Canaima

El paraíso envenenado
por el oro

A tan solo 23 kilómetros del famoso Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta que inspiró a la película Up, hay al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar.

Tras un recorrido aéreo y más de 30 horas de navegación fluvial, Runrun.es comprobó en directo cómo trabajan los mineros del Parque Nacional Canaima, un territorio que la Unesco declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad y que desde el año pasado está en “alerta naranja” como consecuencia del extractivismo y su acción devastadora en el ambiente y sus pobladores.

En Canaima, los yacimientos son controlados por sus propios habitantes originarios: los pemones, quienes empujados por el desplome del turismo se han dedicado a la minería ilegal para subsistir.  

El oro extraído de este paisaje milenario sale a bordo de avionetas turísticas, cuyo propietario es un empresario local a quien el Ministerio Público venezolano señala como miembro de una red de contrabandistas que traslada el mineral desde Venezuela hasta islas del Caribe. 

Ese mismo personaje está vinculado a una posada de lujo dentro del parque en donde, según los pemones, se fraguó el ataque armado ordenado por Nicolás Maduro del 8 de diciembre de 2018 "para acabar con la minería", un hecho que cambió por completo a Canaima y sus habitantes.

La extracción de oro en Canaima cuenta con el aval de organizaciones indígenas que, de acuerdo con fuentes consultadas, surgió en el último lustro para organizar la actividad minera.

La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní que desemboca en el Embalse de Guri, donde se genera 85% de la electricidad de un país que atraviesa una grave emergencia de energía.

Una noche entre las minas

Los indígenas extraen el oro en la oscuridad

Un inesperado golpe sacó de su cauce a la curiara que de noche surcaba el río Carrao, en las riberas del Auyantepui, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, al sur de Venezuela. Por la rotunda oscuridad, ninguno de sus tripulantes pudo advertir contra qué chocó la angosta embarcación hasta casi hacerla naufragar. Salvo el “motorista” y “el proero” de la barca, veteranos indígenas de la etnia pemón, nadie supo en un primer momento cuál había sido el obstáculo: un artificial montículo de arena, de los que abundan en el río desde que se multiplicaron los buscadores de oro bajo sus aguas oscuras.

En la penumbra, unas luces que se apagaron por completo tras el ronroneo del motor forastero anunciaban la proximidad de las minas a cielo abierto y aguas adentro que abundan en el sector Arenal del río Carrao. Al desembarcar, el campamento tradicionalmente destinado a los turistas estaba a oscuras y ocupado por mujeres indígenas, quienes son las encargadas de preparar la comida y lavar la ropa a los mineros de los alrededores. Con prisa, abandonaron el lugar apenas llegaron los visitantes, para quienes  fue imperativo encapsularse en chinchorros con mosquiteros después de cenar y así evitar el contagio de la malaria, uno de los males endémicos de la explotación aurífera. No sólo el croar de los sapos arrulló el sueño  de los viajeros: también el traqueteo de las máquinas que a lo lejos procesaban el oro extraído de los arenosos fondos del Carrao, frente al impetuoso Wey Tepui o tepui del Sol.

Campamento turístico ocupado temporalmente por indígenas que trabajan en las minas del río Carrao Foto: Lisseth Boon

Campamento turístico ocupado temporalmente por indígenas que trabajan en las minas del río Carrao Foto: Lisseth Boon

En el sector occidental del P.N Canaima existe el acuerdo entre los pemones, habitantes originarios de esas tierras ancestrales,  de trabajar las minas sólo durante la noche, lejos de la vista de los cada vez menos frecuentes turistas que visitan este reservorio, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1994. Pero no hay manera de ocultar la destrucción: a la luz del día, siguen imperturbables los bidones de gasolina en las orillas y las llamadas balsas, embarcaciones techadas que no sirven para navegar sino flotar y extraer el oro con máquinas del lecho del río. 

Durante un recorrido fluvial de unas 36 horas en el Parque Nacional Canaima, Runrunes contó 21 balsas activas: una en la desembocadura del río Akanan, cinco a lo largo de las aguas del Carrao y 14 sólo en el sector Arenal, dispuestas sin mayor orden como parte del paisaje milenario. Las embarcaciones no son las únicas  evidencias de minería: también, a lo largo del trayecto, es necesario evitar que la curiara se enrede con los “puntos” que flotan en la superficie, que no son más que boyas hechas con mecates y botellas de plástico que sirven para ubicar una veta dorada próxima a ser explotada. 

Balsa minera en el río Carrao. Foto: Lisseth Boon

Balsa minera en el río Carrao. Foto: Lisseth Boon

"Si siguen sacando oro así, el Carrao va a terminar como el Caroní, a la altura del (campamento) Arekuna, que ahora está todo marrón por la cantidad de balsas que hay allí", se lamenta R.C, un veterano operador turístico de Canaima, rotundo crítico de la extracción aurífera, mientras observa contrariado la suave estela que deja la curiara sobre  las aguas color caramelo, color río Carrao, el mismo que otrora tuviera el nacimiento del Caroní, el segundo río más importante de Venezuela, hoy en día revuelto por las minas. 

Desde la avioneta, minutos antes de aterrizar en el pequeño aeropuerto de Canaima, es posible advertir los estragos de la minería que carcome los límites, en teoría sagrados, del parque nacional, decretado el 16 de junio de 1962 bajo el gobierno del expresidente venezolano Rómulo Betancourt. En este costado del reino de los tepuyes, esas altiplanicies macizas únicas en el planeta, a la que rodean bosques, sabanas, cursos y saltos de agua, contrastan, cual dentelladas a orillas del río Caroní, los bancos artificiales de arena y lagunas color verde radioactivo que supuran del mercurio utilizado para separar el oro de la arena.  

El río Caroní desde una avioneta, en los límites del P.N Canaima. Foto: Lisseth Boon

El río Caroní desde una avioneta, en los límites del P.N Canaima. Foto: Lisseth Boon

Ni el sagrado Auyantepui se ha librado de la fiebre del oro. La búsqueda de un mítico “río dorado” fue la verdadera razón por la que el piloto norteamericano Jimmy Angel (1899-1956) organizó una expedición con el capitán venezolano Félix Cardona Puig para sobrevolar el tepui en forma de corazón el 21 de mayo de 1937. Ese día, aterrizaron estrepitosamente sobre la cima y tuvieron que volver al campamento base caminando durante 11 días por la selva, una hazaña que alimentó su leyenda.  El aviador nunca encontró minas en Canaima pero en su honor, el Ministerio de Fomento de la época bautizó al icónico salto de Venezuela con su nombre dos años después.  

Sin turismo

A orillas del Carrao, un  hombre con el torso desnudo y quijada desafiante  manotea el aire cuando advierte el gesto de los clicks de celulares y cámaras desde las curiaras. Allí nadie quiere fotos, mucho menos preguntas de los pocos  foráneos que se pasean por estas riberas en época de verano, como se identifican a los meses sin lluvia en Venezuela. 

Mineros en el río Carrao. Foto: Lorena Meléndez

Mineros en el río Carrao. Foto: Lorena Meléndez

En esta zona en particular, la desconfianza de los mineros pemones hacia los extraños pesa como una guaya. Más aún después del asalto de diciembre de 2018 que tuvo lugar en el sector Arenal a cargo de agentes encubiertos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar  (Dgcim), en el que asesinaron a un indígena vecino de Canaima y dejaron otros dos heridos. Un evento que produjo una conmoción en toda la comunidad pemona y trascendió hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional en Caracas.  

Que los indígenas pemones, habitantes ancestrales de las tierras donde fue demarcado Canaima, son los que están sacando oro de los ríos y terrenos a cielo abierto es una realidad que muchos prefieren dejar correr. Los que se han atrevido, resultan ignorados o atacados. Tal fue el caso de la  periodista especializada en turismo Valentina Quintero, cuya denuncia sobre la explotación del Campo Carrao en noviembre de 2018 le valió que el Consejo de Caciques Generales, instancia política indígena creada a raíz del auge minero, la declarara "persona non grata".

En una reunión celebrada 4 de junio de 2019, los ministros de Desarrollo Minero Ecológico y de Pueblos Indígenas junto con 15 caciques del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde se ubica Canaima,  reiteraron que el gobierno protegerá a los parques nacionales de la actividad minera destacando el objetivo del Arco Minero del Orinoco, el megaproyecto de minería que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio nacional. Pero no asomaron que los indígenas también la practican. 

Runrunes comprobó in situ que no sólo se practica minería en los linderos de Canaima: también dentro del parque hay balsas dragando oro y una mina a cielo abierto, Campo Carrao, a tan sólo 23 kilómetros del Auyantepui, donde nace el Salto Ángel o Kerepacupai  Vena (su nombre en lengua pemón), la única caída de agua de 1.000 metros, la más alta del planeta. 

Un oro extraído de las aguas y suelos del mismísimo paraíso que no solo es canjeado como moneda común dentro del parque, sino que también sería traficado fuera del país como parte de una red de contrabando. En agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, dictó una orden de captura contra un empresario turístico, propietario de posadas de la región, por transportar en las avionetas de su empresa toneladas de metal rumbo a las islas del Caribe.

Este reportaje fue realizado mediante una cobertura encubierta por las riberas del río Carrao y el Auyantepui con el propósito de registrar los procedimientos de una práctica ilegal en una zona declarada Patrimonio Natural de la Humanidad no ajena al crimen organizado. Fue imperativa la protección de la identidad de los involucrados consultados. 

Como parte del trabajo de campo en el Parque Nacional Canaima, se realizaron más de 20 entrevistas a biólogos, abogados ambientalistas, indígenas habitantes de las comunidades, operadores de turismo, geólogos, ingenieros de minas y periodistas.  La cobertura en el sitio fue contrastada con el análisis de imágenes satelitales. 

Se enviaron solicitudes de entrevista a los representantes de los ministerios de Desarrollo Minero Ecológico, Pueblos Indígenas, Ecosocialismo y Turismo con competencia en el tema de la minería ilegal en parques nacionales de Venezuela.  Hasta el cierre de este esta edición, no se pudo conocer la posición oficial sobre las evidencias de la minería en Canaima.

De empresario de turismo a “oro-traficante”

Avionetas turísticas se llevan el metal precioso del paraíso

La evidencia de cómo se está traficando el oro de Canaima la ventiló el propio gobierno de Nicolás Maduro. El 16 de agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció la orden de captura y de extradición contra César Leonel Dias González, empresario de 47 años de edad vinculado a media docena de empresas turísticas en el estado Bolívar entre las que se encuentra el controversial hotel Ara Merú Lodge, que funciona dentro del parque nacional y que albergó a quienes perpetraron la “Operación Tepuy Protector” el pasado 8 de diciembre de 2018, un ataque ejecutado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un muerto y dos heridos. Todos pemones.

Para saber qué es Ara Merú Lodge, no hace falta volar hasta Canaima. El que se oferta como un hotel cinco estrellas "en medio de la selva" se exhibe en gigantografías a lo largo de la autopista Francisco Fajardo que atraviesa Caracas. También, sus comerciales saturan los circuitos radiales en un país de economía postrada, donde un trabajador venezolano necesitaría ahorrar 250 salarios mínimos ($6) para pagar los 1.500 dólares promedio que cuesta un fin de semana para dos personas en el parque nacional.

No es la primera vez que Dias González ha sido vinculado con el tráfico de oro. En junio de 2018 fue incluido en la lista de la “Operación Manos de Metal”, anunciada por el exvicepresidente Tareck El Aissami para desmontar  las supuestas mafias que contrabandean material aurífero en el estado Bolívar. El nombre del empresario se encontraba entre las 39 personas con orden de aprehensión por parte del  Ministerio Público, según dijo el fiscal Saab días después.

Un año y dos meses más tarde, Dias volvió a ser identificado por el gobierno como miembro de una red dedicada al tráfico de oro desde Venezuela hacia islas del Caribe como República Dominicana, Aruba, Curazao y Trinidad. Esta vez, se le vinculó a Michel Enrique Jerez Córdoba (piloto privado) y a Roberto Antonio Espejo Machado, etiquetado por el fiscal designado por la anc como el líder de una banda criminal, quien también es buscado por la “Operación Manos de Metal” por los delitos de robo de material estratégico y contrabando agravado.

Por el caso de comercio ilícito de oro en República Dominicana, el  Ministerio Público de Venezuela solicitó el 16 de agosto pasado una orden de captura con fines de extradición contra Dias González, Espejo Camacho y otros seis venezolanos, además de ordenar la incautación de cuatro aeronaves y el bloqueo de instrumentos bancarios.

Pero hasta la fecha, ese pedido de extradición no ha llegado a Santo Domingo, confirmó la Procuraduría General de República Dominicana. Entre ambos países existe un Convenio de Asistencia Mutua en Materia Penal suscrito el 31 de enero de 1997.

En Canaima, trabajadores y habitantes de la comunidad comentaron a Runrun.es que Dias González no se ha dejado ver por los predios del parque nacional desde que Saab anunció la orden de captura y extradición de los traficantes de oro. Confirman que, desde el extranjero, el empresario que suele supervisar directamente el funcionamiento de las empresas locales, se comunica con los empleados de Ara Merú Lodge y Uruyen Camp, ubicado en el valle de Kamarata, para dictar instrucciones.

Tres meses después de la denuncia de la fiscalía, surgió una nueva pista sobre su paradero: el 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aprobó la solicitud de extradición ante el Reino de España de Dias González, quien fuera detenido en Madrid el 17 de septiembre pasado por solicitud del gobierno venezolano, un hecho desconocido para la Embajada española en Caracas. El empresario habría escapado de República Dominicana, donde las autoridades detuvieron a tres de sus socios (Jonathan Luciano del Valle Mata Figueroa, Esthela Gómez de Rodríguez y Claudio Alejandro Di Génova Fistarol) cuando pretendían viajar desde la isla caribeña hasta Barcelona, estado Anzoátegui (al noreste venezolano), en un avión privado con $1.378.000 en efectivo producto de la venta de oro. 

En Canaima son unánimes las impresiones que se recogen sobre Ara Merú Lodge, cuyo despliegue de proporciones y servicios contrastan con las instalaciones y el diseño de otros campamentos que se compenetran con el paradisíaco entorno natural. Sonrisas ladeadas  o cejas levantadas aparecen ante la pregunta de quién está detrás de esta edificación levantada en tiempo récord, sin estudios de impacto ambiental conocidos ni autorización del Instituto Nacional de Parques, Inparques, adscrito al llamado Ministerio de Ecosocialismo.

También es todo un misterio el origen de su promotor. Poco se sabe de la trayectoria gerencial de César Dias antes de convertirse en el pujante empresario de turismo que inauguró Ara Merú Lodge en 2017. Aterrizó literalmente al sur del estado Bolívar para abrir empresas en un área natural protegida, para lo que se requiere la permiso de Inparques y la alianza con al menos un representante del pueblo pemón, que habita en Canaima desde tiempos ancestrales. 

Tampoco se conoce el origen del capital de este emprendedor  de 47 años, quien está registrado en el centro electoral Beatriz de Rodríguez en Ortiz, estado Guárico, el mismo donde vota Michael Enrique Jeréz Córdoba, otro de sus supuestos  socios en la red de contrabando de oro que ventiló el Ministerio Público venezolano.

Runrun.es intentó comunicarse con César Dias para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.

El hotel  y "sus maravillas"

Cuando se pregunta en los alrededores de la Laguna de Canaima quién es el dueño de Ara Merú Lodge, la respuesta es inequívoca: César Dias. Al empresario (cuyo apellido ha sido escrito en la prensa como Díaz, con la letra zeta) también se le adjudica la propiedad de otras empresas: Uruyen Camp (valle de Kamarata, Canaima);  Campamento Waká Vená (frente al Salto Hacha en Canaima, aún en construcción); Hotel Gran Sabana (Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil) y Posada Mediterránea (en el Archipiélago Los Roques). No sólo en Caracas: sus enormes vallas publicitarias dominan los muros externos del aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y sus anuncios suenan con insistencia en las emisoras  comerciales de esa misma entidad.

En la única empresa donde aparece propietario de 80% de las acciones es Transporte Aéreo del Sur, Transur C.A, firma por la cual el Ministerio Público enlaza a Dias como partícipe de la red de contrabando de oro. 

Con la excepción de Transur C.A, Dias no aparece como dueño de esas cuatro empresas en los expedientes mercantiles tanto de Bolívar como de Caracas. Pero hay elementos que las vinculan. Por ejemplo, Joseph Rodríguez Sousa, presidente de Transur, es a la vez accionista de Uruyen Camp, creada en 2018. Tanto José Luis Hernández Santana como Claudio Alberto Monasterios González son socios de Posada Turística Ara Merú Lodge C.A y al mismo tiempo del Hotel Gran Sabana. Monasterios González es presidente de Paca Trading, una sociedad panameña en cuyo directorio también figuran José Alberto Monasterios y María Concepción González Gómez, quien es una de las propietarias de Inversiones CLD 2012 C.A (empresa con 60% de las acciones de Ara Merú Lodge) y al mismo tiempo directora  de CD Holdings, firma domiciliada en Panamá de la cual César Leonel Dias González es presidente y director. 

Por su parte, Fernando Tarazona, quien funge de vicepresidente de Transur C.A, es identificado por la prensa como propietario de Ara Merú Lodge C.A. 

A Dias González también le adjudican la propiedad de la Posada Mediterráneo en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Abierta en 2009, ha recibido a distinguidos huéspedes como el jugador de la Vinotinto, Tomás Rincón, quien celebró su matrimonio en sus instalaciones. Hoy la gerencia su hermana Alejandra Dias Dávila, que asistió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de España en 2018 para promover las empresas de su hermano en el stand de Venezuela en el Institución Ferial de Madrid (Ifema).

Dias Dávila, quien también es cara pública de Ara Merú Lodge, describe a su hermano mayor como “un soñador, emprendedor y curioso”. En una entrevista de la revista Etiqueta del 13 de agosto de 2017, que identifica a César Dias como dueño del hotel cinco estrellas, Alejandra afirma que "todo inició con un sueño de su hermano, César, que se enamoró del Parque Nacional Canaima cuando lo visitó por primera vez". En carnavales de 2017 lo estrenaron comercialmente y en enero de 2018 abrió al público .

Ara Meru Lodge fue presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2016, celebrada en la isla de Margarita en noviembre de ese año de la mano del Grupo Maloka, según reporta la cuenta Instagram de Posada Mediterráneo de Los Roques.

Las compras previas a la apertura de Ara Merú Lodge hablan de la magnitud de la obra. Sólo en mayo de 2016, la empresa importó 6,8 toneladas de mercancía, equivalentes a  75.853 dólares, distribuidos en muebles ($33.165), maquinaria ($20.748), alfombras, vidrio y manufacturas ($16.523), según la base de datos de comercio internacional Importgenius

Como piedras bajo el río

La gestación de Ara Merú Lodge comenzó mucho antes de su presentación formal en la Fitven de 2016. Fue inscrita en el registro mercantil el 3 de julio de 2013, cuatro meses después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia y pocos meses antes de que se formalizaran  las denuncias sobre la minería en Canaima.

El expediente mercantil de la Posada Turística Ara Meru Lodge C.A es uno de los documentos más vigilados del Registro Mercantil II del estado Bolívar,  ubicado en su capital, Ciudad Bolívar. Contrario a la accesibilidad y libre consulta de sus archivos como establece la Ley de Registros y del Notariado, la carpeta con los papeles originarios de esta firma en particular son celosamente guardados. Los funcionarios afirmaron que "había desaparecido" tras la interrupción del sistema de consulta que se extendió varias semanas de octubre. 

De ese documento se desprende que la empresa fue registrada con un capital de Bs. 2 millones, equivalentes a 198.020 dólares americanos, de acuerdo con el cambio oficial de julio de 2013 (tasa del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, SICAD). 

Su composición accionaria es peculiar. La mayoría de las acciones (60%) pertenece a Inversiones CLD 2012 CA, registrada en Los Teques, a unos 1.100 kilómetros de distancia del Parque Nacional Canaima, donde se encuentra la sede de Ara Merú Lodge. El dueño de esta firma (que lleva las iniciales de Cesar Leonel Dias) es Claudio Alberto Monasterios González, quien a su vez es propietario de 51% de las acciones del Hotel Gran Sabana y también vota en el mismo centro electoral que Dias González.

