MONITOR DE VÍCTIMAS | INFORME 2021 CAPÍTULO 4

L a violencia se hizo presente durante el año 2020 en el estado Lara. Las familias lloraron la pérdida de un ser querido a manos de las fuerzas policiales o la delincuencia. La mayoría de los crímenes fueron perpetrados los primeros meses del confinamiento decretado por el Gobierno por la pandemia del COVID-19.

Monitor de Víctimas contabilizó, a partir de abril, 201 homicidios en la región larense. De esta manera, se registró un promedio de 23 muertes al mes. Agosto fue el mes más violento del año con un total de 38 víctimas fatales.

Los cuerpos de seguridad figuran como los principales victimarios: el móvil de 61,58% de los homicidios perpetrados en la entidad es la letalidad policial. Las 125 víctimas fueron asesinadas en su mayoría por Fuerza de Acciones Especiales (FAES), grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Durante el año 2020, Monitor de Víctimas documentó cada uno de los testimonios de las familias de las víctimas. En 80 casos, allegados aseguraron que se trató de ejecuciones extrajudiciales, mientras que los otros 45 murieron por resistencia a la autoridad. 

El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital.

A través de diversos testimonios recabados por Monitor de Víctimas , se conoció que los funcionarios de las FAES y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), ambas divisiones de la PNB, actuaron de la mano y bajo el mismo mandato.

Los familiares entrevistados relataron que los funcionarios encapuchados llegaron a las barriadas, desalojaron a los vecinos y separaron a las víctimas de sus padres, parejas o hijos antes de matarlos. Algunos hombres fueron asesinados dentro de viviendas, otros fueron sacados de sus casas en patrullas y vehículos de uso oficial vivos, incluso simulando una detención, y sus familiares hallaron sus cadáveres posteriormente en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

En ambos casos las víctimas fueron desarmadas y sus familiares aseguraban que no se trataba de ningún enfrentamiento como indicaba la versión policial.

Estos funcionarios además se encargaban de disparar directo al pecho para así asegurar la muerte. De 125 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad 89 presentaron solo un disparo, lo que representa 71,20 % de las víctimas. Además, 66 personas fueron asesinadas en vía pública y 55 dentro de una vivienda. Hubo tres hombres a quienes no se les pudo determinar el sitio donde cayeron y uno que mataron en un establecimiento comercial.

Todas las víctimas de letalidad policial en Lara eran hombres, en su mayoría jóvenes. Según los registros de Monitor de Víctimas , 67 de ellos tenían entre 18 y 29 años de edad, mientras que 44 tenían de 30 a 41 años. Solo una víctima era menor de edad, y el resto sobrepasaba los 42 años de edad o no se pudo obtener información.

 

Retornaron a su patria y los asesinaron 

Edward José Camacaro Perdomo, de 20 años de edad; Yender Javier Arriechi Mújica, de 26, y Kenis Hernán Chirinos Gutiérrez, de 35, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Dos de ellos asesinados por la BRI y uno por la FAES.

Los tres tenían algo en común: eran parte de la diáspora venezolana, esa que se va para tener un mejor futuro y ayudar a su familia.

Por la declaración de la pandemia por COVID-19 en el mundo, estos tres venezolanos decidieron regresar pues las medidas implementadas en otros países específicamente en Colombia en donde estaban los tres hombres, empleados desempleados, lo que sería traducido a no tener dinero para asumir gastos de alimentación y arriendo.

Edward José, que estaba en el vecino país con su esposa y dos hijas menores de edad, fueron desalojados de la vivienda.

A finales del mes de marzo decidieron regresar y al hacerlo fueron sometidos a todo un protocolo de confinamiento para poder ingresar al país, primero en un refugio en Táchira y tras obtener resultados negativos para COVID-19 fueron enviados a Lara donde estuvieron aislados 15 días en la Villa Bolivariana.

Al pasar todo el proceso Edward José y su familia fueron dados de alta y regresaron a su hogar ubicado en el barrio Moyetones al oeste de la ciudad.

Una sola semana tenía Edward José en su casa cuando una comisión de la BRI llegó a su vivienda. Eran los mismos funcionarios que días atrás lo detuvieron para chequearlo, se dieron cuenta de que tenía antecedentes penales pero lo dejaron ir. En esta oportunidad lo sacaron vivo de su casa y esposado con la excusa de que sería un chequeo de rutina y que pronto regresaría, pero no fue así.

