Tres mil 600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11 mil kilómetros de Caracas. Las barras doradas, fechadas en la década de los 40 del siglo pasado, formaban parte de las 7,4 toneladas de oro provenientes de Venezuela que aterrizaron en el país africano en marzo de 2019 para ser procesadas en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviadas a Turquía,  su destino final. La mercancía, valorada en 300 millones de dólares, fue decomisada por la Policía de Uganda bajo sospecha de contrabando al no ser declarada en los puntos oficiales de la aduana africana. 

Pero tres semanas después de la incautación, el destellante cargamento que fuera tramitado por Goetz Gold LLC una empresa de origen belga radicada en Dubai, fue liberado por orden del fiscal general de ese país con la anuencia del propio presidente ugandés, Yoweri Museveni.  Tras la liberación, se perdió el rastro de esos lingotes del BCV que llegaron al país africano en dos vuelos (1ero y 4 de marzo) de los aviones Boeing 777 de la línea rusa Nordwind Airlines procedente de Caracas.

Goetz Gold LLC es propiedad del magnate del oro Alain Goetz, quien también fundó la African Gold Refinery, que procesaría el cargamento en Uganda. El empresario ha sido señalado por organizaciones anticorrupción como The Sentry y Global Witness de formar parte de una red de tráfico de "oro de sangre", entendido como el metal precioso explotado en zonas conflictivas que financia crímenes, guerras y promueve la violación de los derechos humanos. El Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo también lo ha cuestionado por su poca transparencia para explicar las fuentes de suministros en ese país aquejado por la violencia asociada al negocio aurífero. Goetz ha negado a la prensa los señalamientos y en entrevistas ha remarcado que el “oro conflictivo no existe”. También ha dicho que ya se desmarcó de la refinería de Uganda al vender sus acciones “a una familia del Medio Oriente”, según declaró a  De Staandard en abril de 2019. 

El caso de los lingotes decomisados en Uganda es solo un ejemplo de los subterfugios a los que ha recurrido el BCV para despachar el oro venezolano a compradores del mundo caracterizados por su opacidad, para burlar sanciones económicas y para "ayudar a Nicolás Maduro a continuar en el gobierno, como ha acusado Estados Unidos. Tras el desmantelamiento de la industria petrolera como principal fuente de ingresos de Venezuela, el gobernante se ha recostado del oro para obtener recursos alternativos y lograr liquidez en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación, la mayor del mundo.

El Banco Central de Venezuela está en el eje de una silenciosa pero millonaria centrífuga del oro venezolano. Este organismo que en el papel es autónomo e independiente de las políticas del gobierno nacional según la Constitución de 1999, ha dejado de cumplir con su función de velar por la estabilidad monetaria y mantener el nivel adecuado de las reservas internacionales para convertirse en una máquina exprimidora del oro monetario, el principal activo de las reservas, según se desprende del presente trabajo elaborado por Runrunes en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). 

Pero el BCV no sólo está sacando los lingotes de sus bóvedas para venderlos en el mercado internacional. Según denuncias de ex funcionarios gubernamentales y de acuerdo con expertos consultados para este reportaje, también se vale de mecanismos legales y sus competencias en la comercialización en el mercado aurífero para “lavar el oro sucio" que compra procedente del Arco Minero del Orinoco (AMO), el megaproyecto estatal de minería marcado por la corrupción oficial y el control de grupos irregulares armados que ha sido cuestionado por generar la destrucción del ambiente y la violación de derechos humanos. 

La suma de anomalías de la entidad, que no rinde cuenta de sus actuaciones ni publica resultados de sus políticas sobre el oro, contraviniendo el mandato constitucional, ha puesto al banco en la mira de críticos locales pero también del veto internacional.

En abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al organismo con el objeto de  restringir el acceso de dólares estadounidenses y así impedir que la entidad pudiese hacer transacciones en el extranjero. "El BCV está ayudando a Maduro a mantenerse en el poder, incluso controlando la transferencia de oro como moneda", anunció en esa ocasión el exasesor de seguridad John Bolton. Ya en noviembre de 2018, EEUU había emitido una orden ejecutiva para sancionar todas las operaciones relacionadas con  la minería venezolana. 

