En Caracas y en otras nueves regiones del país, un proyecto de la sociedad civil apuesta desde hace cinco años por la articulación, la activación y la formación ciudadana para la redemocratización
Por Jesús Abreu
La confluencia de dos palabras, organización ciudadana —con años de esfuerzo detrás— ha sacudido el contexto político e histórico como nunca antes en Venezuela en el último decenio: primero en octubre de 2023 con la elección Primaria de la oposición, y luego, ocho meses más tarde, con un estremecimiento electoral y social: la elección presidencial del 28 de julio.
Pero para llegar a la convergencia de la organización ciudadana, algo se movía desde años atrás: la brega de hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, es decir, la sociedad civil, personas del tejido social organizativo y asociativo en el país, hoy amenazado y perseguido por el poder.
Juan Pérez (*nombre ficticio por seguridad), un ingeniero civil retirado de 62 años, caraqueño de nacimiento, es un militante de la causa ciudadana por la democracia y está convencido de que empoderar a la ciudadanía es decisivo en la apuesta por la redemocratización en Venezuela. En función de eso actúa desde hace al menos cinco años.
Su labor, junto con la de otras personas que lo acompañan, puede ser vista como un ejemplo de resiliencia ciudadana en un momento crucial de la crisis política y social venezolana: el punto de confrontación entre las aspiraciones a vivir en democracia y las pretensiones totalitarias.
Desde 2019, Pérez dedica tiempo y esfuerzo en el funcionamiento de una red de articulación social para formar ciudadanos conscientes de los valores democráticos: la participación, el pluralismo y la tolerancia, pero también de los deberes y no solo de los derechos de una ciudadanía activa.
La sociedad venezolana ha tomado más conciencia. Lo interesante y enriquecedor de este proceso que vivimos es que la gente siente que el cambio puede llegar porque cada quien pone su parte
Margarita López Maya, historiadora y analista política
Juan Pérez sostiene que una transformación en la actitud de las personas a partir de la percepción de sus capacidades como ciudadanos puede influir en los esfuerzos por lograr un cambio democrático en Venezuela.
«Tratamos de que la gente sienta que la democracia es importante. Queremos entendimiento. La idea es fomentar los valores democráticos. Eso lo hacemos en varias regiones del país con presencia activa», explica el activista vía telefónica.
Para Juan Pérez, formar ciudadanos comprometidos es despertar en la gente, en vecinos, familiares y conocidos, el sentir de que «hay algo más allá de la coyuntura política».
«En los estados, en lo más local, la gente empieza a tener sentido de pertenencia sobre lo que es el valor democrático. No solo es la exigencia al sector gubernamental, sino que tú también tienes que empezar a preguntarte qué puedo hacer para participar, cómo participo y ayudo a cambiar lo que no está bien», resalta.
El poder de
los ciudadanos
Capacitar a personas para hacerles ver la fuerza que pueden generar como ciudadanos organizados, con una narrativa ciudadana propia que sirva de contraste frente a un poder antidemocrático, es una motivación central en el proyecto que coordina Pérez. También lo es convertir esta iniciativa en un elemento efectivo en los esfuerzos por generar cambios sociales y políticos.
«En 2019 empezamos a hacer talleres de ciudadanía y de comunicación asertiva y no violenta en comunidades. Trabajar desde el diálogo para que la gente se involucre en hacer cosas por el sentir ciudadano. Al principio, los asistentes iban tímidamente, y ahora hay muchas personas activándose y llevan a otras», agrega este profesional que puede ser catalogado como un inspirador.
Pérez, residente del oeste caraqueño, se encarga de coordinar actividades en diversas zonas del Distrito Capital, pero la iniciativa que nació en 2019 cuenta con la coordinación de otras nueve personas en nueve estados: Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira y Zulia.
«La red de participación alcanza más de 43.000 personas integradas a la plataforma nacional. Son venezolanos que están motivados a realizar actividades para contribuir a crear conciencia ciudadana», acota el organizador.
Hay un aprendizaje colectivo en cuanto a la participación ciudadana, y el régimen político desea evitar que la gente siga ese camino. Lo que ha marcado la dinámica política y social en los últimos 10 años es el esfuerzo autocratizador. Hay que reconocer de la sociedad venezolana el espíritu de lucha
John Magdaleno, politólogo
Incidencia
para un cambio
Tener influencia para que las políticas públicas funcionen fue la motivación inicial de Juan Pérez para ser parte de la plataforma de integración ciudadana que hoy impulsa. Sin embargo, resalta que en la actualidad el estímulo para seguir adelante es mayor porque la premisa es sembrar y cosechar lo que es fundamental en cualquier movimiento social.
«Muchas veces el ciudadano de a pie no está consciente de su poder de incidencia. En las actividades que desarrollamos, la gente empieza a entender que de manera organizada puede incidir en una realidad», apunta.
El activista resalta las respuestas de integración comunitaria en localidades del oeste de Caracas debido al colapso de servicios públicos, pues son un ejemplo de incidencia local del proyecto que coordina en Distrito Capital. La respuesta se repite en otras áreas del país, en las que hombres y mujeres, como él, suman esfuerzos para la articulación de una ciudadanía comprometida con la democracia.
«En zonas en las que hemos estado, la gente empieza a organizarse frente al problema del suministro de agua para tratar de conectar acciones, influir. La gente ha hecho que el organismo encargado responda en casos concretos porque es una comunidad organizada. Te das cuenta de que no estás solo. Eso es fundamental en cualquier movimiento social», puntualiza Pérez.
Una de las premisas de la plataforma ciudadana que Juan Pérez representa, junto a miles de personas en el país, es rescatar y fortalecer la democracia. Esto puede comenzar con un taller de narrativa ciudadana en una localidad de Mérida, con una asamblea de ciudadanos sobre delitos electorales en una barriada de Zulia o con un cineforo sobre un documental que plantea la caída de un dictador.
Eso es lo que han hecho Pérez y quienes integran una parte del tejido social y organizativo en Venezuela, el cual, con ingenio y compromiso, resiste en un contexto político antidemocrático.
«En todos estos años, el Gobierno ha tratado de implantar una narrativa, y como ciudadanos tenemos que contrarrestarla. No somos enemigos, sino ciudadanos. Tú puedes pensar de una forma distinta de la mía, pero puede haber un punto en común: tener un país donde haya dignidad», acota Pérez.
En una dimensión más amplia, la elección Primaria de la oposición mayoritaria y el esfuerzo ciudadano que se evidenció el 28 de julio, según refiere Juan Pérez, destacan como los esfuerzos de organización y participación ciudadana más importantes de los últimos años.
«La Primaria fue un evento que marcó un antes y un después en la participación ciudadana. En ese momento, junto con otras organizaciones, estuvimos muy involucrados en el rescate del voto entre la gente: que las personas consideraran que su actitud marcaría el ambiente electoral. La motivación fue fundamental para que los ciudadanos sintieran que se podía hacer más, y eso se logró, además, con lo que vimos y lo que hicimos el 28 de julio», agrega el activista.
Un aspecto para resaltar de los últimos 10 años es la maduración política de la sociedad venezolana por su propia experiencia en las movilizaciones masivas entre 2014 y 2019. La sociedad civil está aprendiendo a trabajar, a sobrevivir, en condiciones de mayor restricción
Rafael Uzcátegui, sociólogo
Para el caraqueño, extrabajador de una empresa estatizada, un factor fundamental que persigue con la iniciativa que coordina en Caracas es que la gente sepa que sus acciones, en articulación ciudadana, sí pueden tener valor de incidencia.
«Creación de conciencia ciudadana. Eso te da poder para realizar acciones porque se teje una red de experiencias con otras personas. Los asuntos no están funcionando bien y la gente se está dando cuenta de que puede incidir haciendo lo que debe hacer para que las situaciones comiencen a cambiar», destaca.
*Debido a la persecución política, las fuentes consultadas para este trabajo pidieron mantener en resguardo su identidad y la del proyecto que impulsan en el país.
2014-2024:
10 años ignorando la voluntad popular
Un común denominador tienen las acciones llevadas adelante por el Gobierno venezolano en los últimos 10 años: todas ellas desconocen los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Solo se impone la voluntad del poder. A continuación va un paso a paso que enseña cómo matar una democracia
2014 | Cifra inédita: 9.285 protestas en el año
Entre enero y diciembre de 2014 se registraron al menos 9.286 protestas en Venezuela, cifra inédita hasta ese año que indicaba que diariamente ocurrían en nuestro país unas 26 protestas.
Además del elevado número de reclamos ciudadanos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destaca que, de ellas, 4.833 estuvieron vinculadas a demandas por el cumplimiento de los derechos políticos. El número registrado supera en forma contundente las 302 manifestaciones reportadas en 2013.
Para el OVCS, lo ocurrido es el desenlace de una serie de decisiones arbitrarias del Gobierno tomadas un año atrás a raíz de la muerte del entonces presidente, Hugo Chávez, que dejó un vacío de poder, y la candidatura apresurada de Nicolás Maduro, quien se mantiene en la Vicepresidencia hasta su elección como presidente.
2015 | La oposición gana la Asamblea Nacional y el TSJ mueve sus peones
Ocurre otro golpe contra la decisión popular. Luego de que la oposición gana, el 6 de diciembre de 2015, las elecciones parlamentarias y obtiene la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el oficialismo, todavía en control del Parlamento el miércoles 23 de diciembre, designa ese día de forma exprés a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 30 de diciembre, este último organismo dicta la primera sentencia: anula la elección de diputados en Amazonas (tres opositores y uno del oficialista PSUV) para impedir que la oposición alcance la representación de dos tercios del Parlamento.
2016 | El Poder Judicial embiste al Parlamento
El TSJ, controlado por el oficialismo, ratificó a partir de enero de 2016 lo que será el más evidente choque entre poderes del Estado: declara en desacato a la Asamblea Nacional opositora por la juramentación de los diputados de Amazonas.
Según la ONG Acceso a la Justicia, más de 60 sentencias dictó entonces el TSJ contra el Parlamento opositor solo ese año, «que violaron 8 derechos políticos y 5 socioeconómicos, además de principios constitucionales básicos con la única intención de violentar un poder público electo democráticamente y darle más poder al Ejecutivo».
2016 | El CNE y el referéndum revocatorio: sí, pero no
El Consejo Nacional Electoral (CNE), basado en decisiones políticas de tribunales en Aragua, Apure, Bolívar y Carabobo, que anularon la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, anuncia el 20 de octubre de 2016 la paralización del proceso que había activado la oposición en febrero y cuya legalidad había reconocido el ente comicial en la primera etapa. La decisión del CNE agrava el malestar social y la inestabilidad política del país.
2017 | El TSJ declara de nuevo en desacato a la Asamblea Nacional
Tras la designación de la directiva del Parlamento y la desincorporación de los diputados de Amazonas, la Sala Constitucional del TSJ declara nuevamente un desacato, esta vez porque le exige a los diputados que conforman la junta directiva del lapso vencido (2016) asumir sus funciones directivas para que, de forma exclusiva, den cumplimiento a las decisiones del máximo tribunal. El Poder Judicial le otorga a Maduro facultades legislativas y la Sala Constitucional asume competencias del Parlamento. Se produce la ruptura del orden constitucional, que denuncia la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
2017 | Crímenes
de lesa humanidad
La respuesta gubernamental ante el ciclo de protestas que ocurren entre abril y julio de 2017, en medio de la conflictividad política tras las acciones del TSJ, marca una represión sistemática con actuación de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.
Según números aportados por la ONG Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el saldo es de 143 personas asesinadas durante las manifestaciones pacíficas antigubernamentales. Ese año se registran crímenes de lesa humanidad, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga en la actualidad.
2017 | Sometida la oposición: el oficialismo arrasa en las regionales
Entre protestas antigubernamentales, Maduro firma el 1 de mayo un decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un recurso para contrarrestar de forma definitiva al Parlamento opositor. En ese contexto, el CNE convoca a elecciones regionales. El oficialismo, con ventajismo electoral y reubicación de electores días antes de los comicios, se impone frente a una estrategia opositora inconsistente: ganó 17 de 23 gobernaciones.
