En Venezuela, por norma general, los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar o de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse fuera de sus ciudades y tomar dos, tres o más autobuses para llegar al centro de reclusión.

El abogado penalista Zair Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, señala que la detención de una persona por delitos comunes o políticos es una condena para la familia entera por diseño.

“Los penales quedan lejos e inclusive, por dejarte en el centro de detención donde te puedan visitar y tengas alguna flexibilidad te cobran los policías. Entonces ahí lo que hay detrás, entre otras cosas, es un gran negocio y se violentan una gran cantidad de derechos”, añade. 

A finales de 2023, el gobierno de Venezuela intervino siete cárceles que estaban controladas por pranes, como se conoce a los jefes del crimen organizado, mediante un operativo denominado Gran Cacique Guaicaipuro. Entonces enviaron otras prisiones a 8.234 reclusos procedentes de las cárceles de Tocuyito (Carabobo), Tocorón (Aragua), La Cuarta (Yaracuy), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas), Vista Hermosa (Bolívar) y el Internado Judicial de Trujillo (Trujillo).

Esos traslados representan un nuevo obstáculo para las mujeres familiares de los prisioneros comunes. En la mayoría de los casos, las distancias de los centros de detención de sus lugares de origen hace imposible la atención diaria o semanal. En consecuencia, las mujeres se limitan a hacer una visita mensual o cada dos meses porque necesitan reunir más dinero para movilizarse.

“Las personas privadas de libertad son trasladadas a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo. No sólo castigan al privado de libertad, sino a los familiares, especialmente a las mujeres cuidadoras”, precisa Humberto Prado, fundador del OVP.

La  familia de José, un hombre de 44 años, oriundo de Cabimas, estado Zulia, enfrenta ese castigo extendido. Su esposa viaja cerca de 3 horas y 44 minutos, alrededor de 263 kilómetros, cada 30 o 60 días, según el dinero del que disponga, para visitarlo en el Centro Penitenciario Santa Ana de Coro, en Falcón, donde está detenido por hurto desde el año 2016.

Anaís tiene 42 años y es peluquera. Para visitar a José en su lugar de detención cruza los límites de un estado a otro, con comida, agua y artículos personales que el Estado no le provee a su esposo. Sin ese viaje mensual, su esposo no podría subsistir. 

“Hay que madrugar, pasar las alcabalas. Antes, había transporte público y buses, pero ahora hay que pagar carritos que nos cobran 20 dólares [por persona]. A esto le sumamos los prejuicios y el estigma  de la gente que te juzga y no te conoce, de vecinos y amigos que te dieron la espalda, de gente que no te ayudó y de la corrupción en este país, que alcanza todos los niveles, incluso para ingresar comida o medicinas a la cárcel. No hay tranquilidad ni un día porque soy la esposa del que está preso por ladrón”, expresa. 

Ella anhela que José resulte beneficiado con un traslado a un centro de detención más cercano, en Maracaibo, pero no lo ha logrado. Dice que no ha tocado las teclas correctas. Pero más allá de las dificultades que sortea, agradece a “las ángeles” que le ayudan. Así se refiere a otras mujeres con familiares presos en Coro y que viven más cerca, que llevan alimentos para sus reclusos y comparten con su esposo. “En los peores lugares también se forjan lazos fuertes”, reitera.

De esa hermandad que surge entre las mujeres que tienen un familiar en prisión también saben las madres, hermanas y tías de los 106 detenidos en el contexto poselectoral en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. Su primer lugar de detención fue el Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como la cárcel de Puente Ayala. De allí fueron sacados repentinamente hasta la cárcel Yare III, en el estado Miranda, a más de 500 kilómetros de distancia.

“Nos hemos unido para compartir gastos, trasladarnos juntas, hacer un equipo y que nos rinda el poco dinero que tenemos. Nos damos aliento y luchamos por la libertad de nuestros hijos”, cuenta Isabel, una de las madres de este grupo de presos políticos. Ella y otras mujeres han tenido que vender sus muebles, artefactos eléctricos y hasta teléfonos para cubrir los gastos de cada viaje.