Una torre del urbanismo OPPPE 36, conocido como Luisa Cáceres Arismendi, insistía en desafiar la gravedad. Tras el doble terremoto que devastó el Litoral Central de Venezuela el 24 de junio, esa estructura en la avenida principal de Playa Grande, parroquia Urimare, se hundió tres pisos y se inclinó hacia la izquierda. 

Quienes permanecían refugiados en carpas cercanas, dijeron que podían oír cómo se doblan sus vigas con el paso de los días, cómo crujía. “Se sostiene por obra de Dios”, opinó sorprendido un ingeniero al verla. Ante la posibilidad de que cediera en cualquier segundo, como ocurrió con la torre a su lado, habían restringido el paso en la zona. El 30 de julio, finalmente, la implosionaron.

De las cuatro torres de ese complejo, una colapsó totalmente con los sismos, convirtiendo salas, cocinas y dormitorios donde convivían decenas de familias en una sola masa de escombros, y sepultando a la mayoría de sus habitantes. La escena es una variante de lo que se aprecia en los edificios hermanos en otras zonas del litoral central, como la avenida José María España, la urbanización Caribe o Tanaguarena, en la parroquia Caraballeda. 

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) visitó los nueve conjuntos residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en La Guaira que deben su nombre a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE). Moles imponentes de 12 pisos, con entre 8 y 16 apartamentos por cada nivel. De las 43 torres construidas, 16 se desplomaron por completo durante los sismos (37 %); el resto quedaron inhabitables; ya no son el lugar seguro y digno que prometió el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y que enarboló como bandera política con el discurso de otorgar viviendas de interés social de calidad. Un total de 3.637 apartamentos levantados por el Estado se cayeron, o quedaron en el aire. 

Desde su entrega, hace más de una década, en al menos 32 torres (74 %) se registraron denuncias sobre el veloz deterioro de las estructuras, que incluían daños en frisos y mampostería, humedad, filtraciones y colapsos en sus sistemas de aguas residuales. Hechos que quedaron expuestos tras los terremotos, por la incidencia que pudiesen tener en el comportamiento de los edificios tras el doblete sísmico.

“Ese apartamento era de mi hermana mayor que está en Colombia. Tenía muchas filtraciones. Cuando llegaba el agua de la calle se inundaba la planta baja, los apartamentos”, dijo una mujer de 36 años de edad, el 28 de junio pasado, frente al conjunto Luisa Cáceres de Arismendi. Llevaba un cabestrillo improvisado con vendas y se encontraba junto a su hijo mayor de 17 años. Ella es una de las sobrevivientes luego de que se derrumbara una de las torres del conjunto, junto a su bebé de meses. Sin embargo, sus otros dos hijos pequeños murieron.

A las familias que recibieron adjudicación de estos apartamentos Hugo Chávez las bautizó como dignificados, un vocablo inventado para dar base a una matriz de opinión: solo en la revolución chavista se entregaban viviendas dignas a las personas damnificadas. Sin embargo, eran construcciones que obviaron reglas y que también se levantaron en terrenos zonificados para recreación y turismo por la tipología de sus suelos, de acuerdo con normativas municipales.

Durante el recorrido en compañía de un ingeniero civil estructural, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, también se observaron decisiones de diseño que pusieron en riesgo a sus habitantes al momento de escapar de los edificios durante el temblor. La mayoría de las residencias sufrieron daños estructurales de moderados a severos y afectaciones graves en frisos y mampostería. 

Quienes residían en los edificios y sobrevivieron a los terremotos, enumeraron las fallas, las denuncias interpuestas, las solicitudes hechas y los informes que en la última década recibieron donde se alertaba sobre el deterioro de las torres, que muchas no cumplían con las normas mínimas de habitabilidad y sismorresistencia, siendo la única respuesta, el silencio institucional.

Aunque se requiere de un estudio patológico de las estructuras para dar diagnósticos precisos, los hallazgos sugieren pistas para investigar cómo se comportaron las estructuras y por qué las etiquetaron de rojo por la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, instancia creada por la administración de Delcy Rodríguez y que confirma que son inhabitables. 

Y aunque a esta fecha, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) no existe, pues se ordenó suprimirla en febrero de este año, a través del decreto 5.248 de la Gaceta Oficial 6.985, las responsabilidades no caducan.

Entre los escombros de las torres que se desplomaron, así como en algunas de las torres que todavía permanecen de pie, un elemento que llamó la atención del ingeniero que visitó los conjuntos residenciales. Explicó que para mantener el concreto compactado en una columna se realiza un mecanismo llamado confinamiento transversal, una especie de faja de acero que busca evitar que las cabillas verticales se doblen hacia afuera al momento de un sismo. 