2018 | Elección presidencial: la oposición se abstiene
La ANC aprueba el 23 de enero anticipar la elección presidencial. El CNE, presidido por Tibisay Lucena, la convoca para el 20 de mayo. Inhabilitaciones de opositores y ventajismo electoral marcan el proceso. Sin llegar a un consenso, la oposición representada en los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo no participa. Sin embargo, Henry Falcón, a través del partido Avanzada Progresista decide separarse de lo acordado por la Mesa de la Unidad Democrática y postula su candidatura. El CNE anuncia la victoria de Maduro sobre Henri Falcón. La comunidad internacional democrática y la oposición desconocen el resultado del proceso electoral y la proclamación de Maduro para un segundo período.
2019 | El Parlamento nombra un presidente interino
La conflictividad política aumenta en Venezuela a partir del 23 de enero de 2019, cuando el Parlamento opositor electo en 2015 decide respaldar la proclamación del entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, como presidente encargado e interino. Para concretar sus propósitos, en Parlamento invoca el artículo 233 de la Constitución, para, como lo precisó entonces Guaidó en un acto en la calle, en el este de Caracas, «lograr el cese de la usurpación (de Maduro), un gobierno de transición y tener elecciones libres».
La decisión de Guaidó y del Parlamento electo en 2015, que fue una estrategia de la oposición para aumentar la presión internacional sobre Maduro, tuvo el respaldo de 59 países que reconocieron a Guaidó como presidente interino. Unos 32 países europeos, así como Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, manifestaron su respaldo a Guaidó como encargado de la Presidencia. Ningún país de la Unión Europea (EU) apoyó a Maduro.
2020 | «Golpe parlamentario»
El 5 de enero de 2020, un grupo de diputados que se declararon «disidentes» de la oposición mayoritaria, respaldados por el PSUV y liderados por el parlamentario Luis Parra, se juramentaron en la directiva del Parlamento electo en 2015 sin el quórum reglamentario, sin ejecutar una votación nominal y sin la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Tanto a Guaidó como a los parlamentarios opositores de la directiva designada en 2019, un grupo de dirigentes y seguidores del chavismo les impidieron el paso al Palacio Federal Legislativo, organizando una concentración en las afueras del recinto.
En un acto en la sede del diario El Nacional, en Caracas, Guaidó fue ratificado por 100 diputados como presidente del Parlamento electo en 2015, por votación nominal y tras confirmar el quórum de lo que fue entonces una sesión inusual en vista de los impedimentos del oficialismo.
55 países, así como las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la UE desconocieron a Parra como presidente del Parlamento. 50 países reconocieron entonces a Guaidó como presidente ratificado al frente de la Asamblea Nacional electa en 2015.
El 5 de enero, en la sesión parlamentaria fuera del Palacio Legislativo, Guaidó calificó de «golpe parlamentario» la acción liderada por Parra con el respaldo del PSUV.
2020 | Se renueva el Parlamento sin la oposición
En plena pandemia del COVID-19 y en medio de una crisis de legitimidad que lo lleva a sortear sanciones internacionales, el oficialismo retoma y aumenta su control sobre el Poder Legislativo en los nuevos comicios parlamentarios realizados en diciembre de 2020. Por falta de garantías, 37 partidos opositores no participan en el proceso eleccionario, según el Observatorio Electoral Venezolano.
En ese contexto, el TSJ ejecutó la intervención judicial de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), además de otras organizaciones políticas opositoras como el izquierdista Bandera Roja (BR).
Con el paso de los meses y años posteriores, en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Maduro afianza su control político y logra sobrellevar lo que fue el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional y de gobiernos democráticos, así como de sanciones y restricciones internacionales, principalmente de Estados Unidos.
2024 | CNE proclama a Maduro - la oposición denuncia fraude
El oficialismo acude a la elección presidencial tras designar un nuevo CNE en agosto de 2023 y aumentar las violaciones de garantías electorales. Inhabilita a la líder de la oposición, ganadora de la elección Primaria realizada en octubre de 2023, María Corina Machado, y también a quien fue designada para ser la candidata de la oposición mayoritaria, Corina Yoris. La situación obliga a la oposición a elegir al exembajador Edmundo González Urrutia como candidato presidencial unitario.