El gobierno de Maduro condenó las sanciones de EEUU. En un comunicado difundido vía Twitter el 17 de abril de 2019, las tildó de “inhumanas” y como una “agresión más contra el pueblo de Venezuela” al mismo tiempo que señaló que la medida buscaba impedir las operaciones del banco y su relación con prestadores de servicios financieros estadounidense y globales “para lograr su colapso y emprender una recolonización”. 

No sólo la institución ha sido sancionada por EEUU, sino también una de sus directoras: Iliana Josefa Ruzza Terán, quien  ocupa al mismo tiempo dos cargos cardinales en el manejo del oro en el BCV: la Vicepresidencia de Operaciones internacionales y la Gerencia de Administración de Reservas Internacionales. Desde 2009, la economista ha ocupado varios cargos en la administración pública en entidades como Pdvsa, Bandes, Cencoex, Fogade, Fonden, Ministerio de Industrias hasta  la vicepresidencia de la República.

El nombramiento del actual directorio del BCV ha coincidido con uno de los períodos de caída de reservas de oro más pronunciadas. En junio de 2018, el mismo mes  en que el gobierno de Maduro anunciaba la Operación Manos de Metal para desmantelar las mafias traficantes de oro en el estado Bolívar y controlar el contrabando del material estratégico, asume una nueva directiva que no fue juramentada por la constitucional Asamblea Nacional sino por la asamblea nacional constituyente, promovida por decreto presidencial el primero de mayo de 2017 como instancia paralela alineada con las políticas del Ejecutivo.  

El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex hombre de confianza de Maduro, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía de inteligencia de la era chavista, denunció que el BCV –bajo ese mismo directorio- suele aprobar la compra de oro gestionado por una empresa de Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe de Estado, quien habría establecido un monopolio de compra de oro a mineros artesanales al sur del país a precios irrisorios para luego venderlo a costos elevados al organismo estatal. 

En una conversación en julio pasado con la cadena de televisión PBS, el militar exiliado reiteró la información: "Nicolás Maduro y su familia usan la plataforma del Estado, usan el Banco Central de Venezuela para sacar oro del país. Yo llamo a este sistema de gobierno una empresa criminal. Todos contribuyen a la corrupción. Todos son cómplices”.

La autonomía del BCV, que es un principio consagrado en el artículo 318 de  la Carta Magna, se vio comprometida desde aquella transmisión del programa “Aló, Presidente”, a principios de 2004, cuando Hugo Chávez le pidió al BCV “un millardito” de las reservas internacionales para financiar proyectos gubernamentales, solicitud que devino en una reforma a la ley del BCV que ordenaba que los ingresos “excedentarios” se destinaran al recién creado Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), que patrocinaría aquellos planes propuestos por el entonces presidente de la República.

Ubicado en la concurrida avenida Urdaneta del centro de Caracas, el imponente edificio de BCV con sus líneas sobrias y contundentes hablan de la investidura de la institución que fue creada en 1936 para velar por a política monetaria y manejar las reservas de la Nación. 

Fue allí donde ocurrió uno de los episodios más oscuros del banco: la presunta extracción de ocho toneladas de oro monetario en horas de la noche, a través de camionetas privadas Ford Runner que se estacionaron por la parte trasera del edificio del BCV. El hecho, según denunció el diputado Ángel Alvarado, ocurrió entre el 20 y 22 de febrero de 2019, justo antes de la jornada del 23F, cuando el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, encabezó la “Operación Libertad” para impulsar el ingreso de la ayuda humanitaria que nunca pudo pisar suelo venezolano. Para esa fecha, enfatizó el parlamentario, habían jubilado por adelantado al jefe del Cuerpo de Protección, Custodia y Seguridad de la institución.

Tras el mega apagón de marzo de 2019 que dejó a oscuras el país, la sede históricamente custodiada fue cerrada durante un mes y medio. La ausencia de empleados y vigilantes se prestó para especulaciones sobre el destino del oro guardado en las bóvedas ubicadas en el sótano del edificio diseñado por Tomás José Sanabria,  Premio Nacional de Arquitectura en Venezuela. Las semanas con baja del personal coincidieron con el reporte en abril de 2019 de la venta de ocho toneladas de oro además de una colección de monedas de oro del siglo XVIII, según Bloomberg. 

A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos para penalizar a empresas y particulares que establezcan  operaciones con el oro venezolano, los lingotes de las arcas del BCV han seguido saliendo para ser comercializados en el mercado internacional. En enero de 2019, se vendieron 2,7 toneladas a los Emiratos, cantidad que admitió haber comprado la empresa emiratí Noor Capital, que tras las sanciones decidió suspender la adquisición de otras 11 toneladas de oro del BCV. 

