El capitán indígena no sentía miedo. Cecilio Bigott, un pemón de piel trigueña de 50 años apenas electo autoridad comunitaria en julio de 2021, era apuntado por 25 hombres armados a plena luz del día en el Kilómetro 27 de la Troncal 10, en las tierras de la comunidad indígena San Antonio de Roscio, en el municipio Sifontes al sur de Bolívar, dentro de los linderos del Arco Minero del Orinoco.

“Uno se tiene que morir”, dice Alejandro Lezama, otro líder indígena de la comunidad. Es el espíritu guerrero del indígena, agrega, pero los indígenas no tenían cómo defenderse. William apuntaba al capitán a corta distancia y solo le tembló el pulso cuando Bigott lo conminó a disparar. Su esposa lo acompañaba. El pistolero bajó el arma. Amenazó con abusar de la vicecapitana, pero el intento de apretar el gatillo se disipó. Al menos por ese momento.

Miembros de la capitanía intentaban mediar en un conflicto comunitario en el nuevo agitado tramo comercial del caserío, al que ha llegado la acción de grupos armados sedientos de oro. “Por eso me enfrenté, no tenía miedo. Andaba con mi seguridad, mi familia, la junta directiva, con Dios”, insiste.

Bigott —de mirada seria y hablar pausado— muestra en su teléfono celular, sin cobertura en estas entrañas profundas de Bolívar, un mapa con líneas rectas que se encuentran y delimitan las tierras de San Antonio de Roscio. Pese a la deuda en la demarcación, establecida en la Constitución de 1999, las comunidades indígenas saben con precisión los límites de sus territorios. Esos trazos son una certeza de las tierras que ancestralmente les pertenecen. 

Hasta hace algunos años sus territorios parecían infinitos. La capa verde se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero esa línea fronteriza invisible se mueve cada vez más hacia el centro, en la medida en que los grupos criminales avanzan. Es como si al dueño de una enorme propiedad de 20 habitaciones, le fueran despojando día tras día, mes tras mes, año tras año, un cuarto y luego otro y luego otro y luego otro… hasta dejarlo confinado en un pequeño espacio sin control de lo que alguna vez le perteneció.

Y eso que alguna vez le perteneció, pero ahora está dominado por grupos armados, era parte elemental de su vida y memoria: el espacio para cazar, para pescar, para sembrar, actividades tradicionales que se debilitan voluntaria e involuntariamente. “¿Cómo llegaron? No sabemos. De repente vinieron siendo unos simples mineros. Ahora son una organización poderosa, que ya nos hemos dado cuenta que a veces el gobierno —duele decirlo— tiene nexos con ellos y por eso es tan difícil erradicarlos. Son crudas realidades que a veces le decimos y yo sé que el gobierno se ofende”, observa el capitán pemón.

En la comunidad no hay señal telefónica para avisar de las amenazas al momento. Tampoco hay estación policial y en las comunidades temen que, aún si la hubiera, no cesaría la presión de los grupos armados. Bigott recuerda que cuando sufrió la agresión, uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana transitaron por la vía y nada hicieron.

En los mapas oficiales del Arco Minero del Orinoco, no hay identificación de comunidades indígenas ni caseríos ni poblados. Los grandes bloques en verde degradado solo muestran minerales por explotar: oro, cuarzo y granito, en el caso del bloque 4 Josefa Camejo en donde se ubica ese tramo sur integrado por los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.

La instauración del Arco Minero del Orinoco, megaproyecto que lesiona la integridad cultural, social y económica de los pueblos originarios, no contempló la información y consulta previa a las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en sus hábitats por parte del Estado, tal como está cimentado en el artículo 120 de la Constitución venezolana.

Los conflictos por el control de yacimientos se han avivado en los últimos dos años y las comunidades que por años han habitado al sur de Bolívar, ausentes en la cartografía oficial, han sido las más perjudicadas. Es mucho más lo que no ha trascendido a la prensa, pero resalta en febrero de 2021 la invasión de tierras de la comunidad San Luis de Morichal por parte de grupos irregulares en el río Chicanán. 

Un hecho ocurrido a inicios de 2022 confirma las amenazas sobre los pueblos originarios y la escalada de la violencia. El conflicto ocurrió en una comunidad vecina a San Antonio de Roscio.

Durante cinco años hubo disputas en torno a la ocupación de un galpón —en el Kilómetro 82 de la Troncal 10 en tierras de la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway— abandonado hace más de 30 años. Habitantes de Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Joboshirima, próximas al inmueble, decidieron ocuparlo para instalar una venta comunitaria.

La vía de tierra frente al galpón de bloques de gran dimensión, a pocos metros de la carretera principal, conduce a un muro, un portón y una suerte de alcabala informal. El punto de control ilegal es un “mecate”, como los grupos armados llaman al puesto de vigilancia. Allí, el sindicato de “Juancho” vigila quién entra y sale del yacimiento minero de la zona, cobra coimas por el traslado de oro e insumos, impone castigos y dirime problemas a su manera.

“Antes los indígenas pasaban por allí porque eran sus trochas para ir al río Cuyuní, para pescar, pero ahorita no pueden hacer eso porque no los dejan pasar. Hay lagunas allí atrás y las están trabajando, también hay empresas allí atrás en el sector Mesones. El control lo tiene ‘el viejo Darwin’”, dijo un indígena.

Para impedir que las comunidades indígenas ocuparan el galpón, el grupo armado hizo que los consejos comunales lo ocuparan primero y que, además, actuaran como sus voceros. Son un apéndice, afirman los aborígenes. “Usan al pueblo como escudo”.