Según un informe del OEV, seis horas después del cierre de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presenta un primer boletín en el que indica que el 80 % de las mesas habían sido escrutadas y que la participación había sido del 59 %, según el presidente del órgano comicial, Elvis Amoroso.
Nicolás Maduro fue proclamado el 29 de julio (al día siguiente de las elecciones) faltando aún por presentar el resultado del 20 % de las mesas. Cinco días después el CNE ofrece un segundo boletín. De acuerdo con el reporte oficial, se alcanzó 96,87 % de transmisión y 59,97 % de participación, que equivale a 12 millones 386.669 de votantes escrutados. Los candidatos obtuvieron: Nicolás Maduro, 6 millones 408.844 de votos (51,95 %); Edmundo González, 5 millones 326.104 de votos (43,18 %), y otros, 600.936 de votos (4,86 %).
La oposición mayoritaria digitaliza y publica la información de las actas de escrutinio que recolectaron los testigos electorales opositores. Los resultados que reflejan esas actas (25.073 actas digitalizadas), que no publicó el CNE, muestran resultados distintos a los anunciados por el ente comicial: González Urrutia obtuvo 7 millones 303.480 votos (67 %), mientras que Maduro logró solo 3 millones 316.142 votos.
Durante los meses posteriores a la proclamación de Maduro como presidente, dirigentes de la oposición se han dedicado a recorrer el mundo para mostrar las actas de votación que reflejan los resultados favorables a González Urrutia. Tanto el Centro Carter, organización que invitó el propio CNE, como el panel de expertos electorales de la ONU, que estuvieron presentes durante la jornada electoral en Venezuela, denunciaron que la elección no cumplió con los parámetros de integridad y transparencia electoral.
El 26 de septiembre de 2024, en una declaración pública, apoyada por una treintena de delegaciones internacionales, entre ellas España y Chile, la Unión Europea y Estados Unidos, reconocieron a Edmundo González como presidente electo en Venezuela.
2014-2024:
10 años ignorando la voluntad popular
Un común denominador tienen las acciones llevadas adelante por el Gobierno venezolano en los últimos 10 años: todas ellas desconocen los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Solo se impone la voluntad del poder. A continuación va un paso a paso que enseña cómo matar una democracia
2014 | Cifra inédita: 9.285 protestas en el año
Entre enero y diciembre de 2014 se registraron al menos 9.286 protestas en Venezuela, cifra inédita hasta ese año que indicaba que diariamente ocurrían en nuestro país unas 26 protestas.
Además del elevado número de reclamos ciudadanos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destaca que, de ellas, 4.833 estuvieron vinculadas a demandas por el cumplimiento de los derechos políticos. El número registrado supera en forma contundente las 302 manifestaciones reportadas en 2013.
Para el OVCS, lo ocurrido es el desenlace de una serie de decisiones arbitrarias del Gobierno tomadas un año atrás a raíz de la muerte del entonces presidente, Hugo Chávez, que dejó un vacío de poder, y la candidatura apresurada de Nicolás Maduro, quien se mantiene en la Vicepresidencia hasta su elección como presidente.
2015 | La oposición gana la Asamblea Nacional y el TSJ mueve sus peones
Ocurre otro golpe contra la decisión popular. Luego de que la oposición gana, el 6 de diciembre de 2015, las elecciones parlamentarias y obtiene la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el oficialismo, todavía en control del Parlamento el miércoles 23 de diciembre, designa ese día de forma exprés a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 30 de diciembre, este último organismo dicta la primera sentencia: anula la elección de diputados en Amazonas (tres opositores y uno del oficialista PSUV) para impedir que la oposición alcance la representación de dos tercios del Parlamento.
2016 | El Poder Judicial embiste al Parlamento
El TSJ, controlado por el oficialismo, ratificó a partir de enero de 2016 lo que será el más evidente choque entre poderes del Estado: declara en desacato a la Asamblea Nacional opositora por la juramentación de los diputados de Amazonas.
Según la ONG Acceso a la Justicia, más de 60 sentencias dictó entonces el TSJ contra el Parlamento opositor solo ese año, «que violaron 8 derechos políticos y 5 socioeconómicos, además de principios constitucionales básicos con la única intención de violentar un poder público electo democráticamente y darle más poder al Ejecutivo».
