En la primera revisión de la Opppe 10, en la parroquia Santa Rosalía, sus habitantes contaron que los bomberos estamparon una etiqueta roja en la fachada, al considerar que el acceso a la estructura debía restringirse porque sus residentes corrían peligro. Días después, miembros de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura arrancaron la calcomanía para poner una de color amarillo, alegando que sí se podía permanecer en el edificio pero con precaución. En la etiqueta describían como áreas inseguras las paredes con grietas en la entrada y los niveles bajos. No se mencionó que también se cayó la pared de la fachada que da a una peluquería en la planta baja. 

A mediados de agosto la mayoría de los habitantes de este conjunto residencial estaban viviendo en carpas en la calle frente al edificio, junto con otro grupo de familias que residían en una pensión cercana. Manifestaron tener dudas sobre si era seguro volver a sus hogares y exigían la visita de un patólogo, porque había averiguado que ese era el especialista experto en investigar el origen y las causas de los daños, deterioros o fallas en las edificaciones.  

Mientras, en la parroquia San Agustín, la Opppe 16 A de la avenida Bolívar, llamada Omar Torrijos, lucía una etiqueta verde en la entrada de la torre B. Sin embargo, en su interior, los daños en pasillos y dentro de los apartamentos en los dos primeros pisos hizo que un ingeniero independiente que ha participado en este tipo de evaluaciones, y que prefirió resguardar su nombre por temor a represalias, considerara que la clasificación debió ser amarilla. En ese edificio estuvieron alrededor de 21 días sin gas. 

A mediados de agosto la fachada de ese urbanismo brillaba como un sol. El mosaiquillo que recubre el exterior del edficio estaba recién pintado de un amarillo intenso y las rejas también tenían un acabado renovado en color gris. En la planta baja de este complejo conformado por cinco torres también destacaba una cancha deportiva recién inaugurada. Los trabajos de reparación comenzaron por fuera de la estructura, mientras aún algunos de sus habitantes dormían en carpas en la calle por los daños que había en sus apartamentos. 

En el urbanismo Opppe 16 C, Óscar López Rivera, habitantes de la torre P comentaron que días después del terremoto les habían colocado una etiqueta verde tras una evaluación que consideraron muy superficial. Sin embargo, en una segunda revisión un ingeniero les comentó que la cambiarían a amarillo porque en el interior de la estructura los daños en los apartamentos eran importantes.

Tras los terremotos del 24 de junio el Ejecutivo nacional designó “padrinos” para los distintos refugios que albergarían a las personas que quedaron damnificadas. Se trata de altos funcionarios públicos (como ministros o diputados) que fueron asignados como responsables políticos y operativos de esos campamentos, para así garantizar la atención integral en esos espacios. Siguiendo esa misma línea, a los edificios Opppe en Caracas también les nombraron padrinos, que operan bajo el paraguas del Plan Venezuela Renace. Esta vez se trata de instituciones públicas a cargo de las reparaciones. 

Uno de los ingenieros que acompañó este recorrido, y observó cómo cada edificio tenía un ente encargado o padrino distinto, consideró que no había sido la decisión más conveniente porque es más probable que cada quién maneje un estándar distintos, y que alguna estructura pueda resultar más favorecida que otra en cuanto a los materiales o los acabados. 

El 22 de julio el Gobierno de Distrito Capital aseguró que mantenía desplegado su Gabinete de Servicios en lo que llamaron “La Ruta de la Inspección” en distintas parroquias de Caracas tras los terremotos. Dijeron que sus cuadrillas realizaban labores de rehabilitación en los espacios de la Opppe 2 y la Opppe 12, ubicados en la parroquia San José y parroquia Candelaria respectivamente. 

En el edificio Opppe 16 A (Omar Torrijos) el “protector” también era el Gobierno de Caracas, mientras que en el edificio hermano Opppe 16 B (Los Cinco Héroes Cubanos) el padrino era la Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor. 

En la Opppe 16 C (Óscar López Rivera) los residentes que se encontraban aún en carpas en la calle señalaron que esa estructura estaba a cargo una empresa privada contratada por el Estado que no supieron nombrar. En ese urbanismo llamó la atención que en la fachada estaban dispuestas, a diferencia de en las torres hermanas, distintas señalizaciones para prevenir a los transeúntes. 

En la misma avenida Bolívar, en la Opppe 15, conocida como Ojos de Chávez, el padrino encargado de las reparaciones era el Ministerio de Obras Públicas. A mediados de agosto en el edificio estaban en marcha los arreglos. Por los daños que sufrió la estructura, le pusieron etiqueta amarilla y a diferencia de otros casos, a los inquilinos se les prohibió habitar el edificio. 

La vocera política del urbanismo, Geraldine Chagaray, explicó que llegaron al acuerdo de que los vecinos podían subir a sus apartamentos en tres horarios supervisados: mañana, tarde y noche. “Para eso se le avisa a los ingenieros a cargo para que sepan por qué entrada van a subir las personas”. A pesar de que existe esta restricción, el día de la visita un local de la Misión Nevado ubicado en la planta baja del edificio se encontraba abierto, y una larga fila de personas con sus mascotas aguardaban para ser atendidos. 

Chagaray agregó que en ese conjunto residencial, donde viven alrededor de 143 familias, las reformas iniciaron rápido, días después del terremoto. Como no pueden dormir en el edificio, la mayoría de los habitantes se quedan en carpas que instaló el Gobierno en el Nuevo Circo. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Policaracas se mantienen en la zona en labores de seguridad. 

En la restauración de la Opppe 11, bautizado como Gigante de Latinoamérica, en la parroquia Santa Rosalía, participaron ingenieros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según consta en un papel pegado a la cartelera en la planta baja del edificio. De todas las estructuras visitadas esta es la única donde se conoció cuánto se había invertido en las reparaciones: 167.492,14 dólares. En ese edificio se detalló que instalaron un nuevo sistema hidroneumático, repararon los ascensores, restablecieron el gas directo e instalaron fibra óptica en cada apartamento. 

Si están
en carpas,
que no se vean 

De los 17 urbanismos visitados, seis se encontraban habitados, nueve estaban habitados parcialmente y en dos no estaban ocupados los apartamentos. Además, en siete de los edificios había campamentos a sus alrededores, algunos con carpas e instalaciones más sólidas que otras. 

Mirla Peña, vocera de la Opppe 10 en Santa Rosalía, contó que las autoridades les habían pedido que movieran sus carpas improvisadas de la avenida Sur 1 hacia la parte trasera del edificio, en una pequeña área del estacionamiento, donde no serían tan visibles ni obstruirían el tránsito. Sin embargo, los vecinos se negaron. Comentó que los mismos residentes ahí se organizaban para hacer guardias y preservar la seguridad del edificio, ya que cerca había una edificación invadida y temían correr con la misma suerte. Para el momento del recorrido ya se habían robado de allí algunos cables y materiales del local que funcionaba como una peluquería en planta baja y que quedó expuesto cuando se cayó su fachada. 

Justo en el estacionamiento de la Opppe 9, conocido como Sueño de Chávez, se encontraban varias carpas de residentes de ese edificio. La cancha deportiva se había convertido en una cocina improvisada. Un par de vecinos, que montaron un puesto de café cerca de la entrada, contaron que el edificio aún no estaba habitado y que varios de los residentes permanecían en el campamento transitorio “Francisco Pimentel”, en la parroquia Santa Teresa.  

Beneficiarios de las Opppe ubicadas en la avenida Bolívar comentaron que también habían sentido presión para recoger sus carpas, pero que ellos se negaron. “Muchos nos critican por tener la carpa sin saber qué es lo que está pasando”, dijo una de las personas y explicó que tenía familiares con asma y no podían estar en el apartamento mientras se hicieran los arreglos. Otra persona alegó que no dejaría las carpas antes de que le entregaran su vivienda lista, por desconfianza de que si volvían a sus hogares no les terminaran de reparar todo. 

Al cumplirse tres meses del doblete sísmico —y ante la ausencia de un balance oficial actualizado sobre su impacto en el país— la normalidad continúa suspendida para muchos. En la avenida Bolívar, las carpas que se han integrado al paisaje son el recordatorio de que aún hay quienes viven a la intemperie bajo la incertidumbre de cuándo volverán a casa. 

CRÉDITOS
Coordinación editorial: Lorena Meléndez y Liz Gascón | Reportería y texto: María Victoria Fermín y Mayreth Casanova | Base de datos y mapa interactivo: Mayreth Casanova | Fotos: María Gracia La Cruz y Mairen Dona | Montaje: ET | Coordinación ARI: Ronna Rísquez