Los anillos de acero que rodean la columna —llamados ligaduras— deben terminar con las puntas dobladas en un ángulo de 135 grados hacia adentro, para que queden enterradas en el núcleo del concreto. Así lo establece el Fondo para la Normalización y Certificación Estructural (Fondonorma) en su apartado 2.1.95 sobre refuerzo de confinamiento. Esto busca impedir que se abran si la superficie de la columna se agrieta.

En al menos cuatro de los urbanismos de las OPPE en La Guaira se hallaron columnas con un confinamiento transversal fuera de la normativa: los estribos estaban doblados a 90 grados, disposición que hace que las columnas reduzcan su capacidad de resistencia.

Cuando Maribel Rodríguez recibió las llaves de su apartamento en la torre D de la OPPPE 25, en agosto de 2013, sintió que por fin dejaba atrás el drama de haber perdido su vivienda a consecuencia de unas lluvias excepcionales registradas tres años antes en una zona popular de Caracas. Nunca había visitado el edificio antes de mudarse. 

La ubicación, cerca del mar en Tanaguarena, parecía ofrecer el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, apenas tres meses después aparecieron las primeras filtraciones en techos, baños y paredes, un problema que nunca logró resolverse.

"Era lamentable porque, en honor a la verdad, uno podría vivir bien en un edificio aquí cerca de la playa y era una zona bien agradable. Pero el edificio nunca estuvo bien hecho, o por lo menos no para que nosotros viviéramos con calidad, especialmente por el tema de las filtraciones. Era un problema grave el que tuvimos que enfrentar desde hace 13 años", recuerda Rodríguez.

Los terremotos del 24 de junio terminaron por convertirla nuevamente en damnificada. Aunque la torre D de la OPPPE 25 no colapsó como las torres F y G, las graves afectaciones estructurales obligaron a ordenar su desalojo total. Durante un recorrido realizado por ARI junto al ingeniero civil, se observó las juntas que quedaron expuestas entre las torres del edificio, donde se usó poliestireno expandido (EPS) como material de relleno. 

El poliestireno expandido es el famoso anime que está presente en las estructuras de los edificios de las OPPPE.  Si bien este material es ampliamente utilizado en la construcción por ser ligero, económico y buen aislante térmico y acústico, en el caso de la OPPPE 25 su instalación presentaba deficiencias: las juntas no estaban correctamente selladas ni acopladas, lo que habría favorecido la entrada y acumulación de humedad.

De acuerdo a los especialistas, una instalación inadecuada del EPS puede propiciar problemas de condensación y filtraciones persistentes, deteriorando progresivamente la estructura.

Al conocer estos hallazgos, Maribel Rodríguez encontró una explicación a los daños que durante años denunciaron sin obtener una solución definitiva.

"Hubo un año en que le escribimos una carta al ministro (de Vivienda) Ricardo Molina y le hicimos saber todo esto. En ese momento vinieron algunos especialistas del ministerio, fueron a los departamentos más comprometidos, los rasparon y les echaron una pintura antimoho. Dijeron que eso iba a evitar el problema, pero lo único que hizo fue retrasar el proceso, porque nunca se dio solución a las causas reales".

Al no corregir el origen de las filtraciones ni los problemas en el manejo del agua dentro de la edificación, la humedad continuó avanzando silenciosamente y aceleró el deterioro de una estructura que, pese a haber sido construida pocos años antes, terminó entre las más afectadas por los sismos. De las siete torres que hacían parte de este complejo residencial, las dos edificaciones ubicadas en la parte posterior y lateral del conjunto, identificadas como las torres F y G, fueron las que colapsaron por completo durante los terremotos del 24 de junio de 2026.

Habitantes del urbanismo confirmaron a ARI que, desde 2024, residentes de la torre G habían denunciado ante organismos oficiales los altos niveles de humedad que afectaban a la edificación, así como la salida constante de agua a través de los sumideros de la planta baja. Según relataron, temían que estas filtraciones comprometieran la estabilidad del edificio.

"El edificio estaba sufriendo. Era como si el agua se estuviera comiendo las paredes. Nosotros escribimos cartas, pero ahorita no queremos decir más nada porque tenemos miedo de que nos dejen sin vivienda. Esa estructura estaba sentida", relató una vecina de la torre G, quien pidió resguardar nombre por razones de seguridad.

Cuando ocurrió el sismo del 24 de junio, la torre G colapsó completamente. Su desplome arrastró a la torre F en un efecto dominó que redujo ambas estructuras a escombros.

A finales de julio de 2026, cuando ARI visitó la OPPPE 25, familiares de los residentes que quedaron atrapados bajo los escombros, continuaban en las labores de recuperación de sus cuerpos.

Uno de los aspectos que más recuerdan quienes residieron en alguno de los nueve urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela construidos por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) es que las fallas en los servicios públicos comenzaron apenas meses después de la entrega de los apartamentos. Para muchos vecinos, los problemas eran consecuencia de la rapidez con la que fueron levantadas las edificaciones para atender la emergencia habitacional provocada por las lluvias extraordinarias de 2010 y, en algunos casos, para reubicar a familias que permanecían en refugios desde la tragedia de Vargas de 1999.

