Venezuela es el país con la tasa de letalidad policial más alta de América Latina y, quizás, del mundo. Entre enero de 2016 y octubre de 2019 se registraron 19.000 casos de muertes a manos de la Policía, según datos extraoficiales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Monitor de Víctimas, una plataforma periodística que lleva un conteo de los homicidios y las muertes a manos de la Policía en cinco estados del país, documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2022. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes.

Las cifras son escandalosas, pero poco se sabe de los daños ocasionados a estas víctimas colaterales de las ejecuciones extrajudiciales, considerada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una práctica sistemática del Estado Venezolano.

Esta investigación busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar.

Por Monitor de Víctimas

Hay madrugadas en las que Jennifer Blanco*, de 14 años, se despierta aterrada. No hay pesadillas, ruidos bruscos, ni nada repentino que aliente el temor. “Empiezo a mirar, toco a mis hermanos para ver si están respirando, no sé por qué tengo eso. Después, cuando veo que todo está bien, me acuesto otra vez”, confiesa.

Aunque no puede predecir estos episodios, sí sabe cuál es su origen: empezaron poco después del asesinato de su padre, Amilcar Blanco*, quien fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, en 2019.

A Blanco lo mataron luego de participar en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en enero de ese año. De acuerdo con datos recabados por el equipo de Monitor de Víctimas —una plataforma de periodismo que realiza un registro minucioso de los homicidios y los casos de letalidad policial en Caracas y otros cuatro estados de Venezuela, desde 2017—, una comisión policial entró a su casa en un pueblo del estado Lara, a 470 kilómetros de Caracas, sacó a sus hijos y a otros familiares y se quedó solo con él.

El hombre, de 29 años, murió de dos disparos en el pecho, un patrón que se repite en casi todas las víctimas de ejecuciones en Venezuela. Ante sus superiores, los funcionarios presentaron la muerte como un caso de resistencia a la autoridad, una categoría policial que suelen utilizar los organismos de seguridad para referirse a las ejecuciones extrajudiciales. La víctima dejó cinco niños huérfanos. Jennifer es la mayor.

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas documentó que, solo en Caracas, 1.328 niños y adolescentes quedaron huérfanos producto de las muertes ocurridas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad. En el estado Lara —donde vive Jennifer y sus cuatro hermanos—, estas mismas causas dejaron huérfanos a 143 menores de edad, entre 2020 y 2022 (periodo del que se tiene registros). En Táchira fueron 14, entre 2021 y 2022; en Zulia, 27 solo durante 2022 y, en Sucre, 17 en el mismo año.

En total, en los cinco estados se han registrado los casos de 1.529 niños que quedaron sin padre o madre por la acción de los cuerpos de seguridad. Estas cifras son parciales, pero ponen en perspectiva una de las más graves consecuencias de la violencia policial.

Entre enero de 2016 y octubre de 2019, se reportaron 19.801 casos de resistencia a la autoridad en Venezuela, según una filtración de datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la que se tuvo acceso.

“Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como ‘resistencia a la autoridad’. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría (…) La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”, dice un informe, publicado en 2019, por la oficina de la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet.

El mismo año en que fue asesinado Amilcar Blanco, el padre de Jennifer, también fue publicado un estudio comparado sobre la letalidad policial en Venezuela, que incluía cinco países de América Latina, y ponía en perspectiva la grave situación de la letalidad policial en Venezuela.

“La incidencia de muertes de civiles es extremadamente elevada en Venezuela, seguida por El Salvador. En Venezuela, el número absoluto de personas muertas por el Estado es incluso superior al de Brasil, a pesar de contar con una población —en términos absolutos— casi siete veces menor. La tasa de civiles muertos supera los 15 (...) por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayoría de los países del mundo”, destaca la investigación hecha por académicos de la región en el Monitor de Fuerza Letal.

En 2020, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó los resultados de una encuesta sobre letalidad policial, cuyos resultados fueron incluidos en el libro Tanatopolítica en Venezuela. Sicariato de Estado y Derechos Humanos. La misma concluyó que “en el periodo de 2015 al 2019 en Venezuela ocurrió una muy alta letalidad policial, posiblemente la más alta del continente. Más alta que la de Brasil y mucho más que la de Estados Unidos”.

