Abuso de poder, agresión, falta de cumplimiento de normativas policiales, amenazas, allanamientos, tortura, tratos crueles, privación arbitraria de la libertad y detenciones ilegales se reportan a diario en Venezuela. No están vinculadas a bandas delictivas, sino a funcionarios de diferentes organismos de seguridad que buscan en el ciudadano de a pie, transportista, empresario o ganadero, una víctima para una extorsión voluntaria. El miedo silencia a las personas afectadas ante la corrupción policial.

José estuvo detenido, al menos 60 días en el estado Zulia, al negarse a pagar un monto en dólares que le pidieron unos funcionarios para seguir trabajando con su venta de material reciclado como plástico, latas, papel, entre otros.

“Un cuerpo policial sembró material estratégico en mi camión y después me pidieron 10 mil dólares. No se los pude dar y me presentaron en fiscalía. Aquí lo que se vive es la privatización del sistema judicial, sino le pagas a uno, hay que pagarle a otros”, señala.

El hombre contó a la Alianza Rebelde Investiga que los funcionarios lo abordaron dentro de su casa, sin orden judicial, y estuvo al menos 12 horas privado de libertad. Su caso se notificó al Ministerio Público después de 48 horas del arresto.

“Me llevaron a su sede y ahí me hicieron psicoterror”, afirma sobre los golpes, amenazas y vejaciones que sufrió durante su detención. La víctima explicó que aunque en los organismos hay una división interna para recibir denuncias por funcionarios que incumplen sus normas, no hay garantías.

“Ellos mismos llaman a los policías o a los guardias nacionales y les informan de la denuncia que se hizo. Mientras estuve detenido, se debía pagar para visitarme en una celda 4x4 metros donde estaban 60 personas”, así se mantuvo mientras se cumplía el lapso de 45 días para las averiguaciones que dicta la legislación venezolana. La Fiscalía determinó, finalmente, que no era culpable del delito del que estaba siendo acusado por tráfico de material estratégico, el cual es de uso y aprovechamiento exclusivo del Estado.

En redes sociales abundan testimonios, denuncias y señalamientos contra funcionarios policiales, de diferentes organismos, que incurren en delitos en medio del ejercicio de sus funciones en cargos públicos y de protección a la población.

Los ciudadanos aseguran que los oficiales de seguridad de diferentes organismos les han pedido un monto en dólares para dejarlos circular, incluso, cuando tenían toda su documentación en regla.

Esto no ha sido exclusivo de las principales vías en Venezuela, sino también en zonas de circulación de carga pesada ubicadas en las áreas más rurales del país, por ejemplo, en los estados andinos. En esta región, ganaderos han señalado que debían dejar en puntos de control apostados a lo largo del camino verduras, queso y otros productos que trasladaban.

Ya sea en alcabalas itinerantes, en puntos de control en vías desoladas, durante allanamientos o en abordajes estratégicos, los funcionarios de seguridad extorsionan a la ciudadanía. La ONG Acceso a la Justicia precisa que estos organismos están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden.

“La policía, en vez de brindar seguridad a los ciudadanos que es su razón de ser, los persigue para reprimirlos frente a sus reclamos legítimos por la falta de respuesta, inacción del Estado, e incluso, respecto al cumplimiento de sus necesidades más básicas. Más grave aún es que la policía comete ejecuciones extrajudiciales, pero no solo en su rol de represor del ciudadano, sino además por arbitrariedad y corrupción, ya que en la crisis institucional y de recursos el Estado venezolano hace lo que quiere y extorsiona al ciudadano a fin de obtener recursos para su provecho”, indicó el informe.

José vive con miedo porque experimentó el alcance de un mal procedimiento policial, de la burocracia y la falta de investigación del sistema judicial en su caso. No era culpable por el delito, pero fue detenido, según su testimonio, solo tras negarse a colaborar con los policías en una vacuna voluntaria. En consecuencia, su confianza en los organismos policiales, que supuestamente deben protegerlo, es nula.

Un informe sobre la violencia en 2023, del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), indicó que ciudadanos reportaron que debían pagar o dar una “colaboración” a un funcionario policial o militar para resolver algún problema o situación. Esto contradice el deber de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley y su protección.

“Esto constituye una aberración mayor con aquellos funcionarios que son los encargados del cumplimiento de la ley y la protección de los ciudadanos. El sentimiento de la población es tener que enfrentarse a una doble extorsión, la de los delincuentes y la de los policías, provocando una destrucción mayor en la institucionalidad del país”, afirma el informe.

Según estimaciones de un funcionario del Cicpc, en el año 2021, al menos 27 % de los funcionarios de cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales fueron vinculados con alguna banda criminal.
Esto ocasiona que se pierda confianza para denunciar ante las instituciones.

_{Fuente: Transparencia Venezuela y Cicpc}

Los habitantes temen denunciar por ser expuestos. Así le ocurrió a Ana, una empresaria de Maracaibo, capital del estado Zulia.

Ana tiene menos de 40 años de edad, y es una emprendedora que comenzó a vender ropa y accesorios en la pandemia. Después, debido a la receptividad que tuvo su negocio, logró abrir una tienda en un sector populoso de la capital zuliana, y muy pronto fue víctima de extorsión. Denunció, pero un funcionario la delató.

En Instagram, Ana era popular al contar con más de 10.000 seguidores. A su juicio, las redes sociales son un arma de doble filo por el alcance de la marca. “Con Instagram o TikTok se encuentran clientes, pero también hay sobreexposición. Yo hacía en vivo diarios en estas redes en los que mostraba la mercancía y así comencé a recibir mensajes”.

Las comunicaciones que recibió Ana eran de números de Colombia, pero venían acompañadas de fotografías que mostraban su local, vehículo personal y la rutina de su recorrido diario, con la intención de que cediera y cumpliera con la extorsión solicitada en divisas. “Estaba muy asustada porque realmente no podía pagar lo que me pedían, y una de mis clientas, que también es funcionaria, me recomendó denunciar”, señala a ARI.

Ana puso la denuncia en la sede de un organismo policial, pero horas más tarde recibió un nuevo mensaje. Este llegó a través de la cuenta de la tienda, ya que dejó de usar su línea telefónica por recomendación de los funcionarios. “Ya sabemos que denunciaste, ahora no te vas a salvar. Tenemos ojos en todos lados”, le precisaron.

Esta es una de la tantas historias de venezolanos que se han sentido desamparados ante quienes deben velar por su seguridad personal. El relato evidencia la penetración que tienen las bandas criminales dentro de los organismos policiales en Venezuela. Ana denunció con la esperanza de recibir apoyo del Estado, por la amenaza de extorsión, pero fue expuesta su identidad y se la dejó más en riesgo.

Ana se mudó a otra ciudad de Venezuela, donde viven sus padres, para comenzar a trabajar de nuevo por la indefensión en la que se sintió ante la falta de respuesta. Ahora empezó desde cero a captar clientes y se mantiene de bajo perfil.

23 % de los entrevistados por el Observatorio Venezolano de Violencia declaró que tuvo que pagar a un funcionario policial o militar, pues le habían exigido dinero para resolver alguna situación o problema.

_{Fuente: Transparencia Venezuela y Cicpc}

(*) Los nombres de los testimonios fueron cambiados por seguridad o a petición de las personas.