El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Clima21) es una de las pocas que monitorea los derrames de petróleo en Venezuela. Estima que al menos una vez a la semana ocurre una fuga de hidrocarburos en el país que afecta los ecosistemas costeros nacionales y la economía local. Asegura que los derrames pueden detectarse desde el espacio a través de imágenes satelitales.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Petróleo y desde Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se niega el impacto de este pasivo ambiental que la ONG Transparencia Venezuela considera como uno de los más opacos del país y de la región latinoamericana. La mayoría de las veces, la petrolera estatal voltea la mirada de los miles de incidentes que ocurren en su infraestructura que dañan a los ecosistemas y afectan a la población.

“Nos hemos visto afectados en múltiples ocasiones por los derrames de petróleo y por el gasoil que se acumula en el agua. Nos afecta mucho en la piel, porque además debemos usar diluyentes para quitarnos el petróleo. Las aguas del lago de Maracaibo son calientes y traen muchos escombros, petróleo y gasoil”, cuenta un pescador en el estado Zulia.

De acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Venezuela, titulado Pdvsa a espaldas de los criterios ESG, la industria petrolera y gasífera en el país no cumple con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que toda empresa debe cumplir, de acuerdo con los estándares de organismos internacionales preocupados por el cambio climático. Pdvsa, además, debe incorporar los objetivos de la Inversión Socialmente Responsable (ESG, por sus siglas en inglés) al ser el sector hidrocarburos, de por sí, uno de los más contaminantes en el mundo. 

Por su parte, la organización internacional Sustainalytics, señala que Pdvsa es una de las peores calificadas mundialmente en sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG Ranting en inglés). Entre sus fallas está la ausencia de transparencia en su gestión y el nulo mantenimiento de sus instalaciones desde hace más de 20 años. 

“Hemos tenido casi cero derrames (...). Los derrames de hidrocarburos son como el agua y el aceite: no hacen ningún tipo de descomposición en el lago de Maracaibo. Simplemente es una cuestión visual”, dijo el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Pedro Rafael Tellechea en una alocución pública el 10 de julio del 2023, luego de que la NASA y el Programa Copérnico compartieran imágenes satelitales del lago más grande de Sudamérica lleno de petróleo, de algas y de cianobacterias (que proliferan entre las manchas de petróleo).

A pesar de las cientos de denuncias sobre las distintas formas en las que contamina Pdvsa, ningún organismo, como el propio ministerio de Petróleo ⏤contralor del sector de los hidrocarburos⏤ o el ministerio del Ambiente, ha hecho llamados de atención o exigido acciones para mitigar el impacto de las actividades de la industria en el ambiente y en las personas.

“La salud se ha visto muy afectada. Los pescadores hemos sufrido enfermedades en la piel, principalmente en los pies y en las manos, debido al contacto con el agua llena de petróleo y el verdín. La comunidad se ve afectada por los malos olores que emanan del lago de Maracaibo, ya los derrames petroleros se acercan a las orillas”, dice otro pescador en la zona consultado por ARI.     

El Banco Mundial cataloga a Venezuela como una de las cinco naciones que más contaminan con metano en el mundo a través de la quema de gas y «el que tiene la intensidad de venteo de gas más alta del mundo (emisiones liberadas a la atmósfera)», según su último reporte publicado el 20 de junio de 2024. Y más de la mitad del volumen de los gases se produce en un solo lugar: en la refinería Punta de Mata de Pdvsa, en el estado Monagas, al oriente del país. 

Otras empresas estatales como las cementeras y las siderúrgicas también generan problemas ambientales durante sus procesos, pero tampoco el Estado ha puesto su mirada crítica a esta situación; al igual que la explotación indiscriminada de oro y carbón, muy cuestionadas en los últimos años debido al impacto al ambiente.

“De ser uno de los países del mundo en crear un Ministerio del Ambiente pasamos a tener una gestión casi nula en protección ambiental. El deterioro institucional es incalculable”, denuncia Antonio De Lisio, geógrafo venezolano y director de la Alianza Acción Climática Venezuela.

Tanto Álvarez como De Lisio denunciaron que el Estado no se ha comprometido con el Acuerdo de París, un documento firmado en el año 2015 que obliga al gobierno venezolano a monitorear y mitigar la producción de gases de efecto invernadero. 

El Estado ha asegurado que trabaja en el Tercer Comunicado Nacional sobre el Cambio Climático desde el 2020, y en febrero del 2024 lo volvió a prometer. Pero esos documentos se han debido publicar todos los años desde el 2016.

Para Álvarez y De Lisio es relevante estar informados sobre lo que sucede con el cambio climático ya que está estrechamente relacionado con los derechos humanos; afecta no sólo al medioambiente sino también al bienestar de la población y, en última instancia, a la supervivencia de los seres vivos. 

Los expertos agregan que al tener el cambio climático un impacto en las personas, especialmente en las más vulnerables; en todas las áreas de desarrollo y los demás seres vivos del planeta, no debe ignorarse. Por lo tanto, los gobiernos deben empezar a ser agentes de cambio.

“Los que más se han visto afectados por los derrames de petróleo en el lago (de Maracaibo) son los pescadores artesanales, ya que los manglares se han contaminado y está matando el hábitat natural. No hay carnadas, que son las que utilizamos para la pesca de la corvina que hacemos acá”, dice uno de los trabajadores de la pesca cuyo sustento se ha visto seriamente disminuido mientras su familia se hace cada día más pobre.  

Constitución Bolivariana de la República, artículo 127:

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos”.

(*) Los nombres de los testimonios fueron cambiados por seguridad o a petición de las personas.