De acuerdo con testimonios de los parientes de Amilcar Blanco recogidos por los medios de comunicación al momento de su presunta ejecución, los policías ingresaron en la casa de la víctima sin orden de allanamiento, golpearon a sus padres, amenazaron a su hermana y apuntaron a los niños con sus armas. Cuando los integrantes de la familia quisieron reclamarles, uno de los uniformados respondió: “denúnciame si quieres, pero yo soy la ley”.

En la casa de Amilcar Blanco todavía están las huellas de los disparos de la incursión policial. Foto: Monitor de Víctimas Lara

Aunque las investigaciones académicas, los registros de las organizaciones de la sociedad civil y las filtraciones de data oficial muestran un panorama general sobre la gran cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, no hay acceso a información oficial sobre violencia, y los informes referidos no contienen detalles de las víctimas, ni datos o información sobre su entorno familiar.

Esta investigación se basa en datos recabados por Monitor de Víctimas y revela cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela.

Para este informe especial se seleccionaron casos de víctimas de letalidad policial ocurridos entre 2017 y 2022 en Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre, y dejaron huérfanos a menores de 18 años. Luego, se realizaron más de 30 entrevistas en persona a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres y cuidadores por medio de dos formularios que indagaron sobre el estado físico y nutricional, la escolaridad, la salud mental, la carga familiar, la recreación y el afecto que reciben los pequeños.

A través de las historias de nueve víctimas de la violencia policial, que dejaron 26 huérfanos en cinco estados del país, un equipo periodístico identificó cómo las familias —y, en particular, los más pequeños— se transformaron y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias psicológicas, como los terrores nocturnos de Jennifer, además de carencias alimenticias, educativas, materiales y afectivas, luego de las presuntas ejecuciones de sus progenitores.

Los relatos, acompañados de las opiniones de psicólogos, sociólogos y antropólogos consultados para este trabajo, se presentan en una serie de podcast que exploran tres aristas del problema: salud mental, privaciones económicas y educación.

Mariana decoró el altar de su padre, Ernesto Quijada, víctima de ejecución extrajudicial. Foto: Monitor de Víctimas Caracas.

La salud mental de los huérfanos

Para Jennifer, los terrores nocturnos no fueron las únicas secuelas provocadas por la violenta ausencia de su padre. Por algunos meses, la tragedia la llevó, nuevamente, a padecer el síndrome de Pica —un trastorno alimentario que la hizo comer tierra, papel y madera—, del que se había librado años antes.

Los hermanos de Jennifer tampoco han salido ilesos del trauma. Fernando*, de 13 años, tiene problemas de visión, audición y de aprendizaje; mientras que Leonardo*, de 5 años, es anémico y le tiene terror a cualquier sonido que se parezca a un disparo.

Ninguno de estos padecimientos han sido atendidos de manera adecuada. La familia, que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, no tiene recursos y el Estado no dispone de instituciones que den, al menos, apoyo psicológico oportuno a los huérfanos de la violencia policial. Varios de los cuidadores entrevistados aseguraron que, en los pocos centros de salud públicos donde hay atención de psicólogos, las citas pueden demorar un año.

Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap —organización venezolana dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia—, explica que los menores que han pasado por este tipo de traumas suelen experimentar problemas al momento de seguir instrucciones. Si el niño o adolescente presenció el homicidio, el efecto del hecho es mayor y puede propiciar la aparición de síntomas vinculados a la ansiedad y un mayor nivel de irritabilidad.

“Cuando se trata de niños pequeños, estas escenas que vieron se repiten recurrentemente en el juego. A veces, a la familia le preocupa y quiere que el niño no juegue a eso. Sin embargo, este es uno de los mecanismos que tiene para tratar de elaborar lo que allí sucedió. Si se trata de un adolescente, vamos a encontrar también con frecuencia deseos de venganza. En algunos casos, hemos visto niños o adolescentes que sueñan con hacerse policías para poder vengar la muerte de su familiar”, detalló Saraiba.

Pistolas de cartón hechas por los hijos de Amilcar Blanco. Foto: Monitor de Víctimas Lara.

El capítulo dedicado a la salud mental de los huérfanos reveló que, tras la muerte de sus padres, los niños, niñas y adolescentes afectados comenzaron a padecer trastornos del sueño, fobias, falta de apetito, ira y deseos de venganza. Ante esta situación, recibieron poca o ninguna atención psicológica.

