MONITOR DE VÍCTIMAS | INFORME 2021 | CAPÍTULO 1

Los cálculos de Monitor de Víctimas apuntan que entre 2019 y 2020, la letalidad policial se redujo 40 % (pasó de 340 a 204 homicidios) y, a pesar de ello, continúa como el móvil que cobró la mayor cantidad de muertes el año pasado. Ni siquiera las restricciones de movilidad impuestas desde el Ejecutivo por la pandemia frenaron la acción de los uniformados.

“La proporción de muertes violentas perpetradas por la policía ha venido incrementándose en el tiempo (...) Pero también es una violencia que se ha racionalizado, entre comillas, queriendo decir que es una violencia letal pero más dirigida y específica que se vincula con el patrón de acción de las FAES ”, aseguró Verónica Zubillaga. 

Recordó que aunque los homicidios en general hayan disminuido desde 2016, las matanzas de los cuerpos de seguridad se dispararon en los años siguientes. De ocupar 25 % del total de los asesinatos ese año, pasó a casi 40 % en 2019, según datos oficiales, aseveró la socióloga.

Los números de Monitor de Víctimas también confirmaron que este tipo de homicidios suele ocurrir entre la madrugada y el amanecer, tal como sucedía con las muertes perpetradas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo que, como recalcó Zubillaga, son el patrón que siguen las FAES. 

De los 204 casos, 65 se registraron entre las 5:00 am y las 7:00 am. En horas de la tarde, solo se alcanzó un pico importante a las 4:00 pm, cuando se reportaron otras 21 muertes. En el resto del horario diurno, no hubo más de 12 muertes al año por cada hora. La proporción bajó todavía más al caer la noche, pues a partir de las 7:00 pm los homicidios por letalidad policial disminuyeron a menos de seis por cada hora.

Entre mayo y junio ocurrió otro hecho vinculado a la banda de "Wilexis". Se trató de la desaparición de cinco jóvenes de José Félix Ribas que, dos semanas después, fueron hallados muertos en la parte alta del barrio. Las reseñas policiales aseguraron que se enfrentaron al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según sus familiares, la historia era otra: tenían signos de tortura además de balazos.

Los parientes revelaron que, luego de secuestrarlos, los efectivos del CONAS llevaron a los muchachos a una casa donde los mantuvieron colgados de las manos y encapuchados. Todo se supo porque uno de ellos, Elinyer Panacual, de 27 años, logró escapar malherido y refugiarse en una casa del sector en donde contó lo ocurrido y murió. Explicó que en el hecho, a uno de los militares se le engatilló el arma con la que lo mataría y el disparo hirió al capitán Allen Escorihuela Gutiérrez

Las víctimas del suceso fueron, además de Panacual, Anderson Michel Aladejo Piñera, de 19 años; los hermanos Kervin Daniel y Randy Rafael Quilimaco Martínez, de 25 y 27, respectivamente; y Manuel Alexander Ramos González, de 32. Cuatro de ellos están entre los 18 y 29 años, el rango etario más afectado por la violencia policial.

Las víctimas de la letalidad policial pierden en promedio dos terceras de sus partes de sus vidas al ser asesinadas. Aunque la esperanza de vida en Venezuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 75 años, la edad promedio de los muertos por esta causa apenas alcanza a 25 años. Durante 2020 se le atribuye la muerte de ocho menores de edad a cuerpos de seguridad.

“Tuve que vivirlo para saber que matan a quienes son sanos”

Otro de los casos más emblemáticos de letalidad policial del año pasado fue la matanza de cinco hombres en el barrio El Limón, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, a manos de las FAES. El hecho trascendió no solo porque se tratara de una masacre denunciada por los familiares, sino porque una de las víctimas, Wilmer José Yánez Caraballo , de 34 años, era escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. En el suceso también cayeron Andry Daniel González Narváez, de 31 años; Roger Blanco Narváez, de 24; Pedro Pablo Salcedo Herrera, de 33, y Arquímedes Ramón Martínez.