El segundo socio mayoritario de Ara Merú es José Luis Hernández Santana, dueño de 9% de las acciones de Hotel Gran Sabana, ubicado en la frontera con Brasil. También posee la empresa Orinoco Airlines en Hialeah, estado de Florida, Estados Unidos.

El resto de las acciones de Ara Merú Lodge se distribuyen de la siguiente manera: Rosmary Eugenia Sulbarán Sulbarán y Darío Ramón González (ambos indígenas pemones) con 10% de las acciones respectivamente, mientras que Charlie Alexander Rivas Manrique (también pemón) tiene en su haber 5% de las acciones. 

Avionetas doradas

En cuestión de seis años, Dias González ha armado una red de empresas no solo en diferentes ciudades de Venezuela sino también en Estados Unidos, Panamá y Colombia cuyo objeto social es diverso: desde materiales de la construcción, mantenimiento de vehículos hasta servicios turísticos.

En su denuncia de agosto, Saab  no sólo dijo que los involucrados son representantes legales de múltiples empresas relacionadas entre sí en todo el país, que son usadas como fachadas para legitimar los capitales obtenidos de los actos ilícitos. También apuntó directo a la empresa de Dias González que lo liga a la red delictiva: Transporte Aéreo del Sur, propietaria de las avionetas utilizadas para realizar los  trámites ilícitos. Con ellas habría realizado múltiples viajes a República Dominicana, Curazao, Aruba y Trinidad, islas que forman parte de la ruta de contrabando  de oro.

Este es el post que publicó Transportes Aéreos del Sur, Transur C.A en su perfil de Facebook luego de que Tarek William Saab acusase al propietario de la empresa, César Dias, de formar parte de una red de  contrabando de oro. Foto: captura página de Facebook

Este es el post que publicó Transportes Aéreos del Sur, Transur C.A en su perfil de Facebook luego de que Tarek William Saab acusase al propietario de la empresa, César Dias, de formar parte de una red de  contrabando de oro. Foto: captura página de Facebook

Las avionetas de Transur llevan el logo de Ara Merú Lodge estampado en la parte delantera del fuselaje y es común verlas en las pistas de los aeropuertos de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, desde donde suelen despegar los vuelos que llevan turistas hasta Canaima. Sin embargo, en los últimos meses, el destino de estas aeronaves cambió. Un operador turístico confirmó que las avionetas Cessna 206, como las de la flota de la aerolínea, habían dejado de cubrir las rutas turísticas para dedicarse a llevar alimentos, máquinas e implementos hacia las zonas mineras. 

De acuerdo con el expediente mercantil de la compañía, Dias González es el propietario de 80% de las acciones de Transur, aunque no aparezca en la junta directiva de la misma. En su lugar están Joseph Rodríguez Sousa, como presidente y Fernando Eduardo Tarazona Prada, en la silla de vicepresidente. Los tres conformaron la empresa en Caracas en enero de 2019, con sede en la Torre América de la avenida Venezuela de Bello Monte, municipio Baruta. En marzo pasado cambiaron la ubicación al Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, en cuya pista se pueden ver las avionetas.

El documento de Transur señala que la empresa está encargada de la “reparación, instalación, mantenimiento, implantación e instalación de todo lo relacionado a aeronaves, aviones, importación y venta de repuestos aeronáuticos, así como cualquier otro relacionado a esta área, incluyendo cualquier tipo de transporte, entre ellos, transporte de carga, transporte de pasajeros, correo, transporte ejecutivo, nacional e internacional, afiliarse a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA)”. También, tiene a su cargo “comercializar, importar, exportar, comprar, vender, cualquier tipo de materiales, suministros, materias primas, equipos, productos y maquinarias relacionadas al área. Del igual manera la compañía (podrá) asociarse a otras empresas nacionales o extranjeras para realizar cualquier tipo de actividad de lícito comercio”.

El capital con el que se constituyó la aerolínea fue de Bs. 17.054.370 (equivalentes a $5.175, según el cambio del día registrado por el Banco Central de Venezuela) Lo más costoso de su inventario son nueve computadoras, dos aires acondicionados y dos carros Kawasaki Mule. No hay aeronaves dentro de los bienes registrados en el documento. Una avioneta Cessna 206 usada, como las que integran la flota de Transur, cuesta alrededor de 200 mil dólares en el mercado internacional.

Transur sucedió a la empresa Corporación Aérea del Sur (Corasur), envuelta en el accidente de una avioneta que se estrelló contra el Auyantepui en septiembre de 2018, en el cual perdieron la vida cuatro pasajeros (dos niños y dos adultos), todos miembros de una familia  y el piloto Ángel Larrode, quien había sido suspendido por el Instituto Nacional de Aeronáutica (Inac) por falsificar horas de vuelo para obtener una habilitación adicional, según El Cooperante

La avioneta siniestrada formaba parte de la flota de Corasur, que fue certificada como empresa de taxi aéreo por el Inac de forma express a comienzos de 2018.  Su propietario, Fernando Tarazona, “dueño de Ara Merú Lodge” según identifica la prensa,  habría invertido unos tres millones de dólares en las instalaciones de la compañía en el aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar en Puerto Ordaz, de acuerdo a fuentes regionales . 

La misma página Facebook de Transur, creada el 26 de marzo de 2018,  da cuenta del cambio de nombre: de Corporación Aérea del Sur pasó a llamarse Transporte Aéreo del Sur.

Otros turismos

César Dias también tiene una empresa registrada en Colombia, específicamente en Cúcuta. Inversiones Servifrontera SAS es el nombre de esta compañía creada el 24 de agosto de 2015, actualmente con matrícula inactiva según el expediente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Dias González es gerente general de esta firma que tiene entre sus funciones “mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio de partes, autopartes y accesorios para vehículos automotores y comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos”. Nada relacionado con turismo. 

Una de las últimas operaciones financieras hechas por Dias González fue la apertura de una compañía en Panamá llamada CD Holdings S.A, el 24 de junio de 2019. De acuerdo con la web Open Corporates, el empresario ocupa allí los cargos de director, presidente, tesorero, apoderado y suscriptor. Solo tres nombres más integran la sociedad: el de José Alberto Monasterios (secretario, director y suscriptor), el de María Concepción González Gómez (directora) y el de Tamara Michelle Vélez Herrera (agente). 

Monasterios y González Gómez, accionistas de Ara Merú, también son socios en Paca Trading S.A., otra sociedad panameña creada en diciembre de 2017. 

El directorio Open Corporates también arrojó que Dias González había registrado otra empresa en Sunrise, en Florida de Estados Unidos, en noviembre de 2016: Unimark LLC, actualmente inactiva.

A juzgar por lo que declaró Saab en ocasión de la denuncia del 16 de agosto, el gobierno de Maduro está claro de lo que significa el tráfico de oro. Si bien Saab no mencionó a Canaima, sí resaltó los estragos de la explotación y comercio ilícito. Lo calificó como actividad criminal de altísima gravedad, que daña la economía del país y busca destruirla a nivel inimaginable.  “Es comparable a los peores delitos, crímenes de lesa humanidad y tráfico de drogas. Está controlado por mafiosos que disfrazan su actividad ilícita mediante empresas de maletín. Un flagelo que hace daño al pueblo de Venezuela", aseveró. 

Pero todas estas acciones del gobierno de Maduro para combatir el tráfico de oro en el fondo no persiguen aplicar justicia, conservar el ambiente ni erradicar la minería del parque nacional, considera el diputado a la Asamblea Nacional Américo de Grazia, consecuente crítico de la gestión minera y su correspondiente violación de derechos humanos en el estado Bolívar.

“Quizás detrás de este empresario de Canaima, ahora acusado de contrabando de oro, estaba algún operador como el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez o el actual Justo Noguera Pietri, grupos de poder que pretenden desplazar a otros para controlar el negocio minero. Sigue el patrón de la operación Manos de Metal ejecutada en 2018. No hay reglas en el mercado del crimen”.

La sangre y el tepui

Un ataque militar se fraguó
presuntamente en una posada de lujo

"Allí fue donde se planeó todo”, dice un guía turístico pemón al recordar el día que, por primera vez, en Canaima se sintió el olor corrosivo de las bombas lacrimógenas y el sonido de las ráfagas de disparos. El lugar al que se refiere es un campamento, el único que según los pobladores fue construido en un tiempo récord de dos años y es descrito por las reseñas de viaje como el más moderno y lujoso de la zona: Ara Merú Lodge. Fue allí donde se alojaron los 20 oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que el 8 de diciembre de 2018 incursionaron en la zona minera del parque nacional, mataron a tiros a un pemón e hirieron a otros dos. De allí salió la “Operación Tepuy Protector”.

A diferencia del resto, Ara Merú Lodge es la única posada en Kanaimö –la capital del Sector 2 del territorio pemón-  cercada por arbustos y con una sola entrada, lo que le da un ambiente de mayor privacidad con respecto a las demás. Para ingresar hay que atravesar un arco de piedra cubierto por una cortina de agua que intenta recrear las cascadas cercanas. En su interior tiene lo que otras no: piscina, gimnasio y una “réplica” del Salto Ángel hecha de cemento. 

Ara Merú Lodge es el más lujoso de los campamentos. Foto: Lorena Meléndez G.

Ara Merú Lodge es el más lujoso de los campamentos. Foto: Lorena Meléndez G.

El porqué se hospedaron en Ara Merú siempre ha sido destacado por quienes viven en Kanaimö y Kamarata. Aseguran que es allí donde suelen quedarse los militares cuando van de paseo a uno de los destinos turísticos más costosos de Venezuela (alrededor de 600$ por persona), uno a donde solo llega una mínima porción de la población en un país donde más de 45% de los habitantes come menos de tres veces al día, según estimaciones de encuestadoras como Delphos y Consultores 21

Pero hay otro dato que nadie comenta. El propietario de Ara Merú es César Leonel Dias González, solicitado por la justicia venezolana desde junio de 2018, cuando el gobierno publicó un listado de personas vinculadas al tráfico de oro. Desde agosto de 2016 se sabe que ese nexo parte de su actividad con otra empresa: Transporte Aéreo del Sur (Transur), a través de la cual se trasladó el mineral dorado a países como República Dominicana, Curazao y Aruba, según el Ministerio Público.

Un día antes de aquella incursión militar que atacó a los indígenas mineros, el 7 de diciembre en horas de la tarde, arribaron los funcionarios de la DGCIM a Kanaimö, se registraron con identidades falsas y se hicieron pasar por viajeros. El armamento ingresó escondido a las instalaciones de Corpoelec. A orillas de la Laguna de Canaima, contaron testigos, los DGCIM celebraron su supuesta estancia vacacional con vasos de whisky. Al amanecer, 18 de ellos partieron a una expedición en dos curiaras junto a un grupo de pemones que fungieron como guías turísticos y conductores de las embarcaciones. La idea era arribar al Kerepakupai Vená, mejor conocido como el Salto Ángel, pero eso no fue lo que pasó.

Lista de nombres falsos utilizados por los funcionarios de la DGCIM durante la operación “Tepuy Protector”. Foto: Ricardo Delgado

Lista de nombres falsos utilizados por los funcionarios de la DGCIM durante la operación “Tepuy Protector”. Foto: Ricardo Delgado

En el camino, antes de tomar rumbo hacia el río Churún que llega hasta la enorme cascada, los militares encubiertos tomaron el control de las curiaras que los transportaban y su tripulación. “Secuestraron a los muchachos para que los llevaran a la zona minera. Estaban armados hasta los dientes (...) tienen armamento de largo alcance”, relata Gregorio Rivas, el propietario del campamento Morichal de Canaima, en el audio subido a la cuenta de Instagram @CanaimaSeRespeta.

Arenal en llamas

Una veintena de disparos se escucha en poco más de un minuto de video y todos sus ecos resuenan en medio de la selva. El lente intenta apuntar hacia el frente, al oscuro y caudaloso río Carrao, dentro de Canaima, por donde navega en curiara el hombre que sostiene el teléfono con el que graba. De fondo, el permanente ruido de un motor se mezcla con el golpe de la brisa sobre el micrófono. “Dale, dale”, grita uno de los tripulantes, mientras que la chaqueta negra de uno de los hombres a bordo se infla con el aire. Segundos después, solo se ven las paredes rugosas y húmedas de la embarcación de madera. En medio de las detonaciones, levantar la cabeza no es seguro. Así inicia una de las grabaciones de la “Operación Tepuy Protector”.

En ese momento, sin embargo, todo es confusión. Se dan órdenes y se pide cautela. “Levante las manos, levante las manos”, repite un hombre que parece estar dentro de la larga canoa. “Ya va, ya va… Cuidado, cuidado”, dice otra de las voces mientras los balazos arrecian. La embarcación se ha detenido, el motor no se oye. 

Finalmente, la cámara enfoca lo que sucede: la curiara atraca al lado de una balsa minera. Allí están los pemones que se dedican a extraer el oro de las arenas del fondo del río. Las ráfagas de tiros no cesan. Todos están en chancletas, bermudas y camisetas sin mangas. La vestimenta de los indígenas es la misma que portan quienes explotan el metal dorado en el territorio del Arco Minero del Orinoco. Así se les ve hoy cuando surcan el Carrao a toda velocidad para ir a las balsas o a las minas de Canaima.

La leyenda del video dice que ese fue el momento en el que los mineros pemones se enfrentaron a los “criollos”, como llaman a los no indígenas, que habían llegado con armas largas, por aire y río a la zona de Arenal, para sacar de allí a quienes extraían oro en el cinturón fluvial del Auyantepui, la montaña donde está el Kerepakupai Vená. Varios pemones, aseguraron fuentes consultadas, tenían consigo escopetas y flechas. Sin embargo, los únicos heridos de bala fueron los indígenas. Uno de ellos fue Charly Peñaloza, de 21 años, quien murió por un tiro. A su hermano Carlos Peñaloza, de 25, y a César Sandoval también les dieron varios balazos.

Arenal es un sector del río Carrao que sesenta años atrás era una zona minera y dejó de serlo cuando Canaima fue declarado Parque Nacional y el turismo se convirtió en la actividad económica por excelencia de todo el municipio Gran Sabana. Hoy, en medio de la debacle económica y social que azota a Venezuela, Arenal ha vuelto a sus orígenes. En sus orillas, frente al Wey Tepuy (Tepuy del Sol), atracan las balsas mineras con mangueras que dragan la arena del río y forman los bancos de sedimentos que sobresalen en el agua y son esquivados por quienes navegan. En el campamento turístico del área, hoy guindan las hamacas de los extractivistas y no de los viajeros. De noche, el zumbido de las motobombas quiebra el concierto de ranas, sapos, pájaros e insectos que empiezan su rutina cuando cae el sol. Los indígenas buscan el metal precioso en el Carrao.

Cuando los DGCIM llegaron a Arenal, ocurría el cambio de turno de los mineros, relata Carlos Somera, representante de la Comisión de Enlace Interinstitucional del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón y quien encabezó la investigación de los hechos. Se acababan de ir los indígenas que habían dragado arena durante la noche para dar paso a quienes lo harían en la mañana. En ese momento, los funcionarios abordaron varias balsas y, con sus armas, ordenaron a los mineros pemones que se retiraran del sitio porque habían empezado un operativo. Pero entonces, los indígenas reaccionaron. 

“Nuestros hermanos los enfrentaron verbalmente”, explica Somera, quien insiste en que ninguno de los pemones tenía armas de fuego. Dice que empezaron a exigirles explicaciones a los efectivos para evitar que dañaran alguna balsa. Poco a poco se acercaron, pero lo que recibieron a cambio fue una lluvia de balas que hirió a tres en sus piernas.  

En ese instante, los pemones hicieron una jugada que los uniformados no esperaban. Varios se metieron al río Carrao, sorprendieron por detrás de una balsa a dos funcionarios y los lanzaron al agua. 

Según Somera, uno de los DGCIM caídos casi se ahoga, mientras que a otro lo inmovilizaron cuando le quitaron su cuchillo y se lo apuntaron al cuello. Al final, los pemones doblegaron a los militares tras tomar como rehenes a varios de los que actuaban en el operativo. En medio de la situación, la mayoría de los efectivos huyó a través de un riachuelo cercano. Los indígenas los persiguieron, pero no los alcanzaron. Presumen que los rescataron más tarde por vía aérea.

Hay pemones que relatan que este procedimiento fue mucho más violento. “Ellos (los DGCIM) llegaron hasta aquí en una curiara y ahí, del otro lado, donde está la laja, estaba un helicóptero de Cadafe (la antigua compañía eléctrica de la región) que le disparó a mis hermanos”, contó un pemón mientras señalaba la formación rocosa que sobresale en los márgenes del río y que sirvió aquella mañana de helipuerto improvisado. Muestra también que justo al frente de esta, sus “paisanos” –entre ellos mujeres y niños- corrieron para resguardarse selva adentro. 

El testimonio grabado de Carlos Peñaloza, uno de los heridos, coincide con esta última versión y reconstruye parte de lo que se vivió en Arenal. Recostado en una cama clínica, describió en lengua pemón lo sucedido un día después de que lo balearan: 

"Eran entre 14 y 20 tipos. A mi hermano y a mí nos dispararon porque nos acercamos confiados. Después de eso, mis otros paisanos (indígenas pemones) se molestaron y los rebeldes llamaron a un helicóptero y los paisanos obligaron a los rebeldes bajar el helicóptero con una condición", relata. 

Esa condición era la de liberar a los funcionarios detenidos por los indígenas en Arenal. Peñaloza llama “rebeldes” a la DGCIM porque durante las primeras horas, los pemones pensaron que el ataque lo habían perpetrado las mafias que suelen estar detrás del negocio del oro venezolano: bandas armadas o guerrilla. 

El helicóptero mencionado pasó también por Campo Carrao, la mina a cielo abierto que está a pocos kilómetros de la desembocadura del río Akanán, en el norte del Auyantepui, y a donde llegan a toda velocidad las curiaras cargadas de indígenas extractivistas. Allí aterrizaron y dinamitaron la pista de aterrizaje, pero fueron detenidos por los pemones mineros que trabajaban a esa hora. 

Mientras la balacera sucedía, en Kanaimö había comenzado la misa en la pequeña capilla de piedra y cemento que celebraba a la Inmaculada Concepción, patrona de todo el pueblo. Era 8 de diciembre y toda la comunidad estaba congregada en torno a la iglesia. Cuando el coro entonaba los cánticos marianos, la ceremonia se truncó. Al puerto llegaron los pemones heridos de bala desde la zona minera. Charly Peñaloza moriría horas después, luego de ser trasladado a Puerto Ordaz. Eran las 8:00 de la mañana.

Iglesia de Nuestra Senora de la Inmaculada Concepción. Aquí estaban reunidos los feligreses cuando ocurrió el ataque militar encubierto en el sector Arenal. Foto: Lisseth Boon

Iglesia de Nuestra Senora de la Inmaculada Concepción. Aquí estaban reunidos los feligreses cuando ocurrió el ataque militar encubierto en el sector Arenal. Foto: Lisseth Boon

En horas de la tarde, los funcionarios volvieron para buscar a los mineros que habían escapado y lanzaron lacrimógenas a la comunidad. Los pobladores grabaron videos para denunciarlos y los subieron a las redes. Pese a que se habían viralizado, los líderes indígenas incautaron todas las evidencias. Hoy, están en poder de Domingo Castro, cacique general del Sector II, quien se niega a comentar el incidente.

“Ese es un tema que en nuestra comunidad hemos tratado de subsanar, no recordarlo. Considero que tocar ese tema nuevamente no es prudente. Es un tema muy mediático y personalmente he tratado de que ese momento doloroso que vivimos como comunidad en un momento, el miedo que sintieron mis hermanos, quede como un episodio de sangre en nuestra historia, momento que no debe volver a ocurrir y por eso más que nunca estamos trabajando. Es todo lo que puedo decir respecto a ese tema”, respondió a Runrun.es vía Whatsapp.

