A un costado de la Troncal 10, a menos de un kilómetro de El Callao con dirección al sur, se levanta una peculiar edificación sobre una pequeña colina vigilada por uniformados. Sus paredes metódicamente pintadas de azul así como el portón coronado con el logo de una doble A destacan en el cambiante paisaje del Arco Minero del Orinoco. Detrás de la loma, se extiende un terreno rojizo y unos metros más allá un conjunto de silos característicos de las plantas de cianuración para extraer el oro. 

Aunque no hay nombres a la vista, se trata de Aurumin, empresa que nadie sabe de dónde salió ni a quién pertenece pero cuenta con autobuses claramente rotulados para trasladar a sus empleados desde el centro del pueblo. No aparece en la lista de empresas mixtas ni de alianzas estratégicas autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (Mindeminec) para la explotación aurífera al sur del estado Bolívar. Tampoco muestra ningún letrero como sí lo tiene su vecina GuayanaOro, planta conformada como alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la compañía privada Corporación GuayanaOro C.A., envuelta en historias de corrupción y sicariato. 

En contraste con su notable visibilidad sobre la principal arteria vial del Arco Minero, los datos fiscales de la misteriosa empresa permanecen ocultos. No cuenta con números telefónicos, página web ni correos de contacto. Aurumin es una de las tantas compañías que se levantaron durante la pandemia del COVID-19 y que formarían parte del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 con la pretensión de ordenar y formalizar la explotación de los llamados materiales estratégicos (oro, diamante, coltán y bauxita, entre otros) dentro de casi 112 mil kilómetros cuadrados al sur del país para convertirla en fuente de recursos alterna a la arruinada industria petrolera en Venezuela.

Aurumin bien representa al conjunto de empresas públicas y privadas dentro del Arco Minero que se distinguen por el hermetismo. La planta pintada de azul no tiene Registro de Información Fiscal (RIF) y nadie sabe con certeza si se trata de una alianza estratégica, compañía del Estado, empresa mixta o firma privada.

Su nombre coincide con el de una compañía homóloga que existe en Australia, también dedicada al sector minero y sin aparente relación con Venezuela. Al igual que el resto de empresas, se desconoce cómo y cuándo fue registrada o si siguió los procesos formales de contratación pública, que por ley deben cumplir los componentes del proyecto estatal que contribuye a sostener al gobierno de Nicolás Maduro. 

Mediante un recorrido de Runrun.es y Correo del Caroní por el Arco Minero del Orinoco en el primer trimestre de 2022, se identificaron 41 empresas instaladas a lo largo de unos 420 kilómetros, desde Ciudad Guayana hasta el Kilómetro 88, punto limítrofe de la Gran Sabana que forma parte del Parque Nacional Canaima. 

Del total que componen el mapa corporativo del megaproyecto de minería, 19 corresponden a alianzas estratégicas de arenas auríferas (seis de ellas forman parte del Complejo Industrial Domingo Sifontes en El Callao, el más grande del cinturón minero), dos son empresas mixtas (55% capital del Estado; 45% privada), ocho ofrecen servicios y trabajos de construcción, cuatro proveen insumos y tres están dedicadas al transporte especializado para este sector. Todas pasarían por el registro y supervisión de la casi omnipresente estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM), adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y presidida por el general Carlos Osorio, una formalidad que no necesariamente se traduce en organización y planificación. 

Un paisaje devastado 

La irrupción de empresas y plantas recuperadoras de oro durante la pandemia del COVID-19 trastocó el hábitat original donde se delimitó el Arco Minero del Orinoco al sur del estado Bolívar. Los estragos del lleva y trae de los transportes de mercancía de origen brasileño y los camiones cargados de toneladas de arenas auríferas quedan en evidencia en la deteriorada Troncal 10 que comunica a Venezuela con Brasil, principalmente en el tramo que cruza los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.  

El cambio del paisaje en los municipios atravesados por la Troncal 10 también muestra una variación en la dinámica de aprobación de alianzas estratégicas y unidades de producción de los últimos años, pese a que no se pudo confirmar qué tipo de convenio rige en estas nuevas empresas.

Solo en plena Troncal 10, entre Guasipati y la entrada a la localidad de El Callao, se observaron al menos 10 nuevas obras mineras cuyas primeras estructuras indican que se trata de la construcción de molinos y plantas recuperadoras de oro.

