Canaima
El paraíso envenenado
por el oro
A tan solo 23 kilómetros del famoso Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta que inspiró a la película Up, hay al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar.
Tras un recorrido aéreo y más de 30 horas de navegación fluvial, Runrun.es comprobó en directo cómo trabajan los mineros del Parque Nacional Canaima, un territorio que la Unesco declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad y que desde el año pasado está en “alerta naranja” como consecuencia del extractivismo y su acción devastadora en el ambiente y sus pobladores.
En Canaima, los yacimientos son controlados por sus propios habitantes originarios: los pemones, quienes empujados por el desplome del turismo se han dedicado a la minería ilegal para subsistir.
El oro extraído de este paisaje milenario sale a bordo de avionetas turísticas, cuyo propietario es un empresario local a quien el Ministerio Público venezolano señala como miembro de una red de contrabandistas que traslada el mineral desde Venezuela hasta islas del Caribe.
Ese mismo personaje está vinculado a una posada de lujo dentro del parque en donde, según los pemones, se fraguó el ataque armado ordenado por Nicolás Maduro del 8 de diciembre de 2018 "para acabar con la minería", un hecho que cambió por completo a Canaima y sus habitantes.
La extracción de oro en Canaima cuenta con el aval de organizaciones indígenas que, de acuerdo con fuentes consultadas, surgió en el último lustro para organizar la actividad minera.
La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní que desemboca en el Embalse de Guri, donde se genera 85% de la electricidad de un país que atraviesa una grave emergencia de energía.
Escuche cómo se hizo este trabajo de investigación
This investigation has been entirely translated to English thanks to the support of our readers and patrons, and can be found clicking this link: https://alianza.shorthandstories.com/canaima-a-paradaise-poisoned-by-gold/index.html
Una noche entre las minas
Los indígenas extraen el oro en la oscuridad
Un inesperado golpe sacó de su cauce a la curiara que de noche surcaba el río Carrao, en las riberas del Auyantepui, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, al sur de Venezuela. Por la rotunda oscuridad, ninguno de sus tripulantes pudo advertir contra qué chocó la angosta embarcación hasta casi hacerla naufragar. Salvo el “motorista” y “el proero” de la barca, veteranos indígenas de la etnia pemón, nadie supo en un primer momento cuál había sido el obstáculo: un artificial montículo de arena, de los que abundan en el río desde que se multiplicaron los buscadores de oro bajo sus aguas oscuras.
En la penumbra, unas luces que se apagaron por completo tras el ronroneo del motor forastero anunciaban la proximidad de las minas a cielo abierto y aguas adentro que abundan en el sector Arenal del río Carrao. Al desembarcar, el campamento tradicionalmente destinado a los turistas estaba a oscuras y ocupado por mujeres indígenas, quienes son las encargadas de preparar la comida y lavar la ropa a los mineros de los alrededores. Con prisa, abandonaron el lugar apenas llegaron los visitantes, para quienes fue imperativo encapsularse en chinchorros con mosquiteros después de cenar y así evitar el contagio de la malaria, uno de los males endémicos de la explotación aurífera. No sólo el croar de los sapos arrulló el sueño de los viajeros: también el traqueteo de las máquinas que a lo lejos procesaban el oro extraído de los arenosos fondos del Carrao, frente al impetuoso Wey Tepui o tepui del Sol.
En el sector occidental del P.N Canaima existe el acuerdo entre los pemones, habitantes originarios de esas tierras ancestrales, de trabajar las minas sólo durante la noche, lejos de la vista de los cada vez menos frecuentes turistas que visitan este reservorio, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1994. Pero no hay manera de ocultar la destrucción: a la luz del día, siguen imperturbables los bidones de gasolina en las orillas y las llamadas balsas, embarcaciones techadas que no sirven para navegar sino flotar y extraer el oro con máquinas del lecho del río.
Durante un recorrido fluvial de unas 36 horas en el Parque Nacional Canaima, Runrunes contó 21 balsas activas: una en la desembocadura del río Akanan, cinco a lo largo de las aguas del Carrao y 14 sólo en el sector Arenal, dispuestas sin mayor orden como parte del paisaje milenario. Las embarcaciones no son las únicas evidencias de minería: también, a lo largo del trayecto, es necesario evitar que la curiara se enrede con los “puntos” que flotan en la superficie, que no son más que boyas hechas con mecates y botellas de plástico que sirven para ubicar una veta dorada próxima a ser explotada.
"Si siguen sacando oro así, el Carrao va a terminar como el Caroní, a la altura del (campamento) Arekuna, que ahora está todo marrón por la cantidad de balsas que hay allí", se lamenta R.C, un veterano operador turístico de Canaima, rotundo crítico de la extracción aurífera, mientras observa contrariado la suave estela que deja la curiara sobre las aguas color caramelo, color río Carrao, el mismo que otrora tuviera el nacimiento del Caroní, el segundo río más importante de Venezuela, hoy en día revuelto por las minas.
Desde la avioneta, minutos antes de aterrizar en el pequeño aeropuerto de Canaima, es posible advertir los estragos de la minería que carcome los límites, en teoría sagrados, del parque nacional, decretado el 16 de junio de 1962 bajo el gobierno del expresidente venezolano Rómulo Betancourt. En este costado del reino de los tepuyes, esas altiplanicies macizas únicas en el planeta, a la que rodean bosques, sabanas, cursos y saltos de agua, contrastan, cual dentelladas a orillas del río Caroní, los bancos artificiales de arena y lagunas color verde radioactivo que supuran del mercurio utilizado para separar el oro de la arena.
Ni el sagrado Auyantepui se ha librado de la fiebre del oro. La búsqueda de un mítico “río dorado” fue la verdadera razón por la que el piloto norteamericano Jimmy Angel (1899-1956) organizó una expedición con el capitán venezolano Félix Cardona Puig para sobrevolar el tepui en forma de corazón el 21 de mayo de 1937. Ese día, aterrizaron estrepitosamente sobre la cima y tuvieron que volver al campamento base caminando durante 11 días por la selva, una hazaña que alimentó su leyenda. El aviador nunca encontró minas en Canaima pero en su honor, el Ministerio de Fomento de la época bautizó al icónico salto de Venezuela con su nombre dos años después.
Sin turismo
A orillas del Carrao, un hombre con el torso desnudo y quijada desafiante manotea el aire cuando advierte el gesto de los clicks de celulares y cámaras desde las curiaras. Allí nadie quiere fotos, mucho menos preguntas de los pocos foráneos que se pasean por estas riberas en época de verano, como se identifican a los meses sin lluvia en Venezuela.
En esta zona en particular, la desconfianza de los mineros pemones hacia los extraños pesa como una guaya. Más aún después del asalto de diciembre de 2018 que tuvo lugar en el sector Arenal a cargo de agentes encubiertos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en el que asesinaron a un indígena vecino de Canaima y dejaron otros dos heridos. Un evento que produjo una conmoción en toda la comunidad pemona y trascendió hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional en Caracas.
Que los indígenas pemones, habitantes ancestrales de las tierras donde fue demarcado Canaima, son los que están sacando oro de los ríos y terrenos a cielo abierto es una realidad que muchos prefieren dejar correr. Los que se han atrevido, resultan ignorados o atacados. Tal fue el caso de la periodista especializada en turismo Valentina Quintero, cuya denuncia sobre la explotación del Campo Carrao en noviembre de 2018 le valió que el Consejo de Caciques Generales, instancia política indígena creada a raíz del auge minero, la declarara "persona non grata".
En una reunión celebrada 4 de junio de 2019, los ministros de Desarrollo Minero Ecológico y de Pueblos Indígenas junto con 15 caciques del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde se ubica Canaima, reiteraron que el gobierno protegerá a los parques nacionales de la actividad minera destacando el objetivo del Arco Minero del Orinoco, el megaproyecto de minería que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio nacional. Pero no asomaron que los indígenas también la practican.
Runrunes comprobó in situ que no sólo se practica minería en los linderos de Canaima: también dentro del parque hay balsas dragando oro y una mina a cielo abierto, Campo Carrao, a tan sólo 23 kilómetros del Auyantepui, donde nace el Salto Ángel o Kerepacupai Vena (su nombre en lengua pemón), la única caída de agua de 1.000 metros, la más alta del planeta.
Un oro extraído de las aguas y suelos del mismísimo paraíso que no solo es canjeado como moneda común dentro del parque, sino que también sería traficado fuera del país como parte de una red de contrabando. En agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, dictó una orden de captura contra un empresario turístico, propietario de posadas de la región, por transportar en las avionetas de su empresa toneladas de metal rumbo a las islas del Caribe.
Este reportaje fue realizado mediante una cobertura encubierta por las riberas del río Carrao y el Auyantepui con el propósito de registrar los procedimientos de una práctica ilegal en una zona declarada Patrimonio Natural de la Humanidad no ajena al crimen organizado. Fue imperativa la protección de la identidad de los involucrados consultados.
Como parte del trabajo de campo en el Parque Nacional Canaima, se realizaron más de 20 entrevistas a biólogos, abogados ambientalistas, indígenas habitantes de las comunidades, operadores de turismo, geólogos, ingenieros de minas y periodistas. La cobertura en el sitio fue contrastada con el análisis de imágenes satelitales.
Se enviaron solicitudes de entrevista a los representantes de los ministerios de Desarrollo Minero Ecológico, Pueblos Indígenas, Ecosocialismo y Turismo con competencia en el tema de la minería ilegal en parques nacionales de Venezuela. Hasta el cierre de este esta edición, no se pudo conocer la posición oficial sobre las evidencias de la minería en Canaima.
De empresario de turismo a “oro-traficante”
Avionetas turísticas se llevan el metal precioso del paraíso
La evidencia de cómo se está traficando el oro de Canaima la ventiló el propio gobierno de Nicolás Maduro. El 16 de agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció la orden de captura y de extradición contra César Leonel Dias González, empresario de 47 años de edad vinculado a media docena de empresas turísticas en el estado Bolívar entre las que se encuentra el controversial hotel Ara Merú Lodge, que funciona dentro del parque nacional y que albergó a quienes perpetraron la “Operación Tepuy Protector” el pasado 8 de diciembre de 2018, un ataque ejecutado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un muerto y dos heridos. Todos pemones.
Para saber qué es Ara Merú Lodge, no hace falta volar hasta Canaima. El que se oferta como un hotel cinco estrellas "en medio de la selva" se exhibe en gigantografías a lo largo de la autopista Francisco Fajardo que atraviesa Caracas. También, sus comerciales saturan los circuitos radiales en un país de economía postrada, donde un trabajador venezolano necesitaría ahorrar 250 salarios mínimos ($6) para pagar los 1.500 dólares promedio que cuesta un fin de semana para dos personas en el parque nacional.
No es la primera vez que Dias González ha sido vinculado con el tráfico de oro. En junio de 2018 fue incluido en la lista de la “Operación Manos de Metal”, anunciada por el exvicepresidente Tareck El Aissami para desmontar las supuestas mafias que contrabandean material aurífero en el estado Bolívar. El nombre del empresario se encontraba entre las 39 personas con orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, según dijo el fiscal Saab días después.
Un año y dos meses más tarde, Dias volvió a ser identificado por el gobierno como miembro de una red dedicada al tráfico de oro desde Venezuela hacia islas del Caribe como República Dominicana, Aruba, Curazao y Trinidad. Esta vez, se le vinculó a Michel Enrique Jerez Córdoba (piloto privado) y a Roberto Antonio Espejo Machado, etiquetado por el fiscal designado por la anc como el líder de una banda criminal, quien también es buscado por la “Operación Manos de Metal” por los delitos de robo de material estratégico y contrabando agravado.
Por el caso de comercio ilícito de oro en República Dominicana, el Ministerio Público de Venezuela solicitó el 16 de agosto pasado una orden de captura con fines de extradición contra Dias González, Espejo Camacho y otros seis venezolanos, además de ordenar la incautación de cuatro aeronaves y el bloqueo de instrumentos bancarios.
Tarek William Saab: También se determinó la vinculación de César Dias González, representante legal de Transportes Aéreos del Sur y dueña de 2 aeronaves utilizadas habitualmente por Michael Jérez y Roberto Espejo para viajar a República Dominicana a comercializar el oro
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 16, 2019
Tarek William Saab: Se estableció que Cesar Dias González realizó múltiples viajes hacia Dominica, Curazao y otras islas del Caribe, destinos considerados como parte de la ruta de contrabando de nuestro recurso aurífero
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 16, 2019
Tarek William Saab: También se solicitó orden de aprehensión contra César Dias González, Roberto Espejo y los 6 venezolanos detenidos en República Dominicana; así como prohibición de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo e inmovilización de instrumentos bancarios
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 16, 2019
Pero hasta la fecha, ese pedido de extradición no ha llegado a Santo Domingo, confirmó la Procuraduría General de República Dominicana. Entre ambos países existe un Convenio de Asistencia Mutua en Materia Penal suscrito el 31 de enero de 1997.
En Canaima, trabajadores y habitantes de la comunidad comentaron a Runrun.es que Dias González no se ha dejado ver por los predios del parque nacional desde que Saab anunció la orden de captura y extradición de los traficantes de oro. Confirman que, desde el extranjero, el empresario que suele supervisar directamente el funcionamiento de las empresas locales, se comunica con los empleados de Ara Merú Lodge y Uruyen Camp, ubicado en el valle de Kamarata, para dictar instrucciones.
Tres meses después de la denuncia de la fiscalía, surgió una nueva pista sobre su paradero: el 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aprobó la solicitud de extradición ante el Reino de España de Dias González, quien fuera detenido en Madrid el 17 de septiembre pasado por solicitud del gobierno venezolano, un hecho desconocido para la Embajada española en Caracas. El empresario habría escapado de República Dominicana, donde las autoridades detuvieron a tres de sus socios (Jonathan Luciano del Valle Mata Figueroa, Esthela Gómez de Rodríguez y Claudio Alejandro Di Génova Fistarol) cuando pretendían viajar desde la isla caribeña hasta Barcelona, estado Anzoátegui (al noreste venezolano), en un avión privado con $1.378.000 en efectivo producto de la venta de oro.
En Canaima son unánimes las impresiones que se recogen sobre Ara Merú Lodge, cuyo despliegue de proporciones y servicios contrastan con las instalaciones y el diseño de otros campamentos que se compenetran con el paradisíaco entorno natural. Sonrisas ladeadas o cejas levantadas aparecen ante la pregunta de quién está detrás de esta edificación levantada en tiempo récord, sin estudios de impacto ambiental conocidos ni autorización del Instituto Nacional de Parques, Inparques, adscrito al llamado Ministerio de Ecosocialismo.
