MONITOR DE VÍCTIMAS | INFORME 2021 CAPITULO 2

D e los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas, hay dos que concentran 91 % de los homicidios reportados: Sucre y Libertador.

El primero tiene la parroquia más peligrosa de la capital, que es Petare, mientras que Libertador posee cuatro de las cinco parroquias con mayor cantidad de homicidios: El Valle, Sucre, Coche y La Vega. En solo estas cinco jurisdicciones sucedió más de 52 % de los homicidios en 2020. Se trata de 314 casos de letalidad policial y crímenes cometidos por civiles.

El investigador, sociólogo y profesor universitario, José Luis Fernández-Shaw, afirmó que en Petare, El Valle, Coche, La Vega y Sucre hay que mirar los hechos en detalle. “Creo que uno debe ir un poquito más allá. Creo que 'parroquia' termina siendo muy grueso. Yo creo que la violencia se ha concentrado en ciertos sitios de la parroquia y que ahí la intensidad debe ser mayor ”, dijo. 

Para el experto, se debe observar que en estos espacios es donde las megabandas y los colectivos tienen mayor poder y control territorial. Es el caso de “El Koki” en La Vega, El Valle y Coche, tres de las cinco parroquias bajo su dominio (además de El Paraíso, que ocupa el sexto puesto); de la megabanda de “Wilexis”, que opera en Petare, específicamente en José Félix Ribas; y de los colectivos como “Tres Raíces” , "Alexis Vive" y "La Piedrita", que hacen vida y controlan la parroquia Sucre, que completa el grupo de las cinco con más homicidios. 

“En esas parroquias, buscaría la relación que puede haber con las bandas y con el surgimiento de economías ilícitas. Y deberíamos ver, dentro de esas parroquias, en qué sitios se están produciendo esas muertes y ver si se puede hacer la asociación entre las bandas y la lógica bélica, y las bandas y los policías. Es una hipótesis que hay que revisar”, apuntó Fernández-Shaw, quien es investigador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

“En esas áreas se ha presentado una intensidad bélica como nunca antes (...) Eso es por la presencia de las bandas, por el enfrentamiento entre las bandas y los cuerpos de seguridad del Estado, que tratan de hacer frente a las bandas desde un punto de vista bélico (...) Los costos colaterales de esa de enfrentamiento directo son altos porque hay civiles (...) La política que se está usando no es una lógica de darle seguridad a la gente sino de enfrentar a las bandas. Es un poco lo que pasó en México en la guerra contra el narcotráfico, era un enfrentamiento bélico contra el narcotráfico y ahí los muertos se te multiplican de lado y lado y cae la gente inocente que no tiene nada que ver con el lío”, enfatizó el experto.

El investigador no descarta que, en medio de esos presuntos enfrentamientos, corran otros intereses que terminen en venganzas personales o en alianzas entre policías y delincuentes. “Es un momento en el que se está actuando en el marco de la impunidad porque hay una situación bélica. En el barrio, los policías aprovechan para dar de baja a todo aquel con quien hayan tenido una culebra anteriormente. Ese tipo de cosas pasan. También se disputan negocios. Tenemos territorios engrandecidos y una institucionalidad muy precaria en donde al final no se sabe dónde está el límite de lo legal. Tenemos unas policías con un sueldo de siete dólares. El hecho de que el policía se involucre en actividades no lícitas es parte de una necesidad del policía y su familia. ¿Cómo vive si no, pues? Y esto no solo ocurre aquí. Es un patrón latinoamericano ”, describió.

Por otra parte, la forma de operar de estos grupos armados, su manera de establecer nexos con las comunidades donde ejercen el control territorial y su supuesta conexión con funcionarios los insertan dentro del concepto de gobernanza criminal .

Habitantes de las parroquias donde están establecidos estos colectivos y megabandas aseguran que participan en la distribución y comercialización de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), también los identifican como proveedores de algunos servicios básicos y promotores de actividades recreativas para los niños y la comunidad en general.