Ese 28 de abril del 2020, en horas de la mañana, a Edward José lo asesinaron a metros de su hogar y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Barquisimeto. La historia contada por los policías es que se trataba de un enfrentamiento.

Un caso similar se registró el 25 de mayo. El joven también retornó de Colombia y pasó el mismo proceso de confinamiento en Táchira y Lara. Tenía 10 días en su casa y las FAES irrumpieron en su hogar a las 4 de la madrugada.

La comisión de hombres vestidos de negros y encapuchados se llevó consigo a Yender Javier, a quien sacaron de la calle 2 con carrera 3, del barrio La Victoria de la parroquia Unión.

Su padre, que era miembro de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y envió varios audios a personas vinculadas con la Gobernación del estado Lara, no pudo evitar que a su hijo lo mataran e inventaran la versión de que se trataba de un enfrentamiento .

El tercer caso fue el de Kenis Hernán, hecho que se registró el 21 de julio del 2020 en unos terrenos invadidos y aledaños a la urbanización Gil Fortoul.

Este joven vivía en Colombia y ayudaba a venezolanos a pasar a través de las trochas. Ante la llegada de la pandemia, vio de cerca todo el trabajo que pasaban sus compatriotas en los refugios, aunada a la amenaza lanzada por Freddy Bernal, protector de Táchira decretado por Maduro, quien había amenazado con prisión a aquellas personas que incumplieran los protocolos para ingresar al país.

Para evitar una prisión o un confinamiento, el hombre se vino en el mismo mes de marzo. Algunas de las personas de la comunidad quisieron reportarlo ante la Gobernación, pero él dijo estar“solvente” con las personas del Consejo Comunal, informó un familiar.

Ese 21 de julio, fue una comisión de la BRI la que llegó en horas de la madrugada a su hogar. Los despertó y sacó de la vivienda a su esposa e hijo, además desalojó a los vecinos cercanos.

La esposa fue trasladada por los mismos funcionarios a una avenida cercana. Allí la dejaron sola, mientras a su pareja la asesinaban dentro de la casa. La versión policial también indicó que se trataba de un enfrentamiento.

Iribarren, el municipio más violento

Tres de los nueve municipios del estado Lara presentaron los mayores números de homicidios. Iribarren, cuya capital es Barquisimeto, registró 153 muertes violentas, seguido de Jiménez, con 16; Palavecino, con nueve; Torres, con ocho; Crespo con cinco; Morán y Simón Planas con cuatro cada uno; Urdaneta dos y Andrés Eloy Blanco, uno.

Por años, la parroquia Ana Soto -antiguamente llamada Juan de Villegas, la más poblada del municipio Iribarren y una de las más grandes de Latinoamérica- ha sido la más violenta de la entidad. En 2020 no fue la excepción. En esta parroquia se concentró 34 % de los crímenes ocurridos en Lara

Además de los asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, Monitor de Víctimas en Lara registró los siguientes móviles: robo, ajuste de cuentas, riña, bala perdida, abuso o maltrato infantil, violencia de género y linchamiento.

El asesinato de tres integrantes de una misma familia en el barrio Las Tinajitas de Barquisimeto está dentro de las cifras de las víctimas de robos, que representaron 9,85% del total.

Los esposos César Yánez Pérez, de 55 años, y Damary González, de 40 años, y su hijo, Cesar Yánez González, de 17 años de edad, fueron asesinados el 21 de noviembre dentro de una casa en el barrio Las Tinajitas, situado al oeste de Barquisimeto. Los victimarios los golpearon y luego les rociaron combustible para quemarlos. Los cadáveres los hallaron tres días más tarde dentro del inmueble en avanzado estado de descomposición.

A César lo asesinaron dentro de un baño y dejaron el cadáver tendido en esa habitación boca abajo. Fue cortado con una hojilla. A Damarys la hirieron dentro del cuarto principal y la abandonaron al lado de la cama. Vestía un pantalón y una franela vinotinto. Al hijo de ambos lo asesinaron en el otro baño.

La pareja estaba al cuidado de una casa, situada dentro de la empresa Agropecuaria y Transporte Las Tinajas. Los homicidas eran conocidos por la familia debido a que unos meses atrás habían trabajado como albañiles en el lugar. Sometieron a las víctimas para robarles un arma de fuego y objetos de valor, pues sabían que César se ocupaba de entregar los pagos a los trabajadores de la empresa.

Los delincuentes golpearon a las víctimas con un bate de madera, luego los cortaron con una hojilla para después rociarlos con combustible y quemarlos. Gran parte sus cuerpos tenían quemaduras, pero el estado de descomposición en el que se encontraron hicieron imposible saber el grado de las lesiones de piel que sufrió cada uno.

Por el asesinato de la familia Yánez González hay dos personas imputadas que fueron señaladas como las presuntas responsables.

En Lara, otras 17 personas fueron asesinadas en robos en un lapso de nueve meses. A comienzos de la cuarentena se recrudeció la escasez de gasolina. Muchos larenses dejaron de utilizar sus carros y desempolvaron sus bicicletas. Dos padres de familia tuvieron un desenlace trágico, en hechos distintos, cuando les arrebataron sus bicicletas en la calle. Ambos eran adultos, el grupo etario más afectado por la delincuencia durante 2020: cinco de las 20 víctimas de robos tenían entre 54 y 59 años de edad.

A Witts Wiltric Piña Espinoza, de 54 años, lo mataron durante un atraco con un disparo en el rostro. Sucedió a mediados de mayo, en Barrio Unión, al noroeste de Barquisimeto. Era taxista, pero tenía su carro sin combustible y salía ocasionalmente en una bicicleta para hacer las compras de su casa y otras diligencias. El 21 de mayo, a las 6:00 am, un hombre le gritó que se detuviera. Desenfundó su arma, le apuntó y se dio a la fuga inmediatamente sin llevarse las pertenencias de la víctima. “Lo vinieron a matar por una bicicleta”, lamentó una amiga de la víctima que lo recordó como un esposo y padre ejemplar.

A finales de septiembre, Valentín Rodríguez Camacaro fue asesinado en circunstancias similares. Lo interceptaron dos hombres armados a orillas de una quebrada en Cerro Gordo, al norte de Barquisimeto, a las 5:45 am, cuando iba camino a su trabajo. Le dispararon en la boca cuando se negó a entregar la bicicleta. Rodríguez era justiciero de una fábrica.

Otro vigilante de 80 años de edad, identificado como Blaudio Antonio Cordero, fue asesinado a golpes dentro del galpón en construcción que tenía bajo su cuidado durante el mes de octubre. Sus familiares contaron a Monitor de Víctimas que lo mataron para robar el depósito.

Su esposa, María Rivero, lo esperaba en casa el 26 de octubre a las 6:00 am para abrirle la puerta y nunca llegó. El cuerpo de Cordero estaba desangrado en el depósito donde trabajaba desde hace un año. Fue hallado por unos albañiles.

“Pensé que se le pegaron las cobijas, pero al rato viene el muchacho que trabaja en la carnicería y me dijo: “Le tengo una mala noticia, al viejito lo mataron para robar”. Tanto tiempo quedándose así y no había pasado nada”, lamentó la viuda.

Las cámaras de seguridad grabaron la entrada de dos hombres al local, pero se desconoce a qué hora ocurrió o si el robo coincidió con un corte eléctrico por el sector, agregó la nuera de la víctima, Ana Rivas.

Masacre en Torres

Uno de los crímenes que conmocionó a los larenses en 2020 se registró en la finca La Polonia, del caserío Cerro Alto del municipio Torres. Tres niños y tres adultos de una misma familia fueron asesinados por un agricultor. Jesús Concepción Arriechi Carrasco, señalado como el presunto homicida, fue despedido por el propietario de esas tierras por quedarse con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cosechado en el lugar.

 Un año más tarde, Arriechi volvió a la finca y mató a machetazos al propietario del lugar, Octaviano Antonio Serrano Vargas, de 60 años, junto a su hermano, Noval Ramón Serrano Vargas, de 44 años; su cuñada, Liliana Rafaela Mavare Colmenárez, de 44 años, y tres sobrinos de 6, 8 y 14 años de edad, el sábado 28 de noviembre de 2020, en horas de la tarde.

Arriechi llegó a la finca con una escopeta y un machete, disparó contra Noval Serrano y después mató al resto de la familia. 

El hijo mayor del matrimonio Serrano Mavare, de 13 años de edad, pudo escapar del lugar cuando Arriechi hirió a su papá. “Se tiró por un barranco cuando le dispararon a su papá a traición y avisó a unos vecinos. Ellos estaban cocinando”, comentó un pariente.

El adolescente se refugió en la casa de unos conocidos para alertar que un hombre armado había irrumpido en la finca. Sus padres, sus dos hermanitos, su primo y su tío fueron masacrados por Arriechi, según la versión policial. 

Arriechi huyó de la escena y se llevó dos yeguas para escapar, pues el caserío estaba a tres kilómetros de distancia del pueblo El Empedrado. Horas después, el hombre fue detenido por funcionarios de la PNB, a quienes, supuestamente, les confesó ser el autor intelectual y material del crimen. El domingo en la tarde fue entregado al Eje de Homicidios del Cicpc y fue imputado por el homicidio de las seis personas.

Las mujeres también fueron víctimas

De los 201 homicidios, 190 eran hombres y 11 eran mujeres. La violencia de género también afloró durante el confinamiento del 2020, debido a la pandemia por la COVID-19. De los 11 casos contabilizados por Monitor de Víctimas Lara, al menos ocho fueron ejecutados por sus parejas sentimentales.

Entre los casos más dramáticos, destaca el de Yaris Ramona Meneses Sánchez Pérez, de 34 años, asesinada por su pareja y padre de sus tres hijas el pasado 20 de julio de 2020, dentro de su vivienda, ubicada en el centro de Barquisimeto.

Según los testimonios de algunos vecinos y allegados, Yaris Meneses recibía maltratos frecuentes de su pareja, identificado como Nogar Gustavo Pérez, de 45 años, quien había sido denunciado ante el Ministerio Público por violencia de género. Tras una fuerte discusión, estranguló a Yaris delante de su hija menor, quien al ver lo que hacía su padre, corrió a buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde.

Horas más tarde, ese mismo 20 de julio, Nogar decidió huir hasta las Torres de El Sisal, al oeste de Barquisimeto, donde posteriormente se suicidó, al lanzarse del piso 17 de un edificio abandonado.

Feni Nexcimar Fernández Pérez, de 30 años, también fue asesinada por su pareja y padre de sus tres hijos. Feni fue baleada dentro de su casa, ubicada en el barrio Cerrito Blanco, al oeste de Barquisimeto, por Odell Prada Rivero, de 33 años.

Aparentemente, el hecho se originó tras una fuerte discusión entre Feni Nexcimar y Odell Prada, quien en medio de las agresiones sacó un arma, le disparó dos veces a la mujer y huyó de la vivienda dejándola malherida.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos de Feni Nexcimar la llevaron hasta el Hospital Pastor Oropeza, donde llegó con vida, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, en medio de la intervención quirúrgica falleció.

Horas más tarde, Odell se fue a la casa de su familia, en el barrio 5 de Julio, al oeste de la ciudad, donde se quitó la vida de un disparo en la cabeza.

Pero los femicidios no solo fueron los únicos móviles. Los celos y la delincuencia también cobraron la vida de mujeres.

Entre ellos, destaca el crimen de Yohelis Loreanny Sánchez Pérez, de 34 años, asesinada en el sector Rafael Alí Primera, al oeste de Barquisimeto, el 10 de octubre del 2020, por la supuesta amante de su esposo. 

Según la versión de Johennis Sánchez, hermana de la víctima, dos días antes del homicidio, Yohelis sostuvo una discusión con Roraima Quintero, señalada como la homicida.

En el relato, Johennis Sánchez contó que su hermana regresaba a su casa, luego de dejar a sus hijos en las tareas dirigidas, y cuando estaba muy cerca de la vivienda fue atacada por la espalda y sin mediar palabras por una mujer que le clavó un puñal.

Tras el hecho, Quintero se dio a la fuga. A Yohelis la auxiliaron y la llevaron hasta la Emergencia del Hospital Pastor Oropeza, donde murió casi cuatro horas después.

Yohelis dejó tres hijos huérfanos, de 14, 9 y 7 años, a quienes mantenía con su oficio de costurera.