con el derrame que se extendió hacia las zonas naturales protegidas e inició las labores de saneamiento y de confinamiento del hidrocarburo con barreras. Una tarea que llegó tarde, de acuerdo a lo denunciado por grupos ambientalistas.

A pesar de existir una Ley Penal Ambiental y de ser Venezuela un país rico en petróleo, gas y metales preciosos, y donde ha habido una explotación masiva de estos recursos, son pocos los fiscales designados para tratar casos relacionados con estas actividades. En los estados Anzoátegui, Falcón, Monagas y Zulia donde Pdvsa tiene mayor presencia, apenas cuentan con un fiscal estadal con competencia en materia de Defensa Ambiental, de un total de entre 23 a 52 fiscales en cada una de estas regiones. En Carabobo ninguno de los 36 fiscales está dedicado a esta área, siendo la región en donde se originó uno de los más graves derrames de crudo en la refinería El Palito y que corrió hacia las zonas costeras y zonas protegidas. 

La profesora de la USB Mónica Kräuter recuerda que la industria petrolera tuvo sus propias fuentes de investigación sobre estos temas, pero debido a la desprofesionalización en la empresa estatal, esos estudios comenzaron a ser desarrollados por las universidades; aunque éstas no han podido continuar esta labor debido a la difícil situación de estas casas de estudios. 

Sostiene que hay muchas investigaciones que han demostrado la modificación en la calidad del aire, del agua y de suelos y el impacto negativo que tiene la industria petrolera venezolana en todas las variables ambientales, económicas y sociales, pero no ha habido ninguna acción.

“La ley es clara, los responsables de la contaminación son aquellos que la generan. Las universidades no hemos sido indiferentes, hemos generado alternativas pero si la industria petrolera no se interesa, que es quien realmente genera el problema, muy poco puede hacerse”, acota Kräuter.