Seis de los desarrollos están identificados en sus fachadas principales: Goldtex, JC Eminca, Santa Bárbara, Planta Rita, La Increíble y Corminca, esta última con logos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario que ya para septiembre de 2022 había sido retirada. A escasos kilómetros de la entrada a El Callao, en la vía a Tumeremo en el municipio Sifontes, hay otras tres plantas identificadas como Aurumin, Intac y Guayana Oro.

A seis años de la creación del Arco Minero del Orinoco no se sabe con certeza cuántas plantas y alianzas estratégicas se han instalado en la poligonal minera. Las cifras varían dependiendo de los anuncios oficiales que se han emitido a lo largo de los años de explotación aurífera bajo el gobierno de Nicolás Maduro. A esta imprecisión abona que el directorio de compañías que se asocian al Estado a través de alianzas estratégicas para el manejo de las arenas auríferas (plantas de lixiviación) así como de los propietarios de los molinos se mantiene en la opacidad. 

En 2016, año del lanzamiento del Arco Minero, el viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, Luis Salinas, afirmó que se habían establecido 42 alianzas estratégicas correspondientes a la pequeña y mediana minería. Tres de ellas con plantas de procesamiento de material aurífero: La Vanguardia C.A., La Lucha 2016 C.A. y El Guayare C.A. Tres años después, el gobierno de Maduro anunció que se instalarían 60 plantas recuperadoras de oro en el sur de Bolívar, pero en septiembre de 2020, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de 21 plantas activas (con el fin de "revisar la productividad") además de directivos de siete plantas que aspiraban a activarse a finales de ese año, de acuerdo con la reseña oficial. Sin embargo, el Mindeminec sigue mencionando en su banco de proyectos mineros apenas ocho alianzas estratégicas para el sector oro. 

El repositorio no detalla el estatus del Plan Minero Tricolor anunciado por Maduro el 15 de octubre de 2019, mediante el cual se otorga la concesión de una mina a cada gobernación del país como fuente de financiamiento. Adolfo Pereira, actual gobernador de Lara, alborotó las redes sociales a principios de 2022 al difundir un video donde aparece visitando un rudimentario sistema vertical, conocido popularmente como barranco, en una mina del estado Bolívar que le habría sido asignada por Maduro. No indicó en qué mina exactamente se encontraba aunque sí mostró las precarias condiciones en las que trabajan los mineros artesanales.

El anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en 2020 fue la última referencia oficial en torno al número de plantas procesadoras de oro. Hasta antes de la llegada del coronavirus a Venezuela, las fábricas destinadas a la extracción de oro como las recuperadoras por medio de procesos de cianuración solían ser construidas en zonas internas de los municipios mineros, alejadas de la Troncal 10, a las que un transeúnte no podía llegar fácilmente.

Ahora no. A medida que avanzó la pandemia de COVID-19, la explotación minera empezó a mostrarse en plena vía hacia los municipios Sifontes y Gran Sabana. Están a la vista de lugareños así como de los turistas atónitos que van en busca de las bellezas naturales del aledaño Parque Nacional Canaima y de los presurosos migrantes que aspiran cruzar la frontera con Brasil.

A la dificultad de contar cuántas alianzas estratégicas para la recuperación de arenas auríferas por cianuración están realmente operando en el Arco Minero, se le suma la inexactitud del total de alianzas estratégicas del Estado con la pequeña minería. Según el informe “Logros del sector minero” del Mindeminec, la CVM firmó 768 alianzas con organizaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco en 2018, de las cuales 731 estarían dedicadas a la explotación de oro y 37 al diamante. 

Estas agrupaciones no son más que cooperativas que los pequeños mineros estuvieron obligados a crear para poder seguir explotando oro dentro de la poligonal minera. Sólo con ese registro del Mindeminec tienen autorización para operar, una vía legal para asegurarse la captación del oro extraído. Cuatro años después, se desconoce por completo el número actualizado de alianzas suscritas con los mineros artesanales, el desempeño de estas alianzas y si efectivamente están trabajando en conjunto con el Estado.

Más al sur, entre la localidad de El Dorado y Tumeremo en el municipio Sifontes, el equipo reporteril contó una docena de molinos de material aurífero. Tampoco se conoce el total de molinos instalados correspondientes a la pequeña minería. Sólo en el municipio El Callao, según las autoridades, operan 1.200 molinos tradicionales.

También en cada municipio fueron instalados locales de ventas de insumos mineros durante la pandemia. Los establecimientos, identificados con los logos de la CVM, son operados por empresas privadas: Corporación Nara (Las Claritas, Sifontes), Corporación Estrellas del Oro (El Callao) y LT Import (Upata, Piar).

Lejos de las promesas de lograr el bienestar regional, el malestar laboral tras la fachada de algunas alianzas estratégicas ha logrado trascender pese al hermetismo del Estado.

Una de esas molestias laborales explotó el pasado 4 de septiembre en la Troncal 10, a la altura de la mina La Camorra en El Dorado. Trabajadores de los Consejos Comunales Agromineros decidieron trancar la carretera internacional en protesta contra la empresa mixta Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven) y la represión militar de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La garantía de inversión social en las comunidades destacó entre las exigencias de los mineros.

También este año, mineros artesanales del sector El Limón de El Palmar, municipio Padre Pedro Chien, denunciaron insistentemente a la misteriosa empresa Sambuca 3000 C.A., en especial a su representante Yesel Calzadilla, por el desvío de 170.000 toneladas de arenas auríferas sin su correspondiente pago a los trabajadores. Advierten que Mariannys Campos, vocera de la CVM, y el alcalde Benin David Ramos quieren “imponer a Sambuca como operadora de las arenas del municipio Padre Pablo Chien”. 

El 9 de junio de 2022, siete mineros de El Palmar denunciaron que Yesel Calzadilla y Nelly Sol Matute se llevaron 350 camiones de arenas para ser procesada en el Complejo Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, y solo pagaron $600, es decir, $1,71 por camión. Aseguran que el Complejo “está en quiebra, no paga y todas las empresas están quebradas”.

En julio de 2021, trabajadores del Complejo Industrial Domingo Sifontes en El Callao, barco insignia de la CVM, denunciaron el despido de trabajadores sin beneficios contractuales, bajos sueldos y maltratos, entre otras irregularidades. “No pagan vacaciones ni tiempo y lo único en dotación que han dado este año es un par de botas. Ya basta de tantos abusos hacia el trabajador”, dijeron.

Runrunes y Correo del Caroní consultaron a Calzadilla y Matute por su versión sobre la actuación de Sambuca 3000 C.A. vía Instagram y Facebook, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco la CVM respondió a las peticiones de entrevista.

95 % de las tierras para extracción minera

En El Callao, dentro y afuera, es donde el movimiento de tierras para nuevas plantas es más visible. El alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, precisó que de las 40 mil hectáreas que tiene el municipio, 38 mil hectáreas fueron asignadas en 2018 por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) a alianzas estratégicas. En total, hasta enero de 2022, operan 39 plantas productoras de oro bajo las figuras de empresas mixtas y alianzas estratégicas; 1.200 pequeños molinos y 600 compras de oro, de acuerdo con el censo local realizado por el poder municipal.

Pese a la mayor operación minera, por la cual estiman una extracción mensual de 3 mil kilos de oro solo en el municipio El Callao, Lugo decretó la emergencia del municipio el 5 de diciembre de 2021, a escasos 14 días de haber sido electo como alcalde. La medida se debe a la crisis que enfrenta la localidad por el colapso de los servicios públicos, la sobrepoblación y la contaminación causada por la actividad minera debido al uso de mercurio y cianuro. “Hay una gran apertura minera que no deja nada en el municipio (...) ¿Las obras sociales dónde quedan? ¿Qué? ¿Es llevarte todo el oro de El Callao y no dejar nada aquí? (...) El municipio puede ser sustentable y dar respuesta en la salud y en el agua, en la medida que entiendan las empresas que deben aportar al municipio”, cuestionó.

El alcalde explicó que la CVM recibe 35% de impuesto de las alianzas estratégicas al mes y, en teoría, el municipio debe recibir beneficios a través de un fondo social creado por la Corporación Minera al cual se asigna 5% de esa tasa. Sobre el fondo, desconocen detalles, no participan en discusiones de asignación de recursos y “no se ha invertido ni medio”.

La creación del Fondo Social Minero está establecida en el Decreto Nº 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.210 del 30 de diciembre de 2015, pero su constitución se concretó en 2017. Dos años después, Maduro celebró con bombos y platillos la creación de otro sumidero de recursos: el Fondo Rotatorio Minero, con una base de 16 millones de euros que serían gestionados por el Banco Bicentenario. Tres años después, no hay informes ni cuentas en torno a la administración del capital.