El capitán de Joboshirima, Junior Francis, llegó a las 11:42 de la mañana del 12 de enero de 2022 al terreno en el que está ubicado el galpón. Indígenas de la cercana comunidad indígena Inaway pidieron apoyo porque estaban tomando la infraestructura. Francis no sabía con exactitud qué ocurría, pero se trasladó con seis jóvenes de su comunidad al punto del conflicto, al que ya habían llegado miembros de la seguridad comunitaria indígena.

Joboshirima es una comunidad principalmente del pueblo arawaco pero con presencia de indígenas pemón y caribe. El nombre en enormes letras está en la explanada central del caserío en la Troncal 10, a poco más de 10 kilómetros de la localidad minera Las Claritas. 

En el terreno estaban dos miembros del sindicato de “Juancho”, apodados “el Causa” y “Yorman”. Portaban armas largas. Por la comunidad indígena, había principalmente mujeres y miembros de la seguridad indígena. Los hombres abordaron tres camionetas que salieron de la vía de acceso cercana al galpón. Disparaban al aire. Estaba en pleno el alto mando criminal: “Juancho”, “Humbertico” y “el viejo Darwin” o “Johan Petrica”, fundador del Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más poderosos de Venezuela. 

Los impactos lo paralizaron. “Están matando a los hermanos”, pensó Francis. En ese momento, reaccionó, agarró el teléfono y empezó a tomar fotos. “Yorman” corrió a quitarle el equipo. “Me metí el teléfono en el bóxer y el tipo —en lo que me levanté— me dio el golpe y me reventó la nariz”. Dos miembros de la seguridad indígena de Santa Lucía de Inaway también fueron agredidos. 

Los indígenas buscaron a la Guardia Nacional. Había pasado el tiroteo, pero querían tumbar el punto de control de los grupos criminales. No pudieron. Los hombres estaban armados y habían cerrado el portón. Sin reserva alguna, apuntaron a los militares con fusiles. “Nos vamos a echar plomo”, les dijeron.

“Ya rompieron la barrera, si eso le hubiese pasado a un jefe de ellos… Se lo dije a Juancho, si hubiera pasado esto a uno de los líderes, ‘¿qué hubieras hecho?’ no hubiera terminado así, fuera una masacre. Y nosotros con todo y eso hemos llamado al diálogo para dejar las cosas en paz”, dijo un indígena que presenció el conflicto.

Para los líderes indígenas, los grupos armados sí están presentes en el mapa oficial minero. “El gobierno no nos respalda a nosotros. Ellos (grupos armados) dicen que tienen el respaldo y delante de los ojos de todos, el gobierno es el que los está levantando porque de dónde consiguen armamento, ¿qué hace la Guardia? ¿qué hace la policía? ¿qué hace el Sebin cuando están metidos allá? Deben estar ‘comiendo’ (beneficiándose) allí. Para que un grupo de personas se mantenga en el poder, debe estar alimentando a los de arriba, porque ¿cómo te mantienes allí?”, relató un dirigente indígena.

El grupo armado obligó a cerrar los comercios de Las Claritas, coincidieron fuentes consultadas. A los mineros que estaban en yacimientos a cielo abierto los montaron en vehículos y los llevaron en camionetas hasta el terreno del galpón. Decenas de personas también llegaron a los alrededores del galpón, empujados por los consejos comunales. Los mantuvieron allí sin descanso.

La tranca detuvo por seis días, a ambos lados de la carretera, vehículos particulares y de transporte de pasajeros que se mueven desde y hacia la frontera con Brasil. En redes sociales se multiplicaban los pedidos de ayuda de personas de la tercera edad, mujeres y niños. Los habitantes de Las Claritas denunciaron que se quedaban sin alimentos por la interrupción del paso.

Los seis días de cierre de la Troncal 10 cesaron la tarde del 17 de enero de 2022, luego de una reunión en la que participó el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano. En el encuentro se decidió que el galpón en disputa quedaría bajo la potestad de la Gobernación y la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También se anunció la instalación de mesas de trabajo para buscar solución al conflicto y analizar los problemas en el sector.

Tres asesinatos de indígenas aún estremecen a San Antonio de Roscio. La comunidad lleva registro. El primero fue el de Domingo Pérez, un pemón de 25 años dueño de motores hidráulicos. Querían invadir su terreno; se negó y lo emboscaron. “En presencia de la esposa lo capturaron, lo llevaron a un sitio y después de dos horas ella lo encontró muerto, desnudo y torturado. Vimos el cuerpo, después de matarlo lo llevaron a una comunidad vecina. Fue la primera tragedia”, cuentan habitantes de San Antonio.

La segunda fue la desaparición y asesinato de Oscar Meya. Aunque era de San Luis de Morichal, tenía familiares en San Antonio. Un grupo armado lo capturó, lo torturó y desapareció. Su cuerpo no ha aparecido aún. Sus familiares dudan que aparezca. El tercer caso es el de Anthony Martínez. Se trasladaba en una lancha por el río Chicanán con miembros de la seguridad indígena. Fueron emboscados y tiroteados. “Hasta el sol de ahora no supimos qué pasó con Anthony. Cómo quisiéramos sentarnos alguna vez para preguntar qué le hicieron”.

La contaminación de las aguas, la proliferación de la malaria e, incluso, la migración han sido otras consecuencias generadas por la expansión de la minería y la invasión de tierras. Los líderes indígenas coinciden en que las comunidades quieren tomar justicia por sus propias manos “y nosotros como líderes estamos tratando de llevar la paz para que eso no suceda, porque sabemos las consecuencias que puede traer eso. Todavía estamos dando un voto de confianza al Estado para que haga su trabajo, pero ganas de confrontar no le hace falta a nuestra gente al ver que el Estado no hace su trabajo”.