Somera asegura que los funcionarios habían elegido la fecha de la patrona porque pensaban que todos los pemones acudirían a la celebración mariana ese día y que en las balsas solo quedarían mineros brasileños, que eran supuestamente el objetivo de la misión. Pero al llegar, solamente encontraron a los indígenas. Todavía hoy, en las balsas, los “criollos” parecen no tener cabida.

La historia que se difundió en los medios de comunicación digitales venezolanos tras el ataque fue otra. Aunque posteriormente señalaron que los funcionarios entraron al territorio de forma violenta y dispararon contra los aborígenes, los primeros titulares apuntaron a un enfrentamiento ocurrido entre pemones y la DGCIM en Canaima, con la muerte de un indígena como resultado.

En El Universal y 2001 se trató el hecho como un enfrentamiento

En El Universal y 2001 se trató el hecho como un enfrentamiento

Esa versión fue respaldada el 11 de diciembre de 2018 por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López quien, acompañado por el comandante general del Ejército, Remigio Ceballos Ichaso, por fin habló en público del ataque militar en el parque nacional. Ratificó que la operación era parte del plan “Tepuy protector”, con el que el gobierno pretendía acabar con la minería en el parque nacional. 

“Hubo un enfrentamiento, hubo armas, hicieron armas contra esta comisión (...) y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento en ese sector, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón”, explicó Padrino López ante cámaras sin mencionar que las víctimas eran pemones. Luego comentó que los funcionarios de la DGCIM fueron evacuados del sitio, aunque para ese momento todavía tres de ellos seguían en poder de los indígenas. También afirmó que los lesionados fueron llevados rápidamente a un hospital de Ciudad Bolívar, capital del estado, pese a que según el diputado Américo De Grazia, fueron “ruleteados” por otros centros asistenciales antes de ser trasladados al sitio.

En esa misma alocución, el ministro aseveró que durante la acción se destruyeron varias balsas mineras y apuntó que “mafias internacionales” y con poder económico buscaban poner a los indígenas en contra del gobierno.

La declaración consiguió respuesta inmediata de los indígenas de Canaima quienes, a través de un comunicado refrendado por el Consejo de Caciques Generales, desmintieron el enfrentamiento del que habló Padrino López y cuestionaron que haya dado la cara cuatro días después de los hechos. Le llamaron cobarde, colonizador, ladrón, cínico, mentiroso, ignorante, charlatán y asesino. 

Lucy Rossy, secretaria del Consejo General de Caciques de Canaima, lee el comunicado

“Usted hace un llamado al diálogo y justifica que su operación está basada en la Constitución. ¿Asesinar a un indígena en una operación militar no es violar la Constitución? ¿La operación militar es diálogo? (...) ¿Quién maltrató a los indígenas y se llevó sus pertenencias? (...) Renuncie, que le queda muy grande la Fuerza Armada Bolivariana, que es protectora de su pueblo, no su verdugo o asesino”, pronunció Lucy Rossy, secretaria del Consejo, al leer la carta en una grabación de video que se viralizó.

Jurisdicción pemón

Ya durante las primeras horas, los indígenas habían tomado acciones para repudiar el ataque. El Consejo de Caciques declaró luto en todo el municipio Gran Sabana por una semana, suspendió las elecciones de concejales en su jurisdicción –comicios que estaban pautados para el 9 de diciembre en toda Venezuela–, convocó a paro indefinido en todas las comunidades de la zona y cerró puertos, aeropuertos y carreteras. Además, responsabilizó al Estado por todo lo sucedido, exigió el esclarecimiento de la muerte de Peñaloza y del porqué efectivos militares lo trasladaron de una clínica privada a un hospital público.

Mientras hacían esa declaración, los pemones interrogaban a los presuntos implicados: los dos funcionarios de la DGCIM que fueron atrapados en Campo Carrao y uno más que la GNB tenía en su custodia en Kanaimö. Para ese momento, no sabían que se trataba de militares encubiertos, sino que pensaban que se trataba de guerrilleros o paramilitares.

La decisión de interrogarlos se apoyó en la aplicación de la jurisdicción especial indígena, figura contemplada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que otorga a estas el poder de solucionar de forma autónoma los conflictos que se generen dentro de su territorio.

La jurisdicción especial indígena se activó el 10 de diciembre, dos días después de los sucesos de Arenal. Así lo estableció el “Informe Preliminar del Consejo General de Caciques Generales del Pueblo Pemón sobre incursión armada en Canaima”, que declaró la apertura del caso con el relato de los testigos presenciales, la integración de una comisión que verificaría los hechos in situ y los allanamientos a Ara Merú Lodge (donde se hospedaron los militares) y Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en cuyo helipuerto aterrizaron las aeronaves que trasladaron a los agentes. Además, los pemones decidieron revocarle la custodia del sospechoso a la GNB para interpelarlo, y detener a dos trabajadores de la industria eléctrica identificados como Édgar Velásquez y Luis Malpica. Todo el acto sería procesado y sentenciado por los indígenas y así se notificó a la Defensoría del Pueblo.

Al día siguiente apareció otro comunicado en el que se comenzaron a establecer culpabilidades. El Consejo de Caciques responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la “operación encubierta tipo militar” que perseguía “inutilizar equipos mineros en el río Carrao” y dejó un muerto y dos heridos “con armas de la república”. 

También se señaló a varios funcionarios de la DGCIM como los planificadores del operativo, entre ellos al director del cuerpo, general Iván Hernández Dala; al mayor Alexander Granko Arteaga, comandante de la Unidad de Asuntos Especiales; y al mayor Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la DGCIM; todos sancionados por EE UU a raíz de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, presuntamente asesinado en junio pasado luego de haber sido torturado mientras estaba detenido, según sus familiares y abogados. Los uniformados, de acuerdo con el comunicado, urdieron la acción junto a “21 efectivos de tropa y oficiales expertos en explosivos” y con la complicidad del ministro de Energía Eléctrica de entonces, Luis Motta Domínguez, quien facilitó el uso de aeronaves y la sede de Corpoelec en Kanaimö, así como la GNB.

La jurisdicción especial indígena también les ha permitido a los pemones tomar medidas con respecto a cada “criollo” que entra a Canaima. En el aeropuerto, la revisión completa del equipaje es ahora obligatoria a cualquier persona que ingresa al parque. La desconfianza de los locales evita que se refieran a lo sucedido en el sector Arenal y los paseos turísticos por el río Carrao, en los tramos que incluyen las zonas de balsas para la explotación de oro, deben ser aprobados por los mineros que hacen vida allí. Así lo reclaman a los guías cuando hacen excursiones por el área. La incursión militar en Canaima creó resentimientos y rivalidades. El “Tepuy protector” provocó precisamente un efecto contrario al que pregona su nombre: logró que los aborígenes se sintieran tan vulnerables como recelosos de su territorio. 

Aunque el revuelo de lo sucedido en Canaima fue conocido y reseñado por la prensa nacional, solo dos comunidades indígenas pemón fuera del Sector 2 salieron a condenar lo que había acontecido: una de estas fue Urimán, en donde se practica abiertamente la minería desde hace décadas. Allí, uno de sus miembros reafirmó que no cederían ni un metro de sus tierras. 

La otra fue la comunidad de Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní), donde el ex alcalde de la Gran Sabana, Ricardo Delgado, grabó un video para expresar su apoyo a sus paisanos en Kanaimö. “(Estas) son acciones claras que hace el gobierno para corrernos a nosotros de las zonas mineras”, aseguró la noche del 8 de diciembre. Diez días más tarde, el ex funcionario entregó en Pacaraima, Brasil, un documento que denunciaba la operación militar y sus consecuencias ante el campamento humanitario de ACNUR instalado en la ciudad para atender a los migrantes venezolanos. Kumarakapay fue, por cierto, el escenario de la tragedia del 22 de febrero de 2019, cuando militares del Ejército arremetieron con armas largas contra los indígenas que manifestaban su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria comandado por el líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Ese día, el olor de lacrimógenas volvió a sentirse en la tierra de los tepuyes. Cuatro pemones murieron baleados.

Un plan silente

Meses antes de la incursión armada, el gobierno se había reunido varias veces con el Consejo de Capitanes para hablar sobre la minería en Canaima y los planes que debían ponerse en marcha a fin de procurar que los indígenas mineros abandonaran la actividad ilegal. 

Aunque las denuncias sobre la minería en el parque nacional se remontan a 2011, cuando se registraron los primeros movimientos de tierra y máquinas fue en 2018, momento en el que varias organizaciones comenzaron a hacer ruido sobre el ecocidio que ocurría en un territorio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad: en julio, la organización SOS Orinoco publicó un extenso informe sobre la actividad. Amnistía Internacional se pronunció en contra de las acusaciones que el General de Brigada Roberto González Cárdenas profirió contra la activista pemón Lisa Henrito, a quien señaló de encabezar un movimiento secesionista en el sur venezolano, cuando su labor había sido denunciar la minería ilegal en Bolívar. 

El primero de estos encuentros se llevó a cabo el 5 de octubre, cuando varias autoridades gubernamentales hablaron sobre la minería ilegal con los indígenas. De acuerdo con varias publicaciones de cuentas oficiales en Twitter, la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos Ichaso; y los ministros de Cultura, Ernesto Villegas Poljak; Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; Ecosocialismo (antiguo Ambiente), Heryck Rangel; y Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, mantuvieron diálogos con los caciques sobre la protección del parque. “Integrar el vencer”, decía el mensaje en redes sociales del Ceofanb que daba cuenta de la cita.

Sin embargo, una fuente que estuvo presente en la reunión señaló que la propuesta del tren ministerial fue dotar a los pemones de equipos para continuar con la explotación del oro. O, sino, impulsar el trabajo de la industria maderera en la zona, tal como se había hecho en la Sierra del Imataca, que abarca parte del norte de Bolívar y el sur de Delta Amacuro. Nunca, aseguró la fuente, hubo una intención real de detener la minería.

Al día siguiente, los pemones acudieron a un encuentro con la ministra de Turismo, Stella Lugo, quien visitó el parque nacional para inspeccionar el Campamento Venetur Canaima, donde recientemente se habían hecho remodelaciones. Desde allí, Lugo grabó una entrevista para el programa 360º, de Venezolana de Televisión (VTV), en el cual anunció que el país participaría en la World Travel Market de Londres. “Es una localidad turística única, donde nace el mundo. Un espacio donde además se evidencia la gentileza de sus habitantes, quienes con su cultura enamoran al turista”, dijo en la transmisión. Sin embargo, acerca de sus conversaciones con los pemones, no mencionó ni una palabra en público. 

Una fuente afirmó que Lugo prometió la reactivación del turismo en la zona y aseguró que una de las medidas sería la apertura de una ruta aérea de Conviasa entre Puerto Ordaz y Canaima. Hasta mediados de julio de 2019, no había aterrizado el primer avión de la aerolínea estadal.

A esas reuniones se sumaron las protestas. El 8 de octubre, los indígenas alzaron su voz para denunciar la violación de sus territorios por parte de los mineros que llegan a explotar ilegalmente el oro del sur del estado Bolívar. Hicieron una manifestación que se mantuvo por 10 días y, aunque ocurrió lejos de Canaima (en el kilómetro 67 de la Troncal 10), clausuró la vía que atraviesa la zona minera y conecta con la Gran Sabana, que sí es parte del parque nacional, hasta llegar a Brasil. Al reclamo se sumaron 22 comunidades de distintas etnias que también exigieron el suministro de alimentos, gas doméstico, combustible y el control de los precios de los productos de primera necesidad. “Nos cobran la comida en gramas de oro y no todos somos mineros”, dijo al Correo del Caroní uno de los marchistas.

En medio de ese cierre, la periodista especializada en turismo, Valentina Quintero, publicó en redes sociales videos y fotos de la minería dentro del parque nacional. Citó a los titulares de las carteras de Ecosocialismo, Desarrollo Minero Ecológico y Turismo y los conminó a actuar frente a la depredación del ambiente. “No hay minería sin gasolina. Los militares controlan toda la gasolina en los estados fronterizos. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Saquen la minería del PNCanaima”, dijo en uno de sus tuits.

El 15 de octubre, el Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, confirmó el arranque de la operación “Tepuy Protector 2018”, una plan cívico militar para acabar con la minería en el parque nacional. La acción provocó la respuesta del Consejo de Caciques, quienes catalogaron la medida como una “emboscada política” a su organización. 

Según ellos, Tepuy Protector era un “plan orquestado entre las instituciones militares y los grupos armados para opacar la lucha del pueblo pemón con la excusa de la eliminación de la minería en el Parque Nacional Canaima”. En esa misma comunicación advirtieron que el operativo debía llevarse a cabo exclusivamente en el río Carrao, donde las comunidades habían aprobado el abordaje.

A finales de ese mismo mes, el educador y ex vicepresidente de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Ismael Fernández Diez, introdujo en la Fiscalía General de la República, una denuncia en contra de la minería ilegal en el parque nacional. “Ello no solo atenta contra el V Objetivo del Plan de la Patria 2013-2019: ‘Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana’, sino que afecta a la vida de nuestros hermanos, hijos, nietos y de las próximas generaciones. De no detenerse la acción de degradación ilegal del ambiente en el Parque Nacional Canaima, otros complejos ecosistemas que ya están comprometidos en su área de influencia, podrían irremediablemente desaparecer”, señaló en el texto que incluye las coordenadas de las áreas de explotación de oro.  

En ese mismo escrito, Fernández Diez exigió la apertura de una investigación “junto al Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”. 

También afirmó que la actividad minera ilegal en el sector de la Gran Sabana era promovida y avalada por el entonces alcalde de oposición, Emilio González, quien fue destituido por el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, en abril de 2019, luego de imponer a dedo a la ex diputada chavista Nancy Ascencio. González había denunciado persecución por parte del mandatario regional desde mediados de 2018, situación que empeoró tras los ataques militares contra las comunidades indígenas que ocurrieron en la zona en febrero de 2019, cuando los pemones protestaban para pedir el ingreso de la ayuda humanitaria.

El 30 de noviembre ocurrió otra cita. En la sala de reuniones de la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de la República, se encontraron desde ministros y viceministros, hasta funcionarios de distintas instituciones públicas como la Procuraduría General de la República, los ministerios de Salud, Ecosocialismo, Desarrollo Minero Ecológico y capitanes de la etnia pemón, para discutir sobre las consecuencias de la minería ilegal dentro del parque nacional, todo en el marco del proyecto “Canaima libre de mercurio”, conducido por el despacho de Jorge Arreaza, titular de Relaciones Exteriores.

Fue ese mismo plan el que, semanas antes de aquella reunión, llevó hasta los campamentos indígenas a científicos que recogieron muestras de agua de los ríos de Canaima para comprobar el grado de contaminación con mercurio. Aquel 30 de noviembre, luego de exposiciones sobre los efectos de la minería en el ambiente, la proliferación del paludismo, los riesgos y las enfermedades causadas por el envenenamiento con mercurio, la débil situación de la salud pública en Bolívar y la dificultad de movilidad de los indígenas de Kanaimö debido a los altos costos de la gasolina, se decidió que se solicitaría la activación de la operación “Tepuy Protector” contra la actividad minera en la zona. 

“La militarización de los pueblos indígenas es un tema muy delicado y álgido en la doctrina del derecho internacional de los pueblos indígenas. Está muy normado, requiere todo un protocolo. La manera en la que se hizo violenta lo que son esos protocolos internacionales”, sentencia el abogado indigenista y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Vladimir Aguilar.

Dos documentos suscritos por Venezuela contemplan la protección a las tierras de los aborígenes. Uno de estos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que establece en su artículo 18 que las intrusiones no autorizadas en estas áreas deben ser sancionadas. El otro es la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas que, en el artículo 130, detalla que las acciones militares no deben tener lugar en territorios indígenas, a menos que lo justifique un asunto de interés público o sea acordado con los pobladores originarios.

“Los Estados realizarán consultas efectivas con los pueblos indígenas a los que les concierne, a través de los procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, indica parte del artículo.

Ocho días después de aquella reunión en Cancillería, aun cuando el trato había sido detener a los mineros e incautar sus pertenencias, mataron a balazos Charly Peñaloza en una operación encubierta.

Caciques tras el oro

Jerarquía indígena avala la minería en Canaima

Uno tras otro, los comunicados que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón se convirtieron en la bitácora de los días siguientes a la incursión armada en Canaima del 8 de diciembre de 2018. En estos, los indígenas concentraron las denuncias, señalamientos y pronunciamientos de sus jefes. En manifiestos escritos y en video, fustigaron el hecho y dieron cuenta de los procedimientos que seguían para esclarecer lo que había sucedido así como reclamar la responsabilidad del Estado. Acababan de matar a uno de los suyos: a uno de los jóvenes mineros que extraía oro en Arenal, a pocos kilómetros del Auyantepui y del Kerepakupai Vená o Salto Ángel. 

Pemones reclaman a Maduro y Padrino López

Pero esa misma vehemencia no se observó dos meses después, la madrugada del 22 febrero de 2019, cuando militares arremetieron contra la comunidad de Kumarakapay, en la Gran Sabana (sector oriental del Parque Nacional Canaima) por haberse alzado y exigir el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera con Brasil, una iniciativa convocada por el gobierno de Juan Guaidó. 

Un día antes de aquella masacre, los dirigentes indígenas habían publicado una carta en la que se deslindaban de cualquier manifestación relacionada con la ayuda humanitaria. Sin embargo, daban libertad a sus “paisanos” para apoyar la protesta. Esto señala un extracto:

El 22 de febrero, los uniformados hirieron de muerte a tres indígenas y balearon a otros 13. El Consejo de Caciques no emitió ni una sola declaración. Sobre el acontecimiento, la única constante del grupo fue el silencio.

La diferencia entre las reacciones ante los hechos de Canaima y los de Kumarakapay, de acuerdo con pemones consultados en Kamarata y Kanaimö, están marcadas por la complicidad que existe entre los Caciques Generales y quienes practican la minería dentro del parque. "Mientras los líderes indígenas estén encompinchados con los de arriba, no se terminará este problema", afirma un operador de viajes que ha sido testigo de cómo, en los últimos años, la caída del turismo ha favorecido a la explotación del metal dorado que hoy día apoyan los jefes indígenas.

Ese espaldarazo a la explotación del oro no parece tener ningún vínculo con el objetivo del grupo. Según indica su blog, el Consejo de Caciques Generales–conformado por seis caciques que representan a seis de los ocho sectores del territorio pemón- “lucha por reivindicar los derechos Indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ejecuta su política contemplada en la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas”.  En su seno también acogen a los 124 caciques comunitarios, que son los representantes de cada una de las comunidades indígenas.

Las relaciones entre la actividad minera y los líderes pemones ha quedado en evidencia a través de varias decisiones. Fue el consejo ampliado –Consejo de Caciques Generales y Comunales del Pueblo Pemón- el que aprobó una resolución sobre la explotación aurífera durante la asamblea general que se celebró entre el 6 y 8 de noviembre de 2016 en la comunidad indígena de San Antonio de Morichal, a pocos metros de la frontera con Brasil. El punto único de la reunión fue la “Situación de la minería no permisada en la cuenca del río Caroní”.

Lo primero que se acordó fue la suspensión de la minería de balsas en el Medio y Alto Caroní, que está en la jurisdicción de los sectores Ikabarú, Urimán, Wonken, Santa Elena, Kavanayén y Kamarata. Es en este último donde está el río Carrao, a lo largo del cual se explota el oro desde embarcaciones que no se han movido de allí si no que, al contrario, se multiplican con el tiempo. En el campamento Arenal, al margen del río, ocurrió la incursión militar de diciembre de 2018. 

Si bien condenaron la minería en los cursos fluviales, no hicieron lo mismo con los yacimientos a cielo abierto como Campo Carrao, a pesar de estar dentro de la Cuenca del Caroní y de que sus arenas y mercurio se vierten directamente en el río homónimo. En ese caso, lo que se advierte es que la minería se haga a 500 o 1.000 metros de los afluentes del segundo río más grande de Venezuela.

Además de hacer énfasis en evitar el ingreso de terceros o de indígenas que puedan estar vinculados a “mafias”, en el acuerdo se insiste en las regalías para la dirigencia.