También es todo un misterio el origen de su promotor. Poco se sabe de la trayectoria gerencial de César Dias antes de convertirse en el pujante empresario de turismo que inauguró Ara Merú Lodge en 2017. Aterrizó literalmente al sur del estado Bolívar para abrir empresas en un área natural protegida, para lo que se requiere la permiso de Inparques y la alianza con al menos un representante del pueblo pemón, que habita en Canaima desde tiempos ancestrales.
Tampoco se conoce el origen del capital de este emprendedor de 47 años, quien está registrado en el centro electoral Beatriz de Rodríguez en Ortiz, estado Guárico, el mismo donde vota Michael Enrique Jeréz Córdoba, otro de sus supuestos socios en la red de contrabando de oro que ventiló el Ministerio Público venezolano.
Runrun.es intentó comunicarse con César Dias para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.
El hotel y "sus maravillas"
Cuando se pregunta en los alrededores de la Laguna de Canaima quién es el dueño de Ara Merú Lodge, la respuesta es inequívoca: César Dias. Al empresario (cuyo apellido ha sido escrito en la prensa como Díaz, con la letra zeta) también se le adjudica la propiedad de otras empresas: Uruyen Camp (valle de Kamarata, Canaima); Campamento Waká Vená (frente al Salto Hacha en Canaima, aún en construcción); Hotel Gran Sabana (Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil) y Posada Mediterránea (en el Archipiélago Los Roques). No sólo en Caracas: sus enormes vallas publicitarias dominan los muros externos del aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y sus anuncios suenan con insistencia en las emisoras comerciales de esa misma entidad.
2) G L A M P I N G | en menos de dos años este señor se apropió y construyó estos hoteles y campamentos en Parques Nacionales: En Canaima Ara Meru, Hotel Gran Sabana y Uruyen Camp. En Los Roques, La Posada Mediterráneo. Quién lava dinero a través de este testaferro? pic.twitter.com/lSIo9M9sqX
— Ricardo Delgado PEMON (@ThinKarawak) August 16, 2019
En la única empresa donde aparece propietario de 80% de las acciones es Transporte Aéreo del Sur, Transur C.A, firma por la cual el Ministerio Público enlaza a Dias como partícipe de la red de contrabando de oro.
Con la excepción de Transur C.A, Dias no aparece como dueño de esas cuatro empresas en los expedientes mercantiles tanto de Bolívar como de Caracas. Pero hay elementos que las vinculan. Por ejemplo, Joseph Rodríguez Sousa, presidente de Transur, es a la vez accionista de Uruyen Camp, creada en 2018. Tanto José Luis Hernández Santana como Claudio Alberto Monasterios González son socios de Posada Turística Ara Merú Lodge C.A y al mismo tiempo del Hotel Gran Sabana. Monasterios González es presidente de Paca Trading, una sociedad panameña en cuyo directorio también figuran José Alberto Monasterios y María Concepción González Gómez, quien es una de las propietarias de Inversiones CLD 2012 C.A (empresa con 60% de las acciones de Ara Merú Lodge) y al mismo tiempo directora de CD Holdings, firma domiciliada en Panamá de la cual César Leonel Dias González es presidente y director.
Por su parte, Fernando Tarazona, quien funge de vicepresidente de Transur C.A, es identificado por la prensa como propietario de Ara Merú Lodge C.A.
A Dias González también le adjudican la propiedad de la Posada Mediterráneo en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Abierta en 2009, ha recibido a distinguidos huéspedes como el jugador de la Vinotinto, Tomás Rincón, quien celebró su matrimonio en sus instalaciones. Hoy la gerencia su hermana Alejandra Dias Dávila, que asistió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de España en 2018 para promover las empresas de su hermano en el stand de Venezuela en el Institución Ferial de Madrid (Ifema).
Dias Dávila, quien también es cara pública de Ara Merú Lodge, describe a su hermano mayor como “un soñador, emprendedor y curioso”. En una entrevista de la revista Etiqueta del 13 de agosto de 2017, que identifica a César Dias como dueño del hotel cinco estrellas, Alejandra afirma que "todo inició con un sueño de su hermano, César, que se enamoró del Parque Nacional Canaima cuando lo visitó por primera vez". En carnavales de 2017 lo estrenaron comercialmente y en enero de 2018 abrió al público .
Actas Constitutivas de Ara ... by runrunesweb on Scribd
Ara Meru Lodge fue presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2016, celebrada en la isla de Margarita en noviembre de ese año de la mano del Grupo Maloka, según reporta la cuenta Instagram de Posada Mediterráneo de Los Roques.
Las compras previas a la apertura de Ara Merú Lodge hablan de la magnitud de la obra. Sólo en mayo de 2016, la empresa importó 6,8 toneladas de mercancía, equivalentes a 75.853 dólares, distribuidos en muebles ($33.165), maquinaria ($20.748), alfombras, vidrio y manufacturas ($16.523), según la base de datos de comercio internacional Importgenius.
Como piedras bajo el río
La gestación de Ara Merú Lodge comenzó mucho antes de su presentación formal en la Fitven de 2016. Fue inscrita en el registro mercantil el 3 de julio de 2013, cuatro meses después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia y pocos meses antes de que se formalizaran las denuncias sobre la minería en Canaima.
El expediente mercantil de la Posada Turística Ara Meru Lodge C.A es uno de los documentos más vigilados del Registro Mercantil II del estado Bolívar, ubicado en su capital, Ciudad Bolívar. Contrario a la accesibilidad y libre consulta de sus archivos como establece la Ley de Registros y del Notariado, la carpeta con los papeles originarios de esta firma en particular son celosamente guardados. Los funcionarios afirmaron que "había desaparecido" tras la interrupción del sistema de consulta que se extendió varias semanas de octubre.
De ese documento se desprende que la empresa fue registrada con un capital de Bs. 2 millones, equivalentes a 198.020 dólares americanos, de acuerdo con el cambio oficial de julio de 2013 (tasa del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, SICAD).
Su composición accionaria es peculiar. La mayoría de las acciones (60%) pertenece a Inversiones CLD 2012 CA, registrada en Los Teques, a unos 1.100 kilómetros de distancia del Parque Nacional Canaima, donde se encuentra la sede de Ara Merú Lodge. El dueño de esta firma (que lleva las iniciales de Cesar Leonel Dias) es Claudio Alberto Monasterios González, quien a su vez es propietario de 51% de las acciones del Hotel Gran Sabana y también vota en el mismo centro electoral que Dias González.
El segundo socio mayoritario de Ara Merú es José Luis Hernández Santana, dueño de 9% de las acciones de Hotel Gran Sabana, ubicado en la frontera con Brasil. También posee la empresa Orinoco Airlines en Hialeah, estado de Florida, Estados Unidos.
El resto de las acciones de Ara Merú Lodge se distribuyen de la siguiente manera: Rosmary Eugenia Sulbarán Sulbarán y Darío Ramón González (ambos indígenas pemones) con 10% de las acciones respectivamente, mientras que Charlie Alexander Rivas Manrique (también pemón) tiene en su haber 5% de las acciones.
Avionetas doradas
En cuestión de seis años, Dias González ha armado una red de empresas no solo en diferentes ciudades de Venezuela sino también en Estados Unidos, Panamá y Colombia cuyo objeto social es diverso: desde materiales de la construcción, mantenimiento de vehículos hasta servicios turísticos.
En su denuncia de agosto, Saab no sólo dijo que los involucrados son representantes legales de múltiples empresas relacionadas entre sí en todo el país, que son usadas como fachadas para legitimar los capitales obtenidos de los actos ilícitos. También apuntó directo a la empresa de Dias González que lo liga a la red delictiva: Transporte Aéreo del Sur, propietaria de las avionetas utilizadas para realizar los trámites ilícitos. Con ellas habría realizado múltiples viajes a República Dominicana, Curazao, Aruba y Trinidad, islas que forman parte de la ruta de contrabando de oro.
Las avionetas de Transur llevan el logo de Ara Merú Lodge estampado en la parte delantera del fuselaje y es común verlas en las pistas de los aeropuertos de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, desde donde suelen despegar los vuelos que llevan turistas hasta Canaima. Sin embargo, en los últimos meses, el destino de estas aeronaves cambió. Un operador turístico confirmó que las avionetas Cessna 206, como las de la flota de la aerolínea, habían dejado de cubrir las rutas turísticas para dedicarse a llevar alimentos, máquinas e implementos hacia las zonas mineras.
De acuerdo con el expediente mercantil de la compañía, Dias González es el propietario de 80% de las acciones de Transur, aunque no aparezca en la junta directiva de la misma. En su lugar están Joseph Rodríguez Sousa, como presidente y Fernando Eduardo Tarazona Prada, en la silla de vicepresidente. Los tres conformaron la empresa en Caracas en enero de 2019, con sede en la Torre América de la avenida Venezuela de Bello Monte, municipio Baruta. En marzo pasado cambiaron la ubicación al Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, en cuya pista se pueden ver las avionetas.
El documento de Transur señala que la empresa está encargada de la “reparación, instalación, mantenimiento, implantación e instalación de todo lo relacionado a aeronaves, aviones, importación y venta de repuestos aeronáuticos, así como cualquier otro relacionado a esta área, incluyendo cualquier tipo de transporte, entre ellos, transporte de carga, transporte de pasajeros, correo, transporte ejecutivo, nacional e internacional, afiliarse a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA)”. También, tiene a su cargo “comercializar, importar, exportar, comprar, vender, cualquier tipo de materiales, suministros, materias primas, equipos, productos y maquinarias relacionadas al área. Del igual manera la compañía (podrá) asociarse a otras empresas nacionales o extranjeras para realizar cualquier tipo de actividad de lícito comercio”.
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El capital con el que se constituyó la aerolínea fue de Bs. 17.054.370 (equivalentes a $5.175, según el cambio del día registrado por el Banco Central de Venezuela). Lo más costoso de su inventario son nueve computadoras, dos aires acondicionados y dos carros Kawasaki Mule. No hay aeronaves dentro de los bienes registrados en el documento. Una avioneta Cessna 206 usada, como las que integran la flota de Transur, cuesta alrededor de 200 mil dólares en el mercado internacional.
Transur sucedió a la empresa Corporación Aérea del Sur (Corasur), envuelta en el accidente de una avioneta que se estrelló contra el Auyantepui en septiembre de 2018, en el cual perdieron la vida cuatro pasajeros (dos niños y dos adultos), todos miembros de una familia y el piloto Ángel Larrode, quien había sido suspendido por el Instituto Nacional de Aeronáutica (Inac) por falsificar horas de vuelo para obtener una habilitación adicional, según El Cooperante.
La avioneta siniestrada formaba parte de la flota de Corasur, que fue certificada como empresa de taxi aéreo por el Inac de forma express a comienzos de 2018. Su propietario, Fernando Tarazona, “dueño de Ara Merú Lodge” según identifica la prensa, habría invertido unos tres millones de dólares en las instalaciones de la compañía en el aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar en Puerto Ordaz, de acuerdo a fuentes regionales .
La misma página Facebook de Transur, creada el 26 de marzo de 2018, da cuenta del cambio de nombre: de Corporación Aérea del Sur pasó a llamarse Transporte Aéreo del Sur.
Otros turismos
César Dias también tiene una empresa registrada en Colombia, específicamente en Cúcuta: Inversiones Servifrontera SAS, creada el 24 de agosto de 2015 cuya matrícula está inactiva en la actualidad según el expediente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Dias González funge de gerente general de esta firma que tiene entre sus funciones “mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio de partes, autopartes y accesorios para vehículos automotores y comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos”. Nada relacionado con turismo.
Una de las últimas operaciones financieras hechas por Dias González fue la apertura de una compañía en Panamá llamada CD Holdings S.A, el 24 de junio de 2019. De acuerdo con la web Open Corporates, el empresario ocupa allí los cargos de director, presidente, tesorero, apoderado y suscriptor. Solo tres nombres más integran la sociedad: el de José Alberto Monasterios (secretario, director y suscriptor), el de María Concepción González Gómez (directora) y el de Tamara Michelle Vélez Herrera (agente).
Monasterios y González Gómez, accionistas de Ara Merú, también son socios en Paca Trading S.A., otra sociedad panameña creada en diciembre de 2017.
El directorio Open Corporates también arrojó que Dias González había registrado otra empresa en Sunrise, en Florida de Estados Unidos, en noviembre de 2016: Unimark LLC, actualmente inactiva.
A juzgar por lo que declaró Saab en ocasión de la denuncia del 16 de agosto, el gobierno de Maduro está claro de lo que significa el tráfico de oro. Si bien Saab no mencionó a Canaima, sí resaltó los estragos de la explotación y comercio ilícito. Lo calificó como actividad criminal de altísima gravedad, que daña la economía del país y busca destruirla "a nivel inimaginable. Aseveró que "es comparable a los peores delitos, crímenes de lesa humanidad y tráfico de drogas. Está controlado por mafiosos que disfrazan su actividad ilícita mediante empresas de maletín. Un flagelo que hace daño al pueblo de Venezuela.
Pero todas estas acciones del gobierno de Maduro para combatir el tráfico de oro en el fondo no persiguen aplicar justicia, conservar el ambiente ni erradicar la minería del parque nacional, considera el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, consecuente crítico de la gestión minera y su correspondiente violación de derechos humanos en el estado Bolívar.
“Quizás detrás de este empresario de Canaima, ahora acusado de contrabando de oro, estaba algún operador como el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez o el actual Justo Noguera Pietri, grupos de poder que pretenden desplazar a otros para controlar el negocio minero. Sigue el patrón de la operación Manos de Metal ejecutada en 2018. No hay reglas en el mercado del crimen”.
La sangre y el tepui
Un ataque militar se fraguó
presuntamente en una posada de lujo
"Allí fue donde se planeó todo”, dice un guía turístico pemón al recordar el día que, por primera vez, en Canaima se sintió el olor corrosivo de las bombas lacrimógenas y el sonido de las ráfagas de disparos. El lugar al que se refiere es un campamento, el único que según los pobladores fue construido en un tiempo récord de dos años y es descrito por las reseñas de viaje como el más moderno y lujoso de la zona: Ara Merú Lodge. Fue allí donde se alojaron los 20 oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que el 8 de diciembre de 2018 incursionaron en la zona minera del parque nacional, mataron a tiros a un pemón e hirieron a otros dos. De allí salió la “Operación Tepuy Protector”.