Solsiret Zorrilla, viuda de Yánez Caraballo, recordó que los funcionarios llegaron a su casa ese 11 de junio a las 3:00 am, y golpearon la puerta con fuerza para llevarse a su marido, a quien sacaron con el rostro envuelto en una toalla. La actitud fue tan violenta que les rogó calma, para que a su hijo de 7 años, con una cardiopatía congénita, no le afectara lo que sucedía alrededor. Pocos minutos después escuchó disparos a pocos metros de su casa, provenientes de un descampado en donde los jóvenes suelen jugar basquetbol. A pesar de los impactos, nunca creyó que a su esposo lo estaban matando porque los uniformados le aseguraron que lo llevarían a la sede de las FAES en Caricuao. Cinco horas después, confirmó la muerte de su pareja en el Hospital Periférico de Catia, donde halló su cadáver totalmente desnudo.  

El hecho sucedió en el segundo trimestre del año que fue, sin duda, el más violento de 2020. Durante abril, mayo y junio, los venezolanos se mantenían encerrados en sus casas por la cuarentena impuesta por Maduro. Pero los cuerpos policiales aprovecharon las circunstancias para ser más letales durante el confinamiento. En las semanas de cuarentena radical se registraron, en promedio, seis víctimas por semana mientras que en las semanas de flexibilización se registraron dos por semana. 

“Yo jamás pensé que me pasaría esto. Yo nunca tuve un novio que fuera malandro y mi esposo no era malandro, a él le molestaban las cosas mal hechas. Jamás imaginé que me pasaría todo esto y menos la manera cómo pasó, porque estábamos durmiendo y llegó ese poco de personas (...) Yo siempre escuchaba a la gente decir, en videos, que le mataron a un familiar y que era sano. Entonces, yo pensaba: 'a lo mejor no lo era. A lo mejor no era así '. Y la verdad es que tuve yo que vivirlo para saber que realmente es como mucha gente dice en la calle, que su familiar era sano. Mi esposo lo era, le gustaba ayudar a la gente”, indicó Zorrilla.

El escolta y sus vecinos son parte de las 131 víctimas de la policía que se registraron en el municipio del Área Metropolitana de Caracas en donde hubo más homicidios de esta naturaleza: Libertador. En 2020, ocurrió 64 % de las muertes a manos de funcionarios de seguridad del Estado. En segundo lugar quedó Sucre, con 58 (28,4 %) caídos. 

Yánez Caraballo pertenecía a las Cuadrillas de Paz (Cupaz) –un movimiento conformado por miembros de colectivos gubernamentales, que ha sido denunciado como un grupo represivo- y en los meses de pandemia se había dedicado a controlar lo que pasaba dentro de la comunidad donde vivía . Se encargaba de supervisar que los transeúntes llevaran tapabocas en alcabalas improvisadas, coordinaba las “Bodegas móviles” y participaba en el consejo comunal del vecindario. “Siempre estaba metido en todo para buscar beneficios para la gente”, dijo la viuda. 

Los policías implicados fueron detenidos, pero se declararon inocentes y aseguraron que se trató de un enfrentamiento. El caso todavía no ha pasado a juicio.

“Esto ha sido horrible, cada día se me hace más difícil. Yo todavía no lo puedo creer. Yo quisiera que esto se me olvidara y pensar que todo lo soñé. Mi esposo era todo para mí ”, comentó la pareja de Yánez Caraballo.

Esta masacre de las FAES está incluida en las 95 ejecuciones que se registraron el año pasado en Caracas. Fue el cuerpo policial que más mató durante 2020 (47 % del total de crímenes de esta índole), como lo ha sido desde su creación en 2017. La mayor parte de estos casos (83) sucedieron en el primer semestre del año.

