MONITOR DE VICTIMAS | INFORME 2021 | CAPÍTULO 3

En promedio, cada semana ocho niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos de uno de sus padres por la violencia homicida en Caracas. Es decir, al menos un pequeño perdió a uno de sus progenitores cada día.

En total, 428 NNA quedaron sin padre o madre debido a la violencia homicida en Caracas, en 2020. De la cifra total, 395 perdieron a sus padres, lo que representa 91 % de los casos; mientras que 33 perdieron a sus madres, es decir, 9 % de los casos.

En comparación con 2019, el registro de niños, niñas y adolescentes huérfanos por la violencia homicida bajó 44,05 %, pues ese año se registraron 765 casos. Sin embargo, la violencia a la que fueron expuestos, continuó.

57,95 % de los huérfanos de la violencia se concentra en las parroquias Petare, Sucre, La Vega, Antímano y Coche. Solo en la parroquia Petare, en el estado Miranda, 24,77 % de los NNA perdieron a uno de sus progenitores.

71,26 % de los NNA huérfanos de la violencia corresponden al municipio Libertador de Caracas. 

El mes con mayor incidencia de niños, niñas y adolescentes huérfanos y huérfanas fue enero, con 18 % de la cifra total. Entre marzo y abril del 2020, meses en que inició la cuarentena, bajó la cantidad de NNA huérfanos por actos delictivos.

Sin embargo, entre mayo y junio de 2020, hubo un repunte de casos de homicidios, que dejaron huérfanos a 27 % de los NNA de la cifra total. Entre esos meses, fallecieron 26 hombres en ejecuciones extrajudiciales, quienes tenían a su cargo la manutención económica de sus hijos. También murieron tres madres en casos de violencia de género. En total, durante ese período, fallecieron 51 padres y madres, quienes dejaron a 105 NNA en una situación de vulnerabilidad.

Huérfanos de la violencia policial

De la cifra total, 36,99 % de los niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre fueron a causa de la violencia policial, en presuntas ejecuciones extrajudiciales. 158 NNA fueron directamente afectados por los ataques de la policía en los barrios de Caracas.

Bajo la lógica de la persecución de la criminalidad en la ciudad capital, de los casos catalogados como resistencia a la autoridad, 14 NNA quedaron huérfanos debido a los presuntos enfrentamientos que tuvieron sus padres con la policía.

Dicho de otra forma, cada semana 3,03 NNA quedan huérfanos de uno de sus padres por la violencia policial. Estos NNA, en su mayoría, pierden el sustento económico principal en las casas, razón por la cual quedan en una situación de vulnerabilidad mayor, sumado a los problemas de su edad.

Para Carlos Trapani, coordinador adjunto de Cecodap, la ejecución extrajudicial de los padres o madres crea un efecto en cadena de vulneración de los derechos humanos de los NNA. No solo se pierde el sustento económico, también deja una herida afectiva.

“La violencia tiene un efecto devastador en la vida de una familia; y más en la vida de un niño, puesto que representa un quiebre. Es importante para las familias tener acceso a la verdad y tener una reparación”, explicó a Monitor de Víctimas.

Trapani destaca que otra implicación es el duelo. El experto sostiene que la violencia y el odio se van enquistando y el Estado no garantiza medidas de mitigación, justicia, ni reparación.

Agregó que la muerte violenta de un familiar rompe el proyecto de vida: “Se cambian las rutinas abruptamente y muchos quedan sin planes para solventar el escollo a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó Trapani.

La Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) destacan como el cuerpo de seguridad que ha dejado a más niños, niñas y adolescentes huérfanos en el contexto de operativos policiales-militares. Representan 59 % de los casos registrados por Monitor de Víctimas, es decir, 93 NNA huérfanos.

En orden descendente, continúa el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 30 % de los casos registrados, es decir 47 NNA huérfanos. Le siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 4 %, es decir  7 casos; las policías municipales del Área Metropolitana de Caracas, con 4 %, es decir  6 casos; y finalmente, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 3 % de los casos registrados, es decir, 5 NNA huérfanos.