Otra manifestación de la gobernanza criminal de la megabanda de “El Koki” se expresa en los “ajuste de cuentas” (venganza) como forma de aplicar “justicia” a quienes violan las normas impuestas por la organización. En 2020 llamó la atención una práctica que ha venido realizando este grupo: arrojar los cadáveres de sus enemigos por los bajantes de los basureros de la Cota 905.

La versión policial reza que se trata de ajuste de cuentas por conflictos territoriales, impulsados ​​por Carlos Revette, alias “El Koki”. El primer caso ocurrió el 2 de noviembre de 2020, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hallaron los cuerpos de dos hombres , de piel morena, en un basurero de la Cota 905 que conecta con la autopista Norte-Sur.

Para el criminólogo Luis Izquiel, este comportamiento de las bandas criminales que operan en la Cota 905, responde a la retórica del Estado paralelo, impuesto por los líderes delictivos.

“Entiendo que en algunos casos es como un mensaje que manda 'El Koki' a las autoridades, señalando que algunos hechos en los que estuvieron involucradas esas personas, son un acto de indisciplina. Es una especie de castigo contra aquellos que incumplieron su mandato ”, describió el experto.

No se puede descartar que sea también un mensaje para bandas rivales.

Ajuste de cuentas: "Lo mataron porque tuvo un problema con alguien"

Quien de manera intencional, por motivos fútiles o innobles, haya acabado con la vida de otra persona, en Venezuela debe ser penado con cárcel de 20 a 30 años de prisión. Esta es la premisa del artículo 407 y 408 del Código Penal Venezolano, relacionado al delito de homicidio.

Las “culebras”, “problemas del pasado”, “lo mataron porque tuvo un problema con alguien”, son algunas de las frases usadas por los familiares de las víctimas de homicidios por ajuste de cuentas o venganza, calificados jurídicamente como homicidios por motivos fútiles e innobles.

Monitor de Víctimas registró 70 víctimas por ajuste de cuentas o venganzas en el Área Metropolitana de Caracas, lo que representa 11,74 % del total de víctimas en 2020. En promedio, fueron asesinados seis caraqueños cada mes bajo este móvil.

El municipio Libertador fue el más afectado, donde ocurrió 64,3 % de los hechos. Las parroquias con mayores registros fueron El Valle, Coche y La Vega.

Los principales afectados por ajuste de cuentas o venganzas fueron hombres, menores de 35 años de edad. Resalta que una de las víctimas fue un niño; por otro lado, ocho eran mujeres.

Esto, en comparación con 2019, representa un incremento de 100 % en la cantidad de víctimas de mujeres y va atado a la escalada de casos de violencia de género en el país.

Luis Izquiel, abogado y criminólogo, explica que los homicidios por ajuste de cuentas o venganza son unos de los móviles más comunes en Venezuela en los últimos años. En términos jurídicos, son homicidios que son agravados por disposiciones del Código Penal, o asesinatos con premeditación.

“La pandemia y las limitaciones sociales han exacerbado la violencia, sobre todo en el hogar. La crispación que produce el encierro, en determinadas personas, termina en cometer crimen. No tengo claro si también influyó en los casos de ajustes de cuentas; sin embargo, es algo que se debe investigar. Es probable que, en algunas personas, la situación de anormalidad, haga que se conviertan en más violentas y lleguen a asesinar a una persona cuando se tiene alguna diferencia o rencilla”, sostuvo.

53 % de los homicidios por ajuste de cuentas fueron cometidos por ciudadanos particulares, sin vínculos con bandas delictivas. Sin embargo, las muertes por ajuste de cuentas por parte de miembros de bandas o megabandas en Caracas, constituye 43 % de los casos. Esto representa un aumento de 11,11 % de los casos en comparación con 2019.

Alexander José García Brito, de 32 años de edad, fue una de las 70 víctimas registradas por el móvil de ajuste de cuentas en 2020. Lo asesinaron unos delincuentes en Palo Verde, municipio Sucre, a las 6:00 pm del 13 de abril de 2020. Su caso sigue impune.

Un hecho ocurrido un mes antes de su asesinato da pistas del homicidio. Discutió con dos jóvenes, supuestos miembros de una banda delictiva, desplazada por el conflicto armado por el control del barrio José Félix Ribas por parte de alias “Wilexis”.