A diferencia del resto, Ara Merú Lodge es la única posada en Kanaimö –la capital del Sector 2 del territorio pemón- cercada por arbustos y con una sola entrada, lo que le da un ambiente de mayor privacidad con respecto a las demás. Para ingresar hay que atravesar un arco de piedra cubierto por una cortina de agua que intenta recrear las cascadas cercanas. En su interior tiene lo que otras no: piscina, gimnasio y una “réplica” del Salto Ángel hecha de cemento.
El porqué se hospedaron en Ara Merú siempre ha sido destacado por quienes viven en Kanaimö y Kamarata. Aseguran que es allí donde suelen quedarse los militares cuando van de paseo a uno de los destinos turísticos más costosos de Venezuela (alrededor de 600$ por persona), uno a donde solo llega una mínima porción de la población en un país donde más de 45% de los habitantes come menos de tres veces al día, según estimaciones de encuestadoras como Delphos y Consultores 21.
Pero hay otro dato que nadie comenta. El propietario de Ara Merú es César Leonel Dias González, solicitado por la justicia venezolana desde junio de 2018, cuando el gobierno publicó un listado de personas vinculadas al tráfico de oro. Desde agosto de 2016 se sabe que ese nexo parte de su actividad con otra empresa: Transporte Aéreo del Sur (Transur), a través de la cual se trasladó el mineral dorado a países como República Dominicana, Curazao y Aruba, según el Ministerio Público.
Un día antes de aquella incursión militar que atacó a los indígenas mineros, el 7 de diciembre en horas de la tarde, arribaron los funcionarios de la DGCIM a Kanaimö, se registraron con identidades falsas y se hicieron pasar por viajeros. El armamento ingresó escondido a las instalaciones de Corpoelec. A orillas de la Laguna de Canaima, contaron testigos, los DGCIM celebraron su supuesta estancia vacacional con vasos de whisky. Al amanecer, 18 de ellos partieron a una expedición en dos curiaras junto a un grupo de pemones que fungieron como guías turísticos y conductores de las embarcaciones. La idea era arribar al Kerepakupai Vená, mejor conocido como el Salto Ángel, pero eso no fue lo que pasó.
En el camino, antes de tomar rumbo hacia el río Churún que llega hasta la enorme cascada, los militares encubiertos tomaron el control de las curiaras que los transportaban y su tripulación. “Secuestraron a los muchachos para que los llevaran a la zona minera. Estaban armados hasta los dientes (...) tienen armamento de largo alcance”, relata Gregorio Rivas, el propietario del campamento Morichal de Canaima, en el audio subido a la cuenta de Instagram @CanaimaSeRespeta.
Arenal en llamas
Una veintena de disparos se escucha en poco más de un minuto de video y todos sus ecos resuenan en medio de la selva. El lente intenta apuntar hacia el frente, al oscuro y caudaloso río Carrao, dentro de Canaima, por donde navega en curiara el hombre que sostiene el teléfono con el que graba. De fondo, el permanente ruido de un motor se mezcla con el golpe de la brisa sobre el micrófono. “Dale, dale”, grita uno de los tripulantes, mientras que la chaqueta negra de uno de los hombres a bordo se infla con el aire. Segundos después, solo se ven las paredes rugosas y húmedas de la embarcación de madera. En medio de las detonaciones, levantar la cabeza no es seguro. Así inicia una de las grabaciones de la “Operación Tepuy Protector”.
En ese momento, sin embargo, todo es confusión. Se dan órdenes y se pide cautela. “Levante las manos, levante las manos”, repite un hombre que parece estar dentro de la larga canoa. “Ya va, ya va… Cuidado, cuidado”, dice otra de las voces mientras los balazos arrecian. La embarcación se ha detenido, el motor no se oye.
Finalmente, la cámara enfoca lo que sucede: la curiara atraca al lado de una balsa minera. Allí están los pemones que se dedican a extraer el oro de las arenas del fondo del río. Las ráfagas de tiros no cesan. Todos están en chancletas, bermudas y camisetas sin mangas. La vestimenta de los indígenas es la misma que portan quienes explotan el metal dorado en el territorio del Arco Minero del Orinoco. Así se les ve hoy cuando surcan el Carrao a toda velocidad para ir a las balsas o a las minas de Canaima.
La leyenda del video dice que ese fue el momento en el que los mineros pemones se enfrentaron a los “criollos”, como llaman a los no indígenas, que habían llegado con armas largas, por aire y río a la zona de Arenal, para sacar de allí a quienes extraían oro en el cinturón fluvial del Auyantepui, la montaña donde está el Kerepakupai Vená. Varios pemones, aseguraron fuentes consultadas, tenían consigo escopetas y flechas. Sin embargo, los únicos heridos de bala fueron los indígenas. Uno de ellos fue Charly Peñaloza, de 21 años, quien murió por un tiro. A su hermano Carlos Peñaloza, de 25, y a César Sandoval también les dieron varios balazos.
Arenal es un sector del río Carrao que sesenta años atrás era una zona minera y dejó de serlo cuando Canaima fue declarado Parque Nacional y el turismo se convirtió en la actividad económica por excelencia de todo el municipio Gran Sabana. Hoy, en medio de la debacle económica y social que azota a Venezuela, Arenal ha vuelto a sus orígenes. En sus orillas, frente al Wey Tepuy (Tepuy del Sol), atracan las balsas mineras con mangueras que dragan la arena del río y forman los bancos de sedimentos que sobresalen en el agua y son esquivados por quienes navegan. En el campamento turístico del área, hoy guindan las hamacas de los extractivistas y no de los viajeros. De noche, el zumbido de las motobombas quiebra el concierto de ranas, sapos, pájaros e insectos que empiezan su rutina cuando cae el sol. Los indígenas buscan el metal precioso en el Carrao.
Cuando los DGCIM llegaron a Arenal, ocurría el cambio de turno de los mineros, relata Carlos Somera, representante de la Comisión de Enlace Interinstitucional del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón y quien encabezó la investigación de los hechos. Se acababan de ir los indígenas que habían dragado arena durante la noche para dar paso a quienes lo harían en la mañana. En ese momento, los funcionarios abordaron varias balsas y, con sus armas, ordenaron a los mineros pemones que se retiraran del sitio porque habían empezado un operativo. Pero entonces, los indígenas reaccionaron.
“Nuestros hermanos los enfrentaron verbalmente”, explica Somera, quien insiste en que ninguno de los pemones tenía armas de fuego. Dice que empezaron a exigirles explicaciones a los efectivos para evitar que dañaran alguna balsa. Poco a poco se acercaron, pero lo que recibieron a cambio fue una lluvia de balas que hirió a tres en sus piernas.
En ese instante, los pemones hicieron una jugada que los uniformados no esperaban. Varios se metieron al río Carrao, sorprendieron por detrás de una balsa a dos funcionarios y los lanzaron al agua.
Según Somera, uno de los DGCIM caídos casi se ahoga, mientras que a otro lo inmovilizaron cuando le quitaron su cuchillo y se lo apuntaron al cuello. Al final, los pemones doblegaron a los militares tras tomar como rehenes a varios de los que actuaban en el operativo. En medio de la situación, la mayoría de los efectivos huyó a través de un riachuelo cercano. Los indígenas los persiguieron, pero no los alcanzaron. Presumen que los rescataron más tarde por vía aérea.
Hay pemones que relatan que este procedimiento fue mucho más violento. “Ellos (los DGCIM) llegaron hasta aquí en una curiara y ahí, del otro lado, donde está la laja, estaba un helicóptero de Cadafe (la antigua compañía eléctrica de la región) que le disparó a mis hermanos”, contó un pemón mientras señalaba la formación rocosa que sobresale en los márgenes del río y que sirvió aquella mañana de helipuerto improvisado. Muestra también que justo al frente de esta, sus “paisanos” –entre ellos mujeres y niños- corrieron para resguardarse selva adentro.
El testimonio grabado de Carlos Peñaloza, uno de los heridos, coincide con esta última versión y reconstruye parte de lo que se vivió en Arenal. Recostado en una cama clínica, describió en lengua pemón lo sucedido un día después de que lo balearan:
"Eran entre 14 y 20 tipos. A mi hermano y a mí nos dispararon porque nos acercamos confiados. Después de eso, mis otros paisanos (indígenas pemones) se molestaron y los rebeldes llamaron a un helicóptero y los paisanos obligaron a los rebeldes bajar el helicóptero con una condición", relata.
He aquí el testimonio de Carlos Peñaloza,pemon sobreviviente al ataque del DGCIM donde desmiente la presencia de otros armados que no sean los funcionarios del Régimen,capitaneados por Alexander Granko (DGCIM)el mismo que asesinó a Óscar Perez.(idioma pemon)traducción en el hilo. pic.twitter.com/8jFcBA7X0U
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) December 9, 2018
Esa condición era la de liberar a los funcionarios detenidos por los indígenas en Arenal. Peñaloza llama “rebeldes” a la DGCIM porque durante las primeras horas, los pemones pensaron que el ataque lo habían perpetrado las mafias que suelen estar detrás del negocio del oro venezolano: bandas armadas o guerrilla.
El helicóptero mencionado pasó también por Campo Carrao, la mina a cielo abierto que está a pocos kilómetros de la desembocadura del río Akanán, en el norte del Auyantepui, y a donde llegan a toda velocidad las curiaras cargadas de indígenas extractivistas. Allí aterrizaron y dinamitaron la pista de aterrizaje, pero fueron detenidos por los pemones mineros que trabajaban a esa hora.
Mientras la balacera sucedía, en Kanaimö había comenzado la misa en la pequeña capilla de piedra y cemento que celebraba a la Inmaculada Concepción, patrona de todo el pueblo. Era 8 de diciembre y toda la comunidad estaba congregada en torno a la iglesia. Cuando el coro entonaba los cánticos marianos, la ceremonia se truncó. Al puerto llegaron los pemones heridos de bala desde la zona minera. Charly Peñaloza moriría horas después, luego de ser trasladado a Puerto Ordaz. Eran las 8:00 de la mañana.
En horas de la tarde, los funcionarios volvieron para buscar a los mineros que habían escapado y lanzaron lacrimógenas a la comunidad. Los pobladores grabaron videos para denunciarlos y los subieron a las redes. Pese a que se habían viralizado, los líderes indígenas incautaron todas las evidencias. Hoy, están en poder de Domingo Castro, cacique general del Sector II, quien se niega a comentar el incidente.
“Ese es un tema que en nuestra comunidad hemos tratado de subsanar, no recordarlo. Considero que tocar ese tema nuevamente no es prudente. Es un tema muy mediático y personalmente he tratado de que ese momento doloroso que vivimos como comunidad en un momento, el miedo que sintieron mis hermanos, quede como un episodio de sangre en nuestra historia, momento que no debe volver a ocurrir y por eso más que nunca estamos trabajando. Es todo lo que puedo decir respecto a ese tema”, respondió a Runrun.es vía Whatsapp.
Somera asegura que los funcionarios habían elegido la fecha de la patrona porque pensaban que todos los pemones acudirían a la celebración mariana ese día y que en las balsas solo quedarían mineros brasileños, que eran supuestamente el objetivo de la misión. Pero al llegar, solamente encontraron a los indígenas. Todavía hoy, en las balsas, los “criollos” parecen no tener cabida.
La historia que se difundió en los medios de comunicación digitales venezolanos tras el ataque fue otra. Aunque posteriormente señalaron que los funcionarios entraron al territorio de forma violenta y dispararon contra los aborígenes, los primeros titulares apuntaron a un enfrentamiento ocurrido entre pemones y la DGCIM en Canaima, con la muerte de un indígena como resultado.
Esa versión fue respaldada el 11 de diciembre de 2018 por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López quien, acompañado por el comandante general del Ejército, Remigio Ceballos Ichaso, por fin habló en público del ataque militar en el parque nacional. Ratificó que la operación era parte del plan “Tepuy protector”, con el que el gobierno pretendía acabar con la minería en el parque nacional.
“Hubo un enfrentamiento, hubo armas, hicieron armas contra esta comisión (...) y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento en ese sector, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón”, explicó Padrino López ante cámaras sin mencionar que las víctimas eran pemones. Luego comentó que los funcionarios de la DGCIM fueron evacuados del sitio, aunque para ese momento todavía tres de ellos seguían en poder de los indígenas. También afirmó que los lesionados fueron llevados rápidamente a un hospital de Ciudad Bolívar, capital del estado, pese a que según el diputado Américo De Grazia, fueron “ruleteados” por otros centros asistenciales antes de ser trasladados al sitio.
En esa misma alocución, el ministro aseveró que durante la acción se destruyeron varias balsas mineras y apuntó que “mafias internacionales” y con poder económico buscaban poner a los indígenas en contra del gobierno.
La declaración consiguió respuesta inmediata de los indígenas de Canaima quienes, a través de un comunicado refrendado por el Consejo de Caciques Generales, desmintieron el enfrentamiento del que habló Padrino López y cuestionaron que haya dado la cara cuatro días después de los hechos. Le llamaron cobarde, colonizador, ladrón, cínico, mentiroso, ignorante, charlatán y asesino.
“Usted hace un llamado al diálogo y justifica que su operación está basada en la Constitución. ¿Asesinar a un indígena en una operación militar no es violar la Constitución? ¿La operación militar es diálogo? (...) ¿Quién maltrató a los indígenas y se llevó sus pertenencias? (...) Renuncie, que le queda muy grande la Fuerza Armada Bolivariana, que es protectora de su pueblo, no su verdugo o asesino”, pronunció Lucy Rossy, secretaria del Consejo, al leer la carta en una grabación de video que se viralizó.
Jurisdicción pemón
Ya durante las primeras horas, los indígenas habían tomado acciones para repudiar el ataque. El Consejo de Caciques declaró luto en todo el municipio Gran Sabana por una semana, suspendió las elecciones de concejales en su jurisdicción –comicios que estaban pautados para el 9 de diciembre en toda Venezuela–, convocó a paro indefinido en todas las comunidades de la zona y cerró puertos, aeropuertos y carreteras. Además, responsabilizó al Estado por todo lo sucedido, exigió el esclarecimiento de la muerte de Peñaloza y del porqué efectivos militares lo trasladaron de una clínica privada a un hospital público.
Mientras hacían esa declaración, los pemones interrogaban a los presuntos implicados: los dos funcionarios de la DGCIM que fueron atrapados en Campo Carrao y uno más que la GNB tenía en su custodia en Kanaimö. Para ese momento, no sabían que se trataba de militares encubiertos, sino que pensaban que se trataba de guerrilleros o paramilitares.
