Por Lisseth Boon, María Ramírez, Lorena Meléndez

Un par de bombillos mortecinos alumbra el traqueteo de un molino artesanal en medio de la noche. Tres hombres sin cascos ni guantes operan las máquinas que procesan un lote de tierra cargada de oro a pocos metros de la Troncal 10, la carretera que une a los principales pueblos del Arco Minero del Orinoco, al sur del estado Bolívar en Venezuela. Cerca de la pequeña estructura rústica, resaltan las torres de una planta industrial de cianuración de oro iluminada por potentes reflectores. Pero entre sus altos silos no hay movimiento de camiones ni obreros.

Al amanecer estallan los colores de la devastación minera. A lo largo de la principal arteria vial del Arco Minero del Orinoco, en terrenos donde alguna vez hubo árboles y gramíneas, ahora quedan barriales, hoyos y charcos. Pululan los letreros y muros con rótulos de empresas desconocidas al mismo tiempo que se instalan nuevas plantas de cianuración y molinos artesanales para procesar el oro. Los ríos Yuruari y el Cuyuní, que circundan los poblados mineros, pasaron a ser canales de sedimentos arcillosos. Niños y adolescentes piden propinas a los transeúntes para bachear la carretera que perdió por completo el asfalto en algunos de sus tramos. Sobre la deteriorada ruta, containers con víveres de Brasil y camiones que transportan toneladas de arenas auríferas hasta los complejos industriales, dejan en el aire una bruma espesa que dificulta la respiración. Mineros artesanales, que cargan a sus espaldas bateas de madera para cernir el metal dorado, caminan al borde de la vía rumbo a algún barranco o mina a cielo abierto bajo el control de bandas criminales conocidas en la región como sindicatos o sistemas. Hileras de casuchas con paredes de plástico y cartón piedra, que venden desde empanadas chiclosas, gasolina en botellas plásticas de refresco hasta minutos de internet satelital en una región sin conexión ni telefonía local, se suman a los crecientes poblados improvisados que se extienden por el paisaje.

La pandemia no detuvo la destrucción en el Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Mediante un recorrido de 850 kilómetros por la Troncal 10, que atraviesa los municipios Roscio, El Callao y Sifontes del estado Bolívar, el equipo periodístico de Runrun.es y Correo del Caroní constató en directo el impacto de la actividad aurífera en la región tras 24 meses de la pandemia del COVID-19. Lejos de mermar la explotación minera, durante una cuarentena marcada por intermitentes restricciones de movilidad y una aguda escasez de combustible en la región, las secuelas de la caótica política extractivista empeoraron con respecto a la cobertura anterior registrada en enero de 2020. 

La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa 111.846 kilómetros, casi 12% del territorio nacional, es la aparición de empresas y plantas industriales (públicas y privadas) a orillas de la carretera, cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. Las instalaciones, con grandes muros y letreros con sus nombres rotulados, empezaron a ser levantadas en plena pandemia.

De las 41 empresas identificadas en el engañoso mapa corporativo del Arco Minero del Orinoco, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75 por ciento del total (31 de 41) se desconoce el proceso de contratación pública: si fueron asignadas a dedo o se presentaron en concursos oficiales. Apenas seis aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No se tiene la certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo.