En 2017, la doctora Patricia Valenzuela, directora de la Sociedad Venezolana de Infectología, trabajaba decenas de horas en un sistema sanitario golpeado. Déficit de suministro de medicamentos del 80 %, la mitad de los hospitales no estaban en funcionamiento y una reducción del 50 % del personal médico en centros públicos dejaba en jaque a la salud de los venezolanos.

Mientras recorría un pasillo del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un aumento de pacientes con varicela llamó su atención. No le dio mucha importancia. Después de todo, el Ministerio de Salud no había reportado un brote epidemiológico al respecto.

Al llegar a casa, luego de una jornada de 48 horas, Valenzuela se quitó la bata blanca con su nombre bordado. Su esposo, quien se encontraba en la cocina, rápidamente notó algo raro: "¿Qué es eso que tienes en el brazo?", le preguntó.

La infectóloga examinó la parte posterior de su brazo derecho. Era una vesícula, propia de la varicela o lechina. A pesar de haber sido vacunada, Valenzuela explica que «las primeras vacunas que llegaron a Venezuela no eran del todo efectivas». Los síntomas atacaron rápidamente: sarpullido, fatiga y dolor de cabeza, por lo que tuvo que correr para ser tratada médicamente. La varicela, en adultos, suele ser severa y si la sintomatología se vuelve más intensa: puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente.

Al no haber boletín epidemiológico desde 2016, Valenzuela no podía saber que ese aumento de pacientes con varicela se trataba, en realidad, de un brote de la enfermedad en Caracas. Además, conseguir los medicamentos para ello, en ese entonces, era un reto incluso para los profesionales de la salud.

Esta es una de las historias que revela la afectación en la ciudadanía de la falta de datos oficiales en el país en diferentes ámbitos. A más de dos años de que 69 economistas, periodistas y profesores exigieran la publicación de cifras y datos actualizados al Banco Central de Venezuela (BCV), al Ministerio de Finanzas, a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el acceso a la información pública es más opaco que nunca.

La opacidad de la información del Estado no se refiere únicamente a las finanzas. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que el INE publicó la tasa de mortalidad o natalidad de Venezuela? Fue hace más de 12 años.

Para Julio Castro, infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, esta data, junto con el boletín epidemiológico semanal, son fundamentales porque «permiten la planificación de políticas públicas». Pero el último de estos reportes fue el de 2016, presentado con retraso, en mayo de 2017, por el Ministerio de Salud.

Castro puntualiza que estos ocho años sin boletín epidemiológico tiene consecuencias en la colectividad al no saber sobre enfermedades prevalentes, brotes epidémicos ni tasas de incidencia o mortalidad. 

En julio de 2017 se registró una epidemia de sarampión en Bolívar. Lo que afectó a, por lo menos, seis naciones vecinas. Asimismo, desde 2016 se registró un brote de difteria, el cual permaneció activo varios años. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) documentó 253 casos de difteria en Venezuela, tan solo entre 2017 y 2018. Más allá de la campaña de prevención y alerta por el Covid-19, el Ejecutivo nacional no ha tomado medidas preventivas ni ha informado de forma continua sobre otras oleadas epidemiológicas desde entonces. 

Por su parte, Valenzuela visitó multitud de farmacias para conseguir aciclovir, antibiótico necesario para tratar sus síntomas. «Pero el precio era elevadísimo y prácticamente no se conseguía en ningún lado», relata. Logró conseguir parte del tratamiento gracias a unos amigos que le avisaron dónde había. Pero completarlo parecía misión imposible en una Venezuela hiperinflacionaria y con alto déficit sanitario. 

Esta deliberada retención y ausencia de información sanitaria tampoco es una excepción. El Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional no han rendido cuentas a la ciudadanía sobre su gestión en casi una década.

Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela, Provea, Espacio Público, Ve Sin Filtro y Aula Abierta han denunciado mediante comunicados, cartas, informes anuales e, incluso, acudiendo a la sede del Parlamento, esta opacidad informativa que se ha instaurado en el país. 

Asimismo, destacan que la información que se desprende, por ejemplo, del boletín epidemiológico es vital para la planificación de presupuesto y de recursos humanos, así como para planificar y ejecutar estrategias de atención y prevención. 

Fue el propio doctor Castro quien logró conseguirle, mediante una ONG, el resto del tratamiento a la infectóloga Valenzuela. Se pudo tratar antes de que los síntomas se agravaran; para ella, "todo se pudo haber solucionado más rápido de haber sabido que era un brote", y al extremar las previsiones. 

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, asegura que parte de la crisis de derechos humanos que vive Venezuela ha tenido mucho que ver con falta de información. La no rendición de cuentas, de principios y de transparencia «nos remite a una situación donde hay un Estado al que no le interesa el ciudadano», comenta.

Desde 2017, las ONG que abogan por los DD. HH. han exigido la rendición de cuentas y la publicación de documentos de registro público. No obstante, Murillo admite que tal vez no han sido lo suficientemente insistentes. Asegura que ante la exigencia y reclamos por los derechos fundamentales, «la respuesta es la represión; es la persecución; es la descalificación». 

El coordinador general de la ONG hace un llamado a toda la ciudadanía: "No perdamos la capacidad de asombro. No porque la Contraloría o el Ministerio Público no hayan rendido cuentas, nosotros debemos dejar de exigir eso como un derecho constitucional".

El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades".