Febrero de 2025. En los pasillos de la Cancillería de Venezuela, en Caracas, Mercedes Linares agotaba una vía que, en teoría, debía garantizar un derecho básico: la identificación y el retorno de un ciudadano venezolano a su país.

Su hijo, Andrés, pasó seis meses detenido en un centro migratorio en Estados Unidos. Para salir un abogado le sugirió aceptar la deportación voluntaria, una figura contemplada en los procedimientos administrativos migratorios estadounidenses. El juzgado lo dejó en libertad y le dio un plazo 90 días para irse voluntariamente. Pero había un obstáculo: Andrés no tenía pasaporte venezolano.

En su caso —como ocurre con muchos venezolanos en el exterior— el único documento que podía permitirle abordar el avión de regreso a Venezuela era el salvoconducto: un permiso de viaje excepcional, emitido por embajadas o consulados, a los ciudadanos sin pasaporte vigente que necesitan ingresar a Venezuela. Es un documento válido para un solo trayecto y de vigencia limitada.

Tras la juramentación de Donald Trump como presidente, las políticas migratorias se endurecieron. Las deportaciones y detenciones aumentaron. En paralelo, el gobierno estadounidense revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS), el parole humanitario y el programa CBP One para los venezolanos. Los beneficiarios de estos programas perdieron su estatus para continuar en ese país. 

De acuerdo con estimaciones no oficiales, 600.000 venezolanos se vieron afectados con la suspensión del TPS.

Estas medidas forzaron a los migrantes venezolanos a salir de Estados Unidos. 

Durante semanas, la familia de Andrés intentó tramitar el salvoconducto por la vía oficial. A diario intentaban entrar al sitio web de la Embajada de Venezuela en México, la única representación autorizada para emitir estos documentos desde 2023 ante el cierre de los consulados en Estados Unidos. Pero el sistema estaba fuera de servicio cada vez que lo intentaban.

Enviaron correos a la dirección de la página, sin conseguir respuestas. Entonces, decidieron trasladarse desde el interior del país a Caracas en busca de ayuda. 

En la sede consular tampoco encontraron alternativa. Un funcionario le aseguró que no había mecanismos disponibles para procesar el salvoconducto desde Venezuela. Mercedes recuerda que ese y otros empleados públicos la cuestionaron por la decisión de su hijo de emigrar. Salió desesperanzada y llorando de esa oficina.

En las escaleras del edificio, una joven se le acercó. Se identificó como funcionaria consular. Le habló en voz baja y le ofreció un contacto. La instrucción fue precisa: contactar por Instagram a Trámites Fénix y seguir las instrucciones.

Mercedes escribió a un número con código de Colombia. La comunicación migró a WhatsApp. La respuesta fue inmediata y estructurada: sí gestionaban salvoconductos. El servicio tenía un costo de 350 dólares. El trámite estaba condicionado a la compra de un pasaje aéreo con un agente de viajes que ellos indicaran y a través de una sola ruta: Miami-Curazao-Caracas. El documento era entregado 24 horas antes del vuelo.

No había garantías legales, contratos, ni identificación verificable de los intermediarios.

“Fue como saltar al vacío, pero lo hicimos porque queríamos que nuestro hijo estuviera de vuelta y no había ninguna respuesta ni apoyo oficial”, afirma Mercedes.

Para iniciar el procedimiento había otra condición obligatoria: la entrega de datos personales sensibles. Andrés envió copia de su cédula, información biográfica y una fotografía tipo carnet en fondo blanco a un número que, expresamente, no podía estar registrado en sus contactos telefónicos. El pago debía realizarse a una cuenta en Estados Unidos, mediante la aplicación Zelle, a nombre de José Espinoza, sin concepto ni referencia. Según le indicaron, cualquier mención podría generar el bloqueo de la operación.

“El pago se hizo 25 días antes del viaje y fue una incertidumbre horrenda. Nunca tuvimos contacto con el gestor”, agrega la entrevistada. Aun así, el proceso avanzó.

En mayo de 2025, Andrés regresó a Venezuela con un salvoconducto obtenido fuera de los canales oficiales. El documento fue aceptado en los controles migratorios en el Aeropuerto de Maiquetía y permitió su ingreso al país.

Su caso, lejos de ser excepcional, forma parte de un patrón que se consolidó durante el año 2025. Con el regreso de venezolanos sin pasaporte vigente desde Estados Unidos emergió un mercado paralelo de venta de salvoconductos, liderado por empresas fantasma que se aprovecharon de la falta de servicios consulares en ese país. 

Para este reportaje, El Pitazo documentó 50 casos de venezolanos que, entre abril y diciembre de 2025, ingresaron a Venezuela con salvoconductos adquiridos en el mercado negro a través de tres intermediarios: Trámites Fénix, Salvoconducto Venezuela (salvoconductovzla.com) y  Viaja Seguro con Global X. 