La acción violenta de los cuerpos de seguridad del Estado  cuenta con el patrocinio  del gobierno de Nicolás Maduro. La deuda que tiene el Estado con las familias, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluye el derecho a la verdad, a la justicia, a la protección y  a la reparación integral.

El 11 de junio de 2020, en El Limón, barrio El Carmen, ocurrió una masacre, en la cual falleció un escolta de Iris Valera, identificado como Wilmer Yánez Caraballo, de 36 años de edad. Los hechos que llevaron a su muerte fueron relatados por su esposa en varias oportunidades.

Con fundamento en las denuncias públicas de los familiares de la Masacre del Limón, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el inicio de las investigaciones de los hechos y los calificó como una posible ejecución extrajudicial.

Pese a las acciones del Ministerio Público, los hijos de Yánez, en especial el menor de 6 años de edad, quedaron en situación de vulnerabilidad al no recibir ningún tipo de reparación por la muerte de su padre.

El niño sufre una patología cardiaca y nació con el corazón del lado derecho del tórax, por lo cual necesita una operación cardiotoráxica. Su condición no ha sido resuelta, puesto que era su padre quien hacía las diligencias para su operación.

Su madre, Solsibeth Zorrillo, de 31 años de edad, explicó que luego de la muerte de su esposo las diligencias para llevar a su hijo a los tratamientos fueron más complicadas.

“No tengo carro para hacer exámenes a mi hijo y la única forma de movilizarse es caminar hasta la Carretera Vieja, que está a medio kilómetro, o bajar a esperar una camioneta en la autopista Caracas - La Guaira. Mi niño se cansa rápidamente y, bueno, tiene seis años y no puedo cargarlo todo el tiempo. Necesito ayuda”, señaló la madre.

Zorrillo perdió su empleo a principio de la cuarentena, consecuencia de la pandemia del COVID-19. Trabajaba en un restaurante. Luego de la muerte de su esposo ha tenido que sortear sus problemas para mantener a sus hijos.

Revela que envió misivas a la ministra Varela, a través de sus asistentes, pero aún no tiene respuestas concretas. “Lo que más quiero es que se le garanticen las operaciones a mi hijo”, sostuvo.

La muerte de Wilmer truncó los proyectos de vida, no solo los de su esposa, sino también la de sus dos hijos, menores de edad. Para Carlos Trapani, abogado de Cecodap, es probable que estas familias busquen nuevas metas, pero las heridas de la muerte continúan.

“Se pierde el acompañamiento, la presencia y el contacto con el padre o la madre. Se alteran las dinámicas familiares. Los niños, niñas y adolescentes experimentan una sensación de impunidad latente e indefensión”, sostuvo.

En las parroquias de Petare, Sucre, La Vega, San Juan y El Valle 79, los NNA quedaron huérfanos de un padre debido a la acción directa de la policía, en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El municipio Libertador de Caracas tiene la mayor incidencia de NNA huérfanos por la violencia policial. Representa 75 % de los casos registrados, con 118 NNA huérfanos por la muerte de uno de sus padres en ejecuciones extrajudiciales.  Le sigue el municipio Sucre, de Miranda, con 24 % de los casos registrados.

De los 118 niños, niñas y adolescentes, cuatro perdieron a su padre el mismo día. El 27 de enero de 2020, a las 7:00 AM, funcionarios de las FAES ejecutaron a Alcis Enrique Vásquez Batista, de 38 años de edad, cuando salía de su casa al trabajo en el barrio Nuevo Horizonte de Caracas, en la parte baja, vía a la calle 7 de Catia.

Vásquez era buhonero en Catia y otras partes de Caracas. Tenía una discapacidad en su brazo derecho, luego de sobrevivir a un tiroteo en El Lídice, tres años antes de su muerte en 2017. La mañana del hecho, Alci fue detenido por funcionarios de las FAES, quienes lo sometieron y obligaron a meterse de nuevo en su casa. En el patio de la vivienda, le dispararon en el pecho. La causa de muerte fue descrita en el acta de defunción como: shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el tórax.