Escucha: “Las heridas invisibles de los huérfanos”

Carencias económicas

Tres de los cinco hermanos de Jennifer no viven con su mamá. Desde agosto de 2021, están al cuidado de una tía y de su abuela. Su madre emigró a Chile en busca de un empleo con el cual mantenerlos. En los nueve casos que se abordan en este reportaje especial, otras dos familias pasan por la misma situación: los niños fueron dejados atrás.

Los tres hijos de Andrés Fuentes*, presunta víctima de una ejecución extrajudicial a manos de las FAES cuando tenía 25 años, tampoco están con su madre. Sus ingresos como barbero, en una barriada al este de Caracas, mantenían un hogar conformado por su pareja y sus tres niños.

Con su muerte, en 2018, la carga familiar recayó sobre su esposa, quien tres años después emigró de Venezuela hacia Perú para buscar un trabajo que cubriera los gastos de los chicos. Los niños continúan en la capital venezolana al cuidado de sus abuelos, quienes también volvieron a trabajar para poder comer.

Para Carlos Meléndez, sociólogo y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Lara, las muertes por letalidad policial suelen tener graves efectos económicos sobre la familia de las víctimas porque, en muchos casos, estas eran sostenes del hogar o hacían aportes significativos para mantener a los niños.

“Las madres y las esposas, en este contexto, quedan como jefas de hogar y se reducen los ingresos. Entonces, son niños que profundizaron su precarización de condiciones socioeconómicas (...) En esa pobreza, nosotros hemos determinado casos de niños que dejaron de estudiar y quedan con mayor vulnerabilidad y sin protección de la escuela. Hay otros niños que se han puesto a trabajar en trabajos precarizados y trabajos de la niñez”, alertó Meléndez.

Esta investigación reveló que los sueldos de las jefas de familia son insuficientes para cubrir gastos primordiales de alimentación en una Venezuela en la que, para junio de 2023, se necesitaban 112 salarios mínimos (valorizado en 4,5 dólares a junio de 2023) para costear una canasta básica familiar, que cuesta 511 dólares, de acuerdo con el cálculo del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Las familias de las víctimas de la letalidad policial viven en barriadas empobrecidas. Foto: Monitor de Víctimas Caracas.

El presupuesto para cubrir la salud es prácticamente inexistente. Las familias de las víctimas no tienen cómo pagar por consultas médicas privadas en un país en donde el sistema de salud pública tiene una calificación de 20,9 puntos sobre 100, según el más reciente Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index, 2021), que mide las capacidades de 195 países del mundo para prevenir y hacer frente a amenazas sanitarias. Venezuela, en el puesto 186 de este índice, tiene el puntaje más bajo del continente.

Escucha: “Las penurias económicas de los huérfanos”

 Escolaridad en peligro

Monitor de Víctimas también documentó la historia de los hermanos Luis* y Roger Sierra*, de 10 y 12 años, respectivamente, quienes dejaron la escuela para salir a pedir limosna, recoger chatarra y buscar comida en las calles de Maracaibo —capital de Zulia, un estado del occidente de Venezuela—  justo después de que su padrastro Alonso Castillo*, quien era el sostén de la familia, muriera a manos de la policía regional en una presunta ejecución extrajudicial.

La madre de los niños debe quedarse en casa para cuidar a sus dos hijos más pequeños, mientras aguarda lo que puedan traer Luis y Roger. Ella dejó de enviarlos a la escuela, días después de que mataron a Castillo, en febrero de 2022. Durante su funeral, un grupo de ladrones de la zona entró a su casa y les robó comida, ropa y hasta utensilios de cocina. Fue en ese momento cuando los chicos se quedaron sin uniforme escolar.

Luis y Roger no fueron los únicos menores de edad que quedaron fuera del sistema educativo por tener que salir a trabajar o no poseer siquiera uniforme o útiles escolares para ir a la escuela. En el caso del joven de 15 años Gerardo Sánchez, la presunta ejecución extrajudicial de su padrastro, quien le ayudaba con sus deberes escolares, hizo que bajara tanto su rendimiento que debió repetir un mismo año académico tres veces. Su rezago le empujó a seguir sus estudios en una institución para adultos.