El CICPC fue la segunda fuerza de seguridad que más vidas cobró en 2020, con 68 víctimas (33 % del total). Este cuerpo fue el responsable de la muerte de José Manuel Hernández Chiquito, de 35 años, en el sector La Culebrilla de La Vega, en agosto del año pasado. Según sus familiares, era tatuador y había acudido a la zona a trabajar en la casa de un cliente. En medio de su labor, una comisión de la policía científica llegó a la vivienda donde estaba y lo mató tanto a él como al hombre que lo había contratado. Los uniformados, sin embargo, alegaron que fue un enfrentamiento. Pero Hernández Chiquito no estaba armado.

Hernández Chiquito fue asesinado en una vivienda, como sucedió en 62 casos. Ese fue el segundo lugar más frecuente de las muertes por violencia policial. El primero fue la vía pública, donde ocurrieron 132 de estos hechos, es decir, 6 de cada 10 asesinatos fueron en la calle en un año en el que los ciudadanos debieron permanecer encerrados en sus casas, por orden presidencial, para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19.

Otras manifestaciones de la violencia

Si bien los hombres jóvenes fueron las víctimas más frecuentes, las mujeres también formaron parte de las estadísticas: hubo una media de cuatro homicidios por mes. En total fueron 52 casos y en la mayoría se reportó que ya existían antecedentes de maltrato previos a sus asesinatos.

Así pasó con Carla Ríos Rodríguez, de 39 años, quien fue presuntamente asesinada por su expareja, Edward Chacón, el 31 de julio de 2020 en la avenida Baralt del centro de Caracas. Cuando se separaron, después de estar cinco años juntos, ella lo denunció por maltrato físico y psicológico. Aunque lo detuvieron, Chacón logró quedar en libertad con el pago de una multa y volvió a agredirla, hasta que pocas semanas después la mató con un arma de fuego.

El confinamiento tampoco pudo contener los homicidios por balas perdidas. En el municipio Libertador de Distrito Capital, durante 2020 hubo 14 casos, y se incrementaron 42,8 % con respecto a 2019. Allí, los proyectiles del CICPC acabaron con la vida de Isaac Mata, un adolescente de 14 años que volaba un papagayo en una de las calles del barrio Metropolitano de Coche, cuando arribó al sitio la comisión policial que comenzó a disparar mientras él corría. “Dijeron que era un criminal. El cadáver tiene marcas de que estuvo esposado”, señaló una tía del joven en la morgue de Bello Monte. Los menores de 18 años fueron el grupo etario más vulnerable a quedar en la línea de fuego.

En medio de los homicidios y femicidios, existe una población que se ve indirecta pero permanentemente afectado: los menores de edad. Monitor de Víctimas registró que 428 menores edad quedaron huérfanos de padre o madre en 2020 en Caracas.

Ese es el caso de los cuatro hijos de Wilmer Yánez Caraballo, de 36 años, uno de los escoltas de la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela. A él lo mataron junto a otros cuatro hombres en un operativo de las FAES. Su hijo menor, de 7 años, sufre de una cardiopatía congénita.

El segundo móvil con más homicidios (93) fue el de robo, que abarcó a 15,4% del total de los casos. Casi 6 de cada 10 asesinatos por esta causa tuvieron lugar en el municipio de Libertador del Distrito Capital, donde el 13 de febrero del año pasado mataron a Ángel Acosta, de 26 años, cuando iba camino a su trabajo en el mercado de Quinta Crespo. En esa jurisdicción también apuñalaron mortalmente a Jesús Rafael Arias, de 65 años, justo cuando estaba frente a su residencia, a pocos metros de la sede principal del Ministerio Público, en la parroquia Candelaria.

Después de los robos, la tercera causa con mayor número de homicidios es la de ajustes de cuentas y venganzas. Entre los 70 casos registrados por Monitor de Víctimas el año pasado está el asesinato de Luisana Nazaret García, de 30 años, víctima de una banda del barrio Las Mayas. Luego de que presenciara cómo mataban a un muchacho, un grupo de 20 hombres la atacó y la dejó maniatada y con un disparo en la cabeza en el urbanismo Cacique Tiuna.