Braian Lozano Salinas tiene más cirugías que años de vida. A sus 20, suma 26 intervenciones quirúrgicas, después de que fue diagnosticado a los dos años de edad con neurofibromatosis, una enfermedad genética que causa tumores que pueden ocasionar daños en el cuerpo.

Su último ingreso a quirófano, en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño de Naguanagua, en el estado Carabobo, era impostergable porque su vida estaba en peligro. Debía someterse a dos operaciones, simultáneamente, para eliminar un tumor que le aplastaba la vena yugular y la arteria carótida, que llevan sangre desde el corazón hasta el cerebro, y otro tumor en el ojo. Eso fue en septiembre de 2023.

A pesar de la gravedad, la intervención de Braian fue postergada en tres ocasiones. Las puertas del quirófano no se abrían para él, sólo para otras personas con necesidad de operaciones que no eran de emergencia, pero que pagaron para recibir el servicio. 

“La cosa funciona así: pagas la consulta privada con el especialista en 80 o 100 dólares y te operas (en el hospital público) la semana que viene. Yo le decía a la gente que llegaba que no los había visto y me respondían: soy amigo del doctor, me vio en consulta privada”. Así cuenta Luisana Salinas, madre de Braian, cómo descubrió que cada semana recibían en el servicio de cirugía a pacientes que no estaban en lista de espera, ni tenían historia médica en el hospital.

A punto de ingresar al pabellón, a su hijo le postergaron la cirugía. Fue entonces que Luisana entendió que la corrupción se había apoderado de los quirófanos del sistema de salud pública. “Pasaron pacientes a la medianoche sin historia médica, sin insumos y fueron operados. A mi hijo que tiene un tumor pisando la yugular y la carótida se le negó el derecho por tercera vez consecutiva”.

El artículo 84 de la Constitución de la República, vigente desde 1999, establece que la salud es gratuita. Pero la experiencia de Braian demuestra que este principio no aplica para quienes tienen la necesidad de operarse en los hospitales dependientes del Estado.

La imposibilidad para acceder al quirófano ocurre en cientos de casos. Entre 28 y 49% de las cirugías de vesícula, cáncer de mama, histerectomía o cáncer de próstata en los centros públicos los tiempos de espera pueden ser de tres meses a un año o más. Y es que la disponibilidad de quirófanos es limitada. Un hospital tiene un promedio de cuatro quirófanos operativos, aunque la media aceptable debería ser de 10 a 15 quirófanos por centro hospitalario, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales de Venezuela (ENH), correspondientes a 2023.

Esta investigación realizada por el equipo de El Pitazo y CONNECTAS descubrió cómo la falta de quirófanos operativos, la migración y precariedad salarial del personal sanitario, así como la escasez de insumos y materiales médicos, han dado paso a un esquema de cobros ilegales a pacientes o sus familiares. Estos pagos se dan a cambio de obtener acceso a los servicios quirúrgicos.

A la madre de Braian le tocó esperar un turno quirúrgico al no pagar por una consulta privada que le permitiera adelantar el ingreso de su hijo a quirófano. Carmen, otra paciente entrevistada para esta investigación, relata que le pidieron 300  dólares para ser operada de la vesícula. Un entrenador deportivo con una hemorragia cerebral esperó tres meses para ser atendido mientras reunía el costo del craneotomo que debía alquilar para ser usado en un hospital público. Estos, como otros casos recopilados por El Pitazo, demuestran que estos actos de corrupción hospitalaria, más que casos aislados, se han convertido en un modelo generalizado en los quirófanos venezolanos.

“Tener pocos quirófanos operativos explica por qué en Venezuela las llamadas ‘listas de espera’ son tan largas y los pacientes deben esperar meses para poder ser intervenidos cuando requieren lo que se conoce como cirugías electivas, que son todas aquellas no consideradas de urgencias, incluyendo cirugías oncológicas”, explica el médico infectólogo Julio Castro, coordinador de la ENH, en declaraciones ofrecidas en enero de 2024. La misma apreciación fue ratificada en el boletín emitido por la ENH en enero de este año.

