Un trapiche ambiental llamado Arco Minero

Durante la pandemia subió el pico de la devastación en los municipios mineros. En 2020, se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. Ríos contaminados con mercurio y desechos tóxicos provenientes de las plantas cianuradoras y molinos evidencian que la demarcación de usos dentro de las áreas protegidas y las políticas públicas para mitigar el impacto ambiental son letra muerta. Conceptos como sustentabilidad, conservación de la diversidad biológica y permanencia de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución de Venezuela están ausentes en el megaproyecto de minería decretado por Maduro

Tres hombres en chancletas, con franelas gastadas y pantalones arremangados caminan al borde de la carretera que atraviesa la Sierra de Lema, el frondoso preámbulo a la Gran Sabana que forma parte del Parque Nacional Canaima, Patrimonio Mundial de la Unesco. A modo de sombreros vietnamitas o colgadas a sus espaldas, llevan las tradicionales bateas de madera que utilizan para sacar pepitas de oro de los ríos. En teoría, esos mineros artesanales no deberían trabajar en un área natural protegida donde la minería está legalmente vetada. Pero los boquetes de tierra y fango que comienzan a abrirse en el tupido bosque evidencian, cual banderitas rojas, la explotación aurífera que rebasa los límites de los municipios vecinos del Arco Minero del Orinoco.

En enero de 2020, semanas antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela, el paisaje de la devastación apenas comenzaba a perfilarse a lo largo de la Troncal 10. En ese entonces, se levantaban algunos muros de empresas en construcción sin letreros ni rótulos y a pocos metros de la vía se observaban movimientos de tierra y árboles talados, especialmente entre las poblaciones de Tumeremo y el Kilómetro 88. Dos años después, se han instalado sin pudor decenas de molinos artesanales para procesar el oro con el uso de mercurio así como plantas industriales de cianuración para recuperar el metal extraído de las arenas auríferas. Ahora puede verse a simple vista buena parte de la trituradora ambiental que promueve el megaproyecto de minería instaurado por Nicolás Maduro.

La Sierra de Lema, que forma parte del Parque Nacional Canaima, comienza a padecer los estragos de la minería ilegal

La Sierra de Lema, que forma parte del Parque Nacional Canaima, comienza a padecer los estragos de la minería ilegal

En cuestión de dos años, la Troncal 10 se ha convertido en una arteria vial en peligro de extinción. Es tal el deterioro de la carretera que atraviesa los municipios Roscio, El Callao y Sifontes que el asfalto desapareció en algunos tramos por la falta de mantenimiento pero también por el paso constante de los contenedores de alimentos provenientes de Brasil y los camiones que cargan toneladas de material aurífero desde las minas y molinos hasta las plantas de cianuración.

Precisamente entre El Dorado y Tumeremo, donde resaltan los pedazos más carcomidos de la carretera y se asentaron la mayor cantidad de molinos y plantas industriales de lixiviación, se delimitaron hace dos décadas casi 80 mil hectáreas de “Lotes boscosos” bajo el Decreto Ejecutivo número 2.214, publicado en la Gaceta Oficial 4.418 del 23 de abril de 1992. Aunque estas figuras jurídicas asentadas en el estado Bolívar no son reconocidas en la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, de igual manera deben ser administradas bajo la misma normativa para manejo de actividades forestales por corresponder a un decreto presidencial, según expertos.

Pero lo cierto es que mucho antes de la creación del Arco Minero en 2016, buena parte de los bosques del estado Bolívar, entre los que se encuentran los lotes boscosos de El Dorado y Tumeremo así como la Reserva Forestal de Imataca, han estado sometidos a presiones permanentes como el uso de la tierra, actividades agropecuarias y conflictos con la minería aurífera. La histórica falta de instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio así como de vigilancia y control propiciaron el crecimiento anárquico de la minería ilegal con sus consecuentes impactos ambientales, evalúan expertos consultados.

Desde la Troncal 10, carretera internacional que une a los municipios mineros, es posible observar el avance de la deforestación por la minería

La demarcación de usos dentro de áreas bajo régimen de administración especial (Abrae) que se encuentran en la poligonal del Arco Minero del Orinoco no ha sido suficiente para frenar la minería. Tal es el caso de la Reserva Forestal de Imataca (RFI), un bosque de 3,5 millones de hectáreas entre los estados Delta Amacuro y Bolívar, refugio de biodiversidad donde conviven al menos seis pueblos indígenas: pemón, kariña, warao, arawak y akawaio. Sometida a fuertes presiones extractivistas, se encuentra en el Área 4 del cinturón minero, destinada a la explotación de oro y coltán.

Con el decreto 3.110 firmado por Hugo Chávez en 2004 se estableció el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de la Reserva Forestal de Imataca para el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el principio de “sustentabilidad, conservación de la diversidad biológica, permanencia de los pueblos indígenas, resguardo de valores socioculturales, seguridad y defensa de la Nación”. A la par de permitir el uso minero en algunas zonas, el PORU de la RFI también contempla “áreas de recuperación” para contener la actividad minera. “Pero esta reglamentación no se está cumpliendo. Todo proyecto de minería debe incluir programas de recuperación. Aunque no se pueda restituir el ecosistema en su totalidad, si es posible restablecer parte de la cobertura vegetal con cierta cantidad de especies”, afirma Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.

“Que el gobierno haya demarcado toda la zona estratégica del Arco Minero y definido los bloques y minerales a ser explotados, no implica que puede hacer lo que sea allí. Toda explotación minera debe contemplar medidas para mitigar el impacto ambiental siguiendo la Ley Orgánica del Ambiente, tarea por la que debe velar el Ministerio de Ecosocialismo como autoridad en la materia”, sostiene Morón. La bióloga subraya que no se conocen programas de manejo de la reserva forestal ni cuáles serán las compensaciones de la actividad minera. Tampoco hubo consulta previa a los pueblos indígenas presentes en los territorios mineros como establece la Constitución.

Campamentos mineros se instalan sin pudor a orillas de la Troncal 10

Campamentos mineros se instalan sin pudor a orillas de la Troncal 10

Con el decreto 3.110 firmado por Hugo Chávez en 2004 se estableció el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de la Reserva Forestal de Imataca para el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el principio de “sustentabilidad, conservación de la diversidad biológica, permanencia de los pueblos indígenas, resguardo de valores socioculturales, seguridad y defensa de la Nación”. A la par de permitir el uso minero en algunas zonas, el PORU de la RFI también contempla “áreas de recuperación” para contener la actividad minera. “Pero esta reglamentación no se está cumpliendo. Todo proyecto de minería debe incluir programas de recuperación. Aunque no se pueda restituir el ecosistema en su totalidad, si es posible restablecer parte de la cobertura vegetal con cierta cantidad de especies”, afirma Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.

“Que el gobierno haya demarcado toda la zona estratégica del Arco Minero y definido los bloques y minerales a ser explotados, no implica que puede hacer lo que sea allí. Toda explotación minera debe contemplar medidas para mitigar el impacto ambiental siguiendo la Ley Orgánica del Ambiente, tarea por la que debe velar el Ministerio de Ecosocialismo como autoridad en la materia”, sostiene Morón. La bióloga subraya que no se conocen programas de manejo de la reserva forestal ni cuáles serán las compensaciones de la actividad minera. Tampoco hubo consulta previa a los pueblos indígenas presentes en los territorios mineros como establece la Constitución.

Las políticas públicas de protección ambiental se encuentran entre los grandes misterios del Arco Minero. No se conoce labor de contraloría sobre estos procesos, ni planes de inversión de exploración. El ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha anunciado que existen unos 50 estudios de impacto ambiental, cifra que es puesta en duda por todos los especialistas entrevistados para esta investigación: “si es que existen, podrían ser forjados”.