En el período académico 2021-2022, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) estimó que un millón y medio de niñas, niños y adolescentes permanecieron fuera del sistema educativo venezolano. Esta encuesta elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello calculó que, al menos, 3% de los adolescentes dejó la escuela por tener que trabajar. Otro 6% lo hizo porque no tenía uniformes ni útiles escolares, como cuadernos, libros, lápices o bolsos. En la vida de Luis y Roger, ambas motivaciones tuvieron peso para que no volvieran a estudiar

En otros casos, los niños, niñas y adolescentes afectados bajaron tanto el rendimiento escolar que debieron repetir años académicos y se quedaron rezagados con relación a otros compañeros de su misma edad. Eso pasó con Gerardo*, un joven de 15 años que reside en una barriada al oeste de Caracas. En noviembre de 2017, su padrastro, Alejandro Ribas*, fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las FAES.

 La Encovi señala que, durante 2022, al menos 18% de los niños de entre 7 y 11 años estuvo rezagado dentro del sistema educativo venezolano. En adolescentes, la cifra fue de 31%.

Escucha: “Los huérfanos que tuvieron que dejar la escuela”

Del castigo social a la vulnerabilidad

Según el sociólogo Carlos Meléndez, los huérfanos de las víctimas de letalidad policial sufren una “victimización prolongada” porque, luego de quedarse sin uno de sus cuidadores a raíz de un hecho traumático, son sometidos “al ostracismo y al castigo social” dentro de su propia comunidad. A esto también se suma la acción de “algunos medios de comunicación y de la sociedad que cree que la violencia policial es una solución al problema de la violencia” en el país.

“Estos niños socializan en ese contexto y van generando una serie de emociones negativas en contra de su entorno (...) que los aparta y los excluye, igual que sucede con las madres”, sentenció el especialista.

 Mirla Pérez, investigadora social y miembro del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, destacó que, en Venezuela, la implementación de un determinado proyecto político ha generado, desde dificultades económicas hasta inseguridad jurídica, que dejan al niño o adolescente aún más vulnerable y desprotegido. 

 “En el diseño de la sociedad occidental, cuando la familia falla, el Estado la sustituye. Ahí es donde viene el Estado de protección, de bienestar, el que tiene que garantizar la vida cuando el elemento básico de la sociedad, que es la familia, no puede”, enfatizó.

La migración por razones económicas ha resquebrajado todavía más a las familias que sobreviven a una ejecución extrajudicial. Foto: Monitor de Víctimas Caracas.

 Pérez, quien también es consultora en el área de violencia delincuencial y ciudadana, familia y responsabilidad social, advirtió que los efectos mayores de las muertes por letalidad policial recaen en los niños y en las secuelas que estos hechos dejan en su vida.

 “En una democracia y en un Estado con protección jurídica, este tiene que darse cuenta de esa situación y subsidiarla, apoyarla. ¿De qué manera? Proveer de un psicólogo, del acompañamiento económico. Eso haría un Estado que realmente esté pendiente del ciudadano”, agregó.

 “Sobre la base de la debilidad de hoy, podemos prever que tenemos en peligro a toda una generación por las condiciones precarias de vida, porque las ausencias de protección jurídica están produciendo un ciudadano con muchísimas vulnerabilidades y limitaciones”, concluyó.

*Los nombres de las víctimas, menores de edad y cuidadores que forman parte de este informe especial fueron modificados para preservar su seguridad. 

Escucha ahora los podcast de estas historias:

Créditos

 Coordinadora editorial de Monitor de Víctimas
Ronna Rísquez

Coordinadora de gestión de Monitor de Víctimas
Carmen Riera 

Coordinación del especial y guiones
Lorena Meléndez G.

Reportería
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Yesenia García
Liz Gascón
Joanne González
Yamile Jiménez
Mayber Márquez
Yohana Marra
Lorena Meléndez G.
Karina Peraza
César Toledo

Edición y mentoría CAPIR
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Diseño, ilustraciones e infografías
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Estrategia de redes sociales
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Bases de datos
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Edición de sonido
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Locución
María Isabel Párraga
Ronna Rísquez
Lorena Meléndez G.
Carla Espinosa

Audiogramas
ARH