Fue llevado sin vida al hospital Dr. José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia. A un año de su muerte, su pareja, Mayra Blanco, relató los hechos que llevaron a la muerte de su cónyuge.

“Esa mañana, él se había quedado en su casa, en Catia, porque tenía que hacer unas diligencias, por esa zona. Cuando llegaron los funcionarios, lo sometieron y le dispararon en el pecho. Supuestamente era un hampón. Es mentira”, sostuvo en una entrevista con Monitor de Víctimas.

Blanco quedó a cargo de uno de los cuatro hijos de Vásquez, ahora de 12 años de edad. La madre relata que tuvo que superar numerosos escollos, tras perder el sustento monetario que aportaba su marido. “El mismo día que mataron a Alci perdí mi trabajo como empleada doméstica. Me botaron porque no estuve presente cuando mis patronos llegaron al país, por estar realizando trámites funerarios”, sostuvo.

Su hijo de 12 años no presenta secuelas psicológicas de lo ocurrido, según relató Blanco, pero la falta de dinero en el hogar lo dejó en una situación de vulnerabilidad y de desprotección por parte de la familia de su padre. “No tengo ayuda de sus tíos, o de otro familiar de Alci, puesto que sus padres fallecieron unos años antes de que asesinaran a mi esposo. Quedé sola con mi chamo”, relató.

Actualmente, Blanco vende helados, galletas y bisuterías en su casa para sortear la crisis. Sin embargo, no deja de lamentar la pérdida de su pareja, su trabajo y, sobre todo, su estabilidad familiar, todas perdidas el 27 de enero de 2020.

“Vendo helados, galletas, vendo cualquier cosa en la casa. Es muy difícil, pero voy poco a poco. Mi hijo ahora está en sexto grado. Por suerte tengo un teléfono inteligente, en donde la maestra me escribe para las tareas. Claro, también me ayuda obtener la bolsa Clap y con lo que puedo comprar la comida. Pero todos los días aumentan los precios, llegará el momento en que no se pueda”, concluyó.

Los NNA huérfanos de personas que fueron asesinadas por resistirse al robo o durante el robo, representan 15,42 % de la cifra total. Luego están los ajustes de cuentas, que dejaron a 9,58 % de los NNA sin madre o padre durante el 2020.

El confinamiento, un nuevo maltrato para ellas

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, decretado por el gobierno venezolano desde marzo, se exacerbaron las distintas formas de violencia contra la mujer, pues fue un riesgo adicional para las víctimas que se vieron obligadas a convivir y a quedarse aisladas con sus agresores, lo que evidenció que el hogar es un sitio muy inseguro para ellas.

Las tensiones en el hogar, que ya estaban presentes por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, incrementaron con el cambio de dinámicas por el confinamiento que trajo consigo más tensiones por la ansiedad y el acceso limitado a los empleos. 

Gerogia Rothe, abogada y experta en violencia de género, explicó que el ciclo de violencia se aceleró, ya que la convivencia 24 horas y los siete días de la semana, con el agresor, no permitieron momentos de respiro que la mujer tenía antes.

Anteriormente, ese ciclo sucedía de forma más lenta porque a esto se le suma la afectación económica y psicosocial por vivir una pandemia con estadísticas críticas para la salud, que fomentan los espacios violentos.

El incremento de casos durante el confinamiento evidencian que urgen políticas públicas para disminuir las agresiones contra las mujeres. Investigaciones del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) aseguraron que el Estado incumple su obligación de prevenir la violencia y brindar protección y reparación a las víctimas. 

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) aseguró que las mujeres tuvieron limitaciones para denunciar o pedir ayuda durante la cuarentena. La escasez de gasolina y del transporte público impidió a las víctimas movilizarse a los servicios presenciales disponibles. A esto se sumaron las fallas en el servicio eléctrico, de internet y de telefonía móvil que disminuyeron las posibilidades de ayuda para las afectadas.