La decisión de interrogarlos se apoyó en la aplicación de la jurisdicción especial indígena, figura contemplada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que otorga a estas el poder de solucionar de forma autónoma los conflictos que se generen dentro de su territorio.
La jurisdicción especial indígena se activó el 10 de diciembre, dos días después de los sucesos de Arenal. Así lo estableció el “Informe Preliminar del Consejo General de Caciques Generales del Pueblo Pemón sobre incursión armada en Canaima”, que declaró la apertura del caso con el relato de los testigos presenciales, la integración de una comisión que verificaría los hechos in situ y los allanamientos a Ara Merú Lodge (donde se hospedaron los militares) y Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en cuyo helipuerto aterrizaron las aeronaves que trasladaron a los agentes. Además, los pemones decidieron revocarle la custodia del sospechoso a la GNB para interpelarlo, y detener a dos trabajadores de la industria eléctrica identificados como Édgar Velásquez y Luis Malpica. Todo el acto sería procesado y sentenciado por los indígenas y así se notificó a la Defensoría del Pueblo.
Al día siguiente apareció otro comunicado en el que se comenzaron a establecer culpabilidades. El Consejo de Caciques responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la “operación encubierta tipo militar” que perseguía “inutilizar equipos mineros en el río Carrao” y dejó un muerto y dos heridos “con armas de la república”.
También se señaló a varios funcionarios de la DGCIM como los planificadores del operativo, entre ellos al director del cuerpo, general Iván Hernández Dala; al mayor Alexander Granko Arteaga, comandante de la Unidad de Asuntos Especiales; y al mayor Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la DGCIM; todos sancionados por EE UU a raíz de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, presuntamente asesinado en junio pasado luego de haber sido torturado mientras estaba detenido, según sus familiares y abogados. Los uniformados, de acuerdo con el comunicado, urdieron la acción junto a “21 efectivos de tropa y oficiales expertos en explosivos” y con la complicidad del ministro de Energía Eléctrica de entonces, Luis Motta Domínguez, quien facilitó el uso de aeronaves y la sede de Corpoelec en Kanaimö, así como la GNB.
La jurisdicción especial indígena también les ha permitido a los pemones tomar medidas con respecto a cada “criollo” que entra a Canaima. En el aeropuerto, la revisión completa del equipaje es ahora obligatoria a cualquier persona que ingresa al parque. La desconfianza de los locales evita que se refieran a lo sucedido en el sector Arenal y los paseos turísticos por el río Carrao, en los tramos que incluyen las zonas de balsas para la explotación de oro, deben ser aprobados por los mineros que hacen vida allí. Así lo reclaman a los guías cuando hacen excursiones por el área. La incursión militar en Canaima creó resentimientos y rivalidades. El “Tepuy protector” provocó precisamente un efecto contrario al que pregona su nombre: logró que los aborígenes se sintieran tan vulnerables como recelosos de su territorio.
Aunque el revuelo de lo sucedido en Canaima fue conocido y reseñado por la prensa nacional, solo dos comunidades indígenas pemón fuera del Sector 2 salieron a condenar lo que había acontecido: una de estas fue Urimán, en donde se practica abiertamente la minería desde hace décadas. Allí, uno de sus miembros reafirmó que no cederían ni un metro de sus tierras.
La otra fue la comunidad de Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní), donde el ex alcalde de la Gran Sabana, Ricardo Delgado, grabó un video para expresar su apoyo a sus paisanos en Kanaimö. “(Estas) son acciones claras que hace el gobierno para corrernos a nosotros de las zonas mineras”, aseguró la noche del 8 de diciembre. Diez días más tarde, el ex funcionario entregó en Pacaraima, Brasil, un documento que denunciaba la operación militar y sus consecuencias ante el campamento humanitario de ACNUR instalado en la ciudad para atender a los migrantes venezolanos. Kumarakapay fue, por cierto, el escenario de la tragedia del 22 de febrero de 2019, cuando militares del Ejército arremetieron con armas largas contra los indígenas que manifestaban su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria comandado por el líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Ese día, el olor de lacrimógenas volvió a sentirse en la tierra de los tepuyes. Cuatro pemones murieron baleados.
En el documento, explican que su acudida a instancias internacionales (en este caso ACNUR servirá de enlace ante la ONU) se debe a la ausencia del Estado de Derecho en #Venezuela. pic.twitter.com/ZommCARqGX
— Dr. Jekyll & Mr. Hyde (@DrJ_y_MrH) December 18, 2018
Un plan silente
Meses antes de la incursión armada, el gobierno se había reunido varias veces con el Consejo de Capitanes para hablar sobre la minería en Canaima y los planes que debían ponerse en marcha a fin de procurar que los indígenas mineros abandonaran la actividad ilegal.
Aunque las denuncias sobre la minería en el parque nacional se remontan a 2011, cuando se registraron los primeros movimientos de tierra y máquinas fue en 2018, momento en el que varias organizaciones comenzaron a hacer ruido sobre el ecocidio que ocurría en un territorio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad: en julio, la organización SOS Orinoco publicó un extenso informe sobre la actividad. Amnistía Internacional se pronunció en contra de las acusaciones que el General de Brigada Roberto González Cárdenas profirió contra la activista pemón Lisa Henrito, a quien señaló de encabezar un movimiento secesionista en el sur venezolano, cuando su labor había sido denunciar la minería ilegal en Bolívar.
A 49kms del Parque Nacional #Canaima Patrimonio de la Humanidad @unescowhc, mineros ilegales devastan el Rio Supamo con #Mercurio, #cianuro y otros contaminantes, mientras #FANB y @CAMIMPEG_FANB se benefician y son cómplices de la destrucción. https://t.co/FXgGjkxHyQ #SOSOrinoco pic.twitter.com/1kHjFDAnlF
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) March 4, 2018
El primero de estos encuentros se llevó a cabo el 5 de octubre, cuando varias autoridades gubernamentales hablaron sobre la minería ilegal con los indígenas. De acuerdo con varias publicaciones de cuentas oficiales en Twitter, la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos Ichaso; y los ministros de Cultura, Ernesto Villegas Poljak; Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; Ecosocialismo (antiguo Ambiente), Heryck Rangel; y Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, mantuvieron diálogos con los caciques sobre la protección del parque. “Integrar el vencer”, decía el mensaje en redes sociales del Ceofanb que daba cuenta de la cita.
En Parque Nac Canaima, Cmdte @ceofanb AJ @CeballosIchaso, Min @VillegasPoljak, Min @AlohaNueez y Min @vcano75 se reúnen con representantes de Etnia Pemon, para temas inherentes a la protección del Parque Nac y acciones para atacar la minería ilegal. “Integrar es vencer” pic.twitter.com/lCpmMAssra
— CEOFANB (@ceofanb) October 6, 2018
Sin embargo, una fuente que estuvo presente en la reunión señaló que la propuesta del tren ministerial fue dotar a los pemones de equipos para continuar con la explotación del oro. O, sino, impulsar el trabajo de la industria maderera en la zona, tal como se había hecho en la Sierra del Imataca, que abarca parte del norte de Bolívar y el sur de Delta Amacuro. Nunca, aseguró la fuente, hubo una intención real de detener la minería.
Al día siguiente, los pemones acudieron a un encuentro con la ministra de Turismo, Stella Lugo, quien visitó el parque nacional para inspeccionar el Campamento Venetur Canaima, donde recientemente se habían hecho remodelaciones. Desde allí, Lugo grabó una entrevista para el programa 360º, de Venezolana de Televisión (VTV), en el cual anunció que el país participaría en la World Travel Market de Londres. “Es una localidad turística única, donde nace el mundo. Un espacio donde además se evidencia la gentileza de sus habitantes, quienes con su cultura enamoran al turista”, dijo en la transmisión. Sin embargo, acerca de sus conversaciones con los pemones, no mencionó ni una palabra en público.
Una fuente afirmó que Lugo prometió la reactivación del turismo en la zona y aseguró que una de las medidas sería la apertura de una ruta aérea de Conviasa entre Puerto Ordaz y Canaima. Hasta mediados de julio de 2019, no había aterrizado el primer avión de la aerolínea estadal.
Venezuela es tierra de gracia. Desde Canaima, lugar donde nace el mundo, estuvimos inspeccionando las instalaciones del Campamento Venetur Canaima, que en los próximos días abre sus puertas para recibir a nuestros visitantes como nos los ha pedido el Pdte @NicolasMaduro pic.twitter.com/xBSCNjO4Kx
— Stella Marina Lugo Betancourt (@StellaLugoB) October 2, 2018
A esas reuniones se sumaron las protestas. El 8 de octubre, los indígenas alzaron su voz para denunciar la violación de sus territorios por parte de los mineros que llegan a explotar ilegalmente el oro del sur del estado Bolívar. Hicieron una manifestación que se mantuvo por 10 días y, aunque ocurrió lejos de Canaima (en el kilómetro 67 de la Troncal 10), clausuró la vía que atraviesa la zona minera y conecta con la Gran Sabana, que sí es parte del parque nacional, hasta llegar a Brasil. Al reclamo se sumaron 22 comunidades de distintas etnias que también exigieron el suministro de alimentos, gas doméstico, combustible y el control de los precios de los productos de primera necesidad. “Nos cobran la comida en gramas de oro y no todos somos mineros”, dijo al Correo del Caroní uno de los marchistas.
En medio de ese cierre, la periodista especializada en turismo, Valentina Quintero, publicó en redes sociales videos y fotos de la minería dentro del parque nacional. Citó a los titulares de las carteras de Ecosocialismo, Desarrollo Minero Ecológico y Turismo y los conminó a actuar frente a la depredación del ambiente. “No hay minería sin gasolina. Los militares controlan toda la gasolina en los estados fronterizos. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Saquen la minería del PNCanaima”, dijo en uno de sus tuits.
El 15 de octubre, el Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, confirmó el arranque de la operación “Tepuy Protector 2018”, una plan cívico militar para acabar con la minería en el parque nacional. La acción provocó la respuesta del Consejo de Caciques, quienes catalogaron la medida como una “emboscada política” a su organización.
Según ellos, Tepuy Protector era un “plan orquestado entre las instituciones militares y los grupos armados para opacar la lucha del pueblo pemón con la excusa de la eliminación de la minería en el Parque Nacional Canaima”. En esa misma comunicación advirtieron que el operativo debía llevarse a cabo exclusivamente en el río Carrao, donde las comunidades habían aprobado el abordaje.
A finales de ese mismo mes, el educador y ex vicepresidente de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Ismael Fernández Diez, introdujo en la Fiscalía General de la República, una denuncia en contra de la minería ilegal en el parque nacional. “Ello no solo atenta contra el V Objetivo del Plan de la Patria 2013-2019: ‘Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana’, sino que afecta a la vida de nuestros hermanos, hijos, nietos y de las próximas generaciones. De no detenerse la acción de degradación ilegal del ambiente en el Parque Nacional Canaima, otros complejos ecosistemas que ya están comprometidos en su área de influencia, podrían irremediablemente desaparecer”, señaló en el texto que incluye las coordenadas de las áreas de explotación de oro.
En ese mismo escrito, Fernández Diez exigió la apertura de una investigación “junto al Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”.
Denuncia de minería en Cana... by runrunesweb on Scribd
También afirmó que la actividad minera ilegal en el sector de la Gran Sabana era promovida y avalada por el entonces alcalde de oposición, Emilio González, quien fue destituido por el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, en abril de 2019, luego de imponer a dedo a la ex diputada chavista Nancy Ascencio. González había denunciado persecución por parte del mandatario regional desde mediados de 2018, situación que empeoró tras los ataques militares contra las comunidades indígenas que ocurrieron en la zona en febrero de 2019, cuando los pemones protestaban para pedir el ingreso de la ayuda humanitaria.
El 30 de noviembre ocurrió otra cita. En la sala de reuniones de la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de la República, se encontraron desde ministros y viceministros, hasta funcionarios de distintas instituciones públicas como la Procuraduría General de la República, los ministerios de Salud, Ecosocialismo, Desarrollo Minero Ecológico y capitanes de la etnia pemón, para discutir sobre las consecuencias de la minería ilegal dentro del parque nacional, todo en el marco del proyecto “Canaima libre de mercurio”, conducido por el despacho de Jorge Arreaza, titular de Relaciones Exteriores.
Fue ese mismo plan el que, semanas antes de aquella reunión, llevó hasta los campamentos indígenas a científicos que recogieron muestras de agua de los ríos de Canaima para comprobar el grado de contaminación con mercurio. Aquel 30 de noviembre, luego de exposiciones sobre los efectos de la minería en el ambiente, la proliferación del paludismo, los riesgos y las enfermedades causadas por el envenenamiento con mercurio, la débil situación de la salud pública en Bolívar y la dificultad de movilidad de los indígenas de Kanaimö debido a los altos costos de la gasolina, se decidió que se solicitaría la activación de la operación “Tepuy Protector” contra la actividad minera en la zona.
“La militarización de los pueblos indígenas es un tema muy delicado y álgido en la doctrina del derecho internacional de los pueblos indígenas. Está muy normado, requiere todo un protocolo. La manera en la que se hizo violenta lo que son esos protocolos internacionales”, sentencia el abogado indigenista y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Vladimir Aguilar.
Dos documentos suscritos por Venezuela contemplan la protección a las tierras de los aborígenes. Uno de estos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que establece en su artículo 18 que las intrusiones no autorizadas en estas áreas deben ser sancionadas. El otro es la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas que, en el artículo 130, detalla que las acciones militares no deben tener lugar en territorios indígenas, a menos que lo justifique un asunto de interés público o sea acordado con los pobladores originarios.
“Los Estados realizarán consultas efectivas con los pueblos indígenas a los que les concierne, a través de los procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, indica parte del artículo.
Ocho días después de aquella reunión en Cancillería, aun cuando el trato había sido detener a los mineros e incautar sus pertenencias, mataron a balazos Charly Peñaloza en una operación encubierta.
Caciques tras el oro
Jerarquía indígena avala la minería en Canaima
Uno tras otro, los comunicados que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón se convirtieron en la bitácora de los días siguientes a la incursión armada en Canaima del 8 de diciembre de 2018. En estos, los indígenas concentraron las denuncias, señalamientos y pronunciamientos de sus jefes. En manifiestos escritos y en video, fustigaron el hecho y dieron cuenta de los procedimientos que seguían para esclarecer lo que había sucedido así como reclamar la responsabilidad del Estado. Acababan de matar a uno de los suyos: a uno de los jóvenes mineros que extraía oro en Arenal, a pocos kilómetros del Auyantepui y del Kerepakupai Vená o Salto Ángel.
