MONITOR DE VÍCTIMAS | INFORME 2021 | CAPÍTULO 6

Conclusiones

1. Aunque la medida de confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19 se aplicó en decenas de países del mundo, para los venezolanos se tradujo en calles militarizadas, mínimas posibilidades de movilidad, escasez de gasolina y un clima de tensión que alentó los abusos de los cuerpos de seguridad. Desde la instauración de alcabalas que represaban el tránsito de vehículos hasta la realización de operativos armados en los que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
2. Proporcionalmente, los casos de homicidio por letalidad policial se mantuvieron casi igual que en 2019, pese a las constantes denuncias y exhortos hechos por parte de organizaciones de la sociedad civil a los cuerpos de seguridad a respetar la vida y los derechos humanos.
3. Llama la atención que, aun cuando la mayoría permanecía encerrada, seis de cada 10 muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad, ocurrieron en la vía pública. La acción de los cuerpos de seguridad también llegó hasta las viviendas de las víctimas, donde ocurrió 30 % de estos hechos.
4. Las cinco parroquias que registraron más homicidios tienen una importante presencia de grupos armados no estatales, como megabandas y colectivos. 
5. Después de que el Gobierno decretó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, los distintos tipos de violencia contra la mujer se exacerbaron. Fue un riesgo adicional para las víctimas convivir durante las 24 horas con sus agresores. Esta situación evidenció que el hogar fue un sitio muy inseguro para ellas.
6. Las mujeres también se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios por los distintos obstáculos que enfrentaron en su acceso a la justicia como la escasez de gasolina, las dificultades para movilizarse a los servicios presenciales que estaban disponibles por las deficiencias en el transporte público.
7. Los casos de niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos producto de la violencia homicida se mantienen. Incluso un importante porcentaje de estos son consecuencia de la letalidad policial. Se trata de huérfanos de la violencia policial.
8. La mayoría de las muertes por balas perdidas no son investigadas, ni esclarecidas por las autoridades. La impunidad en estos casos es casi total.
9. Los familiares de las víctimas de homicidio, en particular de ejecuciones extrajudiciales, son revictimizados por los funcionarios del Estados en su infinito camino para buscar justicia.  

Recomendaciones 

1. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas.
2. La letalidad policial continúa como la primera causa de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte.
3. Urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares.
4. Las acciones del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo son necesarias para proteger y atender a la población civil, garantizar el acceso a la justicia, e investigar las denuncias en contra de los policías. Esto con el fin de establecer responsabilidades en los casos de letalidad policial, tomando en cuenta las cadenas de mando.
5. Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación estatal de territorios a los actores armados no estatales, como megabandas y colectivos.
6. Se deben implementar políticas efectivas de desarme y control de municiones. 
7. El Ministerio Público debe emprender investigaciones oportunas y eficaces sobre los homicidios, en procura de brindar justicia a las víctimas y acabar con la impunidad en este grave delito. 
8. Urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia. 
9. El Estado debe capacitar y formar al personal que labora en los centros de atención a las víctimas, como policías o fiscales, para evitar la revictimización y que se atiendan debidamente los casos. 
10. Se deben resolver las limitaciones que encuentran las mujeres para el acceso a la justicia, pues la impunidad solo favorece al agresor.
11. Es importante investigar a fondo los homicidios registrados por las autoridades como consecuencia de supuestas balas perdidas. 
12. Con fundamento en el interés superior del niño, se recomienda darle prioridad a las investigaciones fiscales sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales que hayan dejado a niños, niñas y adolescentes huérfanos. 
13. Se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanas producto de la violencia homicida. 
14. El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones. 
15. Se necesita elaborar un registro actualizado, desagregado y de fácil acceso público sobre los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia homicida, preservando su identidad e integridad física y psicológica.
16. El Gobierno debe diseñar e implementar una política integral de seguridad que incluya medidas de atención a los jóvenes de los sectores populares, para garantizar su acceso a la educación, la salud, la recreación y el empleo.