Estos obstáculos traen como consecuencia que las mujeres desistan en la búsqueda de justicia y esta situación solo favorece al agresor. Pero además, y lo que es más grave, incide en el incremento de los femicidios.

En 2020 se registraron 52 homicidios de mujeres, de los cuales 17 se consideran femicidios, debido a que las víctimas fueron asesinadas por su condición de mujeres. Las parejas o exparejas fueron los victimarios en la mayoría de los casos.

La historia de Carla Ríos: ¿femicidio o feminicidio?

Un hecho que refleja la realidad de las mujeres víctimas de violencia, por la inacción del Estado, es el caso de Carla Mailyn Ríos Rodríguez, de 39 años de edad, asesinada por su expareja Edward Felipe Chacón, quien la acosaba desde que ella decidió terminar la relación seis meses atrás.

El 31 de julio de 2020 Chacón la sorprendió en la parte de abajo de su edificio, en la avenida Baralt, y le dio dos disparos con un arma corta. 

Carla Ríos había denunciado a su expareja en dos ocasiones ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el mismo año. De acuerdo con Carmen Rodríguez, madre de Carla, la víctima formalizó la primera denuncia después de que Chacón la mantuvo retenida en un hotel en La Concordia, el 26 de mayo, bajo amenaza de muerte. 

Posteriormente, en junio, Ríos acudió nuevamente a la policía científica por los constantes acosos y amenazas del hombre, pero esta acusación no fue registrada en el sistema de ente.

Los familiares de Carla Ríos se han enfrentado a la revictimización del Estado venezolano. El día del femicidio, Carmen Rodríguez fue interrogada en la policía científica en la subdelegación del eje oeste, en Propatria, hasta las 4:30 am. “Señora, ¿pero usted está segura de que fue él?”, preguntaban insistentemente los funcionarios a la madre, que acababa de perder a su hija, la segunda de sus tres hermanas. 

Además Carmen Rodríguez asegura que son constantes los malos tratos que recibe de la fiscal 136 del Área Metropolitana de Caracas, Karen Escobar, quien está a cargo del caso. La madre de la víctima exige que le regresen el celular de su hija, ya que ha pasado suficiente tiempo para que hayan hecho la extracción de datos y las experticias necesarias. Sin embargo, la funcionaria se niega. 

“Le hemos pedido a la fiscal Karen que se allane la vivienda de la exesposa de Edward Chacón porque presumimos que está vinculada, ya que el carro en el que él huyó después de matar a mi hija es de ella. Hice una carta formal para pedir el allanamiento y me dice que fue rechazada. Además esta mujer acosaba frecuentemente a mi hija Carla”, explicó Rodríguez. 

Carla Ríos tuvo una relación con Chacón durante casi siete años. Incluso llegaron a vivir fuera del país. Cuando la víctima decidió dejarlo, el hombre comenzó a perseguirla, le rompió su pasaporte con la visa y la amenazó de muerte. 

Semanas antes del femicidio, el agresor grabó un video con un arma de fuego apuntando a su cabeza. Le pedía a Carla que lo llamara porque se “quería matar”.

Cuatro meses después del femicidio el director del CICPC, comisario Douglas Rico, publicó en su cuenta de la red social Twitter que se había dictado una orden de aprehensión por el juzgado de primera instancia en violencia contra la mujer en funciones de control de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

La madre de Carla y sus familiares temen venganzas de Chacón, quien presuntamente se ha acercado hasta la vivienda de Carmen Rodríguez y su hija menor, Carolina Rodríguez. Según testigos, el hombre cambia de apariencia frecuentemente y lo han visto en zonas de la Cota 905 y el 23 de Enero. 

Como en el caso de Carla Ríos, la impunidad, producto de la inacción del Estado, es una constante en los femicidios en Venezuela. Esto confiere al Estado responsabilidad por negligencia en la investigación y aplicación de justicia en estos casos, por esa razón es pertinente referirse a estos homicidios como feminicidios.