Pero esa misma vehemencia no se observó dos meses después, la madrugada del 22 febrero de 2019, cuando militares arremetieron contra la comunidad de Kumarakapay, en la Gran Sabana (sector oriental del Parque Nacional Canaima) por haberse alzado y exigir el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera con Brasil, una iniciativa convocada por el gobierno de Juan Guaidó.
Un día antes de aquella masacre, los dirigentes indígenas habían publicado una carta en la que se deslindaban de cualquier manifestación relacionada con la ayuda humanitaria. Sin embargo, daban libertad a sus “paisanos” para apoyar la protesta. Esto señala un extracto:
El 22 de febrero, los uniformados hirieron de muerte a tres indígenas y balearon a otros 13. El Consejo de Caciques no emitió ni una sola declaración. Sobre el acontecimiento, la única constante del grupo fue el silencio.
La diferencia entre las reacciones ante los hechos de Canaima y los de Kumarakapay, de acuerdo con pemones consultados en Kamarata y Kanaimö, están marcadas por la complicidad que existe entre los Caciques Generales y quienes practican la minería dentro del parque. "Mientras los líderes indígenas estén encompinchados con los de arriba, no se terminará este problema", afirma un operador de viajes que ha sido testigo de cómo, en los últimos años, la caída del turismo ha favorecido a la explotación del metal dorado que hoy día apoyan los jefes indígenas.
Ese espaldarazo a la explotación del oro no parece tener ningún vínculo con el objetivo del grupo. Según indica su blog, el Consejo de Caciques Generales–conformado por seis caciques que representan a seis de los ocho sectores del territorio pemón- “lucha por reivindicar los derechos Indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ejecuta su política contemplada en la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas”. En su seno también acogen a los 124 caciques comunitarios, que son los representantes de cada una de las comunidades indígenas.
Las relaciones entre la actividad minera y los líderes pemones ha quedado en evidencia a través de varias decisiones. Fue el consejo ampliado –Consejo de Caciques Generales y Comunales del Pueblo Pemón- el que aprobó una resolución sobre la explotación aurífera durante la asamblea general que se celebró entre el 6 y 8 de noviembre de 2016 en la comunidad indígena de San Antonio de Morichal, a pocos metros de la frontera con Brasil. El punto único de la reunión fue la “Situación de la minería no permisada en la cuenca del río Caroní”.
Lo primero que se acordó fue la suspensión de la minería de balsas en el Medio y Alto Caroní, que está en la jurisdicción de los sectores Ikabarú, Urimán, Wonken, Santa Elena, Kavanayén y Kamarata. Es en este último donde está el río Carrao, a lo largo del cual se explota el oro desde embarcaciones que no se han movido de allí si no que, al contrario, se multiplican con el tiempo. En el campamento Arenal, al margen del río, ocurrió la incursión militar de diciembre de 2018.
Si bien condenaron la minería en los cursos fluviales, no hicieron lo mismo con los yacimientos a cielo abierto como Campo Carrao, a pesar de estar dentro de la Cuenca del Caroní y de que sus arenas y mercurio se vierten directamente en el río homónimo. En ese caso, lo que se advierte es que la minería se haga a 500 o 1.000 metros de los afluentes del segundo río más grande de Venezuela.
Carlos Somera, representante de la comisión de Enlace Institucional del Consejo, corrobora la veracidad del documento, pero advierte que los líderes no reciben estos tributos. “Ese es el deber ser que casi que no se cumple. El que tiene beneficio es la comunidad”, le asegura a Runrun.es vía telefónica mientras suelta una risa tan breve como sarcástica.
Sobre esas ganancias de las comunidades se refiere el punto 11 del comunicado. Allí se esgrime que estas son las encargadas de hacer que los ingresos obtenidos por la minería sean “más efectivos para garantizar el desarrollo comunitario”. Cada una, por cierto, están comandadas por un cacique.
Pese a este apoyo a la actividad minera, el mismo pacto establece que se deben implementar sistemas de viveros para que se recuperen las áreas afectadas por la explotación del oro y que se incorpore la “educación ambiental” en las escuelas. No obstante, en Kamarata, Kanaimö y Kavac, los adultos cuentan que sus niños quieren irse a la mina cuando crezcan. En Arenal, los pemones adultos se llevan también a sus pequeños cuando van a trabajar en las balsas.
Ya de las regalías se había hablado en una reunión efectuada meses antes, en junio de 2016, cuando los caciques generales y comunales se citaron en Santa Elena de Uairén. Fue allí donde se propuso la creación de una “Comisión Económica” que estaría “bajo un directorio del Fondo de Desarrollo del Pueblo Pemón”, cuyo sustento serían las recaudaciones alcanzadas por los ingresos de actividades turísticas, agrícolas, comerciales y, por supuesto, mineras. La comisión también planificaría programas sociales, inversiones y promovería la creación de empresas de producción que generaran recursos para el fondo.
Aunque los caciques del Consejo tienen pleno conocimiento de la explotación del oro dentro de Canaima, ninguno de sus comunicados redactados en el último año se ha dirigido a condenar o detener la actividad. Un ejemplo es una misiva publicada por los líderes el 4 de octubre de 2018, en la que cuestionan que los activistas ambientales critiquen ferozmente minería ilegal y no las construcciones recientes hechas frente a la Laguna de Kanaimö.
La carta se hizo ante la visita de un equipo de funcionarios del gobierno de Maduro, encabezado Aloha Núñez y Víctor Cano, ministros de Pueblos Indígenas y Desarrollo Minero Ecológico, respectivamente. El grupo llegaría ese mismo día al parque nacional para discutir con los indígenas el riesgo de que el territorio declarado Patrimonio de la Humanidad perdiera ese título como consecuencia del trabajo en los yacimientos auríferos.
En los otros artículos del comunicado, los líderes indígenas se limitaban a reclamar su papel frente a la gestión del turismo en Canaima y la activación de iniciativas que les permitieran tener ingresos alternativos a la minería.
Juvencio Gómez, antiguo capitán del Sector 6 del territorio pemón (Sector Oriental de Canaima, Gran Sabana), confirma que en los últimos años el Consejo ha apoyado abiertamente a la minería.
“Han hecho campaña en comunidades de los beneficios del Arco Minero y del bloque especial de Ikabarú (Sector 4 del territorio pemón), en eso andan. Los caciques tiene cupos de combustible, máquinas y autorización para mover máquinas a las minas (…) Lo que andan es negociando. Aunque eso no los va a enriquecer, de algo sirve en este momento de necesidad”, denuncia. Admite que además de la actividad minera en Kamarata (río Carrao), también se busca oro a orillas del río Kukenán y hacia el tepuy Roraima, ambos en la Gran Sabana, así como en Santa Elena y Wonken. Hacia todos estos lugares, dice, pasan los militares con equipos destinados a la explotación del metal dorado que practican los pemones.
Un “vacío”
El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón fue fundado en marzo de 2013 a raíz de la necesidad de un órgano que velara por los intereses de la etnia sin ningún tipo de limitación política.
“Se creó como una reacción a la cooptación partidista que tuviera la Federación (Indígena del estado Bolívar, FIEB) a partir del año 2008. Luego, en el año 2010, va tomando fuerza en el seno de las comunidades ante el abandono del trabajo local de la Federación y frente a la complicidad de esta con los proyectos gubernamentales en el sur del Orinoco que afectaban a las comunidades indígenas”, señala Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes.
Un argumento similar aporta Carlos Somera. “Cuando en el mundo pemón suceden los problemas: la minería, la inseguridad, los enfrentamientos con la fuerza armada por temas mineros, la FIEB y el Conive (Consejo Nacional Indio de Venezuela), que son organizaciones nacionales y regionales, no se pronuncian a favor de los pemones, porque como ya tienen un pacto con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la voz es parcializada hacia el partido o el gobierno”, apunta.
Somera, parte del Consejo, evoca el “vacío” que se creó cuando la Federación no se pronunció por sucesos relacionados con la explotación minera: enfrentamientos en donde murieron pemones, incursiones de grupos armados en las zonas indígenas (y mineras) de Las Claritas y La Paragua e incursiones militares que los afectaron.
Esa evocación coincide con la afirmación de varias fuentes consultadas en Canaima: la formación e impulso del Consejo de Caciques está estrechamente vinculada con la explotación del oro en el territorio pemón. Por esa razón, indica uno de los entrevistados que prefirió no identificarse, la mayoría de sus miembros está a favor de la minería. "El Consejo de Caciques Generales nace para organizar el tema minero en 2013. No quieren saber nada de conservación", apunta uno de los interrogados.
Juvencio Gómez precisa que el principal detonante de la creación de la organización fue la detención de 40 efectivos del Ejército venezolano que hicieran los pemones en Urimán en febrero de 2013, como medida de protesta en contra de los atropellos constantes contra los indígenas.
Una nota publicada en el Correo del Caroní sobre el hecho revela que la limitación de los vuelos y el desabastecimiento de alimentos y combustible provocaron la medida. En la misma noticia, el entonces cacique de Urimán y hoy cacique mayor, Néstor Ramírez, señala que las carencias de los pueblos indígenas se acentuaron con las medidas aplicadas por la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana para combatir a la minería, “oficio que reconocen ejercer como única fuente de ingreso en algunos lugares”, apunta el diario.
Hoy, los lazos de los caciques con la actividad minera continúan. "Muchos de estos capitanes piden comisiones a los mineros", asegura un habitante de Kanaimö que mantuvo su nombre en reserva.
Antes de que el Consejo de Caciques tomara las riendas de los temas territoriales y mineros de los pemones, la institución que concentraba el poder de los aborígenes en la zona era la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB), fundada en 1972 y compuesta por capitanes que representan a cada una de las comunidades que conforman alrededor de 15 etnias que hacen vida en la entidad: Pemón, Ye’kwana, Kariña, Akawaio, Arahuaco, Mapoyo, Piaroa, Eñepá, Sanema, Warao, Jiwi, entre otros pueblos.
A lo largo de los años, la Federación ha manifestado su respaldo al chavismo y de esto ha quedado muestra en las declaraciones de sus dirigentes.
“La Federación de Indígenas siempre le ha dado el respaldo al proceso revolucionario, por eso formamos parte de la alianza patriótica de la mano del Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y hemos formado parte de los 18 triunfos electorales de la revolución, así que este próximo 6 de diciembre no será la excepción”, fueron las palabras pronunciadas en un mitin del PSUV por Álvaro Fernández, presidente de la FIEB, previo a las elecciones parlamentarias de 2015. Hoy, Fernández es diputado por Bolívar a la Asamblea Nacional Constituyente que se instauró en 2017 para servir, sin oposición alguna, al gobierno de Nicolás Maduro.
Los mecanismos de elección en ambas organizaciones indígenas son diferentes. Mientras que los dirigentes de la Federación son votados por la vía del sufragio directo, en el Consejo prela el “cacicazgo”: las comunidades eligen a los caciques comunales y estos deciden quién es el cacique general del sector. Estos últimos, a su vez, son quienes votan por el secretario general del consejo, una silla que hoy ocupa Jean Carlos Velásquez, y el cacique mayor, Néstor Ramírez.
Aunque la idea inicial del Consejo era separarse del chavismo y mantener una posición neutra que beneficiara a los pemones, hay comunicados que lo ponen en duda. El pasado 4 de julio, la organización informó a través de su cuenta en Facebook la normalización del despacho de combustible para las comunidades de difícil acceso, así como la aprobación del aumento de los cupos de gasolina para la aviación general luego de una reunión a la que asistió el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y la autoridad única para el control y distribución del combustible, general de brigada Jilmer Ochoa. El cierre de la nota, criticado por los usuarios de la red social, dejó clara la posición de los caciques ante la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país:
“Es importante resaltar que las Autoridades Indígenas del Consejo de Caciques Generales siguen atendiendo la situación de las comunidades indígenas a pesar de la situación difícil que atraviesa el país junto al Gobierno Revolucionario seguirán en resistencia permanente ante el bloqueo criminal que tienen los poderes imperiales a la tierra de Waika Epuru, de Bolívar y Chávez”.
Juvencio Gómez recalca que en el Consejo no hay ninguna actitud neutral. “Ellos son gobierneros, trabajan con este régimen, se prestan para eso, es mi opinión”, sentencia. Asegura que la actuación de los caciques durante la incursión militar en Canaima en la que mataron al indígena Charly Peñaloza tiene una relación directa con su inclinación política.
“Ellos, como Consejo, se movilizan a Canaima porque tenían que borrar la evidencias de lo que pasó allá. No fue realmente a favor de la comunidad de Canaima. Ellos fueron quienes hicieron el acuerdo, entregaron las evidencias, soltaron a los muchachos (a los tres agentes de la DGCIM que habían arrestado en Arenal y Campo Carrao) supuestamente para hacerles un procedimiento penal en la jurisdicción ordinaria y así quedó hasta ahora. No hay ningún resultado”, acusa.
Mientras Gómez reclama que, seis meses después, los caciques no se hayan pronunciado sobre la matanza en la Gran Sabana durante la víspera de la entrega de la ayuda humanitaria, el Consejo niega que su mutismo haya sido una acción deliberada. Desde la organización se insiste en que se dejó de aplicar la jurisdicción especial indígena, como sí se hizo en el caso de Canaima, por petición de la misma comunidad de Kumarakapay.
“No puede ser que a la opinión pública se le diga que los caciques no hicieron nada para investigar las muertes. Nosotros sí exigimos la investigación, nosotros sí mandamos a los órganos ordinarios para que hicieran toda la investigación, pero cuando llegaron al lugar, los compañeros de Kumarakapay sabían que habían cometido el delito de atacar a los centinelas y todos los delitos militares que hay y todo lo que está tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal”, afirma Carlos Somera.
La afirmación de Somera es desmentida con fuerza por el antiguo capitán indígena. “A Kumarakapay no la consultaron, es mentira. Vinieron (los caciques) tres meses después a hacer una asamblea con la comunidad. Vinieron, más que todo, para decir que reconociéramos que nosotros éramos los culpables de haber provocado al Ejército, que fuimos nosotros los que atacamos con flechas y que por eso debemos pedir perdón al Estado. El otro acuerdo era que no denunciáramos ante ninguna instancia lo sucedido y menos ante la instancia internacional, porque sino íbamos a sufrir otro ataque por parte del gobierno”, subraya.
Juvencio Gómez señala que algunos de sus paisanos aceptaron el trato, sin embargo, él sostiene que no hay justificación alguna para que los militares hayan usado armas de guerra contra los indígenas.
“Si hubiésemos usado flechas, que las había en el puesto de vigilancia, se hablaría por lo menos de un militar herido y no lo hubo. Si hubiésemos tenido escopetas, hubiese muerto un soldado y eso tampoco pasó. Nosotros tuvimos 16 heridos y de esos 16, tres murieron por balas de fusil”, repudia.
El abogado Vladimir Aguilar sostiene que la jurisdicción especial indígena que se aplicó en el caso de Canaima todavía pudiera implementarse para la masacre de Kumarakapay, pues cumple con tres de las cuatro condiciones contempladas dentro del artículo 133 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas: la territorial, la personal y la material.
“Ellos pueden activar la jurisdicción especial indígena para indagar sobre lo ocurrido en Kumarakapay. No tienen que esperar por Fiscalía, pueden hacer su propia investigación porque ocurrió en su territorio, contra indígenas y es una materia en la cual ellos pueden opinar. Y eso incluso lo pueden elevar ante instancias internacionales sin esperar al Estado. Por un tema de derechos fundamentales ellos pueden ir a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. Son muchas las instancias internacionales a las que pueden acudir”, completa Aguilar.
El abogado acota que la posibilidad de llevar el caso a estas tribunas pasa por la disposición que tengan las autoridades legítimas del pueblo pemón para iniciar este proceso. Casi un año después, el silencio del Consejo General de Cacique y el de la Federación de Indígenas del estado Bolívar se mantiene.
Patrimonio en lista roja
La minería avanza en el Parque Nacional
La minería está prohibida dentro del PNC por el hecho de formar parte, junto con otros 43 parques nacionales de Venezuela, de las llamadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), que se rigen por el Plan de Planificación y Ordenamiento del Territorio (2006). Pero el papel que aguanta la letra no ha servido para detener ni contrarrestar el aumento de la actividad extractiva en los últimos años en esta área protegida por su incalculable valor científico, belleza monumental y fragilidad ecológica. Menos aún tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.
La minería no solo está proscrita en Venezuela. Explotar oro dentro de los parques nacionales es una actividad inaceptable dentro de los estándares internacionales que rigen las Áreas Protegidas del planeta, recuerda la International Union for Conservation of Nature, IUCN, la red ambiental más grande y diversa del mundo que desde 1948 elabora la "lista roja" del patrimonio natural en peligro. Tanto la minería como el severo deterioro de la belleza natural con valor científico son dos de los criterios por los que un sitio de patrimonio mundial (SPM) podría ser incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco. Representa una sanción moral al país que no hizo suficiente para defender y proteger su patrimonio.
Canaima se encuentra actualmente en alerta naranja en el medidor: en un nivel de "preocupación significativa", que equivale a un grado 4 negativo en una escala de 5 donde el rojo es el color de peor valoración. El último informe de revisión del patrimonio mundial de la IUCN de 2017 indica que en Canaima son de gran preocupación "la cantidad y gravedad de amenazas elevadas, así como los procesos ecológicos, biodiversidad y especies amenazadas". El documento resalta la ineficiencia para hacerle frente a riesgos como los efectos de la minería, aparte de observar que las capacidades y recursos invertidos para su protección resultan insuficientes.
La Ley Penal del Ambiente (2011) puntualiza los castigos contra la destrucción de los ecosistemas que hoy en día lucen insignificantes ante al daño potencial o causado. El artículo 56 indica que toda persona natural o jurídica que modifique el sistema de control de las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o provoque su sedimentación en contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente, será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de mil a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), lo que equivale a Bs. 250.000 (unos $12 al cambio en noviembre de 2019).
Asimismo, el artículo 38, referente a los planes de ordenamiento del territorio dice que todo aquel que provoque la degradación o alteración nociva de la topografía o paisaje por actividades mineras - aparte de industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas-, que contravienen los planes de ordenación del territorio, será sancionado con arresto de tres a nueve meses o multa de 300 a 900 unidades tributarias, es decir Bs. 45.000 (apenas $2 al cambio).
Incluso en el decreto ley de 2015 que rige el polémico Arco Minero del Orinoco -que reserva al Estado venezolano las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos-, el artículo 44 dicta que las personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, promuevan y realicen actividades primarias o conexas en parques nacionales, sin cumplir formalidades establecidas, serán penadas con prisión de cinco a 10 años.
Un minado parque nacional
La extracción de oro en Canaima comenzó incluso antes de la creación del Arco Minero del Orinoco, ubicado en la franja norte del parque nacional. Las primeras alarmas se remontan a 2010, cuando Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) denunció la presencia de balsas en el río Caroní que estrechaban su cerco en los límites del parque.
Pero la explotación de oro en Canaima se desparramó a partir de 2013, año en que Nicolás Maduro tomó el poder, coinciden expertos, operadores turísticos e indígenas habitantes de la comunidad de Kanaimö consultados. Y desde entonces, el gobierno del heredero de Hugo Chávez, bien ha negado su existencia, bien ha prometido en vano extinguirla.
En 2014, el ministro de Turismo para aquel entonces, Andrés Izarra, denunció en el programa "En contacto con Maduro" del canal estatal la depredación existente dentro del P.N Canaima a causa “de la minería ilegal”, especialmente en los ríos Carrao y Caroní. En esa ocasión, no dejó de mencionar las consecuencias que traería la formación de sedimentos especialmente para el embalse del Guri y la afectación de las turbinas de la represa que generan la electricidad para 70% de la población.
El 15 de octubre de ese mismo año, la periodista Valentina Quintero lanzó por redes sociales una primera denuncia sobre el avance de la minería dentro de Canaima en paralelo a la caída de la actividad turística.
Un mes después, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, respondió a las denuncias con un balance de la militar "Operación Roraima" con la cual se habrían desmantelado más de 200 campamentos mineros, 100 minas y desalojado a 870 mineros del Carrao. A finales de 2014, dijo que Canaima era "territorio libre de minas".
Pero cinco meses más tarde, las proclamas de Padrino quedaron en entredicho. En mayo de 2015, los indígenas paralizaron Canaima para protestar contra la minería en el parque nacional y por la caída del turismo (principal actividad económica de la región) trancando la pista del único aeropuerto. “No a la minería” se repetía en los modestos carteles de los manifestantes. La protesta fue levantada a los tres días luego de que la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Nuñez; la ministra de turismo, Marleny Contreras y los miembros de las Fuerzas Armadas prometiesen atender sus demandas.
Ilegales
Desde que Maduro tomó posesión de la presidencia en 2013, nunca ha visitado Canaima de manera oficial ni ha realizado ningún acto público con la emblemática laguna y sus cascadas perennes de fondo. Los organismos relacionados como el Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de Ecosocialismo y Ministerio de Turismo estuvieron presentes en octubre de 2018 para calmar nuevas protestas de los indígenas pemones en contra de la minería. “La prioridad del Motor Minero es proteger el Parque Nacional Canaima. Estamos evaluando con líderes del pueblo pemón diversas estrategias para frenar la minería en las áreas protegidas. No puede ni debe existir minería en Canaima”, expresó en aquella oportunidad Victor Cano, titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico .
Existen posiciones encontradas con respecto a la minería dentro del propio pueblo pemón, constató Runrun.es durante su visita a las comunidades de Kamarata y Kanaimö en 2019, a las que solo se puede acceder en avioneta, caminatas de días o largas horas de recorrido en curiara. Por un lado, están los que apoyan la extracción de oro con todo el impacto ambiental y social que implica; por otro, los que la rechazan. Los primeros justifican su decisión de trabajar en minería por la debacle del turismo, tradicional actividad económica de la región. Los segundos, insisten en activar la decaída actividad turística en el Sector 2 de los ocho que componen el territorio pemón en medio de una dramática contracción económica.
Confían sus proyecciones de recuperación en los antecedentes del propio parque: antes de ser declarado zona protegida, muchos pemones ancianos recuerdan cuando sus “hermanos” extraían diamantes en algunos sectores como Arenal. Cuando Canaima pasó a ser parque nacional en 1964 y se requirió personal y mano de obra para atender la naciente actividad del turismo, desaparecieron las bateas del río. "Nadie tuvo necesidad de recurrir a la minería como medio de subsistencia", recuerdan.
Toda minería dentro de Canaima es ilegal por definición. Aparte de ser ejecutada en un área protegida donde está prohibida esta actividad, el parque nacional está fuera de los 110 mil kilómetros cuadrados que comprende el megaproyecto extractivo Arco Minero del Orinoco, decretado bajo el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para la explotación de minerales, entre ellos oro, diamante, coltán y níquel y para el cual se han creado una veintena de empresas mixtas junto con compañías privadas de unos nueve países.
Denuncia de minería en Cana... by runrunesweb on Scribd
A diferencia de otras circunscripciones del estado Bolívar que abarca el Arco Minero del Orinoco, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (dentro del cual se encuentra el Parque Nacional Canaima), el control de la explotación de las minas de oro no está en manos de pranes, jefes de bandas criminales y mafias conocidas como "sindicatos' ni guerrilla colombiana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todos grupos irregulares que controlan el negocio minero al sur de Venezuela. La distinción la presenta el último informe de Crisis Group sobre el conflicto en las minas del sur (marzo 2019).
Canaima, cual especie de zona franca de grupos irregulares, también se explicaría por las dificultades de acceso a los territorios indígenas del sur del país. No solo se encuentran a cientos de kilómetros distancia de los centros urbanos, sino porque muchas zonas solo son accesibles en avionetas o largas travesías fluviales, observa el ingeniero forestal de la Universidad de Los Andes (ULA), José Rafael Lozada.
Dentro de Canaima no hay evidencias de bandas criminales armadas controlando el negocio de la extracción y distribución como ocurre en otras zonas mineras del estado Bolívar. Pero la actividad es ejercida por los propios pemones que explotan oro desde las balsas o a campo abierto, bajo el acuerdo de los propios indígenas y sus organizaciones político territoriales. Sin embargo, no son los únicos extractivistas en el paraíso. También actores militares y políticos participan de manera indirecta al controlar el gran negocio que representa la gasolina y el gasoil en las comunidades aéreas del parque nacional, afirma el Informe SOS Canaima.
Las estampas bucólicas que se observan a lo largo del río Akanan de familias de pemones atendiendo sus conucos, remando con destreza las canoas y cocinando la tumá, típica sopa hecha de pescado, harina de yuca y ají picante, contrasta con las balsas mineras y sus respectivas motobombas y bidones de gasolina que se observan incrustados en el paisaje del río Carrao.
Un Arco Minero "Indígena"
La minería en territorio pemón no solo se ubica en Campo Carrao, Cañón Aonda (cerca de la isla La Orquídea) y en la zona Arenal del río Carrao, situadas en el Sector 2 del parque. Existen 33 minas en Canaima, de las cuales 15 están dentro del parque nacional y 18 rozando los bordes, según el informe de SOS Orinoco que se apoya en imágenes satelitales y comprobación en terreno.
Venezuela es el país de la Amazonía con mayor cantidad de sitios con actividad minera ilegal, de acuerdo a la Red Amazónica de Información SocioAmbiental Georreferenciada (Raisg) e Infoamazonía. De los 2312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizadas de oro, diamante y coltán que fueron detectados por rastreo satelital, 1.899 se encuentran en Venezuela, seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24).
La imagen satelital de puntos destellantes sobre el fondo verde de Canaima y su corroboración in situ llevó al ingeniero forestal y ambientalista José Rafael Lozada, a proponer la existencia de un "Arco Minero Indígena", entendido como un cinturón de minas explotadas por los habitantes originarios del sector oriental y occidental del parque nacional que se ubica fuera de la poligonal del oficial Arco Minero del Orinoco.
"Nadie quiere asumir que los propios indígenas están practicando minería dentro del parque", afirma Lozada, jefe de la Cátedra en Ecología e Impacto Ambiental de la ULA. Considera que es un error pensar que la minería de los pemones es consecuencia directa del Arco Minero. "Son diferentes, tanto en momento de aparición, como en el territorio donde se desarrollan y afectación. Existen minas activas dentro del parque mucho antes de la creación del cinturón minero decretado por Maduro en 2016. Algunas arrancaron en la cuenca del Caroní en 2004".
Lozada no hace ninguna concesión con la minería indígena. Descarta que se trate minería artesanal (como se practicó en tiempos precolombinos) por la utilización de mercurio y motores hidráulicos para la extracción del oro, propia del método aluvial que erosiona los sedimentos para extraer el metal precioso.
"Aparte, toda esa maquinaria es movilizada en curiara por los ríos y en avionetas vía aérea. Llega a las minas con el apoyo militar en los aeropuertos que permite embarcar todos esos equipos de minería en avionetas, valiéndose de todo el sistema de corrupción que se ha instalado en el negocio del oro en la región", afirma Lozada.
Ninguna firma internacional, como las que conforman las empresas mixtas creadas especialmente para explotar dentro del Arco Minero del Orinoco, están presentes en Canaima porque porque simplemente la minería está prohibida dentro del parque nacional por ser una Abrae, monumento nacional, reserva protectora y reserva hidráulica nacional, recuerda Lozada. "Allí están trabajando las comunidades indígenas de forma autónoma. Pero la actividad se está desbordando, si no se controla adquirirá dimensiones tremendas".
Alejandro Álvarez Irragory, coordinador de la Coalición Clima 21, le parece desproporcionado hablar de un "Arco Minero Indígena" porque no toma en cuenta la complejidad de la situación trastocada por la irrupción de la minería al sur del estado Bolívar. El representante de la organización dedicada a la defensa de Derechos Ambientales y Humanos resalta que el oro ha distorsionado la economía en una región donde todo se mide en términos de gramas de oro y está bajo control de la delincuencia organizada y grupos armados.
"Si hay pemones practicando minería de oro, pero no todos los pemones son mineros", reconoce Álvarez Irragory recordando que durante años los indígenas se han enfrentado contra la minería y han resistido el avance de esta actividad en territorio pemón con todas las masacres, explotación y violación de derechos humanos que implica. "No lo justificamos pero entendemos porqué los indígenas ahora se han dedicado a trabajar en las minas. Muchos lo dicen: "si no sacamos oro, nos morimos. Desde que cayó el turismo, no hay comida ni medicinas".
Resistencia indígena
La minería practicada por los indígenas pemones podría interpretarse a primera vista como una contradicción. O bien un acto de entrega o resignación que contribuye a la destrucción de su terruño ancestral. Pero también representa un mecanismo de resistencia, observa el abogado indigenista Vladimir Aguilar Castro, profesor e investigador de la Universidad de los Andes (ULA).
