Indefensos, sin justicia
Indefensos, sin justicia
A Carmen Sánchez, madre de Sergio Luis Pereda Sánchez, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, le dijeron que debía esperar 72 horas para poder concretar la denuncia por la desaparición de su hijo ocurrida el 10 de diciembre de 2019 en Valles del Tuy, estado Miranda. Lo pudo hacer el 12 de ese mes “después de tanto rogar”. A 2024, cinco años después de haber hecho la denuncia, sigue sin saber dónde está su hijo: “Todavía estoy esperando una respuesta”.
Asistía todas las semanas a la Fiscalía Novena de Ocumare del Tuy, también en Miranda, para obtener respuesta sobre su denuncia o darle un vistazo al expediente, que se extravió con los años. “Ya dejé de ir porque me estaba enfermando. Cada vez que llegaba a mi casa estaba más deprimida porque no me decían nada”, dijo.
Su hijo salió de su casa hacia la de su papá para buscar unas herramientas de trabajo. Según vecinos, testigos del hecho, en la parada donde esperaba el transporte público ya de vuelta para su vivienda, alguien lo montó de forma obligada en un carro y desde ese momento no se supo más de él. De esto hay pruebas en imágenes de las cámaras de seguridad de negocios cercanos.
En el país existen cientos de casos similares al hijo de Carmen, cuyas desapariciones no parecen ser tema de preocupación para las autoridades. Las principales víctimas de estos delitos son las mujeres, las niñas y los adolescentes; las causas son diversas, principalmente, la trata de personas.
El World Justice Project ubicó a Venezuela, por octavo año consecutivo, en el último puesto de su índice sobre Estado de Derecho. En 2023 se evaluaron 143 países sobre ocho ítems, entre ellos la ausencia de corrupción, justicia civil y penal o derechos fundamentales. Este índice mide, entre otros aspectos, si la población puede resolver sus quejas de forma eficaz a través del sistema de justicia civil. Evalúa, a su vez, si los sistemas de justicia son accesibles y asequibles, así como libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos.
Por otra parte, examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras razonables y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas. El que Venezuela ocupe los últimos lugares en el ranking deja más que evidencias de que ninguna de estas premisas se cumplen.
“En Venezuela no hay justicia. Desde hace mucho tiempo para acá, la sensación que tiene el ciudadano es que la justicia es una manera de entorpecer aún más la vida en sociedad. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer valer las leyes, y estas son, a su vez, las reglas de conducta en sociedad”, afirma de forma tajante el abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
De los 86 jueces, fiscales y abogados defensores que respondieron al cuestionario de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en 2021, 98,2% dijo que, según su experiencia, los casos políticos no se investigaban ni se procesaban de acuerdo con la ley.
100% de los encuestados, a través del cuestionario de la Misión de la ONU, sostuvo que el proceso de designación de jueces y juezas en Venezuela no se ajusta a la ley.
A mediados de 2024, Carmen se presentó, junto a otras personas con familiares desaparecidos por diversas razones, en la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas, para solicitar celeridad en los casos. Afirma que puso la denuncia ante los organismos competentes y el caso pasó a fiscalía en 2020, pero que hasta la fecha todo se quedó en averiguaciones.
"No me han dicho qué pasó, qué hicieron con él, quién se lo llevó, si hay sospechas de algo, pero en sí no me han dado respuestas. Yo le pido al fiscal Tarek William Saab que se ponga la mano en el corazón y que nos ayude a todas las personas que tenemos hijos desaparecidos. Esto es una agonía, esto es morir en vida"
Carmen Sánchez
Las reformas judiciales también afectaron el necesario concurso de los jueces para obtener titularidad, uno de los pilares fundamentales del sistema. Según una revisión hecha por Acceso a la Justicia, publicada en mayo de 2022, de los 844 jueces penales en el país solamente 164 son titulares y 609 son provisorios.
Abandono a la ciudadanía
El abandono judicial se manifiesta de muchas formas: no recibir una denuncia en los organismos competentes, no hacer valer una sentencia, impedir acceso a un expediente o no proveer asistencia psicológica o legal a una persona que claramente lo necesita.
Las denuncias en redes sociales parecen ser más efectivas a la hora de tomarse en cuenta un caso, sobre todo relacionado con maltrato animal y despojos de viviendas, pero tampoco implican una resolución judicial.