En cuestión de 18 meses, el BCV habría vendido más de 100 toneladas de oro, si se toma en cuenta las 73,2 toneladas que comercializó en 2018 y las 33,7 toneladas que, según denuncias, habrían salido de sus bóvedas en primer semestre de 2019.

La larga caravana del expolio

Cuando a José Guerra, economista, exfuncionario del ente emisor y hoy diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, se le pregunta sobre el estado de la institucionalidad del Banco Central de Venezuela, responde de manera tajante y directa: “No existe”. 

Guerra afirma que aquella solemnidad que se quebró con el episodio del “millardito”, se fracturó todavía más con el ingreso a los altos cargos de la entidad financiera de funcionarios que responden a fichajes políticos y que olvidó la preparación y educación que se ponderaba previo a la llegada del chavismo.

“Los que llegaban antes al directorio lo hacían por méritos. Ahora lo hacen porque tienen el carnet del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los directores se escogían por un baremo que combinaba años de experiencia en el mercado financiero con los de estudio. Se respetaba la experiencia técnica. Los salarios eran de los mejores del sector público y los mejor remunerados después de los empleados de Pdvsa”, recuerda.

La última designación del directorio fue otra muestra de esa ruptura con la institucionalidad que en el pasado caracterizaba al BCV. Todo comenzó el martes 26 de junio de 2018, cuando cuatro de los seis directores del Banco Central de Venezuela –Pedro Maldonado Martín, Pablo Aníbal Pinto Chávez, Eudomar Tovar y José Salamat Kahn- renunciaron a sus cargos. Quienes salían también eran unos cuadros psuvistas que, para ese momento, se reubicaron en ministerios. Los rostros que los reemplazaron, sostiene Guerra, dieron a Maduro un mayor control político sobre la entidad.

El anuncio de la renuncia lo hizo también un poder ilegal: la anc, que una semana atrás había aprobado el nombramiento del nuevo presidente del ente emisor, Calixto Ortega Sánchez, el sobrino treintañero del homónimo exparlamentario y magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

En aquella jornada, la primera de Diosdado Cabello como presidente de la institución, se designó al “Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales para la designación de integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela”, que 16 días después dio a conocer a los nuevos directores: Yosmer Daniel Arellán Zurita, Iliana Josefa Ruzza Terán, Santiago Armando Lazo Ortega y William Antonio Contreras, cuyos cargos se oficializaron en la Gaceta Oficial 41.434 del 6 de julio de 2018. Junto a ellos, Simón Zerpa ocuparía la silla del director que mantiene el enlace con el Ejecutivo nacional. Meses antes del episodio, tanto él como Contreras fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos, Panamá y Canadá.

Los cinco funcionarios se unieron a Sohail Hernández para conformar un directorio que responde a lealtades. Todos comparten vínculos directos con una cúpula de altos funcionarios chavistas, entre quienes están el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami; el actual gobernador de Aragua y ex vicepresidente del BCV, Rodolfo Marco Torre; el ex presidente del ente emisor, Nelson Merentes; la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el mismo Nicolás Maduro. Fueron ellos quienes los emplearon desde que dieron sus primeros pasos en la administración pública en instancias como la Vicepresidencia, las carteras de Relaciones Exteriores, Industria, Comercio, Economía y Finanzas, e instituciones como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A. (Corpovex), Complejo Siderúrgico Nacional y la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa). 

Este directorio, de acuerdo con el artículo 23 del reglamento interno del BCV, tiene entre sus funciones todo lo relacionado con las políticas monetarias y cambiarias, así como la definición de la dirección estratégica del Banco. Además, el artículo 24 detalla que los directores son quienes determinan la composición de las reservas internacionales y aprueban la política de inversión de las mismas; regulan las operaciones de importación, exportación, compra, venta y gravamen de oro y sus aleaciones, en cualquiera de sus presentaciones.

Los nuevos miembros del directorio tienen en común el haber dado un nuevo impulso a sus carreras en los últimos cuatro años. Aunque todos tuvieron cargos públicos durante la presidencia de Hugo Chávez, es con Maduro con quien afianzaron sus trayectorias en el sector. 