Para el experto en temas de extractivismo y pueblos indígenas, es fundamental entender el fenómeno de la minería por parte de los pemones desde el punto de vista de la jurisprudencia indígena, que reconoce sus derechos a la participación, consulta previa y propiedad comunitaria. Se trataría de una respuesta de los pemones al Arco Minero del Orinoco, un proyecto de explotación que desde el sector de los "criollos" fue impuesto en su territorio sin información ni consulta, como exige la Constitución. "Si ellos (los criollos) explotan nuestras tierras sin habernos consultado, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?", sería el cuestionamiento de los indígenas, explica Aguilar Castro.
La minería de los pemones también tiene que ver con la territorialidad, agrega el investigador. Constituye una forma de empoderamiento sobre lo que consideran sus territorios, los cuales no han sido reconocidos por el Estado y están siendo explotados sin consulta previa a las comunidades que habitan en estas tierras desde tiempos ancestrales.
Aparte, la concepción de los indígenas sobre la explotación de oro no es la misma que la de los criollos, aclara Aguilar Castro. "No la asumen como una actividad permanente de extracción ilimitada de recursos, sino temporal a la que recurren obligatoriamente empujados por la crisis. No responde a un plan de explotación como el Arco Minero del Orinoco sino a una estrategia de supervivencia para solventar problemas fundamentales ante el desplome de otras fuente de recursos como el turismo en la región".
Olnar Ortiz, abogado indígena del pueblo baré de Amazonas y defensor de DDHH, observa diferencias entre la minería que practican las etnias en el estado Amazonas y Bolívar. "A diferencia del primero, donde muchos indígenas trabajan en las minas como empleados y bajo régimen de explotación, en Canaima los propios pemones se encargan de las minas. Las controlan".
Ortiz, también coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, agrega que es importante "entender que la minería de los indígenas no es un estilo de vida. Solo la practican para obtener recursos y atender problemas puntuales. Entiendo a las personas que están en contra de la minería pero cuando veo indígenas que no comen, se enferman y no tienen medicinas, ¿cómo les puedo decir que no lo hagan?”
Obligados a dañar
"Quisiera entender a mis hermanos, meterme en la cabeza de ellos para explicarme cómo pueden hacer lo que están haciendo", se pregunta un operador turístico con décadas de experiencia en su región natal mientras mira a lo lejos un grupo de balsas mineras en el río Carrao. Todos los habitantes de Canaima consultados coinciden en el mismo argumento: no les queda otra salida frente al colapso económico del país que afecta por igual a la región. La caída estrepitosa del turismo, principal actividad económica de la región obligó a los habitantes originarios a asumir esta actividad contranatura como nueva forma de ganarse la vida.
"Ya no tenemos trabajo en la Laguna de Canaima. Los turistas dejaron de venir, tenemos que buscarnos otra forma de ganarnos la vida", dice una joven pemona de 17 años, recién graduada del bachillerato técnico de turismo. Lo admite después de ofrecer a los visitantes un plato de tumá, la típica sopa pemón preparada con ají, pescado y casabe) y sakura (bebida refrescante hecha en base de yuca) en el campamento turístico de Arenal, donde acompaña a su madre a cocinar y atender a los mineros de la zona.
Hasta el Parlamento del Reino Unido han llegado las denuncias sobre la explotación minera al sur del Orinoco. El 11 de junio de 2019, Kukuy, representante del pueblo Pemón, acompañado por el exembajador venezolano Diego Arria, expuso las amenazas contra el parque nacional en la audiencia" Venezuelan Crisis: Destroying the Amazon and the Pemon People to Sustain the Maduro Regime", en la que también instó a presionar a la Unesco y a la International Union for Conservation of Nature (IUCN) para que Canaima sea incluida en la lista de Patrimonio Mundial en peligro.
Kukuy, un representante del Pueblo Pemón, con @Diego_Arria piden en @UKParliament que el mundo se una a la lucha por salvar el Sur del Orinoco y presionen a @UNESCO @IUCN a colocar el PN Canaima en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro como lo ha exigido la ONG @SOSOrinoco pic.twitter.com/3wLaOXbAoB
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) June 11, 2019
También en esa ocasión, el representante pemón aseguró que los indígenas se ven obligados a dedicarse al extractivismo 'incluso en contra de su voluntad". Agregó que, sin embargo, un gran porcentaje está en contra de ejercer actividades mineras, por lo que si hay un cambio de régimen en Venezuela y se rescata la actividad turística, los pemones abandonarían la minería ilegal.
Kukuy explicó que la mayoría de sus hermanos Pemones no quieren arriesgar sus vidas en las minas, pero han sido obligados por el regimen criminal de @NicolasMaduro y sus secuaces, y una vez logrado el fin de la #usurpación, los Pemones dejarían la minería ilegal!
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) June 12, 2019
Sin defensores oficiales
No abundan las voces gubernamentales que admitan que en Canaima se está explotando oro. Mucho menos que la practican los propios indígenas. Programas para el control y la erradicación de la minería en el parque nacional que es Patrimonio Natural de la Humanidad no figura en el discurso oficial ni en los presupuestos del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (antes Ambiente), ni de Pueblos Indígenas, Turismo ni de Desarrollo Minero Ecológico, todos con competencia en el tema y la región.
Por el contrario, hay funcionarios que niegan la minería en Canaima.
Tal es el caso del entonces presidente de Inparques, Jorge Alejandro Medina Murillo, quien a través de la cuenta de Twitter de Inparques colgó un video grabado el 16 agosto de 2017, un año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, para desmentir las denuncias sobre minería dentro del Parque Nacional Canaima propagadas en redes sociales.
#EnVideo | @InparquesGobVe fue al #SaltoAngel a verificar que supuesta explotación de oro es falsa https://t.co/bbE6TpsbB7 pic.twitter.com/rZFMcR0VbR
— Inparques_Oficial (@InparquesGobVe) August 17, 2017
En el video, grabado “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Ecosocialismo, Ramón Velásquez Araguayán”, Medina asegura desde una avioneta que sobrevuela Canaima y a poca distancia del Salto Angel, que “no hay ningún tipo de intervención ni minería” en el parque.
Lo que si no llegó a mostrar Medina Murillo en ese sobrevuelo es que a tan solo 23 kilómetros del Auyantepui se encuentra el Campo Carrao, una explanada a orillas del río del mismo nombre donde la minería se está abriendo terreno desde el año 2000, como lo muestra el registro de imágenes satelitales.
Medina tampoco se acercó en esa oportunidad a las balsas mineras que extraen oro a lo largo del río Carrao, especialmente en el sector Arenal, ni en la base del cañon Aonda, en el propio Auyantepui, cerca de la isla La Orquídea.
El expresidente de Inparques no siguió desmintiendo la minería en áreas protegidas de Venezuela sino que se fue a trabajar directamente para el cuestionado sector: el 26 de junio de 2018, dos meses después de haber asumido formalmente la presidencia de Inparques (Resolución 170, G.O No. 41.384), fue nombrado Viceministro de Seguimiento y Control Ecominero del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, en sustitución de Nelson Hernández.
También, Medina Murillo pasó a convertirse en presidente de la Misión Piar, programa social devenido en fundación, creado en 2005 bajo el gobierno de Hugo Chávez con la promesa de liberar a las comunidades mineras de “la exclusión y explotación de mafias dedicadas al contrabando de extracción de minerales en el estado Bolívar”.
Algunas instituciones han levantado alertas formales en vano. En 2010, el Sindicato Único de Inparques (Suneinparques) presentó un informe interno a las autoridades del organismo sobre la presencia de minería en el sector Wareipa, una comunidad indígena ubicada en el sector occidental del Parque Nacional Canaima. El documento (hoy extraviado) iba acompañado por una serie de fotografías tomadas entre 2009 y 2010 que evidencian los estragos ambientales en el área. También, muestran al personal de Inparques y la GNB desmotando los campamentos ilegales de extracción.
“En 2010, Canaima ya estaba duramente afectado pero aún Inparques contaba con equipos y vehículos para hacer trabajos de vigilancia y control. En ese entonces se pudieron desmantelar campamentos mineros que estaban dentro del parque nacional”, dice Marlene Sinfontes, representantes del Sindicato de Inparques. “Pero las autoridades hicieron caso omiso”, agrega. “Incluso, después de 2011, la minería dentro de Canaima se agudizó”.
La representante sindical observa un paralelismo entre el desmontaje del instituto y la llegada en 2011 del Frente Francisco de Miranda de la mano de Marisabella Godoy, sustituida por su asesora en la presidencia, Angélica Romero. También, agrega la eliminación del Ministerio del Ambiente, recordando que fue el primero en su tipo en el continente y segundo en el mundo después del Ministerio de Francia.
“Ni el Ministerio de Ecosocialismo ni Inparques han hecho nada para detener ni denunciar la minería en los parques nacionales de estado Bolívar ni Amazonas, como es el caso de Yacapana. No se han pronunciado ni han exigido estudios de impacto ambiental en esas áreas protegidas ni investigaciones con sus correspondientes aprobaciones, que no se hacen de un día para otro, destaca Elides Sulbarán, delegado sindical de Inparques.
Los técnicos y guardaparques han denunciado estas irregulares, pero las autoridades que toman decisiones políticas no están cumpliendo sus funciones, consideran estos custodios del ambiente.
La posición de Inparques es contraria a la naturaleza de los parques nacionales. En una reunión en la ciudad de Mérida, Venezuela, la expresidenta de Inparques, María Isabela Godoy de Peña, dijo que el capitalismo pretender reservarse los recursos de los parques nacionales venezolanos. Lo cierto es que el gobierno parece ser el que se está apropiando de ellos, piensa Sulbarán.
Para este trabajo, se consultó la posición de Inparques sobre la minería en el parque nacional Canaima pero no se obtuvo respuesta.
En la Memoria y cuenta de 2017 del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (que sustituyó al Ministerio de Ambiente), Canaima es mencionada solo una vez entre los "20 parques nacionales y de recreación de todo el país de donde recogieron 38.475 kilos de basura".
Lo más cercano al tema de la minería que afecta el parque nacional se registró en el balance de 2013 de ese organismo. Detalla la ejecución del "Programa de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní", para el cual se destinaron Bs. 17.280.135,90 (2.7 millones de dólares según el cambio oficial), de los cuales se ejecutaron solo 31,74% (Bs. 4.019.747,53 o $638.055) para el proyecto de "Establecer las normas de regulación y control de las actividades agrícolas y mineras de la cuenca del Río Caroní".
Dos años más tarde, el informe de gestión anual 2015 de la Contraloría General de la República, denuncia con coordenadas geográficas exactas la práctica de la actividad minera en la comunidad indígena de Campo Alegre, las cercanías del río Kukenan, en la que utilizan equipos de bombas de gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro. A raíz de una inspección in situ del 14 de mayo de 2014 en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, destaca “la falta de gestiones ambientales para evitar el deterioro del ecosistema así como las actividades desmedidas e irracionales en el proceso de extracción de los recursos auríferos por habitantes de la comunidad de Campo Alegre”.
Recientemente, el gobierno de Maduro reconoció en un documento público que sí se está practicando minería en áreas protegidas de Venezuela. En el Plan Sectorial Minero 2019-2025 se admite que en sector de la pequeña minería "predomina la precarización de las condiciones de vida de los mineros y de las comunidades aledañas", además de afectar el ambiente, la salud, la vivienda, propiciar la criminalidad y microeconomías locales hiperinflacionarias. En el documento de 106 páginas, solo menciona una vez que los parques nacionales están siendo afectados por el empleo de "sustancias contaminantes como mercurio" y "técnicas obsoletas y rudimentarias que dañan las cuencas hidrográficas y aguas subterráneas, ocasionando una grave contaminación de los suelos". No menciona a Canaima ni a ningún otro parque nacional de Venezuela.
El Plan Sectorial Minero 2019-2025 también acepta que existen comunidades indígenas que se dedican a la actividad minera, sin nombrar a los parques nacionales. Como parte de la articulación entre los ministerios relacionados con el sector minero que forman parte del Sistema Nacional Minero Ecológico, al Ministerio de Pueblos Indígenas le corresponde el ordenamiento territorial así como planes de protección y atención social de las comunidades indígenas dedicadas a la minería.
No hay un censo de la cantidad de indígenas pemones que se estarían dedicando a la minería, aunque expertos como Lozada calcula que en la mayoría de las 124 comunidades de los 8 sectores que componen el Parque Nacional Canaima están sacando oro de los ríos y de la tierra como actividad de subsistencia.
Neo-extracción artesanal
Las minas que socavan el patrimonio
Campo Carrao es tierra prohibida. Ni turistas ni foráneos pueden acceder a esta mina desde el río con del mismo nombre. La entrada se encuentra a pocos kilómetros de la desembocadura del río Akanan, en un puerto rudimentario donde atracan las curiaras ocupadas por jóvenes mineros. Ninguna avioneta dedicada a transportar viajeros quiere sobrevolar ni por asomo sobre el sector. Nadie del sector turístico quiere estar relacionado con esta actividad ilegal.
Una cámara capta en sobrevuelo un terreno amplio de arena manchada y revuelta, con boquetes que forman lagunas de marrón espeso. Como una herida abierta en medio de la selva, la tierra desnuda contrasta con los azules grisáceos de los tepuyes y el verde tupido de los árboles al fondo. Otra toma se acerca a un costado del río sereno y oscuro para descubrir a un grupo de balsas mineras. Todas estas imágenes en movimiento van acompañadas por una sentencia: 'La minería está dentro del parque nacional Canaima”.
La secuencia corresponde a un video difundido por la periodista Valentina Quintero el 15 de octubre de 2018 a través de redes sociales, en el que denuncia el avance de la minería en el Campo Carrao, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, a 23 kilómetros del Salto Ángel. Se trata de una mina a cielo abierto, de cuya existencia ya anunciaba la reportera en 2014. Pero en esta ocasión, advertía que la mina estaba creciendo. También, esta vez, hacía mención al ministro ecosocialista Victor Cano, Heryck Rangel, Ministro de Ecosocialismo, Y Marlon Ecosocialismo.