Quienes lo tramitaron, pagaron entre 200 y 450 dólares por el documento, aunque su precio legal es de 60 dólares. Ninguno de estos ciudadanos tenía pasaporte vigente ni obtuvieron respuestas de la Embajada de  Venezuela en México por correo electrónico o enviando a familiares a su oficina, pese a que esta sede es la responsable de atender los requerimientos de permiso de viaje de la comunidad venezolana que se encuentra en Estados Unidos. 

Estos venezolanos llegaron a los gestores por sugerencias de funcionarios consulares que abordaban a los familiares de los migrantes en la propia  Cancillería de Caracas o en las afueras de la Embajada de Venezuela en Ciudad de México. El servicio también fue promocionado en redes sociales por las agencias de viajes sugeridas por las empresas que vendían los salvoconductos.  

De las empresas fantasma, dos de ellas (Trámites Fénix y salvoconductovzla.com) utilizaron líneas telefónicas de Colombia y una (Viaja Seguro con Global X) de Estados Unidos. Los intermediarios no enviaban  notas de voz ni daban los nombres de la persona a cargo del trámite. Tampoco existen direcciones físicas, sino cuentas en redes sociales, principalmente en  TikTok e Instagram.

En los casos registrados por El Pitazo se confirmó que los intermediarios operaban de la misma manera: no había contacto directo con los gestores sino con asistentes o agentes de viaje; los pagos eran recibidos por cuentas de terceros en bancos de Estados Unidos y, con menos frecuencia, hubo  entregas de dinero en efectivo a supuestos mensajeros. 

Hay más patrones en el mercado negro de salvoconductos:  la entrega del documento era muy cercana a la fecha del viaje, incluso apenas tres horas antes de embarcar y los intermediarios hacían énfasis en borrar los chats para no dejar evidencia de cómo se obtuvo el permiso en caso de que los viajeros pasaran por revisiones en el aeropuerto de Maiquetía. 

Entre septiembre y noviembre de 2025, ante la aparición de denuncias por la falsificación de salvoconductos, las cuentas en las redes sociales de Trámites Fénix y Salvoconducto Vzla dejaron de promocionar la emisión de salvoconductos y pausaron sus publicaciones temporalmente.  Sin embargo, los venezolanos residentes en Estados Unidos siguieron recibiendo ofertas de gestores para obtener el salvoconducto.

De los 50 casos de tráfico de salvoconductos registrados por El Pitazo durante 2025, 35 lograron ingresar al país sin inconvenientes, lo que sugiere el grado de validación de estos documentos, adquiridos en el mercado negro, dentro del sistema migratorio. 12 ciudadanos fueron interrogados, por lapsos de hasta siete horas, sobre el origen del documento y tres fueron objeto de extorsión por parte de funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras alegar que los salvoconductos eran falsos. La liberación de estas personas estuvo condicionada a la entrega de dinero a los agentes de seguridad del Estado.

“La falta de respuesta institucional dejó a los venezolanos en Estados Unidos expuestos a delitos asociados a estafa, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos”, advierte la abogada mexico-venezolana, Lorena Vargas, especialista en migración y quien se ha convertido en voz calificada en el tema de los llamados salvoconductos.

La mayoría de los salvoconductos adquiridos en el mercado negro, a los que tuvo acceso El Pitazo, tienen la firma electrónica de Lugo y de la funcionaria Katiuska Carolina Maestre Fonseca, actual ministra consejera de la Embajada de Venezuela en México y parte del equipo político de Lugo. Tuvo el mismo cargo en la Embajada de Venezuela en Argentina. Esa vez también tuvo de jefa a la misma embajadora (2022 - 2024).

Otros salvoconductos fueron firmados por José Jovanni Jiménez, quien se desempeña actualmente como primer secretario de la Embajada de Venezuela en Colombia. Estos documentos presentan variaciones en las firmas y carecen, en algunos casos, de elementos básicos de validación como el código QR.

El Pitazo envió un correo a la Embajada de Venezuela en México, con solicitudes de información a la embajadora Lugo y a la ministra consejera Maestre Fonseca. Solo se recibió una respuesta automatizada que indica que para abril 2026 las solicitudes de salvoconductos presenciales y online están suspendidas.

A finales de 2024, el Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió en un comunicado sobre la existencia de “estafas relacionadas con salvoconductos”, destacando ofertas engañosas, enviadas por correo o redes sociales, que prometían gestionar este documento a cambio de un pago, pero los documentos entregados eran falsos. El organismo reiteró  que los trámites debían hacerse por la vía oficial. 

Sin embargo, los organismos que guardaron silencio fueron los involucrados de manera directa: la Cancillería de Venezuela y la Embajada de Venezuela en México.

Fuentes del sector aeronáutico señalan que la administración de Delcy Rodríguez ordenó la suspensión de los salvoconductos. La razón extraoficial: la detección de un alto número de salvoconductos falsos.

