Nada más terminar su bachillerato, Fernando Rincón, oriundo de Upata, una pequeña ciudad del estado Bolívar a 725 kilómetros de Caracas, se trasladó al pueblo de El Callao en la misma entidad, para trabajar en las minas. Para ese momento, no veía otras salidas laborales. La mina era la única factible para él. “Afuera tú lo que ganas es una locha (...). Tú tienes la mina y medio resuelves un poquito”.

Siete años han transcurrido, y aún desciende hasta 40 metros bajo tierra en busca de oro para sustentar a su familia. Comienza su rutina a las 7:00 de la mañana y termina alrededor de las 8:00 de la noche, a menos que tome un turno de 24 horas. Ingresa diariamente sin más protección que una camisa vieja, bermudas, botas y una linterna ajustada a su cabeza con una elástica, para iluminar su rumbo entre rocas, barro, polvillo, humedad y cableado improvisado. Con lo que gana sobrevive al día, así que debe rebuscarse en otros “barrancos” (minas) para colaborar más en el hogar.

Como Rincón, miles de venezolanos han emigrado al sur del país en busca de salidas laborales hacia la Zona Estratégica de Desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO), una enorme área del estado Bolívar de 111.843,70 kilómetros cuadrados ⏤12,2 % del territorio nacional⏤, decretada en febrero de 2016, por el gobernante Nicolás Maduro (Decreto 2.248), zona de extracción mineral y una nueva fuente de ingresos del Estado para mitigar la emergencia humanitaria compleja.

El megaproyecto no tardó en salirse de las manos del gobierno, tal y como lo refieren varias ONG,  para transformarse en una pesadilla con graves violaciones a los derechos humanos, explotación descontrolada de recursos, masacres, esclavitud laboral y sexual, un ecocidio y territorio de sangrientas peleas por el control de la zona entre militares, guerrilleros y grupos armados irregulares. 

Ante el panorama, el Estado venezolano hace oídos sordos de las constantes denuncias y atrocidades que vive la población al sur, como si estuviera borrado de la región minera. 

Rincón afirma que los grupos armados “no se meten con la población”, y que “tienen relaciones con el mismo gobierno”. Esto lo confirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que denunció en septiembre de 2022 la existencia de alianzas entre bandas delictivas y miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sostiene que efectivos de estas instituciones del Estado permiten desde la presencia de grupos armados hasta “supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para ‘limpiar’ las minas de ciertos ‘sindicatos’ (grupos delictivos)”. 

Molineros del área comentaron a la Alianza Rebelde Investiga que los dueños de los molinos (equipos para moler y procesar oro) y minas deben pagar a las bandas, en extorsiones o “vacunas”, un promedio de cinco gramos (o gramas, en el argot local) de oro ⏤con un valor aproximado de 60 dólares por gramo⏤ para trabajar sin atropellos. 

Por otro lado, las fuerzas del Estado abusan de su poder para obtener beneficios económicos de los trabajadores con la prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales, el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo, el contrabando transfronterizo de mercurio y de oro, entre otros, según la MDH.

La organización International Crisis Group informó en 2020 la presencia activa de otros actores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y una organización disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La lucha de cada grupo por el control y explotación de los recursos fue el caldo de cultivo para que ocurrieran más de 20 matanzas en las zonas mineras desde 2016. La primera fue la Masacre de Tumeremo, en la que asesinaron a 17 mineros.

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, señaló el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2020. 

Además del peligro que corren por ingresar a las zonas mineras, los trabajadores se someten diariamente a condiciones laborales extremas como cumplir turnos de 12 horas, o más, bajo el sol o las lluvias, sin equipos de protección ni planes de gestión de riesgos, y una alta exposición a la contaminación por mercurio. 

A pesar de que el uso, tenencia, almacenamiento y transporte de este metal están prohibidos para el tratamiento del oro y otros minerales (Decreto 2.412), fluye en los cuerpos de los mineros, en los molinos, ríos y tierras de Bolívar de manera alarmante, según la ONG Clima 21.

Los mineros también se exponen a la malaria, porque las precarias condiciones sanitarias y la ausencia de servicios básicos incentivan la generación de criaderos artificiales del mosquito. Así, la enfermedad se esparce a otras regiones del país cuando los mineros foráneos regresan a sus estados, destacó Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. 

“Ninguna protección, ni casco, ni guantes, ni botas, ni nada de nada. O sea, el gobierno no nos apoya con nada de eso”, agrega Daniel.

Al menos 24 mineros murieron en cuatro derrumbes de minas de oro en lo que va de 2024 en los estados Bolívar y Amazonas.

La organización SOS Orinoco informó que más de 50 personas fallecieron tras varios colapsos entre enero de 2023 y febrero de 2024, antes del accidente en la mina Bulla Loca en Bolívar, que dejó 16 trabajadores muertos y 36 heridos.