Tampoco hay datos abiertos ni referencias oficiales sobre los ingresos generados por la operación de las alianzas estratégicas. En abril de 2018, el entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, afirmó que los 29 convenios firmados por su despacho bajo la figura de “alianzas estratégicas” permitirían una inversión de 180 millones de euros y ganancias al país de alrededor de 775 millones de euros al año.

El colapso de los servicios en municipios mineros ha motivado que alcaldías como la de El Callao diseñen una ordenanza de zonificación, un impuesto y un Plan de Desarrollo Urbano Local que obligue a las mineras a pagar por el uso de la tierra del municipio a razón de 25 petros al mes, equivalentes a $1.500; y una tasa impositiva de $50 mensual por operación a los más de mil molinos en el municipio. 

Aunque la instalación de plantas no se detuvo durante la pandemia, la actividad minera artesanal sí sufrió cambios en El Callao, pues hay menos espacios para la extracción de los pequeños mineros. “Ya no hay zonas donde el minero de a pie pueda trabajar, se la están entregando a las grandes empresas: Mina Isidora, Planta Perú, La Increíble”, dijo el alcalde Lugo. 

Esta última, La Increíble, ha sido desarrollada desde 1950 por la pequeña minería, pero en los últimos años “se la han entregado a alianzas, salieron los mineros y hoy hay grandes empresas trabajando allí”. Aunque los mineros artesanales podrían entrar a estas plantas como mano de obra, fuentes consultadas explican que el pequeño minero se acostumbró a ir al río o a una bulla y no a laborar en una planta por turnos de guardias.

Frente a la iglesia de la plaza Bolívar, donde se celebra la misa de las madamas en el histórico carnaval de El Callao, mineros artesanales con las bateas de madera comentan que han optado por ir a trabajar en La Ramona, un sector minero de propiedad colectiva a tres horas de distancia a pie desde el centro del pueblo.   

Mientras tanto, la actividad de las minas a cielo abierto y túneles verticales, donde trabajan los pequeños mineros, no se ha detenido en el municipio Sifontes, donde los yacimientos están controlados principalmente por grupos armados. Así se corroboró durante una visita a las minas de Las Claritas, a 20 kilómetros de la frontera con Guyana, en el mismo territorio donde se encontraban Las Cristinas bajo la concesión de la canadiense Crystallex, catalogado como uno de los mayores yacimientos auríferos sin desarrollar del mundo, cuyas reservas se estiman en 1,5 millones de onzas, es decir unas 468,7 toneladas de oro, equivalentes a 27,5 mil millones de dólares. 

Allí, queda expuesta la brumosa estampa de la precariedad minera: un grupo de hombres descalzos manipulan una larga manguera sumergidos en una laguna de denso marrón, entre calles de barro y a pocos metros de ventas de víveres, peluquerías improvisadas, talleres de motocicletas y casuchas de cartón piedra y techos de zinc donde viven con sus hijos y mascotas. Familias cuya cotidianidad cabe en una mina. 

Pero estas imágenes en movimiento podrían resultar engañosas. En 2022 hay señales de la ralentización de la explotación minera: la actividad comercial en los pueblos ha mermado, coinciden Ceferino Chacín, presidente de la Cámara de Comercio de El Callao y Erick Leiva, vicepresidente de la Cámara Minera de Tumeremo, donde ocurrió una de las mayores masacres registradas en la región en 2016, año de la creación del Arco Minero del Orinoco.  

Durante el recorrido por los pueblos mineros, se observó poco bullicio en la zona comercial de pueblos como Las Claritas y Kilómetro 88 en comparación a años anteriores. Situación similar en pueblos como Tumeremo y Guasipati. "En las calles se nota enseguida cuando hay menos producción en las minas", dice el dirigente de la Cámara Minera de la capital de Sifontes. 

“Puedes notar que hay tráfico reducido en las calles y menos ruido de motos. La riqueza de las minas no se está quedando en estos pueblos”, asegura Chacín. Algunos pobladores consultados se hacen eco de lo que alertan los mineros artesanales de El Palmar, municipio Padre Pedro Chien: “todas las empresas están quebradas”. 

Runrunes y Correo del Caroní solicitaron información ante el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico con sede en Caracas sobre el funcionamiento y productividad de estas empresas así como también a Carlos Osorio, presidente de la CVM en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el momento del cierre no se recibió respuesta.