La ENH expone que, en el 90% de los hospitales monitoreados, el personal de salud pide material médico a los pacientes quirúrgicos. Para el último trimestre de 2023, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos de esos mismos centros se ubicó en 74%.

En el pasado mes de enero, la ENH determinó que un paciente necesita al menos 81 dólares para adquirir los materiales básicos de una operación que deberían ser garantizados por el Estado. La cifra equivale a 22,5 salarios mínimos en la  economía venezolana, pues el monto oficial de este pago es de 130 bolívares mensuales, lo que equivale a 3,60 dólares, al cambio oficial, al cierre de febrero de 2024.

La situación es grave en un país donde el 87,8% de la población –más de 25 millones de habitantes–  depende exclusivamente del sistema de salud pública y 87,6% no tiene pólizas de salud para atenderse en el sistema privado, como revela el Cuarto Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de 2023 elaborado por la plataforma HumVenezuela. La misma organización estima que 97,6% de los usuarios del sistema de salud pública no dispone de protección financiera y 54,8% no tiene recursos para cubrir gastos de salud. 

Como muchos otros pacientes, los padres de Braian tuvieron que comprar una extensa lista de insumos a solicitud del hospital. También tuvieron que pedir ayuda y donaciones en TikTok, Instagram y X para lograrlo. Sin embargo, todo el dinero que gastaron no fue boleto seguro para su cirugía.

La tercera vez que su hijo fue excluido del turno quirúrgico para darle paso a pacientes que presuntamente pagaron consultas privadas con la condición de acceder a una cirugía en el hospital, Luisana usó las redes sociales. Así, denunció la situación ante el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Su vídeo, grabado en el centro de salud, se hizo viral el mismo día de la publicación. El director del hospital, Pedro Salinas, la contactó 48 horas después. “Me dijo: ‘señora Luisana, usted no se imagina el daño que me ha hecho con ese video’. Y yo le dije: ¿y el daño que le hicieron a mi hijo?”.

Braian fue operado el 18 de octubre de 2023. Cuando fue dado de alta, el personal del hospital se rehusó a entregar a Luisana los informes y órdenes médicas relacionadas con la cirugía de su hijo, que había solicitado. La medida fue asumida después de que el Ministerio Público (MP) abrió una averiguación por las irregularidades que expuso Luisana sobre cobros indebidos en los quirófanos del Oncológico de Naguanagua.

Antes de salir del hospital, dos fiscales le pidieron a Luisana grabar un nuevo video agradeciendo a las autoridades por la operación de su hijo. Ella aceptó esta petición, aunque aclaró que su hijo necesitaba dos cirugías y solo le hicieron una. El tumor que compromete su visión en el ojo derecho no fue extraído. 

Sobre la operación pendiente, los padres de Braian están sin respuesta y sin recursos económicos para solucionarlo.“¿A cuántos médicos tengo que denunciar para que mi hijo sea atendido?, ¿para el ojo, tengo que volver a denunciar?”, se pregunta Luisana quien hizo un llamado a las autoridades en otro video publicado en febrero de este año. Hasta el cierre de esta investigación, ningún funcionario había atendido esta petición. 

Finalmente, el director del Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño de Naguanagua fue removido. Luisana ha intentado contactar a los fiscales, para conocer los avances de la investigación judicial, sin obtener respuesta. “Los fiscales se perdieron totalmente conmigo. No hay investigaciones en este momento. Lamentablemente, hay que tocar las redes, porque pareciera que eso es lo que les duele. Así funciona la cosa aquí en Venezuela”.

COBROS SE IMPONEN ANTE DERECHO A LA SALUD

Maracaibo es la segunda ciudad más poblada del país y capital del estado Zulia. Ahí, en los quirófanos de centros públicos también hay tarifas para darle entrada a los pacientes. Carmen Huerta, una mujer de 33 años de edad, tardó cuatro meses en completar el dinero que le exigían para practicarle una cirugía de vesícula en el Hospital Universitario de Maracaibo. 

En octubre de 2023 le detectaron varios cálculos biliares en una consulta. Tras recibir el diagnóstico, un hombre que portaba una camisa con la identificación del hospital, la abordó y le dijo que si entregaba dólares en efectivo sería intervenida en una semana. “Me pidió que anotara las 12 cosas que debía llevar si me quería operar y pagar, porque de lo contrario había una lista interminable de personas esperando y que si se me movía uno de los cálculos me iba a producir un derrame de la bilis y era peligroso”. 

Cuatro meses después, en febrero de 2024, sólo pudo reunir 250 de los 300 dólares que le pidieron para garantizar la operación de vesícula que necesitaba con urgencia, porque corría el riesgo de derrame biliar. “Llegué con la crisis del dolor y le prometí al señor, que era el contacto del médico en el hospital, que entregaría el dinero faltante en la mañana. Por eso me asignaron una camilla y me dijeron que me operarían al día siguiente. Ya yo no aguantaba”, comenta.

Acostada en una cama clínica hizo un repaso por todo lo que le costó conseguir ese dinero. En la escuela donde trabaja como maestra suplente para darle clases a niños de 9 a 12 años de edad, devenga apenas 20 dólares semanales que le alcanzan para comprar algo de comida para su mamá y sus dos hijas. Por eso, buscó dinero prestado, vendió su cocina, consiguió un secador de cabello para ofrecer servicios de peluquería a sus conocidos, también limpió casas y cuidó a niños de su comunidad para reunir dinero extra.

Con ese dinero, llegó al hospital y la llevaron al cuarto donde debía esperar para su intervención, que sería al día siguiente. Solo estuvo 12 horas en ese lugar. A las tres de la madrugada, una enfermera y un médico le pidieron que se fuera, que había llegado una emergencia para operar y que la de ella debía ser reprogramada. “Les dije que no me sacaran, que en la mañana con seguridad (se) pagaba lo que faltaba. Pero no me dejaron y me sacaron a esa hora del hospital”. 

Ya afuera, sentada con su bolso pequeño donde llevaba algunas cosas de aseo y sus insumos, Carmen tuvo que esperar sentada, en medio de la oscuridad, a que amaneciera. No podía volver a su casa que queda al otro lado de la ciudad porque era peligroso y no había transporte público. Se sentó a llorar frente al hospital. “Yo no sabía si lloraba por la injusticia, por el dolor, o por ver la cara del médico y la enfermera que me sacaron del hospital”, lamenta.

El Hospital Universitario de Maracaibo, de donde sacaron a Carmen, es el más grande del estado Zulia y tiene 11 quirófanos. Sin embargo, sólo funcionan cinco, según declaró la presidenta del Colegio de Enfermería de esa localidad, Hania Salazar, en noviembre de 2023.  

Un médico de la emergencia del hospital al que asistió Carmen estaba de guardia el día que ella se haría la cirugía. Solo tenía en su bolsillo un par de guantes que compró para atender a los pacientes. “Es imposible que no se le pida a los pacientes que traigan lo que necesitan para ser atendidos, al menos, de emergencia”, contestó. El doctor prefirió no hablar sobre los cobros que hacen algunos de sus colegas o el personal de enfermería para las cirugías. Como pasa con este médico, para esta investigación se reservan las identidades de varias fuentes que temen represalias por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

A la falta de insumos y equipos en los centros de salud, propia del escenario de emergencia humanitaria compleja de Venezuela, reconocida por organismos internacionales desde 2016, se adiciona la baja remuneración del personal de salud. Este factor puede desencadenar la corrupción interna en los hospitales, sostiene Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV). El personal de salud que depende de instituciones del Estado espera desde 2003 por la renovación de la contratación colectiva que establece mejoras salariales y seguridad social para el sector.   