Representantes de agencias de viajes y turismo confirmaron a El Pitazo el cumplimiento de esta medida. “Ciertamente, los salvoconductos fueron suspendidos sin emitir un comunicado oficial. Ni las aerolíneas ni las agencias de viaje recibimos lineamientos claros. Todo se ha manejado de manera informal, afectando la actividad de los agentes de viaje y a los pasajeros. Tanto la suspensión como la reactivación más reciente han sido puesta en práctica por vía de hecho”, explica la asesora turística Sara Medina, quien ha promovido asesorías en vivo en sus redes sociales para orientar a los venezolanos en Estados Unidos que esperan por el salvoconducto para poder regresar a Venezuela.  

La falta de salvoconductos y de respuesta institucional desencadenaron otros problemas. Algunos venezolanos con órdenes de deportación optaron por entregarse a las autoridades migratorias estadounidenses (ICE) para poder regresar en vuelos de deportación coordinados entre ambos gobiernos. En simultáneo, reaparecieron redes de coyotes que ahora ofrecen rutas inversas: traslados de migrantes desde México a Venezuela.

El Pitazo documentó al menos seis casos de migrantes venezolanos que regresaron haciendo la ruta inversa desde Estados Unidos a Venezuela. 

El 2 y 3 de marzo de 2026 circuló en redes sociales la información sobre la reactivación de la emisión de salvoconductos en la sede de atención consular de Caracas. Sin embargo, en el aeropuerto de Miami se mantuvo la orden de negar el abordaje de pasajeros con permisos de viaje en los vuelos de Laser y Copa Airlines, de acuerdo con reportes de afectados.

El Pitazo visitó la sede de la Cancillería venezolana, ubicada en la avenida Urdaneta en Caracas, el 23 de marzo. 

“En estos momentos el salvoconducto sólo puede tramitarse a través de un familiar directo, ya sea en Venezuela o algún consulado acreditado, realizando un poder legal que debe estar apostillado,  donde autoriza a la persona presente a hacer el trámite en su nombre”, respondió un funcionario.

La fuente oficial, que prefirió no identificarse, sostiene que la intención “es eliminar la intermediación de gestores”. Pero la falta de transparencia sigue siendo el principal obstáculo.

El procedimiento comienza con la consignación de una carta explicativa; posteriormente, la Cancillería asigna una fecha tentativa y sugiere la aerolínea disponible. Sin embargo, la emisión del documento no garantiza el retorno a Venezuela.

La historia de Yelitza Pérez es una demostración de los nuevos impedimentos. Su esposo fue deportado de Estados Unidos a Venezuela. Sola y con dos hijos pequeños, decidió regresar de forma voluntaria. Su madre gestionó el salvoconducto en Caracas. Todo lo hizo por la vía legal y sin intermediario. Pero cuando intentó abordar el vuelo en Miami junto a sus dos niños, le fue negado el embarque, reseña Telemundo 51.

Fuentes de Copa y Laser Airlines afirman que hasta mediados de marzo no habían recibido instrucciones concretas para validar estos documentos. La ausencia de canales oficiales de verificación impide que pasajeros, con salvoconductos legalmente adquiridos en mano, no puedan abordar los vuelos en Estado Unidos para regresar a Venezuela.

En este contexto, los gestores siguen presentes y los documentos falsos abundan. 

La abogada Lorena Vargas mencionó la presencia de gestores dentro de terminales aéreas, especialmente en Miami, donde ofrecen “salvoconductos exprés” por 190 dólares por pasajero. Hay casos de venezolanos que fueron víctimas de estafa bajo esta modalidad.

Una mujer, que aún permanece en Estados Unidos y solicitó resguardar su identidad, compartió su experiencia con El Pitazo. 

“Me ofrecieron un salvoconducto exprés en el aeropuerto de Miami. La persona que me abordó parecía saber mucho del tema y me dijo que tenía un contacto directo con el cónsul de Venezuela en Bucaramanga (Colombia). Pagué por mi desesperación. Me dijeron incluso que podía viajar con otra aerolínea distinta a Copa Airlines. Que la aerolínea Global X aceptaría el salvoconducto y compré un nuevo pasaje. Me enviaron el documento, pero al comparar ese salvoconducto con otros, noté que no tenía el código QR, que es una de las características de este documento. Hoy sigo en Estados Unidos, con dos pasajes abiertos, pero sin pasaporte y sin saber cómo conseguir un salvoconducto que sea verdadero”, lamenta.

Para esta investigación, El Pitazo solicitó una entrevista al canciller Yván Gil y envió un cuestionario por correo electrónico, pero no obtuvo respuestas a la fecha de publicación de este reportaje. El medio también envió peticiones de información a la Embajada de Venezuela en Colombia; los consulados en Bucaramanga, Bogotá y Medellín para obtener sus versiones. Ninguno contestó las solicitudes.

El retorno a Venezuela desde los Estados Unidos para los ciudadanos sin pasaporte, físico o vigente, sigue siendo una travesía incierta marcada por la desinformación, los cambios discrecionales de las autoridades y la proliferación de fraudes. 

Mientras continúe la suspensión de operaciones en los consulados de Venezuela en Estados Unidos el problema persistirá, sostienen los afectados. La reapertura de las sedes diplomáticas permitiría a los venezolanos renovar sus documentos de viaje de forma directa y dejar de depender de los salvoconductos vendidos en el mercado negro.