2016 | El CNE y el referéndum revocatorio: sí, pero no
El Consejo Nacional Electoral (CNE), basado en decisiones políticas de tribunales en Aragua, Apure, Bolívar y Carabobo, que anularon la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, anuncia el 20 de octubre de 2016 la paralización del proceso que había activado la oposición en febrero y cuya legalidad había reconocido el ente comicial en la primera etapa. La decisión del CNE agrava el malestar social y la inestabilidad política del país.
2017 | El TSJ declara de nuevo en desacato a la Asamblea Nacional
Tras la designación de la directiva del Parlamento y la desincorporación de los diputados de Amazonas, la Sala Constitucional del TSJ declara nuevamente un desacato, esta vez porque le exige a los diputados que conforman la junta directiva del lapso vencido (2016) asumir sus funciones directivas para que, de forma exclusiva, den cumplimiento a las decisiones del máximo tribunal. El Poder Judicial le otorga a Maduro facultades legislativas y la Sala Constitucional asume competencias del Parlamento. Se produce la ruptura del orden constitucional, que denuncia la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
2017 | Crímenes
de lesa humanidad
La respuesta gubernamental ante el ciclo de protestas que ocurren entre abril y julio de 2017, en medio de la conflictividad política tras las acciones del TSJ, marca una represión sistemática con actuación de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.
Según números aportados por la ONG Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el saldo es de 143 personas asesinadas durante las manifestaciones pacíficas antigubernamentales. Ese año se registran crímenes de lesa humanidad, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga en la actualidad.
2017 | Sometida la oposición: el oficialismo arrasa en las regionales
Entre protestas antigubernamentales, Maduro firma el 1 de mayo un decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un recurso para contrarrestar de forma definitiva al Parlamento opositor. En ese contexto, el CNE convoca a elecciones regionales. El oficialismo, con ventajismo electoral y reubicación de electores días antes de los comicios, se impone frente a una estrategia opositora inconsistente: ganó 17 de 23 gobernaciones.
2018 | Elección presidencial: la oposición se abstiene
La ANC aprueba el 23 de enero anticipar la elección presidencial. El CNE, presidido por Tibisay Lucena, la convoca para el 20 de mayo. Inhabilitaciones de opositores y ventajismo electoral marcan el proceso. Sin llegar a un consenso, la oposición representada en los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo no participa. Sin embargo, Henry Falcón, a través del partido Avanzada Progresista decide separarse de lo acordado por la Mesa de la Unidad Democrática y postula su candidatura. El CNE anuncia la victoria de Maduro sobre Henri Falcón. La comunidad internacional democrática y la oposición desconocen el resultado del proceso electoral y la proclamación de Maduro para un segundo período.
2019 | El Parlamento nombra un presidente interino
La conflictividad política aumenta en Venezuela a partir del 23 de enero de 2019, cuando el Parlamento opositor electo en 2015 decide respaldar la proclamación del entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, como presidente encargado e interino. Para concretar sus propósitos, en Parlamento invoca el artículo 233 de la Constitución, para, como lo precisó entonces Guaidó en un acto en la calle, en el este de Caracas, «lograr el cese de la usurpación (de Maduro), un gobierno de transición y tener elecciones libres».
La decisión de Guaidó y del Parlamento electo en 2015, que fue una estrategia de la oposición para aumentar la presión internacional sobre Maduro, tuvo el respaldo de 59 países que reconocieron a Guaidó como presidente interino. Unos 32 países europeos, así como Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, manifestaron su respaldo a Guaidó como encargado de la Presidencia. Ningún país de la Unión Europea (EU) apoyó a Maduro.
2020 | «Golpe parlamentario»
El 5 de enero de 2020, un grupo de diputados que se declararon «disidentes» de la oposición mayoritaria, respaldados por el PSUV y liderados por el parlamentario Luis Parra, se juramentaron en la directiva del Parlamento electo en 2015 sin el quórum reglamentario, sin ejecutar una votación nominal y sin la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Tanto a Guaidó como a los parlamentarios opositores de la directiva designada en 2019, un grupo de dirigentes y seguidores del chavismo les impidieron el paso al Palacio Federal Legislativo, organizando una concentración en las afueras del recinto.