Una muestra de ello es Iliana Josefa Ruzza Terán, economista egresada de la Universidad de los Andes, quien coincidió en la casa de estudios con el hoy vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami. Fue él quien la designó en al menos dos de los seis despachos que ocupó durante 2018 en los ministerios de Energía y Petróleo, Industrias y Producción Nacional y la Vicepresidencia de la República. En el BCV también está a cargo de la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales y la Gerencia de Administración de las Reservas Internacionales. Tanto Guerra como Alvarado señalan que es ella quien está al mando de todas las operaciones con el metal dorado. En abril de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Otro de los directores cuya carrera no para de ascender es la del ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa Delgado, un licenciado en Estudios Internacionales que durante 2018 fue designado en cinco cargos distintos dentro de instituciones como Pdvsa, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, posiciones cuya nominación dependen de la Presidencia de la República. 

Ante el BCV, el funcionario no es un director ordinario sino el que figura en representación del Ejecutivo, es decir, el que mantiene el enlace directo con Maduro. Su nombramiento, por tanto, no pasó por el comité de selección sino que aterrizó desde Miraflores. Su relación con el jefe de Estado data desde que este era canciller de Chávez, pues fue en esa cartera donde desempeñó su primer cargo público de relevancia. Su padre, el embajador de Venezuela ante China y ex secretario de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa Guerrero, fue muy cercano a la primera dama, Cilia Flores, cuando era la presidenta del Parlamento, según reseña el sitio Poderopedia.

Zerpa Delgado, a su vez, guarda estrecha relación con otros dos nuevos miembros del directorio que fueron sus subalternos en el ministerio de Economía y Finanzas: Yosmer Daniel Arellán Zurita, ex Superintendente Nacional de Valores, y Santiago Armando Lazo Ortega, quien pasó por cargos de suplente en Bandes, BID y el Consejo de Administración del Banco del Sur.

El actual ministro de Comercio Nacional, William Antonio Contreras, es otro de los directores. Su nombre fue conocido por sus acciones y fiscalizaciones sorpresa cuando se desempeñaba como intendente de Costos y Precios para la Superintendencia de Precios Justos, cargo al que lo nominó Maduro cuando era vicepresidente y al que lo devolvió Zerpa en 2018. El funcionario también ocupó un par de posiciones, tanto en el Ministerio de Comunicación e Información como en la Alcaldía de Libertador, que evidencian su vínculo con dos personas de confianza de Maduro: los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, actuales vicepresidenta y ministro de Comunicación e Información, respectivamente. 

El cuadro de directores lo completa Sohail Nomardy Hernández Parra, la única del directorio de Khan que no renunció el año pasado. La economista ha sido señalada por su cercanía a Maduro y también por interferir en las decisiones que tomaba Ricardo Sanguino cuando era presidente del Banco Central, según cuenta Crónica Uno. Lo mismo ha hecho con Ortega Sánchez, dice el diputado Guerra.

Al frente de todas las operaciones está Calixto José Ortega Sánchez, el presidente del BCV que nombró Maduro en 2018. Su trayectoria se debe recorrer desde afuera, porque fue en Estados Unidos donde se desempeñó como administrador y cónsul de las oficinas del gobierno en Washington, Houston y New York. De acuerdo con Bloomberg, fue asesor senior y vicepresidente de Finanzas en la petrolera Citgo. Cuando el gobierno de Donald Trump le revocó su visado, volvió a Caracas para llevar las riendas de la institución financiera más importante del país y la que ha tenido en el último año una caída histórica de sus reservas. 

Abril fue otro mes de sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a su lista de “Specially Designated Nationals” o SDN al BCV el 17 de ese mes. En cuestión de horas, la principal institución financiera del país pasó a ser considerada por Washington como una entidad que está bajo el control de una nación que pone en riesgo o amenaza sus intereses. 

La sanción aplicada al BCV provocó que cualquier activo de la institución en territorio estadounidense se bloqueara y, además, impide desde entonces que ciudadanos de ese país, así como sus compañías, tengan algún tipo de trato económico con esta. Cualquier negocio venezolano que se haga por esta vía con una compañía norteamericana es inmediatamente afectado por la medida.

“Afecta no solo al BCV sino a todo el sistema financiero. Los bancos corresponsables de Estados Unidos se abstienen de hacer cualquier transacción en donde esté involucrado el Banco Central”, explica el economista y director de la consultora Ecoanalítica, Pedro Palma, al tiempo que advierte que el efecto se agrava porque el ente emisor es el principal proveedor de divisas del país debido a la condición monoproductora de la nación y al control de cambio instaurado desde 2003, que condiciona el acceso a la moneda extranjera para cubrir las necesidades de importación.