Además de hacer énfasis en evitar el ingreso de terceros o de indígenas que puedan estar vinculados a “mafias”, en el acuerdo se insiste en las regalías para la dirigencia.

Carlos Somera, representante de la comisión de Enlace Institucional del Consejo, corrobora la veracidad del documento, pero advierte que los líderes no reciben estos tributos. “Ese es el deber ser que casi que no se cumple. El que tiene beneficio es la comunidad”, le asegura a Runrun.es vía telefónica mientras suelta una risa tan breve como sarcástica.

Sobre esas ganancias de las comunidades se refiere el punto 11 del comunicado. Allí se esgrime que estas son las encargadas de hacer que los ingresos obtenidos por la minería sean “más efectivos para garantizar el desarrollo comunitario”. Cada una, por cierto, están comandadas por un cacique.

Pese a este apoyo a la actividad minera, el mismo pacto establece que se deben implementar sistemas de viveros para que se recuperen las áreas afectadas por la explotación del oro y que se incorpore la “educación ambiental” en las escuelas. No obstante, en Kamarata, Kanaimö y Kavac, los adultos cuentan que sus niños quieren irse a la mina cuando crezcan. En Arenal, los pemones adultos se llevan también a sus pequeños cuando van a trabajar en las balsas.

Ya de las regalías se había hablado en una reunión efectuada meses antes, en junio de 2016, cuando los caciques generales y comunales se citaron en Santa Elena de Uairén. Fue allí donde se propuso la creación de una “Comisión Económica” que estaría “bajo un directorio del Fondo de Desarrollo del Pueblo Pemón”, cuyo sustento serían las recaudaciones alcanzadas por los ingresos de actividades turísticas, agrícolas, comerciales y, por supuesto, mineras. La comisión también planificaría programas sociales, inversiones y promovería la creación de empresas de producción que generaran recursos para el fondo.  

Aunque los caciques del Consejo tienen pleno conocimiento de la explotación del oro dentro de Canaima, ninguno de sus comunicados redactados en el último año se ha dirigido a condenar o detener la actividad. Un ejemplo es una misiva publicada por los líderes el 4 de octubre de 2018, en la que cuestionan que los activistas ambientales critiquen ferozmente minería ilegal y no las construcciones recientes hechas frente a la Laguna de Kanaimö. 

La carta se hizo ante la visita de un equipo de funcionarios del gobierno de Maduro, encabezado Aloha Núñez y Víctor Cano, ministros de Pueblos Indígenas y Desarrollo Minero Ecológico, respectivamente. El grupo llegaría ese mismo día al parque nacional para discutir con los indígenas el riesgo de que el territorio declarado Patrimonio de la Humanidad perdiera ese título como consecuencia del trabajo en los yacimientos auríferos. 

En los otros artículos del comunicado, los líderes indígenas se limitaban a reclamar su papel frente a la gestión del turismo en Canaima y la activación de iniciativas que les permitieran tener ingresos alternativos a la minería.

Juvencio Gómez, antiguo capitán del Sector 6 del territorio pemón (Sector Oriental de Canaima, Gran Sabana), confirma que en los últimos años el Consejo ha apoyado abiertamente a la minería. 

“Han hecho campaña en comunidades de los beneficios del Arco Minero y del bloque especial de Ikabarú (Sector 4 del territorio pemón), en eso andan. Los caciques tiene cupos de combustible, máquinas y autorización para mover máquinas a las minas (…) Lo que andan es negociando. Aunque eso no los va a enriquecer, de algo sirve en este momento de necesidad”, denuncia. Admite que además de la actividad minera en Kamarata (río Carrao), también se busca oro a orillas del río Kukenán y hacia el tepuy Roraima, ambos en la Gran Sabana, así como en Santa Elena y Wonken. Hacia todos estos lugares, dice, pasan los militares con equipos destinados a la explotación del metal dorado que practican los pemones.

Un “vacío”

El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón fue fundado en marzo de 2013 a raíz de la necesidad de un órgano que velara por los intereses de la etnia sin ningún tipo de limitación política.

“Se creó como una reacción a la cooptación partidista que tuviera la Federación (Indígena del estado Bolívar, FIEB) a partir del año 2008. Luego, en el año 2010, va tomando fuerza en el seno de las comunidades ante el abandono del trabajo local de la Federación y frente a la complicidad de esta con los proyectos gubernamentales en el sur del Orinoco que afectaban a las comunidades indígenas”, señala Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes. 

Un argumento similar aporta Carlos Somera. “Cuando en el mundo pemón suceden los problemas: la minería, la inseguridad, los enfrentamientos con la fuerza armada por temas mineros, la FIEB y el Conive (Consejo Nacional Indio de Venezuela), que son organizaciones nacionales y regionales, no se pronuncian a favor de los pemones, porque como ya tienen un pacto con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la voz es parcializada hacia el partido o el gobierno”, apunta.  

Somera, parte del Consejo, evoca el “vacío” que se creó cuando la Federación no se pronunció por sucesos relacionados con la explotación minera: enfrentamientos en donde murieron pemones, incursiones de grupos armados en las zonas indígenas (y mineras) de Las Claritas y La Paragua e incursiones militares que los afectaron. 

Esa evocación coincide con la afirmación de varias fuentes consultadas en Canaima: la formación e impulso del Consejo de Caciques está estrechamente vinculada con la explotación del oro en el territorio pemón. Por esa razón, indica uno de los entrevistados que prefirió no identificarse, la mayoría de sus miembros está a favor de la minería. "El Consejo de Caciques Generales nace para organizar el tema minero en 2013. No quieren saber nada de conservación", apunta uno de los interrogados. 

Juvencio Gómez precisa que el principal detonante de la creación de la organización fue la detención de 40 efectivos del Ejército venezolano que hicieran los pemones en Urimán en febrero de 2013, como medida de protesta en contra de los atropellos constantes contra los indígenas. 

Una nota publicada en el Correo del Caroní sobre el hecho revela que la limitación de los vuelos y el desabastecimiento de alimentos y combustible provocaron la medida. En la misma noticia, el entonces cacique de Urimán y hoy cacique mayor, Néstor Ramírez, señala que las carencias de los pueblos indígenas se acentuaron con las medidas aplicadas por la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana para combatir a la minería, “oficio que reconocen ejercer como única fuente de ingreso en algunos lugares”, apunta el diario.

Hoy, los lazos de los caciques con la actividad minera continúan. "Muchos de estos capitanes piden comisiones a los mineros", asegura un habitante de Kanaimö que mantuvo su nombre en reserva. 

Antes de que el Consejo de Caciques tomara las riendas de los temas territoriales y mineros de los pemones, la institución que concentraba el poder de los aborígenes en la zona era la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB), fundada en 1972 y compuesta por capitanes que representan a cada una de las comunidades que conforman alrededor de 15 etnias que hacen vida en la entidad: Pemón, Ye’kwana, Kariña, Akawaio, Arahuaco, Mapoyo, Piaroa, Eñepá, Sanema, Warao, Jiwi, entre otros pueblos. 

A lo largo de los años, la Federación ha manifestado su respaldo al chavismo y de esto ha quedado muestra en las declaraciones de sus dirigentes.

“La Federación de Indígenas siempre le ha dado el respaldo al proceso revolucionario, por eso formamos parte de la alianza patriótica de la mano del Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y hemos formado parte de los 18 triunfos electorales de la revolución, así que este próximo 6 de diciembre no será la excepción”, fueron las palabras pronunciadas en un mitin del PSUV por Álvaro Fernández, presidente de la FIEB, previo a las elecciones parlamentarias de 2015. Hoy, Fernández es diputado por Bolívar a la Asamblea Nacional Constituyente que se instauró en 2017 para servir, sin oposición alguna, al gobierno de Nicolás Maduro.

Álvaro Fernández en un acto de apoyo al gobernador de Bolívar, Justo Noguera. Fuente: www.e-bolivar.gob.ve

Álvaro Fernández en un acto de apoyo al gobernador de Bolívar, Justo Noguera. Fuente: www.e-bolivar.gob.ve

Los mecanismos de elección en ambas organizaciones indígenas son diferentes. Mientras que los dirigentes de la Federación son votados por la vía del sufragio directo, en el Consejo prela el “cacicazgo”: las comunidades eligen a los caciques comunales y estos deciden quién es el cacique general del sector. Estos últimos, a su vez, son quienes votan por el secretario general del consejo, una silla que hoy ocupa Jean Carlos Velásquez, y el cacique mayor, Néstor Ramírez.

Aunque la idea inicial del Consejo era separarse del chavismo y mantener una posición neutra que beneficiara a los pemones, hay comunicados que lo ponen en duda. El pasado 4 de julio, la organización informó a través de su cuenta en Facebook la normalización del despacho de combustible para las comunidades de difícil acceso, así como la aprobación del aumento de los cupos de gasolina para la aviación general luego de una reunión a la que asistió el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y la autoridad única para el control y distribución del combustible, general de brigada Jilmer Ochoa. El cierre de la nota, criticado por los usuarios de la red social, dejó clara la posición de los caciques ante la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país:

“Es importante resaltar que las Autoridades Indígenas del Consejo de Caciques Generales siguen atendiendo la situación de las comunidades indígenas a pesar de la situación difícil que atraviesa el país junto al Gobierno Revolucionario seguirán en resistencia permanente ante el bloqueo criminal que tienen los poderes imperiales a la tierra de Waika Epuru, de Bolívar y Chávez”.

Juvencio Gómez recalca que en el Consejo no hay ninguna actitud neutral. “Ellos son gobierneros, trabajan con este régimen, se prestan para eso, es mi opinión”, sentencia. Asegura que la actuación de los caciques durante la incursión militar en Canaima en la que mataron al indígena Charly Peñaloza tiene una relación directa con su inclinación política.

“Ellos, como Consejo, se movilizan a Canaima porque tenían que borrar la evidencias de lo que pasó allá. No fue realmente a favor de la comunidad de Canaima. Ellos fueron quienes hicieron el acuerdo, entregaron las evidencias, soltaron a los muchachos (a los tres agentes de la DGCIM que habían arrestado en Arenal y Campo Carrao) supuestamente para hacerles un procedimiento penal en la jurisdicción ordinaria y así quedó hasta ahora. No hay ningún resultado”, acusa. 

Mientras Gómez reclama que, seis meses después, los caciques no se hayan pronunciado sobre la matanza en la Gran Sabana durante la víspera de la entrega de la ayuda humanitaria, el Consejo niega que su mutismo haya sido una acción deliberada. Desde la organización se insiste en que se dejó de aplicar la jurisdicción especial indígena, como sí se hizo en el caso de Canaima, por petición de la misma comunidad de Kumarakapay. 

“No puede ser que a la opinión pública se le diga que los caciques no hicieron nada para investigar las muertes. Nosotros sí exigimos la investigación, nosotros sí mandamos a los órganos ordinarios para que hicieran toda la investigación, pero cuando llegaron al lugar, los compañeros de Kumarakapay sabían que habían cometido el delito de atacar a los centinelas y todos los delitos militares que hay y todo lo que está tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal”, afirma Carlos Somera. 

La afirmación de Somera es desmentida con fuerza por el antiguo capitán indígena. “A Kumarakapay no la consultaron, es mentira. Vinieron (los caciques) tres meses después a hacer una asamblea con la comunidad. Vinieron, más que todo, para decir que reconociéramos que nosotros éramos los culpables de haber provocado al Ejército, que fuimos nosotros los que atacamos con flechas y que por eso debemos pedir perdón al Estado. El otro acuerdo era que no denunciáramos ante ninguna instancia lo sucedido y menos ante la instancia internacional, porque sino íbamos a sufrir otro ataque por parte del gobierno”, subraya.

Juvencio Gómez señala que algunos de sus paisanos aceptaron el trato, sin embargo, él sostiene que no hay justificación alguna para que los militares hayan usado armas de guerra contra los indígenas. 

“Si hubiésemos usado flechas, que las había en el puesto de vigilancia, se hablaría por lo menos de un militar herido y no lo hubo. Si hubiésemos tenido escopetas, hubiese muerto un soldado y eso tampoco pasó. Nosotros tuvimos 16 heridos y de esos 16, tres murieron por balas de fusil”, repudia.

El abogado Vladimir Aguilar sostiene que la jurisdicción especial indígena que se aplicó en el caso de Canaima todavía pudiera implementarse para la masacre de Kumarakapay, pues cumple con tres de las cuatro condiciones contempladas dentro del artículo 133 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas: la territorial, la personal y la material.

“Ellos pueden activar la jurisdicción especial indígena para indagar sobre lo ocurrido en Kumarakapay. No tienen que esperar por Fiscalía, pueden hacer su propia investigación porque ocurrió en su territorio, contra indígenas y es una materia en la cual ellos pueden opinar. Y eso incluso lo pueden elevar ante instancias internacionales sin esperar al Estado. Por un tema de derechos fundamentales ellos pueden ir a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. Son muchas las instancias internacionales a las que pueden acudir”, completa Aguilar.

El abogado acota que la posibilidad de llevar el caso a estas tribunas pasa por la disposición que tengan las autoridades legítimas del pueblo pemón para iniciar este proceso. Casi un año después, el silencio del Consejo General de Cacique y el de la Federación de Indígenas del estado Bolívar se mantiene.

Patrimonio en lista roja

La minería avanza en el Parque Nacional

La minería está prohibida dentro del PNC por el hecho de formar parte,  junto con otros 43 parques nacionales de Venezuela, de las llamadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), que se rigen por el Plan de Planificación y Ordenamiento del Territorio (2006). Pero el papel que aguanta la letra no ha servido para detener ni contrarrestar el aumento de la actividad extractiva en los últimos años en esta área protegida por su incalculable valor científico, belleza monumental y fragilidad ecológica. Menos aún tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

La minería no solo está proscrita en Venezuela. Explotar oro dentro de los parques nacionales es una actividad inaceptable dentro de los estándares internacionales que rigen las Áreas Protegidas del planeta,  recuerda la International Union for Conservation of Nature, IUCN, la red ambiental más grande y diversa del mundo que desde 1948 elabora la "lista roja" del patrimonio natural en peligro. Tanto la minería como el severo deterioro de la belleza natural con valor científico son dos de los criterios por los que un  sitio de patrimonio mundial (SPM) podría ser incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco. Representa una sanción moral al país que no hizo suficiente para defender y proteger su patrimonio. 

Canaima se encuentra actualmente en alerta naranja en el medidor: en un nivel de "preocupación significativa", que equivale a un grado 4 negativo en una escala de 5 donde el rojo es el peor color. El último informe de revisión del patrimonio mundial de la IUCN de 2017 indica que en Canaima son de gran preocupación  "la cantidad y gravedad de amenazas elevadas, así como los procesos ecológicos, biodiversidad y especies amenazadas". El documento resalta la ineficiencia para hacerle frente a riesgos como  los efectos de la minería, aparte de observar que las capacidades y recursos invertidos para su protección resultan insuficientes. 

Evaluación del P.N Canaima del World Heritage Outlook 2017 by IUCN

Evaluación del P.N Canaima del World Heritage Outlook 2017 by IUCN

La Ley Penal del Ambiente (2011) puntualiza los castigos contra la destrucción de los ecosistemas que hoy en día lucen insignificantes ante al daño potencial o causado. El artículo 56 indica que toda persona natural o jurídica que modifique el sistema de control de las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o provoque su sedimentación en contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente, será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de mil a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), lo que equivale a Bs. 250.000 (unos $12 al cambio en noviembre de 2019).

Asimismo, el artículo 38, referente a los planes de ordenamiento del territorio dice que todo aquel que provoque la degradación o alteración nociva de la topografía o paisaje por actividades mineras - aparte de industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas-, que contravienen los planes de ordenación del territorio, será sancionado con arresto de tres a nueve meses o multa de 300 a 900 unidades tributarias, es decir  Bs. 45.000 (apenas $2 al cambio).  

Incluso en el decreto ley de 2015 que rige el polémico Arco Minero del Orinoco -que reserva al Estado venezolano las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos-, el artículo 44 dicta que las personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, promuevan y realicen actividades primarias o conexas en parques nacionales, sin cumplir formalidades establecidas, serán penadas con prisión de cinco a 10 años.

Un minado parque nacional 

La extracción de oro en Canaima comenzó incluso antes de la creación del Arco Minero del Orinoco, ubicado en la franja norte del parque nacional. Las primeras alarmas se remontan a 2010, cuando Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) denunció la presencia de balsas en el río Caroní que estrechaban su cerco en los límites del parque

Pero la explotación de oro en Canaima se desparramó a partir de 2013, año en que Nicolás Maduro tomó el poder, coinciden expertos, operadores turísticos e indígenas habitantes de la comunidad de Kanaimö consultados. Y desde entonces, el gobierno del heredero de Hugo Chávez, bien  ha negado su existencia, bien ha prometido en vano extinguirla.

En 2014, el ministro de Turismo para aquel entonces, Andrés Izarra, denunció en el programa "En contacto con Maduro" la depredación existente dentro del P.N Canaima a causa “de la minería ilegal”, especialmente en los ríos Carrao y Caroní. En esa ocasión, no dejó de mencionar las consecuencias que traería la formación de sedimentos especialmente para el embalse del Guri y la afectación de las turbinas de la represa que generan la electricidad para 70% de la población. 

El 15 de octubre de ese mismo año, la periodista Valentina Quintero lanzó por redes sociales una primera denuncia sobre el avance de la minería dentro de Canaima en paralelo a la caída de la actividad turística.

Un mes  después, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, respondió a las denuncias con un balance de  la militar "Operación Roraima" con la cual se habrían desmantelado más de 200 campamentos mineros, 100 minas y desalojado a 870 mineros del Carrao. A finales de 2014, dijo que Canaima era "territorio libre de minas". 

Pero cinco meses más tarde, las proclamas de Padrino quedaron en entredicho. En mayo de 2015, los indígenas paralizaron Canaima para protestar contra la minería en el parque nacional y por la caída del turismo (principal actividad económica de la región) trancando la pista del único aeropuerto. “No a la minería” se repetía en los modestos carteles de los manifestantes. La protesta fue levantada a los tres días luego de que la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Nuñez; la ministra de turismo, Marleny Contreras y los miembros de las Fuerzas Armadas prometiesen atender sus demandas.

Ilegales 

Desde que Maduro tomó posesión de la presidencia en 2013, nunca ha visitado Canaima de manera oficial ni ha realizado ningún acto público con la emblemática laguna y sus cascadas perennes de fondo. Los organismos relacionados como el Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de Ecosocialismo y Ministerio de Turismo  estuvieron presentes en octubre de 2018 para calmar nuevas protestas de los indígenas pemones  en contra de la minería. “La prioridad del Motor Minero es proteger el Parque Nacional Canaima. Estamos evaluando con líderes del pueblo pemón diversas estrategias para frenar la minería en las áreas protegidas. No puede ni debe existir minería en Canaima”, expresó en aquella oportunidad Victor Cano, titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico .

Existen posiciones encontradas con respecto a la minería dentro del propio pueblo pemón, constató Runrun.es durante su visita a las comunidades de Kamarata y Kanaimö en 2019, a las que solo se puede acceder en avioneta, caminatas de días o largas horas de recorrido en curiara. Por un lado, están los que apoyan la extracción de oro con todo el impacto ambiental y social que implica; por otro, los que la rechazan. Los primeros justifican su decisión de trabajar en minería por la debacle del turismo,  tradicional actividad económica de la región. Los segundos, insisten en activar la decaída actividad turística en el Sector 2 de los ocho que componen Canaima en medio de una dramática contracción económica.

Confían sus proyecciones de recuperación en los antecedentes del propio parque: antes de ser declarado zona protegida, muchos pemones ancianos recuerdan cuando sus “hermanos” extraían diamantes en algunos sectores como Arenal. Cuando Canaima pasó a ser parque nacional en 1964 y se requirió personal y mano de obra para atender la naciente actividad del turismo, desaparecieron las bateas del río. "Nadie tuvo necesidad de recurrir a la minería como medio de subsistencia", recuerdan 

Toda minería dentro de Canaima es ilegal por definición. Aparte de ser ejecutada en un área protegida donde está prohibida esta actividad, el parque nacional está fuera de los 110 mil kilómetros cuadrados que comprende el  megaproyecto extractivo Arco Minero del Orinoco (AMO), decretado bajo el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para la explotación de minerales, entre ellos oro, diamante, coltán y níquel y para el cual se han creado una veintena de empresas mixtas junto con compañías privadas de unos nueve países. 

