En los casi 112 mil kilómetros de extensión del Arco Minero del Orinoco, hay compañías que, más allá de la opacidad con la que fueron registradas y actúan, han quedado envueltas en la polémica. Sus propietarios, con quienes el Estado suscribió alianzas estratégicas, han protagonizado contiendas judiciales, pactos con bandas armadas, persecuciones de gobiernos foráneos y hasta han sido víctimas de muertes por encargo. En la mayoría de los casos, el Ejecutivo ha guardado silencio sobre estos controvertidos personajes que se convirtieron en sus socios para explotar el oro de la nación.

Una de estas historias de escándalo es la de GuayanaOro, empresa que todavía hoy exhibe su letrero en el sector La Gran Prueba de Nacupay, en el municipio El Callao. Detrás de ella estaba Leonardo Santilli García, empresario ítalo-venezolano de 49 años asesinado la mañana del 1 de septiembre de 2020 en el estacionamiento de una conocida cadena de farmacias venezolana en Lechería, estado Anzoátegui. Acababa de hacer allí una compra y había vuelto a su Toyota 4Runner cuando un par de motorizados lo abordó y le descargó ocho balazos. El hecho, sin embargo, fue solo la punta de un iceberg que escondía historias de corrupción en Pdvsa, lavado de dinero y juicios en Estados Unidos.

El caso de la muerte de Santilli se resolvió en tiempo récord. Un día después de su asesinato, el fiscal general de la República nombrado por la asamblea nacional constituyente de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, giró públicamente instrucciones para investigar el hecho, y dos semanas después anunció la detención de los seis autores materiales e intelectuales del sicariato. Según él, un hombre llamado Nicola Romano García debía un millón de dólares a la víctima y, para no pagar, decidió mandar a matar a Santilli en asociación con los hermanos Aníbal y Amílcar Macayo Chacín. Estos contactaron a Ender Vera Pineda, José Burkooitz Flores y José Guzmán Rojas, quienes fungieron como los ejecutores del plan junto a Joel José Mariño Córdova, quien murió en un enfrentamiento antes de ser atrapado. El exfuncionario de la Policía Municipal de Guanta (Poliguanta), Edward Solano Pereira, actuó como cómplice. Al cabo de un año, todos fueron sentenciados con penas entre los seis y 30 años de cárcel.

Cuando esto ocurrió, Santilli ya había encabezado titulares. El contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntamente haber participado en un esquema de lavado de dinero y sobreprecios a través de sus negocios con la compañía estatal entre 2014 y 2017. Los fiscales norteamericanos informaron que Santilli poseía al menos cuatro empresas, dos en el estado de Florida (EE. UU.) y otras dos en Venezuela, que servían como intermediarias en el suministro de mercancías de distinta naturaleza a las filiales de Pdvsa.

“En total, las empresas de Santilli recibieron cerca de 150 millones de dólares en contratos inflados, de los cuales más de 100 millones de dólares se transfirieron a sus cuentas personales o de sus familiares, cuentas fiduciarias, empresas ficticias y de otros ciudadanos venezolanos”, indica al respecto una nota de la plataforma web especializada en bases de datos Sayari.

De acuerdo con la base de datos online de empresas del mundo, Open Corporates, Santilli García era miembro de la junta directiva de al menos seis compañías registradas en el estado de Florida, Estados Unidos: Padale, LLC (Weston), Cosaco y 2377 Glendon LLC (ambas en la misma dirección en Sunrise). Todas fueron creadas a mediados de 2016. Su nombre también figura en la Corporación Empresarial Alimentos del Sur Sociedad Anónima, Ceassa, en Panamá.

Además, era el presidente de GuayanaOro, compañía que aparece en el banco de proyectos mineros creado por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, aunque no está en el Registro Nacional de Contratistas. Pese a esta falta, la empresa suscribió una alianza estratégica con la Corporación Venezolana de Minería, S.A., a través de un contrato de operaciones orientado al “desarrollo de actividades de beneficio y transformación de arenas auríferas mediante el proceso de hidrometalurgia por lixiviación con cianuro, con capacidad para 200 toneladas día de material primario”, señala el ministerio. Su objetivo principal tenía esta relación en la mira y por eso se acoge a la Ley de Reforma Parcial del Decreto Nro. 2.165 que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, a fin de “compartir procesos productivos” en yacimientos auríferos, de coltán y de otros minerales asociados.

Santilli no actuaba solo. El otro socio era Jean Carlos Ranauro Guzmán, un empresario de Tumeremo de 42 años, propietario de una compañía en Doral, Florida, llamada Global Trade Metals Inc., creada en octubre de 2017 junto a Antwill José Salazar Zambrano, también de 42 años pero de Ciudad Guayana, dueño de negocios en Panamá.

Mafias de vieja data

Investigar a Goldtex de Venezuela C. A. –fundada en 1995– significa toparse con una serie de discrepancias desde sus cimientos. Se desconocen los detalles de su proceso de contratación y su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas fue anulada porque el sistema detectó inconsistencias en la información y no pudo validar su actualización.

Sin embargo, lo más llamativo de su constitución no solo son estos detalles, sino los nombres que estuvieron al frente de la firma cuando esta inició sus operaciones en el Arco Minero del Orinoco. Su presidente Gran Alexander Ritchie Silva, de 54 años, y su vicepresidente Eduing Flores Zuloaga, de 40 años, estuvieron implicados en el caso de la “mafia de las cabillas”, que desapareció cientos de cargamentos de cabillas reguladas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que debían ir a los mercados ferreteros de la industria estatal, pero terminaron siendo revendidos. El principal imputado por esta causa fue el director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, quien era administrador de la cartera de clientes de la acería, presidente de la comisión de transición en las briqueteras Matesi y Orinoco Iron, y amigo íntimo del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. 