En la última década, médicos y enfermeras han liderado protestas para denunciar la devaluación de sus salarios: un trabajador de un hospital cobraba en 2020 un salario de entre 15 y 30 dólares mensuales. 

En marzo de 2022, el Ejecutivo nacional fijó el salario mínimo al equivalente a 30 dólares, pero con la devaluación del bolívar, la moneda de curso legal en el país, este monto perdió poder adquisitivo. En enero de 2024, Nicolás Maduro decretó un aumento de las bonificaciones a 100 dólares mensuales para todos los empleados públicos, incluyendo el sector salud. En mayo del mismo año, aprobó otro incremento de 30 dólares. Aun así, la paga de los médicos venezolanos dependientes del Estado sigue siendo baja en comparación con otros países de la región.^. La remuneración de un médico venezolano equivale a la cuarta parte del salario mínimo de un trabajador en Colombia.

Cinco fuentes del gremio de la salud: dos dirigentes sindicales, una enfermera, un exdirectivo de un hospital y un médico traumatólogo, que pidieron no publicar sus nombres por razones de seguridad, aseguraron que los bajos salarios propiciaron los cobros indebidos, sobre todo en los servicios quirúrgicos. 

Los cobros indebidos se hicieron más evidentes en los hospitales públicos de Venezuela tras la llegada de la pandemia del COVID-19, según testimonios recabados por El Pitazo en tres ciudades: San Cristóbal, Acarigua y Caracas. “Mi hermana ingresó con coronavirus al Hospital Clínico Universitario de Caracas. No sólo pagamos por insumos, sino a una enfermera para que la atendiera y nos garantizara que recibiera los medicamentos. No éramos los únicos. En la sala de COVID había como diez pacientes y todos pagaban”, recuerda Mariela Pérez, hermana de Maritza, quien permaneció hospitalizada durante un mes y falleció a causa de esa enfermedad en 2021.

El negocio de los cobros en hospitales públicos siguió en expansión a partir de entonces hasta condicionar el acceso a los quirófanos, a pesar de que la legislación nacional prohíbe este tipo de prácticas.

Los artículos 20 y 122 del Código de Deontología Médica, de obligatorio cumplimiento en Venezuela, prohíben explícitamente cualquier negociación o pago por la prestación de servicio en el sistema de salud pública o derivar pacientes de hospitales a los servicios privados. Así mismo, la Ley contra la Corrupción, vigente desde 2003 y reformada en 2022, establece penas de prisión de dos a seis años y multas a funcionarios públicos que abusen de sus funciones para obtener sumas de dinero o dádivas. Esta normativa aplica para los trabajadores de cualquier organización constituida con recursos públicos, es decir que también se refiere a los hospitales.

Dos médicos y una enfermera que prestan servicio en hospitales de Distrito Capital y el estado Falcón, explicaron que hay centros de salud pública en los que pequeños grupos conforman redes para hacer dinero con el uso del quirófano y la venta de turnos quirúrgicos. Los pacientes pueden ser captados en consultas de clínicas privadas o en los propios hospitales.

Mientras tanto, Carmen aguarda un cupo quirúrgico. Espera que su derecho a la salud sea respetado, aunque ya no tiene los dólares para el pago del quirófano. El dinero que tenía ahorrado lo tuvo que usar para atender un hongo que le salió en la piel a su mamá y otras emergencias con sus niñas. 

Pero el dolor físico de Carmen no cesa. “Lo que hago es que no respiro profundo para que no me duela. Hay días en los que pasó toda la noche caminando de un lado a otro de la casa porque no puedo aguantar. Estoy pendiente del color del orine, como me dijo el doctor, y sigo haciendo todo para volver a reunir los 300 dólares. Hasta he pensado en vender mi rancho (casa)”. Carmen vive en un sector popular con escasos servicios básicos en donde las viviendas se venden en 1.000 dólares.