A diferencia de otras circunscripciones del estado Bolívar que abarca el AMO, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (dentro del cual se encuentra el Parque Nacional Canaima), el control de la explotación de las minas de oro no está en manos de pranes, jefes de bandas criminales y mafias conocidas como "sindicatos' ni guerrilla colombiana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todos grupos irregulares que controlan el negocio minero al sur de  Venezuela. La distinción la presenta el último informe de Crisis Group sobre el conflicto en las minas del sur (marzo 2019). 

Canaima, cual especie de zona franca de grupos irregulares, también se explicaría por  las dificultades de acceso a los territorios indígenas del sur del país. No solo se encuentran a cientos de kilómetros distancia de los centros urbanos, sino porque muchas zonas solo son accesibles en avionetas o largas travesías fluviales, observa el ingeniero forestal de la Universidad de Los Andes, José Rafael Lovera.

Dentro de  Canaima no hay evidencias de bandas criminales armadas controlando el negocio de la extracción y distribución como ocurre en otras zonas mineras del estado Bolívar. Pero la actividad es ejercida por los propios pemones que explotan oro desde las balsas o a campo abierto, bajo el acuerdo de los propios indígenas y sus organizaciones político territoriales. Sin embargo,  no son los únicos extractivistas en el paraíso. También actores militares y políticos participan de manera indirecta al controlar el gran negocio que representa la gasolina y el gasoil en las comunidades aéreas del parque nacional, afirma el Informe SOS Canaima. 

Las estampas bucólicas que se observan a lo largo del río Akanan de familias de pemones atendiendo sus conucos, remando con destreza las canoas y cocinando la tumá, típica sopa hecha de pescado, harina de yuca y ají picante, contrasta con las balsas mineras y sus respectivas motobombas y bidones de gasolina que se observan  incrustados en el paisaje del río Carrao.  

La sopa tumá, plato típico del pueblo pemón. Foto: Lisseth Boon

La sopa tumá, plato típico del pueblo pemón. Foto: Lisseth Boon

Indígenas pemones en el río Akanan. Foto: Lorena Meléndez

Indígenas pemones en el río Akanan. Foto: Lorena Meléndez

Un Arco Minero "Indígena"

La minería en territorio pemón no solo se ubica en Campo Carrao, Cañón Aonda (cerca de la isla La Orquídea) y en sector Arenales del río Carrao, situadas en el sector 2 del parque. Existen 33 minas en Canaima, de las cuales 15 están dentro del parque nacional y 18 rozando los bordes, según el informe de SOS Orinoco que se apoya en imágenes satelitales y comprobación en terreno. 

Venezuela es el país de la Amazonía con mayor cantidad de sitios con actividad minera ilegal, de acuerdo a la Red Amazónica de Información SocioAmbiental Georreferenciada (Raisg) e Infoamazonía. De los 2312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizadas de oro, diamante y coltán que fueron detectados por rastreo satelital, 1.899 se encuentran en Venezuela, seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24). 

La imagen satelital de puntos destellantes sobre el fondo verde de Canaima y su corroboración in situ  llevó al ingeniero forestal y ambientalista José Rafael Lozada, a proponer la existencia  de un "Arco Minero Indígena", entendido como un cinturón de minas explotadas por los habitantes originarios del sector oriental y occidental del parque nacional que se ubica fuera de la poligonal del oficial Arco Minero del Orinoco (AMO).

"Nadie quiere asumir que los propios indígenas están practicando minería dentro del parque", afirma Lozada, jefe de la Cátedra en Ecología e Impacto Ambiental de la Universidad de Los Andes. Considera que es un error pensar que la minería de los pemones es consecuencia directa del AMO. "Son diferentes, tanto en momento de aparición, como en el territorio donde se desarrollan y afectación. Existen minas activas dentro del parque mucho antes de la creación del cinturón minero decretado por Maduro en 2016. Algunas arrancaron en la cuenca del Caroní en 2004".

Lozada no hace ninguna concesión con la minería indígena. Descarta que se trate minería artesanal (como se practicó en tiempos precolombinos) por la utilización de mercurio y motores hidráulicos  para la extracción del oro, propia del método aluvial que erosiona los sedimentos para extraer el metal precioso. Piensa además que se trata de una minería que se apoya en la Guardia Territorial Pemón, a la que identifica como grupo paramilitar que nació especialmente para proteger a los indígenas mineros de los "criollos", como se identifican a las personas que no pertenecen al pueblo pemón.

"Aparte, toda esa maquinaria es movilizada en curiara por los ríos y en avionetas vía aérea. Llega a las minas con el apoyo militar en los aeropuertos que permite embarcar todos esos equipos de minería en avionetas, valiéndose de todo el sistema de corrupción que se ha instalado en el negocio del oro en la región", afirma Lozada. 

Ninguna firma internacional, como las que conforman las empresas mixtas creadas especialmente para explotar dentro del Arco Minero del Orinoco, están presentes en Canaima porque porque simplemente la minería está prohibida dentro del parque nacional por ser una Abrae, monumento nacional, reserva protectora y reserva hidráulica nacional, recuerda Lozada. "Allí están trabajando las comunidades indígenas de forma autónoma. Pero la actividad se está desbordando, si no se controla adquirirá  dimensiones tremendas".

Imagen satelital presentada en la denuncia ante el Ministerio Público en noviembre de 2018

Imagen satelital presentada en la denuncia ante el Ministerio Público en noviembre de 2018

Alejandro Álvarez Irragory, coordinador de la Coalición Clima 21, le parece desproporcionado hablar de un Arco Minero Indígena" porque no toma en cuenta la complejidad de la situación trastocada por la irrupción de la minería al sur del estado Bolívar. El representante de la organización dedicada a la defensa de Derechos Ambientales y Humanos resalta que el oro ha distorsionado la economía en una región donde todo se mide en términos de gramas de oro y está bajo control de la delincuencia organizada y grupos armados.

"Si hay pemones practicando minería de oro, pero no todos los pemones son mineros", reconoce Álvarez Irragory recordando que durante años los indígenas se han enfrentado contra la minería y han resistido el avance de esta actividad en territorio pemón con todas las masacres, explotación y violación de derechos humanos que implica.    "No lo justificamos pero entendemos porqué los indígenas ahora se han dedicado a trabajar en las minas. Muchos lo dicen: "si no sacamos oro, nos morimos. Desde que cayó el turismo, no hay comida ni medicinas". 

Resistencia indígena

La minería practicada por los indígenas pemones podría interpretarse a primera  vista como una contradicción. O bien un acto de entrega o resignación que contribuye a la destrucción de su terruño ancestral. Pero también representa un mecanismo de resistencia, observa el abogado indigenista Vladimir Aguilar Castro, profesor e investigador de la Universidad de los Andes (ULA). 

Para el experto en temas de extractivismo y pueblos indígenas, es fundamental entender el fenómeno de la minería por parte de los pemones desde el punto de vista de la jurisprudencia indígena, que reconoce sus derechos a la participación, consulta previa y propiedad comunitaria. Se trataría de una respuesta de los pemones al Arco Minero del Orinoco, un proyecto de explotación que desde el sector de los "criollos" fue impuesto en su territorio sin información ni consulta, como exige la Constitución. "Si ellos (los criollos) explotan nuestras tierras sin habernos consultado, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?", sería el cuestionamiento de los indígenas, explica Aguilar Castro.

La minería de los pemones también tiene que ver con la territorialidad, agrega el investigador. Constituye una forma de empoderamiento sobre lo que consideran sus territorios, los cuales no han  sido reconocidos por el Estado y están siendo explotados sin consulta previa a las comunidades que habitan en estas tierras desde tiempos ancestrales. 

Aparte, la concepción de los indígenas sobre la explotación de oro no es la misma que la de los criollos, aclara Aguilar Castro. "No la asumen como una actividad permanente de extracción ilimitada de recursos, sino temporal a la que recurren obligatoriamente empujados por la crisis. No responde a un plan de explotación como el Arco Minero del Orinoco sino a una estrategia de supervivencia para solventar problemas fundamentales ante el desplome de otras fuente de recursos como el turismo en la región".    

Olnar Ortiz, abogado indígena del pueblo baré de Amazonas y defensor de DDHH, observa diferencias entre la minería que practican las etnias en el estado Amazonas y Bolívar.  "A diferencia del primero, donde muchos indígenas trabajan en las minas como empleados y bajo régimen de explotación, en Canaima los propios pemones se encargan de las minas. Las controlan". 

Ortiz, también coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, agrega que es importante  "entender que la minería de los indígenas no es un estilo de vida. Solo la practican para obtener recursos y atender problemas puntuales. Entiendo a las personas que están en contra de la minería pero cuando veo indígenas que no comen, se enferman y no tienen medicinas, ¿cómo les puedo decir que no lo hagan?”

Obligados a dañar

"Quisiera entender a mis hermanos, meterme en la cabeza de ellos para explicarme cómo pueden hacer lo que están haciendo", se pregunta un operador turístico con décadas de experiencia en su región natal mientras mira a lo lejos un grupo de balsas mineras en el río Carrao.  Todos los habitantes de Canaima consultados coinciden en el mismo argumento: no les queda otra salida frente al colapso económico del país que afecta por igual a la región. La caída estrepitosa del turismo, principal actividad económica de la región obligó a los habitantes originarios a asumir esta actividad contranatura como nueva forma de ganarse la vida.

Captura de pantalla del celular de un operador turístico. En el chat, el guía tepuyero pemón avisa que tiene que irse a las minas porque no hay trabajo

Captura de pantalla del celular de un operador turístico. En el chat, el guía tepuyero pemón avisa que tiene que irse a las minas porque no hay trabajo

"Ya no tenemos trabajo en la Laguna de Canaima. Los turistas dejaron de venir, tenemos que buscarnos otra forma de ganarnos la vida", dice una joven pemona de 17 años, recién graduada del bachillerato técnico de turismo. Lo admite después de ofrecer a los visitantes un plato de tumá, la típica sopa pemón preparada con ají, pescado y casabe) y sakura (bebida refrescante hecha en base de yuca) en el campamento turístico de Arenal, donde acompaña a su madre a cocinar y  atender a los mineros de la zona. 

Hasta el Parlamento del Reino Unido han llegado las denuncias sobre la explotación minera al sur del Orinoco. El 11 de junio de 2019, Kukuy, representante del pueblo Pemón, acompañado por el exembajador  venezolano Diego Arria, expuso las amenazas contra el parque nacional en la audiencia" Venezuelan Crisis: Destroying the Amazon and the Pemon People to Sustain the Maduro Regime", en la que también instó a presionar a la Unesco y a la International Union for Conservation of Nature (IUCN) para que Canaima sea incluida en la lista de Patrimonio Mundial en peligro.

También en esa ocasión, el representante pemón aseguró que los indígenas se ven obligados a dedicarse al extractivismo 'incluso en contra de su voluntad". Agregó que, sin embargo, un gran porcentaje  está en contra de ejercer actividades mineras, por lo que si hay un cambio de régimen en Venezuela y se rescata la actividad turística, los pemones abandonarían la minería ilegal. 

Sin defensores  oficiales

No abundan las voces gubernamentales que admitan que en Canaima se está explotando oro. Mucho menos que la practican los propios indígenas. Programas para el control y  la erradicación de la minería en el parque nacional que es Patrimonio Natural de la Humanidad no figura en el discurso oficial ni en los presupuestos del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (antes Ambiente), ni de Pueblos Indígenas, Turismo ni de Desarrollo Minero Ecológico, todos con competencia en el tema y la región. 

Por el contrario, hay funcionarios que niegan la minería en Canaima. 

Tal es el caso del entonces presidente de Inparques, Jorge Alejandro Medina Murillo, quien a través de la cuenta de Twitter de Inparques  colgó un video grabado el 16 agosto de 2017, un año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, para desmentir las denuncias sobre minería dentro del Parque Nacional Canaima propagadas en redes sociales.

En el video, grabado “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Ecosocialismo, Ramón Velásquez Araguayán”, Medina asegura desde una avioneta que sobrevuela Canaima y a poca distancia del Salto Angel, que “no hay ningún tipo de intervención ni minería” en el parque.

Lo que si no llegó a mostrar Medina Murillo en ese sobrevuelo es que a tan solo 23 kilómetros del Auyantepui se encuentra el Campo Carrao, una explanada a orillas del río del mismo nombre donde la minería se está abriendo terreno desde el año 2000, como lo muestra el registro de imágenes satelitales.

Medina tampoco se acercó en esa oportunidad a las balsas mineras que extraen oro a lo largo del río Carrao, especialmente en el sector Arenal, ni en la base del cañon Aonda, en el propio Auyantepui, cerca de la isla La Orquídea.

El expresidente de Inparques no siguió desmintiendo la minería en áreas protegidas de Venezuela sino que se fue a trabajar directamente para el cuestionado sector: el 26 de junio de 2018, dos meses después de haber asumido formalmente la presidencia de Inparques (Resolución 170, G.O No. 41.384), fue nombrado Viceministro de Seguimiento y Control Ecominero del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico,  en sustitución de Nelson Hernández.

También, Medina Murillo pasó a convertirse en presidente de la Misión Piar, programa social devenido en fundación, creado en 2005 bajo el gobierno de Hugo Chávez con la promesa de liberar a las comunidades mineras de “la exclusión y explotación de mafias dedicadas al contrabando de extracción de minerales en el estado Bolívar”.

Algunas instituciones  han levantado alertas formales en vano. En 2010, el Sindicato Único de Inparques (Suneinparques) presentó un informe interno a las autoridades del organismo sobre la presencia de minería en el sector Wareipa, una comunidad indígena ubicada en el sector occidental del Parque Nacional Canaima. El documento (hoy extraviado) iba acompañado por una serie de fotografías tomadas entre 2009 y 2010 que evidencian los estragos ambientales en el área. También, muestran al personal de Inparques y la GNB desmotando los campamentos ilegales de extracción.

“En 2010, Canaima ya estaba duramente afectado pero aún Inparques contaba con equipos y vehículos para hacer trabajos de vigilancia y control. En ese entonces se pudieron desmantelar campamentos mineros que estaban dentro del parque nacional”, dice Marlene Sinfontes, representantes del Sindicato de Inparques. “Pero las autoridades hicieron caso omiso”, agrega. “Incluso, después de 2011, la minería dentro de Canaima se agudizó”.

La representante sindical observa un paralelismo entre el desmontaje del instituto y la llegada en 2011 del Frente Francisco de Miranda de la mano de Marisabella Godoy, sustituida por su asesora en la presidencia, Angélica Romero. También, agrega la eliminación del Ministerio del Ambiente, recordando que fue el primero en su tipo en el continente y segundo en el mundo después del Ministerio de Francia. 

“Ni el Ministerio de Ecosocialismo ni Inparques han hecho nada para detener ni denunciar la minería en los parques nacionales de estado Bolívar ni Amazonas, como es el caso de Yacapana. No se han pronunciado ni han exigido estudios de impacto ambiental en esas áreas protegidas ni investigaciones con sus correspondientes aprobaciones, que no se hacen de un día para otro, destaca Elides Sulbarán, delegado sindical de Inparques.

Los técnicos y guardaparques han denunciado estas irregulares, pero las autoridades que toman decisiones políticas no están cumpliendo sus funciones, consideran estos custodios del ambiente.

La posición de Inparques es contraria a la naturaleza de los parques nacionales. En una reunión en la ciudad de Mérida, Venezuela, la expresidenta de Inparques, María Isabela Godoy de Peña, dijo que el capitalismo pretender reservarse los recursos de los parques nacionales venezolanos. Lo cierto es que el gobierno parece ser el que se está apropiando de ellos, piensa Sulbarán.

Para este trabajo, se consultó la posición de Inparques sobre la minería en el parque nacional Canaima pero no se obtuvo respuesta.

En la Memoria y cuenta de 2017 del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (que sustituyó al Ministerio de Ambiente), Canaima es mencionada solo una vez entre los "20 parques nacionales y de recreación de todo el país de donde recogieron 38.475 kilos de basura". 

Lo más cercano al tema de la minería que afecta el parque nacional se registró en el balance de 2013 de ese organismo. Detalla la ejecución del "Programa de Manejo Sustentable de los  Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní", para el cual se destinaron Bs. 17.280.135,90, de  los cuales se ejecutaron solo el 31,74% (Bs. 4.019.747,53)  para el proyecto de "Establecer las normas de regulación y control de las actividades agrícolas y mineras de la cuenca del Río Caroní". 

Dos años más tarde, el informe de gestión anual 2015 de la Contraloría General de la República, denuncia con coordenadas geográficas exactas la práctica de la actividad minera en la comunidad indígena de Campo Alegre, las cercanías del río Kukenan,  en la que utilizan equipos de bombas de gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro. A raíz de una inspección in situ del 14 de mayo de 2014 en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, destaca “la falta de gestiones ambientales para evitar el deterioro del ecosistema así como las actividades desmedidas e irracionales en el proceso de extracción de los recursos auríferos por habitantes de la comunidad de Campo Alegre”. 

Recientemente, el gobierno de Maduro reconoció en un documento público que sí se está practicando minería en áreas protegidas de Venezuela. En el Plan Sectorial Minero 2019-2025 se admite que en sector de la pequeña minería "predomina la precarización de las condiciones de vida de los mineros y de las comunidades aledañas", además de afectar el ambiente, la salud, la vivienda, propiciar la criminalidad y microeconomías locales hiperinflacionarias. En el documento de 106 páginas, solo menciona una vez que los parques nacionales están siendo afectados por el empleo de "sustancias contaminantes como mercurio"  y "técnicas obsoletas y rudimentarias que dañan las cuencas hidrográficas y aguas subterráneas, ocasionando una grave contaminación de los suelos". No menciona a Canaima ni a ningún otro parque nacional de Venezuela. 

El Plan Sectorial Minero 2019-2025 también acepta que existen comunidades indígenas que se dedican a la actividad minera, sin nombrar a los parques nacionales. Como parte de la articulación entre los ministerios relacionados con el sector minero que forman parte del Sistema Nacional Minero Ecológico, al Ministerio de Pueblos Indígenas le corresponde el ordenamiento territorial así como planes de protección y atención social de las comunidades indígenas dedicadas a la minería. 

No hay un censo de la cantidad de indígenas pemones que se estarían dedicando a la minería, aunque expertos como Lozada calcula que en la mayoría de las 124  comunidades de los 8 sectores que componen el Parque Nacional Canaima están sacando oro de los ríos y de la tierra como actividad de subsistencia.

Neo-extracción artesanal

Las minas que socavan el patrimonio

Campo Carrao es tierra prohibida. Ni turistas ni foráneos pueden acceder a esta mina  desde el río con del mismo nombre. La entrada se encuentra a pocos kilómetros de la desembocadura del río Akanan, en un puerto rudimentario donde atracan las curiaras ocupadas por jóvenes mineros.  Ninguna avioneta dedicada a transportar viajeros quiere sobrevolar ni por asomo sobre el sector. Nadie quiere estar relacionado con esta actividad ilegal. 

Una cámara capta en sobrevuelo un terreno amplio de arena manchada y revuelta, con boquetes que forman lagunas de marrón espeso. Como una herida abierta en medio de la selva, la tierra desnuda contrasta con los azules grisáceos de los tepuyes y el verde tupido de los árboles al fondo. En otra toma, se  acerca a un costado del río sereno y oscuro para descubrir a un grupo de balsas mineras. Todas estas imágenes en movimiento van acompañadas por una sentencia: 'La minería está dentro del parque nacional Canaima”.