En 2011, el Estado presentó cargos contra Ritchie Silva y Flores Zuloaga –ambos con domicilio en Ciudad Guayana, estado Bolívar– porque estaban al frente de dos contratistas de Sidor investigadas por el caso: Degran & Compañía, C.A y Ediperca. Les imputaron delitos de Concierto de Funcionario Público con Contratista por firmar contratos con la estatal Orinoco Iron sin atravesar por procesos de licitación y otros mecanismos internos. En 2014, se dictó el sobreseimiento a los dos empresarios porque supuestamente no habían incurrido en ningún delito. Ese mismo año, el entonces juez Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, hoy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin lugar la apelación que el Ministerio Público interpuso contra el sobreseimiento de la causa. 

Ritchie Silva y Flores Zuloaga salieron de Goldtex en 2018 y así pasó a estar a nombre de Nellys Josefina Ramírez, de 52 años, residenciada en Ciudad Guayana. La dirección física de la compañía cambió y de tener sede en la urbanización Alta Vista de Ciudad Guayana, hoy está en el sector El Porvenir, en el Kilómetro 3 de la Troncal 10, entre los pueblos mineros de Guasipati y El Callao, estado Bolívar.  

En 2021, Goldtex cambió nuevamente de manos y hoy su presidente es Álvaro Ramírez, de 70 años, con residencia en Maracaibo, estado Zulia, según el CNE. Desde 2012 su objeto social se mantiene inalterable: explotación, exploración, procesamiento, comercialización, y transporte de la industria minera y sus derivados. La actividad económica en la que está inscrita en el SENIAT es “Actividades de apoyo a la explotación de otras minas y canteras”.

El empresario que huyó tras asociarse con militares

La Planta Orizonia es una de las empresas en la que los militares venezolanos tienen participación directa en el negocio del oro del Arco Minero. Nació de la asociación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) –creada vía decreto en 2016 por Nicolás Maduro– y del Grupo Orizonia –que inicialmente y según su inscripción en el SENIAT, se dedicaba a la “venta al por menor de aparatos, muebles, artículos y equipos de uso doméstico en almacenes especializados” y que, posteriormente, añadió a su objeto social el decreto 2.165 para poder participar en la explotación de minerales.

Orizonia funciona dentro de la mina Bizkaitarra, en Las Claritas, al sur del municipio Sifontes del estado Bolívar, y en 2018 fue noticia porque hasta allí llegó el ​​primer filtro de prensa que se utilizaría en la industria minera venezolana para eliminar las lagunas de cola que se forman durante los procesos de producción de oro. El arribo fue posible porque Camimpeg y Minerven firmaron una alianza con China para traer al país siete plantas dotadas de “nuevas tecnologías ecoamigables”.

Aunque en la junta directiva actual de la Planta Orizonia figuran tres personas, hay una cuarta que abandonó la sociedad para salvar su patrimonio de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso a quienes firmen contratos de minería con el Estado venezolano. Esta información se desprende de un reportaje publicado en 2020 por El Nuevo Herald, de Miami, e indica que el empresario venezolano-trinitario Clemente Ricardo Silva Lezama (fallecido en 2021) figuró como accionista mayoritario del Grupo Orizonia hasta 2019, cuando decidió separarse del proyecto.

Según El Nuevo Herald, Silva Lezama aseguró haber vendido su participación en la Planta Orizonia y mostró al medio un par de cartas que envió al Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero para hacer efectivo este paso. Sin embargo, documentos mercantiles consultados por el diario estadounidense, revelaron que en enero de 2020 todavía aparecían dos hijos de Silva en la junta directiva: Klemens Alejandro y Ricardo Leslie Silva, quienes supuestamente poseían 80% del capital social de la firma. Fue precisamente este último quien estuvo presente como presidente de Orizonia cuando la planta se inauguró en mayo de 2021, de acuerdo con una publicación en Facebook del Viceministerio de Planificación y Desarrollo para la Defensa del Ministerio de la Defensa venezolano.

#14May || Este 12 de Mayo el Cddno. Alm. Alexander Velásquez Bastidas, Vice-Ministro de Planificación y Desarrollo del...

La sociedad de Silva Lezama con el Estado venezolano no era nueva. Varias de sus compañías con sede en Puerto Ordaz están en el RNC, aunque todas están inhabilitadas desde hace al menos cuatro años porque sus datos no se actualizaron. Empresas como S&S Orinoco Aviation, Consorcio SMT Silva, Servicios Marítimos y Transporte Silva y Silva Shipping Agency, dedicadas al transporte aéreo y fluvial, fueron contratadas para hacer traslados a Ferrominera. En el registro también está CSL Stevedoring and Transport C. A.

Silva Lezama también dijo a El Nuevo Herald que ante el silencio del Ministerio a sus peticiones escritas, estableció un acuerdo con el hoy presidente del Grupo Orizonia, Americo José Figuera Duerto, para dejar la sociedad con Camimpeg y recibir su inversión una vez que la planta comenzara sus operaciones. Se desconoce si este retorno se llevó a cabo antes de que muriera.

Figuera Duerto también es representante legal de American Wellgo y socio de la Asociación Cooperativa Morichal 4563, que firmó al menos un contrato con Ferrominera en 2006. El vicepresidente del Grupo es Byron Figuera Duerto, socio de la ya mencionada Morichal 4563 y vinculado a dos empresas en Estados Unidos: Oxiplus Corp y Caroni Cargo Llc.