La sanción, refiere, ha generado una paralización significativa al momento de adquirir divisas o normalizar su compraventa. “Al no haber corresponsabilidad con los bancos, no se pueden abrir cartas de crédito para realizar importaciones o las operaciones normales que realiza cualquier banco de cualquier país”, alerta.

El BCV pasó así a la misma lista en la que están más de 80 funcionarios y empresarios venezolanos, además de otras entidades del Estado como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Banco Bicentenario, Minerven y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

La motivación del Departamento del Tesoro para aplicar el castigo estaba basada en la necesidad de frenar el canje del oro venezolano que, en los últimos meses, había servido como moneda de cambio a Maduro. 

"Estados Unidos usará sus herramientas económicas al máximo para constreñir a Maduro y garantizar que sus compinches ya no saqueen lo que legítimamente le pertenece al pueblo de Venezuela", dijo Bolton en su declaración. Acotó que la medida era también una advertencia a los gobiernos extranjeros, como Rusia, que para ese momento acababa de dar apoyo militar a Venezuela, lo que fue considerado por Estados Unidos como una provocación.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro sancionó también a Iliana Josefa Ruzza Terán, la directora del BCV señalada de ejecutar todas las transacciones relacionadas con el oro venezolano.

Ruzza no es la única del directorio que arrastra una sanción. Antes de ser integrados al ente emisor, los ministros Zerpa y Contreras habían sido incluidos en la lista OFAC.

Zerpa fue sancionado el 26 de julio de 2017, cuando el Departamento del Tesoro declaró que la corrupción en Venezuela estaba asociada con dos entidades del gobierno: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de la que se habían evaporado al menos 11 mil millones de dólares entre 2004 y 2014, según reportes de la Asamblea Nacional; y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que facilitó la creación de un mercado negro de intercambio de dólares, así como la fuga de divisas oficiales. A Zerpa, quien entonces era vicepresidente de Finanzas de la compañía de hidrocarburos, lo asociaron con la primera.

Para ese momento, Zerpa también era presidente del Bandes y el Fonden.

A Contreras, la OFAC lo ingresó a su lista el 19 de marzo de 2018 tras señalarle por mala gestión económica y corrupción.

“El presidente Maduro diezmó la economía venezolana y provocó una crisis humanitaria. En lugar de corregir el rumbo para evitar una mayor catástrofe, el régimen de Maduro está tratando de eludir las sanciones a través de la moneda digital Petro, una estratagema que la Asamblea Nacional, elegida democráticamente por Venezuela, ha denunciado y el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que la eviten", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

En esa época, Contreras se desempeñaba como superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), el organismo que impone los controles de precios en el país, una acción que –señala la nota del OFAC- ha desacelerado la producción y obligado a las empresas a dejar de operar.

“Se ha citado a Contreras afirmando que SUNDDE implementa controles de precios obligatorios del gobierno sobre las materias primas y que estas leyes prohíben que el sector privado en Venezuela declare precios diferentes de la determinación oficial de precios del gobierno”, apunta la nota.

Sin embargo, ni las sanciones al ente emisor ni a tres de sus directores han frenado la fuga del oro venezolano por esta vía. Si bien el fondo emiratí Noor Capital anunció que, luego de conocer la decisión del gobierno estadounidense contra el BCV, no compraría más lingotes a la administración de Maduro, medios como Bloomberg han reportado que entre el 10 y el 13 de mayo, un mes después del anuncio de los funcionarios de Donald Trump, salieron de las reservas casi 14 toneladas de oro, mientras que el pasado 12 julio se transaron 40 millones de dólares por una tonelada del metal dorado.

Economistas consultados para este reportaje convienen que de continuar el ritmo de descenso de las reservas, en 2020 quedarán reducidas a su mínima expresión. Después de agotar el inventario,  al gobierno de Maduro sólo le quedará vivir de la extracción aurífera y otros minerales estratégicos. Dentro de la dinámica neoextractivista y en la medida que caiga la producción petrolera, se verá obligado a exportar más oro, aunque este nunca sustituirá los ingresos por petróleo. El BCV seguirá allí siendo el eje de la centrífuga .