La secuencia corresponde a un video difundido por la periodista Valentina Quintero el 15 de octubre de 2018 a través de redes sociales, en el que denuncia el avance de la  minería en el Campo Carrao, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, a 23 kilómetros del Salto Ángel. Se trata de una mina a cielo abierto, de cuya existencia ya anunciaba la reportera en 2014. Pero en esta ocasión, advertía que la mina estaba creciendo. También, esta vez, hacía mención al ministro ecosocialista Victor Cano, Heryck Rangel, Ministro de Ecosocialismo,  Y Marlon Ecosocialismo.

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El imperdonable crimen en Canaima es esta mina en Campo Carrao, a orillas del río Akanan, muy cerca del río Carrao y del Salto Ángel, en pleno corazón de las 3 millones de hectáreas del PN Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad. . Por qué en ninguno de sus comunicados, y tampoco en sus declaraciones a la prensa, la Comunidad de Canaima o el Consejo de Caciques se han pronunciado sobre esta destrucción en su tierra? Por qué no aplican sus leyes a sus hermanos que destruyen sus tierras? De acuerdo con sus leyes ancestrales la madre tierra es sagrada y le toca a ustedes protegerla. Las aguas son su mas preciado tesoro y las están envenenando con mercurio. Estoy segura que les destroza el alma ver este horror y los apoyaremos para pararlo. Porque la misma responsabilidad que tiene el pueblo pemón de defender Canaima de la minería la tenemos todos los venezolanos. Es nuestra tierra. Es nuestra patria. Aqui nacimos y aqui nos formamos. Nos duele a diario. . . De acuerdo con la constitución que rige a todos los venezolanos por igual , en su artículo 127 de los Derechos Ambientales: “Es un derecho , y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica” . Mas claro no canta un gallo. . Le corresponde a la Fuerza Armada Nacional velar por la integridad de nuestro territorio. Yo les ruego que no dejen perder nuestro Parque. Los orígenes del planeta. Nuestras tierras mas ancianas. Nuestra fortaleza regalo de Dios. Nuestras aguas mas puras. Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, como Comanante estratégico operacional FANB, apelo a su amor por la patria, a su deber, a su juramento. Ayude a Canaima. Es su deber. Es un regalo de Dios. #sembradaenvenezuela hasta el último segundo de mi vida

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Geólogos e ingenieros de minas identifican a la explotación de oro que se practica en el sector 2 de Canaima, tanto a cielo abierto como en el río, como parte de la llamada minería aluvial, que explota las vetas de oro depositado en el subsuelo, como el fondo de los ríos o llanuras. A diferencia de la minería subterránea que requiere de mayor inversión de recursos y el acceso a los yacimientos es más difícil (como es el caso de la mina de la estatal Minerven, en El Callao, municipio Sifontes del estado Bolívar),  la tipo aluvión se vale de tecnología rudimentaria y es ejercida por mano de obra poco calificada. Es el método de extracción más económico y extendido en los países menos desarrollados. 

Tiende a creerse que la minería practicada por los indígenas es menos dañina con el ambiente. Que se trata de una actividad  de batea o "pico y pala". Pero por ser artesanal y/o semi-mecánica no resulta menos degradante del entorno ni inocua para la salud de los practicantes. Las motobombas para extraer el oro y las cintas transportadoras en las balsas funcionan con gasolina y se utiliza el mercurio, metal de alta toxicidad, para separar el mineral de la tierra.

En Canaima nadie sigue un manual o método para sacar el oro del lecho de los ríos o explanadas. No existen  regulaciones, no se conocen empresas formales que sigan algún manual de procedimiento o paguen impuestos ni existen concesiones del Estado para la explotación. La minería en el parque nacional es el reino de lo informal. 

Fotos cortesía de mina de Campo Carrao tomadas en sobre vuelo en septiembre de 2019

Fotos cortesía de mina de Campo Carrao tomadas en sobre vuelo en septiembre de 2019

Aunque la minería en Canaima fuese permitida, igual tendría otras restricciones. Según la Ley de Minas (1999) la minería artesanal "deberá ser realizada con estricto acatamiento de la normativa ambiental (artículo 84) y estará sujeta al pago de impuestos previstos en la ley (artículo 85) y el Estado prestará asesoramiento técnico para su evolución "hacia estados superiores de la actividad" (artículo 83). Nada de eso se cumple. 

Mercurio prohibido

La pequeña minería que se practica en Canaima utiliza irreductiblemente mercurio para la extracción del oro, confirma la ingeniero de minas y profesora de la UCV, Mónica Martiz. 

Se trata de un metal líquido de color plateado, pesado e inodoro, que utilizado inadecuadamente tiene efectos peligrosos para los humanos  y resulta contaminante para el ambiente. Se vierte directamente en los ríos afectando al ecosistema, intoxicando los peces que sirven de alimento a los indígenas.  El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Ambiente) advierte que la minería artesanal es la fuente más grande de emisiones de este metal, liberando hasta 1.000 toneladas a la atmósfera. 

El mercurio puede matar. La gravedad de los daños a la salud depende del nivel de exposición: desde aumento de la presión arterial hasta daño en el cerebro, riñones y en el desarrollo del feto durante la gestación.  El vapor del mercurio o azogue penetra fácilmente por los pulmones y pasa a la sangre, absorbiéndose 80% de la cantidad inhalada. 

Ya lo ha advertido ONU Ambiente:  el mercurio es uno de los 10 productos químicos que más preocupación genera en materia de salud pública. En la Evaluación Mundial del Mercurio 2018, la plataforma de las Naciones Unidas confirmó que las emisiones globales de este metal tóxico en la atmósfera aumentaron alrededor de 20% entre 2010 y 2015,  siendo América del Sur es una de las regiones que reportaron mayores incrementos. 

Venezuela es uno de los 92 países que en octubre de 2013 que bajo el gobierno de Maduro firmaron  el Convenio de Minamata, con el que se comprometían a reducir las emisiones tóxicas de mercurio. Pero no lo ratificó cuando entró en vigencia en 2017, un año después de la creación del Arco Minero del Orinoco.  

La relevancia de la toxicidad del mercurio es tal que el 19 de febrero de este año, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente anunció que destinará 180 millones de dólares para reducir la extracción de oro en la minería de oro artesanal, un sector que representa la sexta parte de la producción mundial de oro en el que trabajan unas 15 millones de personas, entre ellas 4,5 millones de mujeres y más de 600 mil niños. 

En Venezuela, está prohibido el uso del mercurio en la minería. Expresamente,  el decreto 2.412 (G.O 40.960 ), firmado el 5 de agosto de 2016 en el marco de la creación del Arco Minero,  prohíbe el uso, tenencia y almacenamiento de mercurio como método de obtención o tratamiento de oro en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en el territorio nacional. 

Es posible tener  una noción de cuánto puede contaminar el mercurio. Según el Atlas de Justicia Ambiental, por cada kilo de oro extraído se utilizan 2,8 kilos de mercurio. En el caso de la mina más grande de Perú, Madre de Dios, que produce entre 16 mil y 18 mil kilos al año, estaría arrojando a los ríos amazónicos entre  44.800 kilos y 50.400 kilos de mercurio por año, lo que se traduce en 252 toneladas de este metal contaminante en un lustro.  

Ni el uso ilegal del mercurio  ni la noción sobre la toxicidad  del esta sustancia están presentes entre los pemones dedicados a la minería en Canaima. Al menos optan por obviarlo. "Me han llamado por teléfono desde Ciudad Bolívar para venderme  mercurio. Ni dejo que terminen de darme el precio ¡Cómo se atreven!", comenta una veterana operadora turística que recuerda los tiempos en que el paradisíaco campamento que gerencia recibía 200 turistas al día y las avionetas cargadas con aventureros no dejaban de aterrizar. Hoy puede pasar semanas sin visitantes que suspiren con las vistas al Auyantepui. 

Desde hace unos 30 años, se ha alertado sobre la contaminación de mercurio en la  Guayana venezolana como un problema de salud pública. Las grandes cuencas hidrográficas al sur del país están intoxicadas por este metal, inherente a la minería, afirma Alejandro Hernández Irragory, coordinador de la coalición Clima 21. 

No se conocen mediciones concluyentes de  contaminación por mercurio en Canaima. El más reciente publicado sobre la afectación de comunidades indígenas en Venezuela es el informe  La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta de Diálogo para la acción (2013), de la Red Ara, con apoyo de Avina, que concluyó que 92% de las mujeres examinadas en la Cuenca del Caura Kuyujani, que abarca el estado Bolívar y Amazonas, presentan niveles superiores a 0,5 miligramos, que es el máximo  establecido por la Organización Mundial de la Salud.  

Una evaluación similar arrojó el estudio (no publicado) “Evaluación del riesgo de exposición  al metilmercurio en poblaciones indígenas ribereñas del Río Caura (estado Bolívar, Venezuela), que data del 15 de junio de 2012. La investigación realizada por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (Campus Guayana), Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Universidad de Oriente (núcleo Ciudad Bolívar), se basó en una muestra de 1.174 indígenas pertenecientes a cinco comunidades Yekwana y Sanema, en la que se detectó que 38,8% del total excedió en  10% el nivel de mercurio capilar. También, midieron que 5% de las mujeres embarazadas corrían el riesgo de que sus bebés nacieran con desórdenes neurológicos.   

Balsas mineras

Donde hay balsas flotando en el río, están sus correspondientes campamentos en tierra firme. En Canaima, estas construcciones toscas hechas con palos, techos de zinc y muchas veces sin paredes, están equipadas con lo necesario para atender el día a día de los mineros. Durante el recorrido realizado por Runrun.es, se observó que algunos hasta tienen antenas Directv y pantallas de televisión que en la noche pueden verse encendidas. 

Campamento minero a orillas del río Carrao. Foto: Lisseth Boon

Campamento minero a orillas del río Carrao. Foto: Lisseth Boon

Muchos campamentos mineros tienen antenas de Directv. Foto Lisseth Boon

Muchos campamentos mineros tienen antenas de Directv. Foto Lisseth Boon

Mineros hacen vida en los campamentos. Foto: Lorena Meléndez

Mineros hacen vida en los campamentos. Foto: Lorena Meléndez

Restos de maquinaria utilizados en las balsas mineras. Foto: Lisseth Boon

Restos de maquinaria utilizados en las balsas mineras. Foto: Lisseth Boon

En estos campamentos también funden los gramos de oro de forma rudimentaria para ser fácilmente transportado y comercializado. 

Hasta hace pocos años, las balsas eran paisaje común solo en las inmediaciones de La Paragua o el bajo Caroní. Desde 2014, comenzaron a aparecer en las riberas dentro del parque nacional, según testimonios recogidos en la zona. Su actividad nocturna pudo ser verificada por Runrun.es. Se trata de maquinaria y estructura de grandes dimensiones que requieren de toda una logística para su traslado. 

¿Quiénes son los dueños de esas balsas? Es una pregunta que muchos prefieren evadir en los alrededores de la Laguna de Canaima.  “Son indígenas pemones con suficiente capital para invertir en estas estructuras y ‘ponerlas a trabajar’ con mano de obra indígena y en cierta medida inversionistas ‘criollos’ (no pemones) que se asocian con nativos para emprender esta actividad”, explica un operador turístico que acusa la caída del turismo en la zona pero que se vale de la presencia de los mineros que activan la actividad económica en el lugar, al alojarse en sus campamentos o consumir en sus locales. 

Las balsas utilizan bombas hidráulicas, dragas "chupadoras" y mangueras empleadas para succionar sedimentos de los lechos del río y llevarlas hasta las balsas donde se procesa el material. Con las mangueras, los "buzos" taladran manualmente el lecho del río donde hay material aurífero para facilitar la succión hasta las balsas, mientras que un minero que funge de monitor en la superficie atiende el llamado de su compañero debajo del agua para activar las máquinas o bien sacarlo cuando ha completado la exploración y extracción. 

En el caso de la modalidad terrestre aurífera, que realiza en explanadas a cielo abierto como Campo Carrao, se utilizan motores hidráulicos o motobombas a las que se acopla una manguera que extrae agua del río cercano. Con esta se aplica un chorro de agua a presión suministrada por una bomba hidráulica para lavar el material. Se succiona el material lavado y se transporta a un equipo que por amalgamación del mercurio recupera las partículas más finas.  Esta aleación se produce cuando es llevado al "tame”, un plano inclinado por donde se destila el barro y las amalgamas quedan atrapadas en la alfombra plástica

Las gramas (como se llama popularmente en la región  a la unidad de un gramo de oro) es moneda corriente en Canaima. Cada grama cuesta alrededor de 20 dólares. También en su versión de "puntos" (medio gramo) que trasladan en pequeños papeles doblados. El dólar norteamericano es omnipresente mientras el bolívar venezolano desapareció o nunca llegó: muchos indígenas consultados jamás han visto ningún billete del más reciente cono monetario incorporado el mercado en junio. Tampoco el de 2018. 

A diferencia del sector Oriental del parque, al que se accede por la troncal 9 (carretera que atraviesa el estado Bolívar y llega a Santa Elena de Uairén, ciudad fronteriza con Brasil), el acceso al sector occidental del Parque Nacional Canaima es por avioneta. En las llamadas "Comunidades aéreas", donde la gasolina es un verdadero líquido vital, el  costo del combustible lo encarece todo. Y se convierte en mecanismo de control de los Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana). 

"En los últimos tres años se está privilegiando la gasolina para la actividad minera perjudicando al turismo. Es un negocio que manejan los militares", se queja M., un operador turístico que prefiere mantener su nombre en anonimato. El cupo de gasolina que viene de La Paragua para el este sector prácticamente desapareció, “ya no hay suministro garantizado para el traslado de visitantes ni transporte de mercancía para los campamentos. Tenemos que costear esos gastos a precios de Canaima”: una pimpina de gasolina (60 litros) puede elevarse a $180, si se tiene en cuenta que cada litro cuesta 3 dólares en Canaima. Un contraste significativo en un país donde la gasolina cuesta 0, 00001 céntimos de bolívar: con un dólar (calculado a una tasa promedio de Bs. 20.000) se comprarían 2.000 millones de litros.

Dentro de todo el esquema de explotación de oro en el parque nacional, el aeropuerto Tomás de Heres de Ciudad Bolívar, a 223 kilómetros de la Laguna de Canaima,  se ha convertido en la principal base de operaciones de la minería ilegal según alerta Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev). Esta organización registra el incremento del tránsito aéreo de gasolina desde finales de 2017, así como "el traslado  de equipos para la minería de río y de cielo abierto además de toneladas de alimentos" a poblaciones indígenas poco pobladas. Se calcula que entre 200 y 300 kilos de oro transita por ese modesto terminal aéreo ubicado en la capital del estado Bolívar, donde se exhibe el vetusto avión Río Caroní con el cual el aviador norteamericano Jimmy Angel aterrizó por primera vez hace 81 años en el Auyantepui, donde nace el salto que lleva su nombre . 

Con impacto nacional

El destino no solo era proteger su alto valor ecológico y biodiversidad única en el mundo: las 3 millones de hectáreas que comprenden el Parque Nacional Canaima también fueron decretadas en 1961 para resguardar la Cuenca del Caroní, uno de las más caudalosas de Venezuela, que alimenta a la represa del Guri, generadora de 80% de la energía hidroeléctrica del país.  

Uno de los efectos más corrosivos de la minería es la sedimentación o comaltación de los ríos, que a la larga podría impactar el funcionamiento de la represa. “El agua con sedimentos producto de la extracción del oro resulta como un papel de lija que entorpece el movimiento de las aspas y turbinas, acortando su vida útil. La minería en Bolívar no solo afecta a los habitantes de ese estado sino a todo un país”, advierte Hernández Irragorry de Coalición Clima 21. 

La comaltación es la acumulación de sedimentos en los lechos de los ríos, llegando incluso a convertirse en barrizales. Cuando las fuentes de agua dulce están colmadas de sólidos, sus ecosistemas no pueden desarrollarse normalmente.  

“Se ha extendido la creencia de que el Arco Minero del Orinoco está contaminando y destruyendo la cuenca del Caroní, cuando en realidad este proyecto afecta a la cuenca del río Cuyuní, que desemboca en la vecina Guyana. La minería que se practica dentro de Canaima y en la perimetral del parque nacional es la que en realidad estaría perjudicando al Caroní y por ende a la represa del Guri”, resalta José Rafael Lozada,  coordinador de la cátedra de la ULA. 

En el libro “Ríos en riesgo de Venezuela, volumen I (2017), también se advierte que la minería aurífera del alto Caroní y zonas del Alto Orinoco, pueden impactar zonas del Alto Orinoco  por la posible “deposición de sedimentos contaminados con mercurio en las planicies de inundación”. El documento de la serie editada por el investigador Douglas Rodríguez Olarte de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, agrega además que “los sedimentos son transportados a los ríos deteriorando la calidad del agua y destrucción de suelos arenosos, con la correspondiente eliminación de la flora y fauna acuáticas”. 

La sedimentación también es producto de la erosión de los suelos que ocasiona la  tala de los bosques y suelos del área a ser explotada. La actividad minera aurífera implica la destrucción del ambiente natural.

“Permitiendo la minería, el Estado venezolano está evadiendo el compromiso de proteger una zona de alto significado ecológico que adquirió un carácter supranacional con la declaratoria de la Unesco en 1974: Canaima no es solo un bien nacional sino patrimonio de la Humanidad”, afirma Hernández. 

Río, mercurio y paludismo

Extractivismo trastoca rutinas y costumbres indígenas

Cuentan las leyendas de los pemones que dentro de sus ríos y cascadas hay espíritus poderosos. Allí están los mawarí, espectros que habitan cerros y saltos, o los rató, que gobiernan las profundidades con sus remolinos que se tragan embarcaciones enteras. 

Wei (el sol) engendró a los Makunaima –los protagonistas de la más grandiosa fábula de los habitantes de Canaima– con la mujer que Tuenkarón, la hija de un rató, le envió desde la hondura de un pozo. Son los Makunaima quienes talan el Wadakayek –un árbol que daba toda clase de frutos-  desde cuyo tronco emerge un río cargado de peces que inunda toda la sabana. Los mawarí se apropiaron de las lagunas que en el pasado fueron morada de los indios que raptaron a Namai, la joven cuyo nombre dio origen a la laguna Namai-yenpué. El agua para los pemones es mucho más que un líquido indispensable para vivir. Está presente en sus costumbres, en sus travesías y en su cosmogonía. 

Un recorrido en curiara por el Akanán es reflejo de ese lazo que une a los pemones con sus ríos. Las mujeres lavan cerca de las piedras, los tendederos de ropa cuelgan entre los árboles, los hombres pescan desde sus barcazas lo que comerán en pocas horas, los niños desnudos y de sonrisa franca chapotean en la orilla. 

Pero cuando el Akanán se abre hacia el río Carrao, la escena cambia. Ya las familias no se ven en medio del follage. En su lugar, las balsas, con sus mangueras y el zumbido de las motobombas, capturan la atención de quien pasa.

“A mí me duele mi gente”, dice un posadero del Sector II del territorio pemón que teme por los efectos que tendrá la minería en los ríos, esos en donde a diario hacen vida miles de sus “paisanos”. “¿Quién se va a quedar con las aguas contaminadas? Nosotros”, apunta con un gesto de desazón en el rostro.

En el artículo “‘Tuna, tanno iku’pö’. Significados del recurso hídrico en el sistema de conocimiento del Pemón-Arekunä”, publicado en el Boletín Antropológico de la Universidad de los Andes (2015), los autores destacan que el pueblo pemón mantiene esa “relación de dependencia con el agua”. Es un elemento indispensable para su sobrevivencia porque es allí donde están los peces, su principal alimento. Además, el agua también es fundamental en su cultura por ser el espacio en donde “interaccionan sus entidades espirituales y míticas”. No obstante, los mismos pemones han roto ese “sistema de valores” tan celosamente resguardado por los ancianos, quienes se oponen a la minería. Las narraciones orales recogidas dentro de este reporte lo confirman:

“El agua es importante cuidarla, porque nosotros dependemos de ella, además porque hay espíritus que dependen de ella, no todos lo vemos así, pero esa era la cultura, el agua ha significado vida, el río nos daba la comida y la pesca (...) El río para el pemón es muy sagrado, ahora se empiezan a contaminar los ríos e incluso el mismo paisano (Pemón), tratando de trabajar la minería y dice que es parte de su economía, (esto) es contradecir a la cultura y las creencias indígenas”, dice uno de los testimonios de pemones recolectados.

Poco a poco, muchos pemones de Canaima han aceptado la idea de convivir con el extractivismo. Pero hay expertos que consideran que esa coexistencia, en realidad, los acorrala.

“La minería termina por convertir a los indígenas en parias en su propio territorio. Están acechados por el extractivismo minero y por la acción depredadora del propio Estado”, enfatiza el exsenador y profesor universitario, Alexander Luzardo.

La tesis de Luzardo sobre la minería ilegal en el país es que el gobierno de Nicolás Maduro aplica una estrategia para desligarse de las responsabilidades que acarrea el extractivismo e implica a la población, indígena o no, en el negocio del oro con el fin de hacerla partícipe de la corrupción y destrucción minera. Todos, incluyendo los militares de la zona, intervienen de alguna manera en la operación y quien no lo haga, comenta, queda a la deriva.

Algunos habitantes de Canaima opinan que la mayoría de la población no tenía otra alternativa para salvarse de la crisis. La mujer que lleva las riendas de una posada del Sector II recuerda que, 10 años atrás, las balsas que hoy se ven en el Carrao eran severamente condenadas por los moradores del parque nacional. Pero luego vino la necesidad.

“Antes de que ellos entraran a la mina, en Canaima estábamos a punto de cerrarlo todo porque no había trabajo, ni nada que comer y la gente comenzó a robarse unos con otros. Se robaban la comida, zapatos, la ropa. Hasta que hubo uno que se fue a la mina y se llevó a 10 personas y entonces disminuyeron los robos”, explica la mujer que lleva más de una década dedicada al turismo. 

Asegura que cuando la minería empezó a convertirse en un problema, muchos alzaron la voz para detenerla, pero nadie los escuchó. “Hubo una denuncia de todos nosotros buscando una solución y luego vino (el ministro de Defensa, Vladimir) Padrino López a decir que se había erradicado la minería y era mentira. Después vino Andrés Izarra, que era ministro de Turismo, a decir que habían acabado con la prostitución cuando aquí no la había. Y después vino Marleny Contreras (otra ex titular de Turismo) y también prometió que iba a buscar solución, pero ninguno hizo nada”, reclama.

Por aquellos días de protesta al inicio de la actividad minera en Canaima, uno de los manifestantes fue Domingo Castro, quien hoy es el cacique general del Sector II del territorio pemón. Él, quien para aquel momento era vocero de la comunidad, desmintió a Padrino López y participó en el cierre de la pista de aterrizaje del parque nacional como medida de presión.

“Estamos solicitando la presencia del presidente Nicolás Maduro y de su tren ministerial que tenga competencia en la materia. Pero hasta los momentos hemos sido ignorados. La condición que pusimos es que íbamos a cerrar la pista de manera indefinida hasta que el Presidente haga presencia aquí y que podamos buscar solución a todos los problemas que nos afectan, pero principalmente al de la minería ilegal (…) Creemos que el Presidente no está al tanto porque en ruedas de prensa han dicho que en el Parque Nacional Canaima no existe la minería y esto no es cierto”, dijo en unas declaraciones recogidas por la Revista SIC del Centro Gumilla.

Hoy, Castro prefiere guardar silencio. Al ser contactado por Runrun.es se negó a contestar sobre la minería ilegal y la incursión militar que hubo en Canaima en diciembre de 2018.

“Si quiere una entrevista conmigo pregúnteme sobre turismo. Eso es lo que sabemos hacer, esa (la actividad turística) es la visión de la Capitanía General del Sector II Kamarata-Kanaimö durante su gestión 2019-2023. No puedo hablar por los demás capitanes generales porque cada quien representa su sector. Tampoco puedo hablar por el Consejo de Caciques Generales porque también tienen su visión”, recalcó.

La posadera, aunque dice no aprobar el extractivismo, entiende que la mayor parte de la población de Canaima no tiene cómo mantenerse. “A la vez doy las gracias a Dios porque por lo menos tienen de dónde agarrar y comer, a la vez le pido a mi Dios que se acabe todo esto porque esto es algo que hemos tenido toda la vida y no queremos la mina en nuestra comunidad. Pero nosotros no somos culpables de que la misma gente de nuestra comunidad se haya ido a buscar su sustento porque de qué vamos a vivir en Canaima”, cuestiona. 

Luzardo respalda la última afirmación de la propietaria de la posada y dice que los pemones son más víctimas que criminales en el caso de la minería en Canaima. “No se puede desplazar el centro de gravedad de la responsabilidad hacia los indígenas. Es un error pensar que las cosas comienzan con ellos. En la cadena de la minería están los sindicatos, hampa común, guerrilla y eso se reproduce con el contrabando en otros lugares. Lo sustantivo es que esto es un crimen ecológico de Estado”, sentencia. 

El informe “Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela”, presentado ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y la UNESCO por la ONG SOS Orinoco confirma las razones de los pemones para irse hacia los yacimientos. 

“La minería y el comercio relacionado con la minería son las únicas alternativas que pueden permitir unos ingresos personales o familiares que puedan cubrir gastos de alimentación, transporte y medicinas, dados los elevados precios que se pagan por el oro”, indica el documento.

El profesor universitario, quien ha sido el autor de legislaciones mineras aprobadas por la actual Asamblea Nacional, advierte que la minería, además de generar un daño ambiental al hábitat de los pemones, de contaminar con cianuro y mercurio las aguas que consumen ellos y los animales que se comen, modifica también la manera en la que los indígenas se relacionan con la naturaleza y, al mismo tiempo, crea una economía que depende de terceros que están vinculados al lavado de dinero y al tráfico ilegal de mercancías. 

Para SOS Orinoco, la actividad extractivista impacta socialmente en los pemones de Canaima porque enfrenta a las comunidades indígenas que apoyan o no la minería, crea una mayor dependencia “del sector criollo” y una mínima diversificación económica, y expone a la población a la delincuencia y a la violencia.

Además, impulsa la pérdida de identidad cultural, la transculturación y la “ruptura de la estructura social tradicional”, al tiempo que aumenta la incidencia de enfermedades causadas por insectos (como la malaria) y produce envenenamiento por mercurio.

Canaima en “gramas”

La vista del Amaruai Tepui desde el Campamento Iwana Merú, poco antes de llegar a Campo Carrao

La vista del Amaruai Tepui desde el Campamento Iwana Merú, poco antes de llegar a Campo Carrao

Esa economía, la de la mina, ha terminado de desplazar a la que antes estaba sostenida por el turismo. Pobladores de la zona confirman que hoy, en Canaima desde la gasolina hasta la comida se cobra de acuerdo con el precio de la “grama”, que es como llaman a los gramos del oro en los yacimientos auríferos del sur venezolano. 

“Sin gasolina no hay minería”, recalca Luzardo, quien sabe que el combustible es usado no solo para transportar el oro que se extrae sino también para el funcionamiento de las motobombas usadas para la succión del lecho de los ríos y para los traslados fluviales en zonas remotas a las que solo se llega por aire o a través del río. 

La demanda de la gasolina, que se distribuye por cupos hacia el sur venezolano, ha hecho que esta se desvíe desde las aeronaves de turismo a aquellas que trasladan comida y equipos hacia Arenal, Campo Carrao u otras zonas mineras del Sector Oriental de Canaima, según confirmaron varias fuentes en el parque nacional. 

“Solo los ‘jetstream’ de (la aerolínea) Transmandú pueden volar a Canaima, porque ellos consiguen la gasolina, pero las empresas que vuelan con Cessna 206 ya no salen hacia ese destino”, comenta decepcionado un operador turístico con 30 años de experiencia, quien a menudo se refiere a la minería como un cáncer que, enquistado e inoperable, avanza hacia diversas zonas. La metástasis ya alcanza parte del paraíso que es el parque nacional y él se siente impotente al no poder detenerlo.

El guía relata que, para poder llevar viajeros este año a Canaima, debió trasladar a sus clientes hasta La Paragua, zona minera dentro del Sector I del territorio pemón, para de allí tomar una Cessna 182, pequeña avioneta de tres puestos que usa gasolina para vehículos, a fin de que pudieran llegar hasta los tepuyes.

Otro operador recordaba cómo las pistas de aterrizaje del parque nacional se llenaban de pequeñas aeronaves en los 90. Dice que solo a Kanaimö podían llegar hasta 300 turistas por día, mientras que un número similar descendía a las de Kavac, Uruyén y Kamarata, desde donde salían en expediciones hacia ríos, cuevas, saltos y tepuyes. 

Las instalaciones vacías del antiguo Campamento Venetur de Canaima. Foto: Lorena Meléndez G.

Las instalaciones vacías del antiguo Campamento Venetur de Canaima. Foto: Lorena Meléndez G.

Los alojamientos de Canaima también se quedan sin huéspedes. Para Nicolás Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), los costos incluso en el mercado internacional, explica, son muy elevados. Resalta que el cálculo de la ocupación en las posadas del parque nacional también está igualado al promedio nacional: de cada 10 habitaciones 7 están vacías. 

Y no exagera. Ir a una caminata desde Kavac hacia sus cuevas, en temporada baja, con suerte significa toparse con un par de familias durante el recorrido. Al andar entre los campamentos de Kanaimö es posible ver que se está en un lugar solitario y es probable que hasta se llegue a ser el único ocupante de una de sus posadas.

“A nosotros nos preocupa mucho la informalidad con la que se está manejando el tema (de la minería) en Canaima, porque desconocemos cuáles son los efectos que esto pudiera tener en quienes viven dentro del parque. Sabemos que esto no sucede en los asentamientos turísticos o en las posadas de Kanaimö, pero la información que se transmite es la que escucha el potencial turista y es la que afecta su deseo de llegar a Canaima”, apunta Leudo González, director del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo).

“Es doloroso ver cómo está deforestado. Cuando uno vuela hacia el campamento Uruyén, los afluentes del río se ven contaminados”, señala Furnari, quien se refiere a la minería que bordea el parque nacional, del otro lado del Caroní. “El gobierno dice que va a extraer 800 toneladas de oro, y lo dice como algo para sentirnos orgullosos y lamentablemente es a costa de nuestro país”, remata.

“Aquí hay una economía minera y eso preocupa por el ambiente, las enfermedades y los vicios”, asevera un misionero de la zona que observa preocupado los cambios en Canaima. Su mayor temor es que el Carrao, con sus aguas color caramelo, se convierta en un río sedimentado, arenoso y ocre como el Icabarú, uno de los afluentes del Caroní en la zona minera del municipio Gran Sabana.

La misión de Kamarata es la sede de una de las escuelas de Canaima. Foto: Lorena Meléndez G.

La misión de Kamarata es la sede de una de las escuelas de Canaima. Foto: Lorena Meléndez G.

Entre esos cambios sociales, le alarma que las escuelas se estén quedando sin muchachos. En la que trabaja, de los 300 alumnos internos que atendía hace un par de años, solo quedan 100. “Ya no les importa estudiar, se han ido a la minas”, afirma.

Esa afirmación la secunda un operador turístico de Canaima que sabe que en la comunidad muchas madres dejan a sus hijos sin cuidado en casa para irse a Campo Carrao o Arenal. La situación, insiste, ha hecho que los niños abandonen más rápido la escuela y que muchas adolescentes salgan embarazadas.

Los pemones que viven en el parque nacional también han visto cómo han aumentado los casos de malaria o paludismo. En el ambulatorio de Kanaimö, una médico confirmó a Runrun.es que al menos una vez al mes atendía a un paciente palúdico. Casi todos, contó, venían de otras comunidades del Sector II del territorio pemón. La mayoría, de las zonas mineras. 

Ambulatorio general. Foto Lorena Meléndez

Ambulatorio general. Foto Lorena Meléndez

La incidencia de casos en Canaima coincide con la registrada en las zonas mineras venezolanas. De ese repunte ya había hablado la Organización Mundial de la Salud en noviembre pasado, cuando presentó su Informe mundial sobre paludismo 2018, en el que el aumento de pacientes en los últimos años se contaba por cientos de miles en el país: 136.000 casos en 2015, 240.000 en 2016, y 411.000 en 2017. Fue esta misma institución la que, en 1961, certificó a Venezuela como el primer país del mundo en erradicar la enfermedad.

“El aumento está relacionado en gran medida con la imposibilidad de pagar los medicamentos antipalúdicos, los programas de control vectorial deficientes y el traslado de personas infectadas por paludismo en las áreas de extracción de oro del estado de Bolívar hacia otras áreas del país con ecosistemas propensos al paludismo”, indica el estudio.

Ambulatorio Hospitalización. Foto Lorena Meléndez

Ambulatorio Hospitalización. Foto Lorena Meléndez

Aquella reñida relación

La preservación del recurso también quedó atrás con la desinstitucionalización. No solo Inparques ha ignorado la situación pese a conocerla, sino que empresas del Estado como Electrificación del Caroní (Edelca), que anteriormente desarrollaba un programa para el control del uso del fuego, también abandonaron su papel dentro del territorio. Fue esta misma compañía la que creó el “Plan maestro de la Cuenca del Caroní”, que tenía entre sus objetivos “fortalecer la conservación en áreas específicas por la enorme riqueza de recursos naturales, la diversidad biológica y de especies únicas (endémicas), así como las áreas con el mayor índice de producción de agua”. 

Esa preservación del ambiente garantizaba la integridad de todos los recursos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico. “Las obras de infraestructura asociadas al complejo hidroeléctrico dependiente de la cuenca del río Caroní son de larga vida útil, por tanto, es política del Estado garantizar su integridad y funcionamiento”, apunta el plan.

En el libro “Biodiversidad del Parque Nacional Canaima. Bases técnicas para la conservación de la Guayana venezolana”, publicado por la Fundación La Salle, indican los autores cómo la ausencia de reglas claras –cuyo cumplimiento sea velado por el gobierno de turno- va de la mano con la degradación ambiental.

“Cuando las medidas, los mecanismos y las estructuras de gobierno que controlan el acceso y regulan los usos de los recursos naturales están ausentes, no se aplican o en su defecto no son efectivos en lograr su función de control y conservación, ocurre entonces el fracaso institucional en procura de la conservación de los recursos naturales. El desafío para la conservación de recursos comunes radica entonces en establecer reglas claras y legítimas de uso, que prevengan el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales y beneficien a todos los actores interesados, así como establecer los incentivos y desincentivos apropiados para que dichas reglas se cumplan”, señala la publicación.

Los mismos autores advierten, sin embargo, que además de las normativas, el éxito de las políticas ambientales también radica en la amplia participación de todos los actores interesados y en el reconocimiento de sus derechos, al igual que en el preciso conocimiento ambiental del área, sus oportunidades y amenazas. 

El caso es que, alertan, a ninguno de los aspectos mencionados se prestó atención porque esa misma política ambiental instaurada desde que Canaima se denominó parque nacional en 1962, bajo el mandato de Rómulo Betancourt, fue en contra de la visión y la forma de vida de los pemones y el manejo que tenían de su tierra. Citan así unas declaraciones de Carlos Lott, quien fue capitán general del Sector II, Kamarata: 

“Hicieron el Parque Nacional Canaima sin consultarnos. Luego Inparques impuso otras normas y reglas para la administración de los recursos naturales. En ese tiempo la reglamentación era muy dura, no nos dejaban ni cazar ni hacer conuco. En ese tiempo Inparques era considerado el enemigo número uno, por prohibir las prácticas tradicionales de nuestro pueblo. Llegó el momento de romper la nueva barrera que genera tantas necesidades”.

“Debido a la profunda transformación socioeconómica y cultural del pueblo Pemón ante el contacto de la cultura occidental, sus instituciones de manejo de recursos naturales acumularon éxitos y fracasos que, al igual que en el caso de otros grupos indígenas, se atribuyen a: 1) el crecimiento demográfico, 2) los cambios en el patrón de asentamiento, 3) los cambios en las prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y 4) la pérdida del conocimiento ecológico tradicional, reflejando la adopción de nuevos valores y costumbres”, escriben los autores.

Una muestra de esas contradicciones fue el “Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima” (La Gran Sabana), que data de 1991, que establecía en su quinto objetivo “resguardar los valores culturales de la etnia pemón, sus áreas de asentamiento y tradiciones ambientales concebidas”, pero a su vez también contemplaba en sus directrices (Capítulo III) la restricción de las actividades agrícolas que ya existían en el área y que eran practicadas por los indígenas.

Ese mismo documento indicaba que los códigos culturales de los pemones seguían arraigados a ellos a pesar de la transculturación. 

Foto Lorena Meléndez

Foto Lorena Meléndez

“El  recurso  histórico-cultural  más representativo lo  constituye la presencia  de población indígena Pemón,  asentada en la región desde épocas  pretéritas que, a pesar de importantes  cambios en su modo de vida tradicional,  conservan su identidad cultural manifestada a través de la lengua, organización parental, tradiciones orales, sistema mágico-religioso y artesanía”, establece el artículo 9 del plan, parte del Capítulo IV dedicado a los recursos con los que cuenta el parque nacional. 

La minería se ejerce desde hace años en Canaima, mucho antes de que se decretara como parque nacional. Fuentes consultadas en Kanaimö explicaron que Arenal fue antes de la década de los 60 una zona en donde se extraía oro con métodos artesanales, pero el auge del turismo y las prohibiciones de Inparques alejaron a los pemones de allí. 

Del otro lado del parque, en la Gran Sabana, incluso después de que formara parte de un área protegida se continuaba la práctica sin máquinas, químicos ni procesos que contaminaran el ambiente. Así lo explica Manuella Gallini, de la Fundación “Mujeres del agua”, en un artículo en el que relata que en los 80 esta actividad era para los indígenas un recurso para satisfacer sus necesidades básicas. “No implicaba el abandono de sus tradiciones como el conuco o la cacería, el trabajo en mayú (típicos trabajos comunitarios para ayudar a los habitantes de las mismas comunidades) y la unión familiar seguían siendo la base de la convivencia y de la cultura”, declara.

“El oro representaba uno de los recursos económicos posibles, una caja chica a la que recurrir en momento de extrema necesidad. En esos años quien, en cambio, se estaba aprovechando de las riquezas eran en su mayoría multinacionales canadienses que, por ejemplo, a mitad de los años noventa dejaron arena y destrucción en la comunidad de ApoiPo, sin ningún beneficio económico. Poco a poco esta mentalidad destructora fue contaminando la pureza indígena hasta el día de hoy en el que la fiebre del oro está dominando gran parte del territorio de la Gran Sabana. En el sector 6 y sector 7 pertenecientes al Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), gran parte de la población indígena se dedica a la minería de oro y diamantes; lo que eran bienes sagrados como las aguas y los ríos ahora simplemente representan fuentes de dinero. No importa la destrucción de selva virgen, no importa la contaminación por mercurio cuando hay dinero y cuando se piensa que este dinero pueda redistribuir las riquezas en ecuas partes. Según Ricardo Delgado, exalcalde de Santa Elena de Uairén, la actividad minera en territorio indígena está justificada y respaldada por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci)”, señala Gallini en “El pueblo indígena entre oro y tradición”.

Sin límites claros

Dentro de la ausencia de reglas para la preservación del ambiente en Canaima juega la inexistente demarcación de tierras de los pueblos indígenas, un derecho constitucional que está en deuda desde 1999, cuando se aprobó la nueva constitución nacional encargada por Hugo Chávez.

El Capítulo III de la Lopci están enteramente dedicado a la demarcación de los territorios. De hecho, el artículo 23 amplía lo establecido en la carta magna e indica que para establecer esta delimitación y titulación se deben tener en cuenta “las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, los cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes”.

Más adelante, el articulado respalda a los indígenas en el uso que le den a sus propios territorios.

Para el abogado especializado en derecho indígena, Vladimir Aguilar, los pemones tienen una visión jurídica sobre la explotación minera en Canaima y esta riñe directamente con la visión de las Abrae como “áreas intocables”, que no pueden ser tal si dentro de estos espacios existen comunidades.