La mina de Campo Carrao es cada vez mas grande. Ustedes la vieron el viernes 5 de octubre. Los 3 estuvimos en Canaima el mismo día. @vcano75 @EcoMineriaVE @HeryckRangel @MEcosocialismo pic.twitter.com/B74a9uxIZE
— Valentina Quintero (@valendeviaje) October 15, 2018
La minería está dentro del PN Canaima. Ustedes lo saben @vcano75 @EcoMineriaVE y @HeryckRangel @MiEcosocialismo pic.twitter.com/vLUvXNdkQT
— Valentina Quintero (@valendeviaje) October 15, 2018
Geólogos e ingenieros de minas identifican a la explotación de oro que se practica en el sector 2 de Canaima, tanto a cielo abierto como en el río, como parte de la llamada minería aluvial, que explota las vetas de oro depositado en el subsuelo, como el fondo de los ríos o llanuras. A diferencia de la minería subterránea que requiere de mayor inversión de recursos y el acceso a los yacimientos es más difícil (como es el caso de la mina de la estatal Minerven, en El Callao, municipio Sifontes del estado Bolívar), la tipo aluvión se vale de tecnología rudimentaria y es ejercida por mano de obra poco calificada. Es el método de extracción más económico y extendido en los países menos desarrollados.
Tiende a creerse que la minería practicada por los indígenas es menos dañina con el ambiente. Que se trata de una actividad de batea o "pico y pala". Pero por ser artesanal y/o semi-mecánica no resulta menos degradante del entorno ni inocua para la salud de los practicantes. Las motobombas para extraer el oro y las cintas transportadoras en las balsas funcionan con gasolina y se utiliza el mercurio, metal de alta toxicidad, para separar el mineral de la tierra.
En Canaima nadie sigue un manual o método para sacar el oro del lecho de los ríos o explanadas. No existen regulaciones, no se conocen empresas formales que sigan algún manual de procedimiento o paguen impuestos ni existen concesiones del Estado para la explotación. La minería en el parque nacional es el reino de lo informal.
Aunque la minería en Canaima fuese permitida, igual tendría otras restricciones. Según la Ley de Minas (1999) la minería artesanal "deberá ser realizada con estricto acatamiento de la normativa ambiental (artículo 84) y estará sujeta al pago de impuestos previstos en la ley (artículo 85) y el Estado prestará asesoramiento técnico para su evolución "hacia estados superiores de la actividad" (artículo 83). Nada de eso se cumple.
Mercurio prohibido
La pequeña minería que se practica en Canaima utiliza irreductiblemente mercurio para la extracción del oro, confirma la ingeniero de minas y profesora de la UCV, Mónica Martiz.
Se trata de un metal líquido de color plateado, pesado e inodoro, que utilizado inadecuadamente tiene efectos peligrosos para los humanos y resulta contaminante para el ambiente. Se vierte directamente en los ríos afectando al ecosistema, intoxicando los peces que sirven de alimento a los indígenas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Ambiente) advierte que la minería artesanal es la fuente más grande de emisiones de este metal, liberando hasta 1.000 toneladas a la atmósfera.
El mercurio puede matar. La gravedad de los daños a la salud depende del nivel de exposición: desde aumento de la presión arterial hasta daño en el cerebro, riñones y en el desarrollo del feto durante la gestación. El vapor del mercurio o azogue penetra fácilmente por los pulmones y pasa a la sangre, absorbiéndose 80% de la cantidad inhalada.
Ya lo ha advertido ONU Ambiente: el mercurio es uno de los 10 productos químicos que más preocupación genera en materia de salud pública. En la Evaluación Mundial del Mercurio 2018, la plataforma de las Naciones Unidas confirmó que las emisiones globales de este metal tóxico en la atmósfera aumentaron alrededor de 20% entre 2010 y 2015, siendo América del Sur es una de las regiones que reportaron mayores incrementos.
Venezuela es uno de los 92 países que en octubre de 2013 que bajo el gobierno de Maduro firmaron el Convenio de Minamata, con el que se comprometían a reducir las emisiones tóxicas de mercurio. Pero no lo ratificó cuando entró en vigencia en 2017, un año después de la creación del Arco Minero del Orinoco.
La relevancia de la toxicidad del mercurio es tal que el 19 de febrero de este año, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente anunció que destinará 180 millones de dólares para reducir la extracción de oro en la minería de oro artesanal, un sector que representa la sexta parte de la producción mundial de oro en el que trabajan unas 15 millones de personas, entre ellas 4,5 millones de mujeres y más de 600 mil niños.
En Venezuela, está prohibido el uso del mercurio en la minería. Expresamente, el decreto 2.412 (G.O 40.960 ), firmado el 5 de agosto de 2016 en el marco de la creación del Arco Minero, prohíbe el uso, tenencia y almacenamiento de mercurio como método de obtención o tratamiento de oro en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en el territorio nacional.
Es posible tener una noción de cuánto puede contaminar el mercurio. Según el Atlas de Justicia Ambiental, por cada kilo de oro extraído se utilizan 2,8 kilos de mercurio. En el caso de la mina más grande de Perú, Madre de Dios, que produce entre 16 mil y 18 mil kilos al año, estaría arrojando a los ríos amazónicos entre 44.800 kilos y 50.400 kilos de mercurio por año, lo que se traduce en 252 toneladas de este metal contaminante en un lustro.
Ni el uso ilegal del mercurio ni la noción sobre la toxicidad del esta sustancia están presentes entre los pemones dedicados a la minería en Canaima. Al menos optan por obviarlo. "Me han llamado por teléfono desde Ciudad Bolívar para venderme mercurio. Ni dejo que terminen de darme el precio ¡Cómo se atreven!", comenta una veterana operadora turística que recuerda los tiempos en que el paradisíaco campamento que gerencia recibía 200 turistas al día y las avionetas cargadas con aventureros no dejaban de aterrizar. Hoy puede pasar semanas sin visitantes que suspiren con las vistas al Auyantepui.
Desde hace unos 30 años, se ha alertado sobre la contaminación de mercurio en la Guayana venezolana como un problema de salud pública. Las grandes cuencas hidrográficas al sur del país están intoxicadas por este metal, inherente a la minería, afirma Alejandro Hernández Irragory, coordinador de la coalición Clima 21.
No se conocen mediciones concluyentes de contaminación por mercurio en Canaima. El más reciente publicado sobre la afectación de comunidades indígenas en Venezuela es el informe La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta de Diálogo para la acción (2013), de la Red Ara, con apoyo de Avina, que concluyó que 92% de las mujeres examinadas en la Cuenca del Caura Kuyujani, que abarca el estado Bolívar y Amazonas, presentan niveles superiores a 0,5 miligramos, que es el máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Una evaluación similar arrojó el estudio (no publicado) “Evaluación del riesgo de exposición al metilmercurio en poblaciones indígenas ribereñas del Río Caura (estado Bolívar, Venezuela), que data del 15 de junio de 2012. La investigación realizada por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (Campus Guayana), Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Universidad de Oriente (núcleo Ciudad Bolívar), se basó en una muestra de 1.174 indígenas pertenecientes a cinco comunidades Yekwana y Sanema, en la que se detectó que 38,8% del total excedió en 10% el nivel de mercurio capilar. También, midieron que 5% de las mujeres embarazadas corrían el riesgo de que sus bebés nacieran con desórdenes neurológicos.
Balsas mineras
Donde hay balsas flotando en el río, están sus correspondientes campamentos en tierra firme. En Canaima, estas construcciones toscas hechas con palos, techos de zinc y muchas veces sin paredes, están equipadas con lo necesario para atender el día a día de los mineros. Durante el recorrido realizado por Runrun.es, se observó que algunos hasta tienen antenas Directv y pantallas de televisión que en la noche pueden verse encendidas.
En estos campamentos también funden los gramos de oro de forma rudimentaria para ser fácilmente transportado y comercializado.
Hasta hace pocos años, las balsas eran paisaje común solo en las inmediaciones de La Paragua o el bajo Caroní. Desde 2014, comenzaron a aparecer en las riberas dentro del parque nacional, según testimonios recogidos en la zona. Su actividad nocturna pudo ser verificada por Runrun.es. Se trata de maquinaria y estructura de grandes dimensiones que requieren de toda una logística para su traslado.
¿Quiénes son los dueños de esas balsas? Es una pregunta que muchos prefieren evadir en los alrededores de la Laguna de Canaima. “Son indígenas pemones con suficiente capital para invertir en estas estructuras y ‘ponerlas a trabajar’ con mano de obra indígena y en cierta medida inversionistas ‘criollos’ (no pemones) que se asocian con nativos para emprender esta actividad”, explica un operador turístico que acusa la caída del turismo en la zona pero que se vale de la presencia de los mineros que activan la actividad económica en el lugar, al alojarse en sus campamentos o consumir en sus locales.
Las balsas utilizan bombas hidráulicas, dragas "chupadoras" y mangueras empleadas para succionar sedimentos de los lechos del río y llevarlas hasta las balsas donde se procesa el material. Con las mangueras, los "buzos" taladran manualmente el lecho del río donde hay material aurífero para facilitar la succión hasta las balsas, mientras que un minero que funge de monitor en la superficie atiende el llamado de su compañero debajo del agua para activar las máquinas o bien sacarlo cuando ha completado la exploración y extracción.
En el caso de la modalidad terrestre aurífera, que realiza en explanadas a cielo abierto como Campo Carrao, se utilizan motores hidráulicos o motobombas a las que se acopla una manguera que extrae agua del río cercano. Con esta se aplica un chorro de agua a presión suministrada por una bomba hidráulica para lavar el material. Se succiona el material lavado y se transporta a un equipo que por amalgamación del mercurio recupera las partículas más finas. Esta aleación se produce cuando es llevado al "tame”, un plano inclinado por donde se destila el barro y las amalgamas quedan atrapadas en la alfombra plástica
Las gramas (como se llama popularmente en la región a la unidad de un gramo de oro) es moneda corriente en Canaima. Cada grama cuesta alrededor de 20 dólares. También en su versión de "puntos" (medio gramo) que trasladan en pequeños papeles doblados. El dólar norteamericano es omnipresente mientras el bolívar venezolano desapareció o nunca llegó: muchos indígenas consultados jamás han visto ningún billete del más reciente cono monetario incorporado el mercado en junio. Tampoco el de 2018.
A diferencia del sector Oriental del parque, al que se accede por la troncal 10 (carretera que atraviesa el estado Bolívar y llega a Santa Elena de Uairén, ciudad fronteriza con Brasil), el acceso al sector occidental del Parque Nacional Canaima es por avioneta. En las llamadas "Comunidades aéreas", donde la gasolina es un verdadero líquido vital, el costo del combustible lo encarece todo. Y se convierte en mecanismo de control de los Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana).
"En los últimos tres años se está privilegiando la gasolina para la actividad minera perjudicando al turismo. Es un negocio que manejan los militares", se queja M., un operador turístico que prefiere mantener su nombre en anonimato. El cupo de gasolina que viene de La Paragua para el este sector prácticamente desapareció, “ya no hay suministro garantizado para el traslado de visitantes ni transporte de mercancía para los campamentos. Tenemos que costear esos gastos a precios de Canaima”: una pimpina de gasolina (60 litros) puede elevarse a $180, si se tiene en cuenta que cada litro cuesta 3 dólares en Canaima. Un contraste significativo en un país donde la gasolina cuesta 0, 00001 céntimos de bolívar: con un dólar (calculado a una tasa promedio de Bs. 20.000) se comprarían 2.000 millones de litros.
Dentro de todo el esquema de explotación de oro en el parque nacional, el aeropuerto Tomás de Heres de Ciudad Bolívar, a 223 kilómetros de la Laguna de Canaima, se ha convertido en la principal base de operaciones de la minería ilegal según alerta Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev). Esta organización registra el incremento del tránsito aéreo de gasolina desde finales de 2017, así como "el traslado de equipos para la minería de río y de cielo abierto además de toneladas de alimentos" a poblaciones indígenas poco pobladas. Se calcula que entre 200 y 300 kilos de oro transita por ese modesto terminal aéreo ubicado en la capital del estado Bolívar, donde se exhibe el vetusto avión Río Caroní con el cual el aviador norteamericano Jimmy Angel aterrizó por primera vez hace 81 años en el Auyantepui, donde nace el salto que lleva su nombre .
Con impacto nacional
El destino no solo era proteger su alto valor ecológico y biodiversidad única en el mundo: las 3 millones de hectáreas que comprenden el Parque Nacional Canaima también fueron decretadas en 1961 para resguardar la Cuenca del Caroní, uno de las más caudalosas de Venezuela, que alimenta a la represa del Guri, generadora de 80% de la energía hidroeléctrica del país.
Uno de los efectos más corrosivos de la minería es la sedimentación o comaltación de los ríos, que a la larga podría impactar el funcionamiento de la represa. “El agua con sedimentos producto de la extracción del oro resulta como un papel de lija que entorpece el movimiento de las aspas y turbinas, acortando su vida útil. La minería en Bolívar no solo afecta a los habitantes de ese estado sino a todo un país”, advierte Hernández Irragorry de Coalición Clima 21.
La comaltación es la acumulación de sedimentos en los lechos de los ríos, llegando incluso a convertirse en barrizales. Cuando las fuentes de agua dulce están colmadas de sólidos, sus ecosistemas no pueden desarrollarse normalmente.
“Se ha extendido la creencia de que el Arco Minero del Orinoco está contaminando y destruyendo la cuenca del Caroní, cuando en realidad este proyecto afecta a la cuenca del río Cuyuní, que desemboca en la vecina Guyana. La minería que se practica dentro de Canaima y en la perimetral del parque nacional es la que en realidad estaría perjudicando al Caroní y por ende a la represa del Guri”, resalta José Rafael Lozada, coordinador de la cátedra de la ULA.
En el libro “Ríos en riesgo de Venezuela, volumen I (2017), también se advierte que la minería aurífera del alto Caroní y zonas del Alto Orinoco, pueden impactar zonas del Alto Orinoco por la posible “deposición de sedimentos contaminados con mercurio en las planicies de inundación”. El documento de la serie editada por el investigador Douglas Rodríguez Olarte de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, agrega además que “los sedimentos son transportados a los ríos deteriorando la calidad del agua y destrucción de suelos arenosos, con la correspondiente eliminación de la flora y fauna acuáticas”.
La sedimentación también es producto de la erosión de los suelos que ocasiona la tala de los bosques y suelos del área a ser explotada. La actividad minera aurífera implica la destrucción del ambiente natural.
“Permitiendo la minería, el Estado venezolano está evadiendo el compromiso de proteger una zona de alto significado ecológico que adquirió un carácter supranacional con la declaratoria de la Unesco en 1974: Canaima no es solo un bien nacional sino patrimonio de la Humanidad”, afirma Hernández.