“Un mes antes de que lo mataran, mi esposo tuvo una discusión con unos chamos, antisociales, a quienes les vendió un teléfono. La pelea fue porque los muchachos no le terminaron de pagar… bueno, luego mataron a mi esposo ”, describe Katherine Lugo, esposa de la víctima.

García dejó una niña de 7 años de edad. Era el principal proveedor económico en su hogar, gracias a su trabajo como mototaxista de la zona. “Ahora me cuesta más comprar la comida y mantener a mi hija. Pero soy su madre y tengo que hacer todo lo posible para mantenerla y protegerla”, finalizó Lugo.

Según los testimonios recolectados por Monitor de Víctimas, 9 de cada 10 homicidios por ajuste de cuentas o venganza tuvieron su origen en conflictos del pasado, como fue la muerte de García, quien forma parte de las 61 víctimas registradas bajo este móvil.

76 % de los homicidios por ajuste de cuentas fueron cometidos con armas de fuego. 

La base de datos de Monitor de Víctimas revela que 50 % de los homicidios cometidos con armas de fuego, en los ajustes de cuentas, fueron a manos de ciudadanos particulares, sin vinculación con bandas delictivas o fuerzas de seguridad del Estado.

Otro aspecto de los homicidios por ajuste de cuentas son los conflictos territoriales o familiares, que acabaron con la vida de 10 personas. Entre los fallecidos destaca el feminicidio de Luisana Nazaret García.

Luisana, de 30 años de edad, fue hallada sin vida el 30 de abril de 2020. Estaba maniatada y con una herida de bala en la cabeza.

Sus familiares relataron a Monitor de Víctimas que la joven salió de su casa, en el sector La Guardia del barrio Las Mayas, y fue atacada por un grupo de 20 hombres, miembros de una banda delictiva del sector.

El asesinato de Luisana no solo estaba marcado por su condición de mujer, pues era prima de uno de los líderes delictivos de la zona y rival de sus asesinos.

“Mi hija ese día iba a cargar gasolina. Salió como a las 9:00 pm, cuando la agarraron 20 tipos de una banda de la zona”, dijo Luisa García, madre de la víctima.

El vínculo familiar que tenía Luisana con un miembro de la banda rival fue una sentencia de muerte en su barrio. Sus familiares no dieron detalles sobre si tuvieron más amenazas después del hecho. Prefieren no revelar dónde viven actualmente.

Un hecho que marcó los homicidios por ajuste de cuentas en la ciudad de Caracas fue la práctica de los cadáveres arrojados por los bajantes de los basureros de la Cota 905. Monitor de Víctimas no logró identificar a dos fallecidos, pese a los esfuerzos de hablar con sus familiares en la morgue de Bello Monte.

Pero las versiones policiales destacan dos hechos importantes: las víctimas fueron asesinadas por bandas delictivas y todas fueron acribilladas con armas de fuego.

Las balas perdidas 

Las muertes por balas perdidas no forman parte de las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Los casos de personas que mueren al ser heridas por proyectiles cuyo origen se desconoce quedan en un limbo judicial. Para ellos no hay justicia. 

Así sucedió con el asesinato de María Dominga Fernández, la madrugada del 1º de enero de 2020. 

La familia de la mujer, de 52 años, se reunió a celebrar el fin de año en la platabanda de su casa multifamiliar, ubicada en el sector Bella Vista de la zona E del 23 de Enero, municipio Libertador de Caracas. Cinco minutos después de la medianoche la mujer se desplomó frente a sus familiares. 

“Tenía sangre en la cabeza. La levantamos y la llevamos al hospital Periférico de Catia pero ya estaba muerta. No nos imaginamos nunca que era un tiro, en el hospital no nos informaron, nosotros nos enteramos que recibimos una bala en la cabeza porque nos dijeron en la morgue ”, contó un familiar de la víctima. 

Luego de la muerte de María Dominga, quien trabajaba como costurera, una comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudió dos veces a la casa de la víctima. Los funcionarios determinaron que la bala salió de una vivienda cercana, sin embargo no hubo detenidos en ese momento ni hay una averiguación en curso. 

De acuerdo con el sociólogo Roberto Briceño León, nadie respondió por los asesinatos ocasionados por balas perdidas en Venezuela. En otras circunstancias si la bala que causó la muerte fue por un arma de un funcionario, el Estado debe responder. Sin embargo, la mayoría de estos casos son calificados como “averiguación muerte”, aunque es considerada una muerte violenta.

Para Briceño León el término “bala perdida” resta responsabilidad al crimen, ya que cuando se activa un arma de fuego se hace con el propósito de hacer daño.

María Dominga emigró a Perú y dos años después regresó a Venezuela para buscar a su hija menor, de 13 años. Entre sus planes estaba pasar la Navidad con su familia y esperar que su otra hija diera a luz, en abril, para retornar a Perú. 

La víctima tenía cuatro hijos, pero dos varones fueron asesinados en 2014. A Edixon Suárez le disparó el CICPC en El Guarataro, el 26 de noviembre, mientras que a Madixon Suárez lo asesinaron en el Mercado de Catia, el 24 de agosto, al confundirlo con otro hombre.

Actualmente la hija menor de la víctima, una adolescente, quedó a cargo de su hermana mayor, quien tiene dos hijos menores de edad. 

“Aquí le quitan la vida a inocentes. Uno se queda con el dolor y no se hace nada por investigar. Los funcionarios tienen que hacer su trabajo, porque uno queda sufriendo y esto queda como si nada ”, dijo un pariente. 

En 2020, Monitor de Víctimas registró 14 muertes en Caracas como consecuencia de balas perdidas.

Las víctimas no son "menores"

El grupo etario más afectado por estos hechos fueron los jóvenes menores de 18 años. En este contexto, cuatro adolescentes perdieron la vida.

El sociólogo Briceño León explica que en muchas ocasiones los menores de edad son tildados de bandidos para justificar las acciones violentas, aunque realmente no están involucrados en los hechos.

El homicidio de Isaac Mata, de 14 años, en el barrio Metropolitano de Coche, es un ejemplo de las versiones discordantes de los órganos de seguridad. El adolescente volaba papagayo cuando una comisión del CICPC comenzó a disparar. 

La víctima corrió asustada de los funcionarios y le dispararon. La versión policial indica que una bala perdida le quitó la vida, sin embargo sus familiares denunciaron a la policía científica de apuntarlo directamente y dispararle. 

Cuando la víctima es menor de 12 años, los funcionarios policiales no tienen excusas y deben encontrar una manera de argumentar lo ocurrido, de acuerdo con el análisis de Briceño León. 

Morir por un teléfono

Lo mataron para robarle el teléfono, la moto, la cartera, un dinero, algún objeto de valor. La violencia delictiva en Caracas se mantiene pese al confinamiento. Los casos de jóvenes y personas mayores asesinadas durante un robo a mano armada son una constante en la capital del país.

Desde Monitor de Víctimas se determinó que los homicidios por robos constituyen 15,44 % (93 víctimas) del total de muertes violentas del año 2020. De cada 10 asesinatos dos tienen como móvil el robo. En promedio, ocho caraqueños fueron asesinados cada mes para despojarlos de sus pertenencias.

Los municipios Libertador y Sucre son los más peligrosos cuando de asesinatos por robos se trata. Seis de cada 10 asesinatos por robos ocurren en Libertador, es decir, 58,7 % de la cifra total. El municipio Sucre, de Miranda, repite por segundo año consecutivo como el segundo más violento del Área Metropolitana de Caracas, con 31 %. En estos dos municipios de la capital se concentran casi 90 % de los sucesos.

Los jóvenes y adultos mayores comparten, casi de manera similar, la ubicación por grupo etario más afectado por la delincuencia. De las 93 víctimas registradas bajo este móvil, 20 tenían entre 24 y 29 años, mientras que 16 tenían más de 60 años.

De igual forma, al momento de referirse a homicidios por robos, los hombres son los más afectados. En ese sentido se observa que del total de casos registrados 95,6 % fueron de hombres.

La mayoría de las víctimas (75 %) fueron asesinadas en la vía pública. De esos 69 homicidios, más de la mitad ocurrieron en horas donde hay mayor movilidad de ciudadanos –en la mañana y en horas de la noche-, cuando las personas normalmente se dirigen a su lugar de trabajo o a sus hogares.

Pareciera que la salida a la calle a trabajar y el regreso a los hogares es cuando las víctimas están en una situación de mayor vulnerabilidad. 33 % de los casos de robos que terminan en homicidios ocurrieron entre las 6:00 y las 11:59 am. Es decir, 30 personas fueron asesinadas mientras iban camino a su trabajo.

Un caso para ejemplificar fue el ocurrido el 13 de febrero de 2020. A las 7:00 am, cuando Ángel Acosta, de 26 años de edad, iba camino a su trabajo en el mercado de Quinta Crespo, de Caracas, una pareja de motorizados lo abordó y le disparó para robarles sus pertenencias.

Nelly Acosta, tía del fallecido, dijo que no conocía completamente los hechos que llevaron a la muerte de su sobrino, pero que sabe que la causa de muerte fue por robo. “Sabemos que lo robaron cuando iba camino al Mercado de Quinta Crespo, allí trabajaba como buhonero en las afueras. Le dispararon y murió en la calle”, indicó a Monitor de Víctimas.

Acosta vivía en la Cota 905. Todas las mañanas salía aproximadamente a las 6:00 am para llegar al puesto donde vendía. Era oriundo de Camatagua, estado Aragua, en donde vive actualmente su familia materna. Su caso, pese a ser reportado ante las autoridades del CICPC, aún está impune. “Nosotros no seguimos denunciando porque su mamá estaba en Camatagua. Además, eso siempre queda así en el país, como si nada pasara”, agregó.

Los comerciantes, obreros y mototaxistas fueron los oficios más recurrentes de las personas asesinadas por robo en el 2020, concentrando 18,48 %, 14,13 % y 11,96 % del total de los casos, respectivamente.

Las personas que se dedican a prestar servicios como mototaxistas, están constantemente sometidas al asedio de miembros de bandas delictivas que buscan hacerse con sus pertenencias, en especial de las motocicletas, que si bien no son de alta cilindrada, pueden ser desarmadas fácilmente.

El 20 de abril de 2020, Roberto Antonio Pirela, de 29 años de edad, fue asesinado en el barrio Unión de Petare por tres hombres, entre ellos un primo, para robarle una pistola y su motocicleta. El arma de fuego, en posesión de Pirela, le pertenecía a un vecino, quien se la dio como aval de un dinero prestado.

María Alejandra Pirela, hermana de la víctima, relató los hechos que llevaron a la muerte de Roberto. Explicó que uno de los tres involucrados en el asesinato fue presuntamente ejecutado por funcionarios del CICPC un mes después, mientras que los demás señalados se encuentran prófugos de la justicia.

“Mi hermano iba camino a su casa, porque se había encontrado con unos amigos aquella noche. En el camino lo pararon los tres hombres. Lo sometieron y le dispararon en la cabeza para robarle la pistola que cargaba consigo, además de la llave de la moto. Ellos grabaron un video mientras lo mataban”, sostuvo la hermana.

El video fue visto por los familiares de la víctima meses después de ocurrido el hecho. Las autoridades del CICPC lograron identificar a los homicidas, dos de ellos pertenecientes a una banda delictiva que opera en Barlovento, estado Miranda.

Los civiles desarmados fueron las principales víctimas de homicidios por robos en el 2020. En total, 74 ciudadanos desarmados perdieron la vida.

Tan solo 13 víctimas poseían armas. De estas, nueve pertenecían a los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, no pudieron hacerle frente a la delincuencia homicida.

Dentro de la categoría de armas utilizadas, el registro realizado por Monitor de Víctimas durante 2020 indica que siete de cada 10 fueron cometidos con armas de fuego cortas, con 57 víctimas registradas (61,96 %).