“El parque nacional no es territorio indígena. Es un subsistema dentro del territorio pemón”, explica Aguilar. La ausencia de la demarcación de las tierras –los pocos títulos concedidos son ambiguos y más parecidos a cartas agrarias- impide que se establezca hasta dónde pueden llegar con la actividad extractivista. 

El abogado no descarta que la minería que practican los indígenas sea, en el fondo, una forma de resistencia ante un Estado que también es extractivista y que no atiende la emergencia que sufren. La reacción es, entonces, levantarse y autogestionarse con el oro.

Cronología

Un recorrido de fortalezas y amenazas al patrimonio natural

12 de junio de 1962 se crea el Parque Nacional Canaima por Decreto Presidencial N° 770  http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12572&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Se elabora el primer trabajo de planificación de una Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae): el Plan Rector del Parque Nacional Canaima. https://www.inparques.gob.ve/parque-nacional-canaima/

Se amplían los límites del P.N Canaima

Se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el  primero en Latinoamérica. La administración de los parques nacionales y monumentos naturales se transfiere del Ministerio de Agricultura y Cría al Instituto Nacional de Parques (1978).

Se promulga la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, con la que se establece las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (A.B.R.A.E.), que  incluyen áreas que, de acuerdo a sus características y potenciales ecológicas, han sido decretadas por el ejecutivo nacional para cumplir funciones productoras, protectoras y recreativas

El P.N Canaima es declarado patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco

12 de octubre. Se lanza la Misión Guaicaipuro, originalmente adscrita al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, luego al Ministerio de Participación y Desarrollo Social por último al Ministerio para los Pueblos Indígenas. Destinada a propiciar el desarrollo armónico y sustentable de los pueblos indígenas dentro de una visión de etnodesarrollo, fortalecer la capacidad de gestión comunitaria, impulsar el proceso de demarcación del hábitat y tierras, y el desarrollo integral de los pueblos originarios para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos sociales. 

Este mismo ano, se lanza la Misión Piar

Se promulga Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci)

Se promulga la Ley de ordenamiento planificación y ordenamiento de territorio

Se crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Gaceta 334.396 : https://app.box.com/s/ssq9s9ivixrx4hwxpkx3d36zw4adpl15

4 Enero 2010. Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) denuncia minería ilegal en los linderos de  Canaima. Indica que hay unos 300 equipos mineros controlados por garimpeiros de los estados fronterizos de Brasil, Guyana y Colombia que comercializan ilegalmente más de 600 kilos de oro mensuales. https://www.aporrea.org/actualidad/n148182.html

Abril 2010. Se lanza el Plan Caura destinado a proteger la selva de crímenes ambientales, como minería ilegal, deforestación y contaminación de los ríos por el mercurio, mineral utilizado para extraer oro. En esta cuenca viven 10 mil venezolanos de los pueblos Yekuana, Sanema, Joti y Jibi.  

http://www.e-bolivar.gob.ve/noticias/detalle/plan-caura-tiene-como-prioridades-el-respeto-a-los-ddhh-y-la-conservacion-ambiental

http://www.e-bolivar.gob.ve/noticias/detalle/hoy-se-activa-segunda-fase-del-plan-caura

7 noviembre El Correo del Caroní denuncia que la minería ilegal penetra el Parque Nacional Canaima

Entra en vigencia el Consejo de Caciques Generales (CCG) y la Guardia Territorial Pemón

En 2014 la Contraloría General de la República (CGR) advertía sobre la existencia de actividades mineras sin permisología estatal que estaban poniendo en peligro la conservación del parque. “De la inspección in situ practicada en fecha 14-05-2014 a la Comunidad Indígena de Campo Alegre, ubicada geográficamente en las coordenadas siguientes: N 04° 45’ 80” y W 61º l2’ 00”, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, se evidenció la práctica de la actividad minera en las cercanías del río Kukenan, realizada con la utilización de equipos de bombas a gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro”, señala la CGR.

La auditoría sostiene que estas acciones se originaron por la falta de gestiones ambientales de las autoridades para evitar el deterioro del ecosistema y por las actividades “desmedidas e irracionales” de los habitantes de la comunidad Campo Alegre en la extracción de los recursos auríferos. “En consecuencia, se causan daños de contaminación a la principal fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como al ecosistema del Parque Nacional Canaima”, concluye el informe.

20 marzo. Se crea la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región de Guayana, según decreto N° 841, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.376. Tiene como objetivo resguardar las riquezas biológicas, minerales, hídricas e hidroeléctricas del estado Bolívar http://virtual.urbe.edu/gacetas/40376.pdf

10 Junio. El Ministro para el Turismo, Andrés Izarra, denuncia en el programa "En contacto con Maduro" No. 11  la depredación existente dentro del P.N Canaima a causa “de la minería ilegal”, especialmente en los ríos Carrao y Caroní.

Señala que hay balsas a lo largo de todo el parque. Dice que la minería ilegal “es hoy en día la principal amenaza que enfrenta este Patrimonio Natural de la Humanidad; está devastando en todo el Parque”. En el programa mostró fotos con áreas “devastadas” por la minería, en sitios tales como “cerca de Campo Carrao” y que “hay minas también llegando a Kavac”. 

Dijo que “Eso trae muchas consecuencias, sobre todo para el Embalse del Guri, esto porque los ríos Caroní y Carrao, vierten sus aguas en este importante embalse, y esos sedimentos afectan las turbinas que generan la electricidad para el 70% de la población”. 

Señaló al final que para atacar este grave problema se requiere una acción de todo el Estado en conjunto. 

10 de junio. Los operadores turísticos del sector occidental del Parque Nacional Canaima paralizaron sus operaciones debido a la restricción en el despacho de combustible impuesta por el Gobierno

26 de junio.  El Ministerio Público logró privativa de libertad para 11 personas por su presunta participación en la práctica ilegal de la minería en el estado Bolívar, como resultado de seis investigaciones de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental en 2014, que solicitó medidas precautelativas ambientales para preservar la diversidad biológica

29 octubre. La periodista especializada en turismo, Valentina Quintero, denuncia los estragos que produce la minería dentro del  PN Canaima. Se refiere a la caída del turismo en el sector Laguna de Canaima (sector occidental). 

3 noviembre. A solicitud del Ministerio Público fue ordenado el desmantelamiento de nueve campamentos turísticos que operaban ilegalmente en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, con el fin de evitar la contaminación de ese espacio natural.

06 noviembre. Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López anuncia el lanzamiento del Plan Canaima y Plan Roraima, con el que se habrían desmantelado más de 200 campamentos mineros, 100 minas y se desalojaron 870 personas del Parque Nacional Canaima. Dice que “es imposible abordar el tema de la minería ilegal sin la comunidad indígena”. Agrega que antes de finalizar el ano habrán "liberado todo el parque Canaima del modelo capitalista depredador". 

13 noviembre. Valentina Quintero vuelve a denunciar minería en Canaima. Advierte minas en Saltos Aponwao, Kamá, Quebrada de Jaspe y Mirador del Oso y por primera vez señala a los pemones como los destructores del ambiente.

24 noviembre. Reportaje del ABC de Espana advierte que el PN Canaima está en peligro por la extracción de minerales

16 de diciembre "El Parque Nacional Canaima es territorio libre de la práctica de minería ilegal" declara el ministro Defensa, Vladimir Padrino López, quien afirma que fueron desmantelados 7 campamentos en operaciones conjuntas de la Aviación Militar, Armada, Ejército y Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice que se suman a los 262 ya desmantelados desde el inicio del Plan Roraima. 

31 mayo. Protesta en la comunidad de la Laguna de Canaima en contra de la minería que está contaminando el río Carrao. Una indígena pemón asegura que comenzó en 2010.

3 junio. El ministro de Defensa, Wladimir Padrino López niega la existencia de minería en Canaima

4 junio. Pemones levantan protesta por promesa de Maduro de acabar con minería ilegal

9 junio. El vocero de la etnia pemón Domingo Castro aseguró a Globovisión que es una realidad “que no se puede tapar” la minería ilegal en el río Carrao. Dijo que esto se hizo evidente entre febrero y marzo por un cambio en el color del agua

11 junio. El Parque Nacional Canaima cumple 53 años. Se anuncia la aprobación de Bs. 129,2 millones  para su mantenimiento

24 febrero. Se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” Arco Minero del Orinoco (Decreto N° 2.248, Gaceta Oficial N° 40.855) que abarca 111.846,7 km2 (11% del territorio nacional).  Se abre la polémica sobre cómo el megaproyecto de minería afectará a Canaima

13 de mayo. Lanzamiento de la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero conformado por diversas organizaciones políticas, movimientos sociales y activistas que se pronuncian contra el proyecto de la Megaminería que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro

14 junio. La Asamblea Nacional aprueba revocar el decreto del AMO. Niega al Ejecutivo la autorización constitucional sobre decreto 2.248 del 24/02/2016 con el que Maduro crea el AMO.

20 octubre. La AN inicia discusión sobre Proyecto de ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y Potencial hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía

22 noviembre. Caciques del pueblo pemón definen las normas de minería

10 junio. Inhabilitación de la pista ilegal "San Agustín", ubicada en el sector Campo Grande (municipio Angostura), cerca del Parque Nacional Canaima.

El ex-ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, afirmó que se inicia un proceso de diálogo con las autoridades indígenas para impedir el desarrollo de la minería ilegal en esa área protegida e impulsar la remediación y recuperación de la misma (Mippci, 2017). https://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/59/

11 enero. Indígenas de la Laguna de Canaima realizan protesta cerrando pista del aeropuerto

4 marzo. La organización SOS Orinoco denuncia la devastación del río Supamo por mineros ilegales con mercurio, cianuro y otros contaminantes,

20 Mayo. Pemones denuncian falta de bolívares en Canaima y que los pagos en la zona se están haciendo en oro y en dólares.

23 julio. El general de Brigada Roberto González Cárdenas, acusó al pueblo pemón de promover un supuesto “movimiento secesionista” en el sur del país y criminalizó a la líder del pueblo pemón, Lisa Henrito.

La Federación Indígena se pronuncia

Julio. Se publica el Informe SOS Orinoco sobre la minería en el parque Nacional Canaima

24 julio. El Consejo de Caciques Generales (Sectores II-III-V-VII-VIII), autoridad representativa del Pueblo Pemón, publicó un comunicado oficial protestando en contra de las acusaciones del General de Brigada de la reserva activa, Roberto González Cárdenas http://revistasic.gumilla.org/2018/comunicado-oficial-del-pueblo-pemon/

8 agosto. Amnistía Internacional denuncia que la indígena venezolana defensora de los derechos medioambientales Lisa Henrito fue acusada públicamente por un mando militar de "traición" por su activismo contra la explotación minera en sus territorios ancestrales sin estudios previos de impacto social y ambiental.

5 octubre. Se realiza reunión entre el Comandante del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso y los ministros de  Cultura, Ernesto Villegas; Pueblos Indígenas, Aloha Nunez; Desarrollo Minero, Víctor cano con representantes de la etnia pemón en Canaima. El objetivo es definir acciones para atacar la minería ilegal en Canaima.

8 octubre. Se inicia protesta con cierre de la Troncal 10 al sur del estado Bolívar. 22 comunidades indígenas apoyan el reclamo colectivo y denuncian la violación de sus tierras por parte de mineros que a diario llegan a sumarse a la explotación ilegal de oro

14 - 15 octubre. Valentina Quintero difunde un video  a través de sus redes sociales que muestra  la destrucción de Campo Carrao y río Carrao por  la minería ilegal en Canaima

15 de octubre. Endes Palencia, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, confirmó el arranque de la Operación de Acción Integral "Tepuy Protector 2018" con un “abordaje” en el Parque Nacional Canaima. Se trata de un “plan cívico-militar para frenar y erradicar cualquier operación de minería ilegal ejecutada dentro de los 30 mil kilómetros cuadrados” del área protegida.

16 octubre. Gobierno de Maduro denuncia minería ilegal en Canaima

19 de octubre. El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón emitió un comunicado para denunciar que el gobierno les había tendido una “emboscada polìtica” luego de haber activado el plan “Tepuy Protector” sin el consentimiento de las comunidades indígenas. 

Alegaron que fue un  “plan orquestado entre las instituciones militares y los grupos armados para opacar la lucha del pueblo pemón con la excusa de la eliminación de la minería en el Parque Nacional Canaima”. En el documento también afirman que "en  la zona del carrao siempre y cuando se le atiende las demandas sociales y económicas de la comunidad de Canaima". 

31 octubre. Ismael Fernández Díez, expresidente de la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle,  presenta denuncia ante la Dirección Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público sobre  existencia de minería dentro del Parque Nacional Canaima.

01 noviembre. El exsenador Alexander Luzardo Nava denuncia la minería ilegal como delito de lesa patria y lesa humanidad en el foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas”

28 Noviembre. La AN aprueba por unanimidad la Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y Potencial hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía

Título V, cap II, se deroga el decreto 2248 que crea el AMO del 24/02/2016. Quedan sin efecto todas las concesiones mineras de cualquier tipo emitidos por el ejecutivo nacional

30 Noviembre. Se celebra una reunión interdisciplinaria en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas en la que  participaron: Ministra de Turismo, Stella Lugo; Capitán de la comunidad de Kanaimö, Roberto Simón Figueroa; coordinador general de Turismo del sector 2, Antonio Hitcher; Viceministro de Relaciones Exteriores de Asuntos Multilaterales, Félix Plasencia; viceministro de Relaciones Exteriores para Europa,  van Gil y Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Conclusiones: reconocimiento oficial de la Minería Ilegal dentro del Parque Nacional Canaima.  

30 Noviembre. Reunión interdisciplinaria convocada por la Cancillería de la República en la Casa Amarilla en el marco del programa “Canaima libre de mercurio”, para discutir las consecuencias de la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima. Participaron funcionarios de los ministerios de Salud así como Ministra de Turismo, Stella Lugo; Capitán de la comunidad de Kanaimö, Roberto Simón Figueroa;  coordinador general de Turismo del sector 2, Antonio Hitcher; Viceministro de Relaciones Exteriores de Asuntos Multilaterales, Félix Plasencia; viceministro de Relaciones Exteriores para Europa,  van Gil y Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. 

8 Diciembre. Emboscada a Pemones por parte de efectivos de la FANB para tomar control de las minas, matando a un indígena pemón e hiriendo a otro

9 diciembre. La periodista Valentina Quintero denuncia que el gobierno nacional ha permitido la explotación minera en el Parque Nacional Canaima, creando un problema que ahora no puede controlar.

10 diciembre. Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, el Cacique Comunitario de Canaima, y Consejo de Ancianos de Canaima publican comunicado conjunto sobre asalto militar en el sector Arenal del parque nacional. 

11 diciembre. Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López  declara que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) desmanteló campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Canaima. "Se desmantelaron varias balsas mineras y maquinaria de extracción que destruían la capa vegetal en las profundidades del río en el sector Arenales". 

11 Diciembre. Activan la jurisdicción especial indígena a través del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón. Emite un Segundo llamado desde la comunidad indígena de Kanaimö: "Los hermanos indígenas Carlos Peñaloza y el occiso Charlie Peñaloza Rivas en ningún momento portaban armas”

11 diciembre. La periodista Valentina Quintero publica un segundo video que denuncia la minería ilegal en el Campo Carrao

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El imperdonable crimen en Canaima es esta mina en Campo Carrao, a orillas del río Akanan, muy cerca del río Carrao y del Salto Ángel, en pleno corazón de las 3 millones de hectáreas del PN Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad. . Por qué en ninguno de sus comunicados, y tampoco en sus declaraciones a la prensa, la Comunidad de Canaima o el Consejo de Caciques se han pronunciado sobre esta destrucción en su tierra? Por qué no aplican sus leyes a sus hermanos que destruyen sus tierras? De acuerdo con sus leyes ancestrales la madre tierra es sagrada y le toca a ustedes protegerla. Las aguas son su mas preciado tesoro y las están envenenando con mercurio. Estoy segura que les destroza el alma ver este horror y los apoyaremos para pararlo. Porque la misma responsabilidad que tiene el pueblo pemón de defender Canaima de la minería la tenemos todos los venezolanos. Es nuestra tierra. Es nuestra patria. Aqui nacimos y aqui nos formamos. Nos duele a diario. . . De acuerdo con la constitución que rige a todos los venezolanos por igual , en su artículo 127 de los Derechos Ambientales: “Es un derecho , y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica” . Mas claro no canta un gallo. . Le corresponde a la Fuerza Armada Nacional velar por la integridad de nuestro territorio. Yo les ruego que no dejen perder nuestro Parque. Los orígenes del planeta. Nuestras tierras mas ancianas. Nuestra fortaleza regalo de Dios. Nuestras aguas mas puras. Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, como Comanante estratégico operacional FANB, apelo a su amor por la patria, a su deber, a su juramento. Ayude a Canaima. Es su deber. Es un regalo de Dios. #sembradaenvenezuela hasta el último segundo de mi vida

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12 diciembre. Nicolás Maduro anuncia que apoya la lucha en contra de la minería ilegal en el estado Bolívar "que ha costado la vida a indígenas de la región" que se han enfrentado con mafias y delincuencia.

Maduro  acusa al ex gobernador Andrés Velásquez y el diputado Américo De Grazia de dirigir una mafia que ha causado un ecocidio en el Parque Nacional Canaima.

13 Diciembre. Pemones denuncian la muerte de un integrante de su comunidad y califican a Vladimir Padrino como un "asesino y cobarde" por las operaciones militares realizadas en la zona. Exigen retiro de la operación militar encubierta en Canaima

14 Diciembre. La familia del pemón asesinado en Canaima, Charlie Penaloza, afirma que "quieren desplazarnos para entregar nuestros territorios a extranjeros" 

20 Diciembre. Amnistía Internacional denuncia que fuerzas militares atacaron territorios del pueblo originario con actividades mineras en un operativo donde murió un indígena

21 Diciembre. El Consejo de Caciques Generales da a conocer un tercer comunicado oficial de la comunidad sobre la incursión militar del 8 de diciembre, que dejó un indígena muerto y varios heridos

22-25 febrero. Asesinan a tres indígenas pemones en la comunidad de Kamaracapai, Gran Sabana. Fuerzas de seguridad fueron enviadas al área junto con docenas de autobuses llenos de milicias progubernamentales, conocidas como colectivos.

Alcalde indígena del pueblo fronterizo de Santa Elena de Uairén, Emilio González, huye del país por persecución de las fuerzas militares. Se refugia en el estado de Roraima, Brasil

6 de marzo. Maduro declara que "Guayana es la alternativa industrial de la economía nacional para sostener el crecimiento económico en tiempos de bloqueo y persecución imperialista para lograr los ciclos virtuosos de crecimiento, de una nueva economía productiva”

9 de abril. La Asamblea Nacional aprueba informe sobre la masacre perpetrada contra el pueblo Pemón, ocurrida entre el 20 al 25 de febrero de 2019, cuando intentaba ingresar la Ayuda Humanitaria al país, en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, donde hubo 7 fallecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia que vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de los indígenas de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, así como del defensor de DDHH, Olnar Ortiz

23 de abril. Ángel Álvarez, denunció que más de 30.000 personas están en riesgo por contaminación de mercurio en la zona sur de la entidad

4 de junio. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Victor Cano insiste en que prohibirán minería en los parques nacionales. Reiteró a líderes indígenas de la etnia pemón, sobre la prohibición de actividades mineras en los parques nacionales.

El gobierno nacional y 15 líderes del pueblo pemón evaluaron propuestas para "optimizar y controlar" la  producción minera en el Arco Minero del Orinoco.

9 septiembre. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en la 42a sesión del Consejo de DDHH en el informe ampliado sobre la situación de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Alerta aumento de  militarización de territorio pemón, violencia contra los indígenas warao en el Delta y curripaco en Amazonas e impacto de la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco sobre la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en su territorio. El documento destaca que autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo consulta ni los estudios de impacto ambiental adecuados para la instauración del AMO. 

Texto y fotos: Lisseth Boon y Lorena Meléndez

Diseño y montaje: Carmen Riera

Mapas e infografía: Mayerlin Perdomo

Videos: Abrahan Moncada

Redes sociales: Andrea Bello

Edición: Laura Helena Castillo

Coordinación General: Lisseth Boon