En 2018, la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Despacho del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera, adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, anunció que se integraron 1.048 brigadistas y guardianes ambientales. Las alianzas con la minería artesanal han de contar con al menos dos guardianes ambientales para la detección de actividades mineras ilegales y promover medidas de mitigación de impactos y recuperación ambiental. No se conoce el seguimiento de esta medida. Ni el Minec ni el Mindeminec lo han reportado desde entonces.

La militarización de los yacimientos en el estado Bolívar va más allá de la presencia de uniformados a lo largo de la Troncal 10, en la que se cuentan más de 20 alcabalas y puntos de control entre Upata en el municipio Piar hasta el Kilómetro 88 en Sifontes. Este proceso está relacionado con la concepción misma del Arco Minero del Orinoco. El abogado Enrique Prieto Silva, profesor de derecho ecológico de la USM, cuestiona la incorporación de las fuerzas armadas nacionales en la explotación aurífera por contradecir la esencia de la institución. Tanto la creación de la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg) en 2016 como la participación de la Guardia Nacional desvirtúan el rol de custodia y vigilancia de la naturaleza y la soberanía.

La Ley Orgánica del Ambiente (2006) establece en su artículo 100 que la guardería ambiental, entendida como la vigilancia y fiscalización de las actividades que inciden sobre el ambiente y exigencia del cumplimiento de medidas para la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, debe ser ejercida por la Fuerza Armada representada por la Guardia Nacional, además de otros ministerios con competencia en materia ambiental. Mientras que el artículo 101 reza que los funcionarios de la guardería ambiental están facultados para actuar ante la comisión de un hecho punible ambiental o de una infracción administrativa. “Pero en vez de ser guardias ambientales, en el Arco Minero actúan como policía política”, afirma Prieto Silva.

Caos y control

La inexistente vigilancia de la norma en la minería también explica las causas de la devastación ambiental. Un geólogo consultado en Ciudad Guayana para esta investigación, que pidió mantener su nombre en reserva, calcula que entre 95% y 99 % de los proyectos de minería, que incluyen excavaciones en minas de aluvión o de veta, procesamiento en molinos y plantas de cianuración, no han cumplido con los estudios previos correspondientes.

“Ocurre en el mundo de la minería: si no cuentas con un plan inicial bien formulado, vas directo al fracaso. Terminas haciendo minería de sobrevivencia destruyendo el ambiente y el futuro de tus hijos y nietos”, sostiene el geólogo entrevistado con la propiedad de quien ha participado en una veintena de estudios de exploración dentro del Arco Minero.

Según el experto, todo proyecto de minería debe seguir los siguientes pasos: levantamiento bibliográfico preliminar; prospección (toma de muestras geoquímicas en campo que luego serán analizadas en el laboratorio); exploración (inspección en campo para ubicar zonas donde existe presencia mineral económicamente rentable); análisis de la viabilidad del proyecto (cálculo de costos); diseño del proyecto y construcción.

Las etapas mencionadas describen el deber ser, precisamente lo que no se cumple en el Arco Minero del Orinoco, analiza el especialista. “El negocio minero es un proyecto muy costoso y de alto riesgo. En primer lugar, tienes que contar necesariamente con un buen capital. Un estudio serio geológico, que incluye las fases iniciales de prospección y exploración, puede tomar de tres a cinco años. A partir del quinto año y no antes es cuando comienza a revertirse la inversión”. Pone como ejemplo la fase de exploración de la empresa Barrick Pueblo Viejo, del grupo Barrick Gold Corporation, en una mina de Santo Domingo, que tomó unos ocho años invirtiendo a pérdida.

Sobre el megaproyecto de minería al sur del país que ocupa aproximadamente el 12% del territorio nacional -aunque afecta el 40%, resalta el director de Clima 21, Alejandro Alvarez-, se desconocen los estudios de prospección y exploración que obligatoriamente debe contemplar cualquier proyecto minero. “Lo que está ocurriendo es que abren más y más huecos sin estudios previos, creando minas a cielo abierto con aprovechamiento incierto. Me atrevo a decir que el 95% de los proyectos en el Arco Minero responden a un patrón de caos y desorden. En cualquier barranco (minas verticales) se ve un desastre. Un gentío, el que cobra la vacuna por un lado, el que está pendiente de quién saca oro o no, el niño que mendiga”.

Esta situación se agrava por el hecho de que se están agotando los depósitos de arenas auríferas acumuladas durante las últimas décadas. La necesidad de producir materia prima para ser procesadas en las plantas cianuradoras promueve las excavaciones sin control, movimientos de tierra, erosión de los suelos y contaminación de las aguas por el uso de mercurio y sedimentación de los ríos. Sin estudios geológicos previos, se trata de una operación insostenible con la cual no hay garantía de encontrar oro en esos terrenos.

En un reciente informe, la organización SOS Orinoco sostiene que las plantas cianuradoras no están cumpliendo su objetivo inicial de lograr ser más rentables y menos contaminantes. La mayor producción en el Arco Minero sigue proviniendo de las minas a cielo abierto y verticales, del trabajo de los mineros artesanales y no de las plantas industriales de lixiviados.

Aguas intoxicadas por el oro

Con el afán de encontrar algún brillo metálico, un grupo de jóvenes con el torso desnudo se sumerge en el río Yuruari que bordea al mítico pueblo de El Callao en el estado Bolívar. Se guían por unos trípodes de palo que, de manera rudimentaria, marcan la cota sobre las aguas espesas por la sedimentación que produce la explotación aurífera. Los muchachos parecen no hacer caso a una vieja leyenda: cada cierto tiempo, el Yuruari enfurecido por tantos años de contaminación minera, se sale de su cauce llevándose consigo a todo aquel que se acerque a sus orillas.

La fiebre del oro también revuelve los frágiles lechos de los ríos. Desde el emblemático puente falsamente atribuido a Gustave Eiffel sobre la Troncal 10, a la altura de El Dorado, un par de balsas mineras extraen oro del fondo de sus opacas aguas.

Balsa minera en el río Cuyuní que bordea la población de El Dorado

Balsa minera en el río Cuyuní que bordea la población de El Dorado

La contaminación de los ríos Cuyuní y Yuruari por la actividad aurífera al sur de Venezuela es una amenaza ya sedimentada. Morón explica que el cambio de las propiedades físico químicas de estas fuentes de agua se debe a que los residuos de las plantas cianuradoras, minas y molinos así como la tierra removida por la minería son lanzados al río, incidiendo en la dinámica ecológica asociada a las orillas. “El agua ha dejado de ser potable para las comunidades”, observa la bióloga.

Un estudio publicado en 2009 sobre la geoquímica de los ecosistemas acuáticos de la cuenca alta del río Cuyuní encontró los niveles más altos de fósforo y nitratos en el bajo río Cuyuní, comportamiento que -indican los investigadores- puede estar asociado a contaminación. La investigación explica que los desechos de las operaciones mineras son vertidos directamente a los ríos lo que afecta notablemente las características geoquímicas de las aguas y favorece la acumulación de sedimentos y el aumento de la turbidez de las aguas. “Esto, a su vez, destruye los ecosistemas bentónicos (del fondo acuático) y limita sustancialmente la visibilidad en el agua afectando a peces, aves y mamíferos que dependen de dichos cuerpos de agua”.

Destacan que la alteración de las propiedades geoquímicas de las aguas produce a largo plazo posibles modificaciones del curso de los ríos, además de que los vertidos de sustancias como mercurio, combustibles, lubricantes y desechos se distribuyen aguas abajo provocando que el impacto de la actividad trascienda “más allá de los confines de las minas”.

Donde hubo árboles y gramíneas ahora se instalan molinos y plantas de cianuración para el procesamiento de arenas auríferas

El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, quien ha ocupado el cargo en cuatro períodos no consecutivos, confirma que el impacto ambiental del Arco Minero ha sido muy dañino para la población. “Aporta al gobierno muchos recursos pero no se traduce en bienestar social. El Callao es un pueblo muy rico y muy pobre al mismo tiempo, sobre todo en cuanto a los servicios básicos".

Lugo destaca como una de las más graves consecuencias del Arco Minero la alta contaminación del río Yuruari y la planta de tratamiento de agua no tiene los equipos para lograr que el agua que reciben en El Callao cumpla con los parámetros químicos. "No tenemos agua potable desde hace cuatro años. La última información que manejamos es que por la alta contaminación del Yuruari no se puede bombear más agua del río al embalse. Nos vemos obligados a extraer agua para la comunidad de un embalse que construyó hace años la canadiense Crystallex, una mina expropiada. Esa agua es más sana, incluso, que la misma del río".

“Ya perdimos el río”, sentencia Lugo sobre la principal (y única) fuente de agua de El Callao. Según estudios de Hidrobolívar, la Cruz Roja y de profesionales de la alcaldía de El Callao, no se puede usar el agua del Yuruari, asegura. “Es preocupante. Algunas empresas toman agua del río, otras han hecho aljibes. La contaminación por mercurio no se ha medido específicamente en la región pero los niveles son altos. El último estudio lo hizo la UCV hace 10 años".

Camino a la Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima se instalan puestos de control de puntos mineros, basureros improvisados y campamentos mineros

Camino a la Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima se instalan puestos de control de puntos mineros, basureros improvisados y campamentos mineros

En enero de 2022, Coromoto Lugo emitió el Decreto Nº 4 que prohíbe el paso de camiones hasta el centro de El Callao, por los destrozos que causan en la vía al transportar hasta 50 toneladas de material. Utilizan el mismo corredor vial construido por Minerven hace 30 años para este tipo de camiones. Aunque siguen circulando sin lona que cubra el material, ya no están entrando a El Callao sino que usan el corredor alterno de Nacupay. Pero aún así, el polvo y el barro que dejan es notable. Solo con ver el estado de Nacupay, La Ramona y el Perú es posible evaluar la inversión de las plantas en las minas de El Callao.

Ya no se trata únicamente de la contaminación en ríos y suelos. El mercurio también intoxica el aire en las zonas mineras. Existe evidencia de contaminación por mercurio atmosférico. Un estudio de 2012 de la químico investigadora Nereida Carrión evidencia que los niños de las escuelas de El Callao que se encontraban cerca de los molinos tenían altas concentraciones de mercurio atmosférico.

En una presentación en la UCAB Guayana en 2019, Carrión precisó que 74% de las escuelas en las que se analizó la concentración de mercurio en el aire de las aulas tenía niveles por encima del valor de referencia permitido. “Y las concentraciones mayores de mercurio se encontraron en las escuelas que tienen cerca molinos, es decir, existe correlación significativa entre los niveles de mercurio en orina y en sangre y la distancia de la casa de habitación del niño a los molinos, por lo que esta fuente de emisión afecta los niveles de mercurio en los niños”, dijo.

Otro estudio mostró que 41% de la población del centro de El Callao tenía valores de mercurio en orina mayor al tolerable. Carrión detalló entonces que esto podría estar asociado a una mayor exposición con los locales de compra de oro, en los que el metal se calienta y en ese proceso se expulsan vapores de mercurio de forma continua. Los niños de una escuela en el centro mostraron niveles de concentración superiores respecto a otros colegios, “pero no son solo ellos, sino también las otras personas que pasan en ese colegio de 4 a 6 horas diarias”.

Aunque no hay investigaciones actualizadas, es posible inferir que la situación puede estar aún más grave tomando en cuenta la proliferación de molinos artesanales en el Arco Minero en los últimos dos años.

Menos verde

Uno de los impactos más graves que va dejando la minería es la deforestación. Venezuela es el país de la Amazonía que registra una mayor tendencia de deforestación. La nación perdió 1.130 millas cuadradas de bosques amazónicos entre 2001 y 2020, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

Por su parte, el estudio “Cobertura y uso de la tierra en la Amazonía” de Provita identifica 2.800 kilómetros cuadrados de pérdida de bosques por deforestación en la Amazonía venezolana, el equivalente a casi tres veces el tamaño de la isla de Margarita.

La actividad minera y agropecuaria son las principales causas de la pérdida forestal, pero la organización ha destacado que en las últimas dos décadas se ha casi duplicado la extensión de la minería en el sur del país. Los municipios con mayores extensiones mineras en Bolívar son Angostura y Gran Sabana y Sifontes. En este último, la escalada minera ha sido de alrededor de 50 kilómetros cuadrados en 2008 a 160 km2 en 2020, tres veces más, de acuerdo con Provita.

Mina a cielo abierto en Las Claritas. Mineros artesanales conviven con sus familias sobre estos yacimientos bajo el control de grupos armados conocidos como sindicatos mineros o “el sistema”

La pandemia no detuvo el deterioro de bosques primarios y la pérdida de cobertura arbórea en el sur de Venezuela. La plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch precisa que desde 2016 cuando se creó oficialmente el AMO hasta 2021, Bolívar perdió 108 mil hectáreas de bosque primario húmedo. Los dos años de mayor pérdida han sido 2019 y 2020. Esto ocurre en momentos en que las selvas de la Amazonía pierden resiliencia y se acercan a un punto de inflexión.

En este periodo de seis años, la pérdida de cobertura arbórea en Bolívar alcanzó a 173 mil hectáreas. Pero las cifras del GFW muestran que en 2020, el primer año de confinamiento por la pandemia de COVID-19, la pérdida de cobertura -definida como toda la vegetación de más de cinco metros de altura- fue superior a la del año previo. En retrospectiva, ha sido la mayor en las últimas dos décadas.

En 2019, se perdieron 36 mil hectáreas de cobertura arbórea en Bolívar, mientras que en 2020 la pérdida alcanzó poco más de 37 mil hectáreas. En 2021, en cambio, el decrecimiento ronda las 14 mil hectáreas, equivalentes a 8,31 millones de toneladas de emisiones de CO₂, de acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital.

20% de la pérdida de vegetación desde la creación del Arco Minero está asociada a incendios.

El conjunto de datos de pérdida de cobertura arbórea, que considera no solo causas antrópicas sino también naturales, es una colaboración de la Universidad de Maryland, Google, USGS y la NASA, y utiliza imágenes de satélite Landsat para mapear la pérdida anual de cobertura arbórea con una resolución de 30 × 30 metros.

La perturbación de las selvas amazónicas por la creciente deforestación e incendios afecta la capacidad de absorción de dióxido de carbono y, por ende, favorece el calentamiento global. Lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco abona a las perturbaciones al bosque tropical más grande del mundo.

Lagunas contaminadas y barriales ganan terreno en las minas a cielo abierto en Las Claritas

Lagunas contaminadas y barriales ganan terreno en las minas a cielo abierto en Las Claritas

Entre 2001 y 2021, se emitió a la atmósfera una media anual de 12,1 millones de toneladas de gases de efecto invernadero como resultado de la pérdida de la cubierta arbórea en Bolívar. Pero las cifras de GFW muestran que en 2020 hubo un pico y una emisión de 21,7 Mt de CO₂ equivalente “en áreas donde los factores dominantes de la pérdida resultaron en deforestación” para agricultura itinerante y asociada a materias primas.

“La degradación de los bosques en el Arco Minero va más allá de la superficie verde talada. Incide también en la diversidad de la fauna y el microclima del lugar”, afirma la bióloga Morón.