Las armas blancas fueron las segundas más utilizadas, con 16 personas asesinadas a puñaladas. Destaca el homicidio de Jesús Rafael Arias, de 65 años de edad, quien fue asesinado en la entrada de la residencia donde vivía, a pocos metros de la sede principal del Ministerio Público, por un delincuente que le dio ocho puñaladas para robarlo.

Matilde Arias, hermana de la víctima, señaló que Jesús Rafael estaba en su casa, cuando recibió una llamada misteriosa que lo hizo bajar a la planta baja de la residencia. Allí, un joven lo sometió y le dio varias puñaladas en el cuello. Se especula que subió al apartamento del sexagenario para robarle sus pertenencias.

“Ese día bajó de su casa para encontrarse con la muerte”, se lamentó Arias. Luego del asesinato de su hermano, en enero de 2021, funcionarios del Cicpc lograron apresar al presunto homicida. Permanece detenido y a la espera de una audiencia preliminar. Para el 26 de abril de 2021, dicha audiencia no se había celebrado.

El fallecido estaba jubilado del Hospital Universitario de Caracas, luego de trabajar durante 30 años como auxiliar de farmacia. Antes de su muerte trabajaba como jefe de mantenimiento en el centro comercial Galerías Ávila, en San Bernardino, municipio Libertador.

“Mi hermano era auxiliar de farmacia, pero, con todos los problemas en el país, tuvo que dedicarse a ser personal de mantenimiento en Galerías Ávila. El día que lo robaron, él se resistió, por eso lo mataron. No quiero que el caso quede impune, ni que la memoria de mi hermano se empañe por eso”, explicó Arias.

El caso de Jesús Rafael Arias también revela la violencia por robo a la que están sometidas las personas adultas mayores en Caracas. 17 % de las víctimas fatales por resistencia al robo, registrados por Monitor de Víctimas en 2020, son de personas mayores de 60 años de eda

En 69 % de los casos las víctimas eran personas en edades productivas, entre 18 y 49 años de edad. 5 % eran adultos de entre 50 y 59 años de edad; solo 2 % de los casos se refieren a niños, niñas o adolescentes asesinados durante un robo.

Ocho de las 16 víctimas sexagenarias asesinadas durante un robo fueron atacadas en sus casas.

Del total de las 93 víctimas de robo, 20 % de los homicidios ocurrieron en los hogares de las víctimas. 19 personas perdieron su vida, dentro de su casa, apartamento o vivienda.

En la mayoría de los casos, los delincuentes ingresaron a la vivienda, maniataron a las víctimas y los asesinaron con armas blancas o a golpes con objetos contundentes.

Antony Miguel Gutiérrez Fonseca, de 25 años de edad, fue asesinado en el apartamento que alquilaba en Caracas, mientras estudiaba y trabajaba en la ciudad. Un grupo de hombres que había conocido unos meses atrás cometió el homicidio y robó sus pertenencias del hogar. Su cuerpo fue hallado por su compañero y amigo, en horas de la tarde, sin vida.

Su hermana Norys Gutiérrez aún recuerda los hechos que causaron la muerte de su familiar el 13 de febrero de 2020, un mes antes de que comenzara la pandemia del COVID-19. “Mi hermano no era una persona a quien describen como confianzuda, ni ingenua; por eso nos sorprendió tanto como falleció, mejor dicho, como lo asesinaron. Él vivía en Charallave, pero actualmente estaba estudiando Psicología, su segunda carrera, por eso decidió mudarse a Caracas”, relató Gutiérrez.

Detalló que los delincuentes habían establecido un contacto previo con sus hermanos para cometer el robo. Funcionarios del CICPC, un mes después de que se cometiera el asesinato, lograron capturar a los homicidas, quienes confesaron el hecho. “Fueron ellos mismos quienes dijeron cómo entraron a la casa. Aparentemente mi hermano los dejó pasar, al considerarlos nada peligrosos. Qué tragedia sucedió después”, agregó la hermana.

A Gutiérrez lo maniataron y amordazaron, mientras los delincuentes se llevaron las computadoras, laptops, teléfono, dinero en efectivo, ropa y otros electrodomésticos encontrados en el sitio. Con un bate, lo golpearon en la cabeza.