En 2023, Gio López hizo una denuncia en redes sociales, junto a otras personas, contra Michelle Artiles por acoso sexual y abuso. “Decidimos hacerlo por Twitter porque creímos que era como justicia social, y no pensamos que se saliera de control. Al final, hubo mucho revuelo y nos contactó la fiscalía”.
El contacto se materializó un sábado para consultarle si quería formalizar la denuncia contra Artiles. Se decidió, pero al poco tiempo ese primer apoyo de las autoridades se fue desvaneciendo. También sintió desconfianza, pues fue conminado a participar en situaciones que ahondaban el acoso.
"Quedaron en que me iban a llamar para ir a tribunales, porque ahí tenía que hablar por última vez. Me dijeron que si quería podía cederles la vocería para que no fuese revictimizante pero yo decidí hacerlo, porque si ya de por sí el sistema venezolano me oprime, yo no voy a seguir regalando mis derechos"
Gio López
La última vez que lo llamaron le informaron que no podían darle actualizaciones del caso, tampoco acceso al expediente. “Yo no estaba pidiendo el expediente, simplemente estaba pidiendo que me dieran respuesta y razón de dónde estaba Michelle Artiles porque ella había vuelto a aparecer en redes sociales”, explica Gio López sobre su caso.
El quiebre de la confianza en la justicia ha mermado la cantidad de denuncias que se interponen en todas las jurisdicciones del sistema, afirma el abogado Juan Carlos Apitz.
“No me he sentido acompañada por las autoridades en mi caso, porque no me han dado respuesta. Siento que el caso de mi hijo pasó a ser una estadística más, y como que no les importa la vida de nadie. El Estado no es efectivo. Me disculpan si ofendo a alguien, pero las leyes son para el que tiene dinero, al que le solucionan todo rápidamente, y nada para quienes no tenemos dinero. Como que engavetan los casos”, recalca Carmen Sánchez.
Otra persona que ha transitado el efecto mediático durante varios años, con sus lados oscuros o más empáticos, es Linda Loaiza López. Víctima de violencia sexual, secuestrada y torturada por Luis Carrera Almoina en 2001. A López, el Estado venezolano le ha negado justicia de todas las formas posibles, pese a un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2018. “Tengo 23 años reclamando justicia al Estado venezolano. Desde el año 2001, cuando mi hermana denunció mi desaparición, no se atendió debidamente la denuncia”.
Pasó por cambios de jueces, una huelga de hambre para presionar por un juicio que le dejó nuevos problemas de salud y una primera sentencia absolutoria en 2004 contra todos los acusados: “A pesar de que era notoria que habían usado los recursos del Estado para evadir la justicia”. Luego vino la apelación y un nuevo juicio con condena en 2006 contra Luis Carrera Almoina, esta vez, solo por lesiones gravísimas y privación de libertad, hasta llegar a instancias internacionales.
“Ya se van a cumplir seis años (de la sentencia de la Corte IDH) y el Estado venezolano la ha desestimado, no ha dado cumplimiento y no hay justicia (...) La justicia es cuando hay memoria, hay verdad, hay reparación y garantías de no repetición. Elementos que el sistema venezolano, el sistema de justicia, no ha cumplido”, dice Linda Loaiza López.
Insiste que la sentencia favorable de la Corte IDH no le ha brindado justicia, debido al desconocimiento sistemático a su caso del Estado venezolano.
"La justicia es expedita, ¿expedita son 23 años? (...) Tenemos una ley orgánica en Venezuela que protege los derechos de las mujeres, pero en la práctica eso no ocurre. En la práctica son muchas las mujeres que acuden al sistema de justicia y no son atendidas. Yo soy una"
Linda Loaiza López
La falta de justicia
“Una de las deudas que existe en Venezuela se refiere a la politización del sistema judicial”, asegura Tamara Adrián, doctora en Derecho Comercial y la primera diputada trans del país. Seis reformas relacionadas al Tribunal Supremo de Justicia, otras cinco al sistema penal y de seguridad y un sinfín de medidas como los tribunales móviles y el “MP va a tu comunidad” se han sucedido en los últimos 23 años. Ninguna de ellas ha sido efectiva para acelerar los procesos judiciales.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha dicho que «las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad».
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