"El colapso de los servicios era total, y no solamente uno; hablamos de todo. Teníamos problemas con la electricidad, con el suministro de agua, con todo lo que era el sistema de aguas residuales. También el gas se nos convirtió en un problema", recuerda Ana Quintana, quien habitó la Torre C de la OPPPE 22.

Aunque la estructura permaneció en pie tras los terremotos del 24 de junio de 2026, su apartamento, ubicado en el tercer piso, fue uno de los más afectados.

Cuando Quintana habla del servicio de gas, se refiere a una promesa que nunca llegó a concretarse. Los urbanismos fueron diseñados para contar con un sistema centralizado de suministro de gas doméstico mediante bombonas instaladas y conectadas directamente a cada edificio. Sin embargo, esa infraestructura nunca entró en funcionamiento. En la práctica, las familias tuvieron que optar entre cocinas eléctricas o bombonas individuales dentro de los apartamentos.

De acuerdo con funcionarios de Protección Civil consultados para esta investigación, la presencia masiva de bombonas domésticas fue uno de los factores que contribuyó a los incendios registrados tras el colapso de varias torres de las OPPPE 26 y 27. Al desplomarse las estructuras, numerosos cilindros explotaron, originando focos de fuego que complicaron aún más las labores de rescate.

El sistema de aguas residuales constituye otro de los problemas que los habitantes denunciaron durante años. Las calles que rodeaban las OPPPE 22, 26 y 27 permanecían con frecuencia inundadas por aguas servidas provenientes de los propios edificios. Los malos olores eran permanentes y afectaban especialmente a quienes vivían en planta baja o tenían locales comerciales.

"Nunca hubo un sistema de bombeo que respondiera a la cantidad de personas que vivíamos allí y evitara que las aguas residuales terminaran corriendo por las calles", afirma Joni Marín, residente de la Torre B de la OPPPE 26. Él y su familia sobrevivieron al derrumbe porque ese 24 de junio se encontraban fuera del edificio, en una excursión a bordo del autobús de su propiedad, hoy el único patrimonio que conservan.

Marín asegura que durante la última década los vecinos presentaron múltiples denuncias por las constantes fugas de aguas negras. "Uno no es ingeniero ni sabe de esas cosas, pero tanta agua corriendo por allí, tantos problemas con esas aguas negras... uno se pregunta si eso pudo afectar las bases de los edificios o el terreno. Yo no creo que sea casualidad que todo esto se haya caído después de tantos años de denuncias de los vecinos", sostiene.

Sobre esta opinión, ARI consultó al ingeniero estructural que recorrió la zona donde se derrumbaron las torres. Explicó que la caída no puede ser achacada de manera directa a ella, pero “una falla de drenajes de esa naturaleza puede condicionar los suelos y también afectar la capacidad de respuesta mínima de la edificación, que sería mantenerse de pie y permitir que sus habitantes salieran con vida”.

La distribución de agua potable era otro de los problemas cotidianos. En muchos de estos urbanismos el servicio llegaba apenas una vez por semana o cada quince días. Durante los períodos de sequía, vecinos denunciaron en reiteradas oportunidades ante medios regionales y nacionales que podían permanecer hasta un mes sin recibir agua por tuberías.

Ante esa realidad, muchas familias comenzaron a almacenar agua en tanques y recipientes para enfrentar los prolongados períodos de escasez.

"Eso no lo hacían todos los vecinos; lo hacían quienes tenían mejores recursos. Los demás, aunque fuera un tobo, porque el problema era que teníamos que almacenar agua. Aquí el agua no llegaba de manera regular. Ahora hay quienes dicen que le pusimos mucho peso a los edificios con esos tanques, pero ¿cómo se vive sin agua? Es imposible. Si el Estado sabía que no podíamos tener tanques, entonces debió garantizar el suministro por tuberías", relata desde el refugio improvisado en el campo de golf de Caraballeda María Rodríguez, quien perdió por segunda vez su vivienda. La primera fue durante la tragedia de Vargas de 1999, cuando vivía en la parte alta de San Julián; la segunda, con el colapso de su apartamento en la OPPPE 26 tras los terremotos del 24 de junio de 2026.

A un mes de la tragedia, entre los escombros de los edificios OPPPE que se desplomaron, hay personas que demuestran una resistencia increíble y se niegan a abandonar los restos de sus familiares entre las ruinas. A la incertidumbre de si lograrán encontrarlos y darles santa sepultura se suma el no saber cuántos fallecieron en esos urbanismos y cuántas personas que vivían ahí quedaron damnificadas. Otro dato que también se desconoce es si todas las torres que quedaron en pie, pero inhabitables, también se van a demoler.