En un acto en la sede del diario El Nacional, en Caracas, Guaidó fue ratificado por 100 diputados como presidente del Parlamento electo en 2015, por votación nominal y tras confirmar el quórum de lo que fue entonces una sesión inusual en vista de los impedimentos del oficialismo.
55 países, así como las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la UE desconocieron a Parra como presidente del Parlamento. 50 países reconocieron entonces a Guaidó como presidente ratificado al frente de la Asamblea Nacional electa en 2015.
El 5 de enero, en la sesión parlamentaria fuera del Palacio Legislativo, Guaidó calificó de «golpe parlamentario» la acción liderada por Parra con el respaldo del PSUV.
2020 | Se renueva el Parlamento sin la oposición
En plena pandemia del COVID-19 y en medio de una crisis de legitimidad que lo lleva a sortear sanciones internacionales, el oficialismo retoma y aumenta su control sobre el Poder Legislativo en los nuevos comicios parlamentarios realizados en diciembre de 2020. Por falta de garantías, 37 partidos opositores no participan en el proceso eleccionario, según el Observatorio Electoral Venezolano.
En ese contexto, el TSJ ejecutó la intervención judicial de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), además de otras organizaciones políticas opositoras como el izquierdista Bandera Roja (BR).
Con el paso de los meses y años posteriores, en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Maduro afianza su control político y logra sobrellevar lo que fue el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional y de gobiernos democráticos, así como de sanciones y restricciones internacionales, principalmente de Estados Unidos.
2024 | CNE proclama a Maduro - la oposición denuncia fraude
El oficialismo acude a la elección presidencial tras designar un nuevo CNE en agosto de 2023 y aumentar las violaciones de garantías electorales. Inhabilita a la líder de la oposición, ganadora de la elección Primaria realizada en octubre de 2023, María Corina Machado, y también a quien fue designada para ser la candidata de la oposición mayoritaria, Corina Yoris. La situación obliga a la oposición a elegir al exembajador Edmundo González Urrutia como candidato presidencial unitario.
Según un informe del OEV, seis horas después del cierre de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presenta un primer boletín en el que indica que el 80 % de las mesas habían sido escrutadas y que la participación había sido del 59 %, según el presidente del órgano comicial, Elvis Amoroso.
Nicolás Maduro fue proclamado el 29 de julio (al día siguiente de las elecciones) faltando aún por presentar el resultado del 20 % de las mesas. Cinco días después el CNE ofrece un segundo boletín. De acuerdo con el reporte oficial, se alcanzó 96,87 % de transmisión y 59,97 % de participación, que equivale a 12 millones 386.669 de votantes escrutados. Los candidatos obtuvieron: Nicolás Maduro, 6 millones 408.844 de votos (51,95 %); Edmundo González, 5 millones 326.104 de votos (43,18 %), y otros, 600.936 de votos (4,86 %).
La oposición mayoritaria digitaliza y publica la información de las actas de escrutinio que recolectaron los testigos electorales opositores. Los resultados que reflejan esas actas (25.073 actas digitalizadas), que no publicó el CNE, muestran resultados distintos a los anunciados por el ente comicial: González Urrutia obtuvo 7 millones 303.480 votos (67 %), mientras que Maduro logró solo 3 millones 316.142 votos.
Durante los meses posteriores a la proclamación de Maduro como presidente, dirigentes de la oposición se han dedicado a recorrer el mundo para mostrar las actas de votación que reflejan los resultados favorables a González Urrutia. Tanto el Centro Carter, organización que invitó el propio CNE, como el panel de expertos electorales de la ONU, que estuvieron presentes durante la jornada electoral en Venezuela, denunciaron que la elección no cumplió con los parámetros de integridad y transparencia electoral.
El 26 de septiembre de 2024, en una declaración pública, apoyada por una treintena de delegaciones internacionales, entre ellas España y Chile, la Unión Europea y Estados Unidos, reconocieron a Edmundo González como presidente electo en Venezuela.
Built with Shorthand